Madrid 26-05-2015
Hace más de dos años que la normativa europea sobre morosidad empresarial se aplica en España y, sin embargo, apenas se han acortado los plazos de pago desde entonces. Un estudio comparativo llevado acabo por EAE Business School junto a la Asociación de Profesionales en la Gestión del Riesgo de Crédito y Cobro, indica que en España el ratio de impagos sobre facturas vencidas es del 5,7%, cifra que duplica la media europea, que es del 2,85%.
Y además de haber más impagos, los plazos medios de cobro son mucho más dilatados en España: 95 días de media frente a un promedio de 47 días en Europa. Esto implica, según los expertos que han elaborado este informe, que “los costes financieros que deben afrontar las empresas españolas para financiar sus cuentas de clientes por cobrar llegan a triplicar los costes por el mismo concepto que tienen las empresas del norte de Europa, por ejemplo”. Y esto “les hace ser muchos menos competitivas en un mercado global”, añaden.
¿Por qué ocurre esto? Los expertos apuntan a tres factores fundamentales. El primero es que en la ley española no existe un régimen de penalizaciones en forma de intereses demora. Según distintas encuestas, entre ellas la realizada por la Plataforma contra la Morosidad, solo el 5% de las empresas españolas reclaman habitualmente intereses moratorios en caso de impagos, frente al 85% que nunca o casi nunca lo hacen.
Los motivos de no exigir estos intereses son dos. Por un lado “el temor de los proveedores a perder clientes si les aplican los intereses de demora que establece la ley”, indican los expertos de este estudio. Y, por otro, “simplemente tienen miedo a que el moroso se les ría en la cara debido a la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de los intereses de demora devengados”, añaden. La consecuencia de esto es que a los deudores les conviene más deber a los proveedores que pedir un crédito para pagar sus deudas a tiempo. Sin embargo, en países como los escandinavos, con breves plazos de pago, hay unas penalizaciones muy estrictas y con elevados intereses de demora de entre el 18% y 24%.
El segundo motivo que lleva a las empresas españolas a ser más morosas es la lentitud de la justicia. Según una investigación de la Fundación ICO, ocho de cada diez empresarios consideraron que dicha lentitud es lo que les hace no judicializar sus impagos. Así, en el 83% de los casos evitaron acudir a los tribunales en estos casos y procuraron un arreglo extrajudicial. Es más, el 60% prefirió incluso renunciar a parte de sus deudas antes de pasar por los trámites judiciales.
Finalmente, los expertos aseguran que el factor cultural juega un papel importante en España, “donde no hay una cultura empresarial que fomente el pago puntual y no dan prioridad a tener un perfil de buen pagador”. De hecho, “el retraso intencionado de los pagos a los proveedores, así como imponer dilatados periodos de pago, es sinónimo de buena gestión”, indican. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el pasado año el 70% de las empresas se vieron obligadas a aceptar acuerdos con proveedores que les pagaron en un plazo superior a los 60 días que marca la ley.