14.611 empresas confiaron el año pasado en Ecoembes para dar respuesta a sus obligaciones relativas a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y aportaron 606,6 millones de euros para el reciclaje de casi 1,7 millones de toneladas de residuos
La separación de basuras en diferentes cubos es un gesto ya habitual en cualquier casa española, pero a veces nos olvidamos de los objetivos principales de esta práctica: cuidar al medio ambiente, reducir la generación de residuos y facilitar su reincorporación al ciclo productivo en forma de materia prima reciclada para fabricar nuevos productos.
El grueso de ese trabajo lo asume desde 1997 Ecoembes, año en el que esta entidad sin ánimo de lucro inició su actividad, como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), destinado a garantizar la gestión de envases de plástico, metal, brik, madera, papel y cartón en España. Desde entonces la cantidad de estos residuos que se ha enviado a reciclar ha crecido de manera constante hasta alcanzar el año pasado las 1.683.890 toneladas en envases reciclados, un 3,5% más que en 2022 y un 12% más que hace cinco años.
“Estamos orgullosos de haber impulsado el sistema de reciclaje de envases domésticos en España, en colaboración con las empresas, las administraciones públicas y toda la ciudadanía, con el que ofrecemos soluciones que son eficaces, eficientes, innovadoras y con garantía de cumplimiento”, afirma Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes.
Si nos fijamos en el tipo de material que componen las casi 1,7 millones de toneladas de envases domésticos recicladas, observamos que 733.673 fueron de envases plásticos (un 3,5% más que en 2022), 697.305 de papel y cartón (+4,6%), 243.604 metálicos (+0,1%) y 9.308 de madera (+3,28%).
Todo ese volumen ha sido gestionado en alguno de los 495 recicladores homologados por Ecoembes, que garantizan el correcto tratamiento de los residuos de envases contribuyendo así a su circularidad. Esto ha conllevado, además, el ahorro de 9,84 millones de MWh de energía, 15,53 millones de m3 de agua y evitó la emisión de 1,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
En cuanto al origen de todo lo reciclado, el 73,1% provenía de la recogida separada, que incluye tanto las 1.012.036 toneladas procedentes de la recolección selectiva municipal (60,1%), que se realiza a través de los contenedores amarillos y azules de la calle, como las 219.424 toneladas recogidas mediante gestión privada (13%) y a través de puntos de reciclaje situados en lugares de gran afluencia de público como estadios, aeropuertos, estaciones o en multitud de eventos. El 26,9% restante (452.430) se consiguió recuperar de las plantas de residuos que tratan la fracción denominada “resto”. Una cifra que evidencia que, aunque el reciclaje es un hábito medioambiental muy consolidado, se puede extender aún más. “En línea con nuestro propósito de trabajar por un futuro sin residuos, sabemos que todavía hay camino por recorrer, y por eso nos enfocaremos en ir más allá del reciclaje, con la reducción, la reutilización y la lucha contra la basuraleza en nuestra hoja de ruta. Y lo haremos con la escucha, la participación y la transparencia como principios de gobernanza”, asegura la responsable de Ecoembes.
Hay que recordar que es una organización sin ánimo de lucro, por lo que no tiene beneficios. Para ello, cada año equilibra sus ingresos y costes. Unos costes que en 2023 ascendieron a 802,1 millones de euros por el reciclaje de envases domésticos. De ellos, 789,9 millones (el 98,5%) se destinaron a garantizar la operativa del reciclaje. Esto incluye los 397.721 contenedores amarillos y 253.322 azules disponibles en la vía pública y los más de 57.643 puntos de reciclaje y 310 máquinas RECICLOS instaladas en espacios de gran afluencia de público (como aeropuertos, universidades, estadios de fútbol u oficinas); así como la puesta en circulación de los camiones que recogen los contenedores, el pago de operarios, el proceso de selección llevado a cabo en las plantas, el traslado de residuos, las campañas de concienciación o la innovación para la mejora del sistema. Los 12,2 millones de euros restantes (el 1,5%) correspondieron a costes de estructura, como arrendamientos, provisión de insolvencias o personal.
Pondrá el foco sobre aquellos que impiden a los clientes pagar con tarjeta
Hacienda incrementará este año el control sobre autónomos y pymes para luchar contra la economía sumergida y, por ende, contra el fraude fiscal, tal y como recoge en el Plan Anual de Control Tributario para este año y en su Plan Estratégico para 2024-2027. El tamaño de la economía sumergida en España en 2022 fue del 15,8% del PIB, aunque una vez deflactada de aquellas actividades que no pueden ser fiscalmente emergibles, quedaría reducida al 10,5%, según un estudio elaborado para el Parlamento Europeo.
Foco en el efectivo
Uno de los puntos donde la Administración Tributaria pondrá el foco es en vigilar a todos aquellos profesionales que impidan a los clientes pagar con tarjeta de crédito o débito. La Agencia Tributaria ha anunciado una batería de medidas para reforzar la inspección sobre los profesionales que realizan ventas o prestan servicios directamente al consumidor final y manejen un elevado uso del efectivo ante el riesgo de que no tributen todos los ingresos que perciben. La Administración señala que «potenciará las actuaciones, incidiendo en aquellos contribuyentes que no admitan pagos por medios bancarios».
Ocultación de ventas
Asimismo, también vigilará a aquellos empresarios y profesionales de los que se sospeche que falsean sus ventas reales. «Se llevarán a cabo actuaciones de control de aquellos contribuyentes que declaran una evolución irregular o anómala del importe de sus existencias que sea inconsecuente con su actividad declarada e indicio de la posible existencia de ventas ocultas», señala la Administración en su planCon este objetivo, Hacienda señala que intensificará este año las inspecciones in situ, es decir, con presencia física a los locales de los obligados tributarios (solo si son empresas) para hacer una comprobación de las ventas. La Administración señala que estas inspecciones tienen efectos muy favorables no solo en relación con las cuantías liquidadas y las deudas descubiertas, sino también en la mejora de comportamiento de los empresarios. «Durante 2024 es preciso perseverar en la solicitud de autorizaciones a las autoridades administrativas competentes y, en casos concretos, incluso a las autoridades judiciales», señala la Agencia Tributaria.
Sectores clave
La Administración, en su lucha contra el fraude fiscal, apunta también que mantendrá su presencia en aquellos sectores y negocios en los que se aprecie un alto riesgo de economía sumergida, «con especial uso de efectivo», incluso si los pagos se quedan por debajo de los actuales límites que prohíbe la ley. En la actualidad, la cuantía máxima que se puede pagar en efectivo cuando en la operación alguna de las partes es un empresario o profesional es de 1.000 euros.
«El control de las transacciones realizadas en dinero efectivo es prioritario, ya que suelen estar muy vinculadas a la economía sumergida, por lo que, con independencia de cuáles sean los límites cuantitativos que se encuentren vigentes de acuerdo con la normativa aplicable, las operaciones en efectivo continuarán siendo objeto de atención una vez más por parte de la Administración tributaria», apunta.
Signos de riqueza
Por otro lado, señala que también potenciará sus actuaciones contra aquellos contribuyentes cuyos signos externos de riqueza, patrimonio, rentabilidad o de información financiera sean «incoherentes» con las rentas declaradas. Es decir, que vivan por encima de lo que permiten los ingresos por los que tributan.
La Administración también señala que estará vigilante contra las nuevas formas de fraude que permite internet. «Se ha detectado la aparición de empresas fraudulentas que aprovechan las oportunidades que les brinda el comercio electrónico a fin de obtener ventajas comerciales desleales eludiendo sus obligaciones en el IVA«, indica Hacienda.
Factura electrónica
La Agencia Tributaria pondrá en marcha a mediados de 2025 dos novedades en materia de facturación para pymes y autónomos. De un lado, obligará a que todas las facturas se emitan de manera electrónica y, de otro, a que se reporten de forma inmediata al fisco. Esta segunda modalidad, denominada ‘Veri*factu’, evitará el uso del programas informáticos de facturación para la ocultación de las ventas.
El objetivo es mejorar la competitividad, facilitando la oferta de programas educativos conjuntos que beneficiarán tanto a los alumnos europeos como a los extracomunitarios
La necesidad de seguir integrando Europa para aumentar su resiliencia y competitividad afecta a todos los planos, incluso el académico. En el camino hacia la autonomía estratégica, Bruselas ha determinado que los Veintisiete no solo necesitan eliminar las barreras en el sector bancario y los mercados de capitales, sino también integrar los mercados laborales del Viejo Continente para superar la escasez de profesionales. En este contexto, la Comisión Europea (CE) presentó recientemente tres propuestas para potenciar el sector. Entre ellas, el ejecutivo comunitario destaca los primeros lineamientos para “Títulos europeos”, una certificación académica que será reconocida automáticamente en todos los países miembros y reducirá los trámites burocráticos.
En un documento oficial, la Comisión Europea explica que estas tres iniciativas abordan las barreras legales y administrativas que “impiden a las universidades asociadas establecer programas de titulación conjuntos que sean competitivos a nivel de licenciatura, maestría o doctorados”. En este contexto, además del un “título europeo”, el paquete presentado incluye dos propuestas para apoyar al sector de la educación superior: una para mejorar los procesos de garantía de calidad y el reconocimiento automático de las cualificaciones en la educación superior; y otra para hacer las carreras académicas más atractivas y sostenibles.
Una portavoz de la Comisión Europea ha respondido a CincoDías que estas iniciativas tienen el potencial de proporcionar a la economía europea el talento cualificado que necesita. “Esto es particularmente pertinente en tiempos en los que abordar las brechas de escasez de mano de obra y áreas tecnológicas críticas es crucial para nuestra competitividad y soberanía. Al mismo tiempo, ofrecer esta certificación también impulsaría la movilidad educativa dentro de la UE, abordaría las necesidades de las regiones que enfrentan una trampa de desarrollo de talentos, y ayudaría a satisfacer la demanda del mercado laboral de graduados europeos”, asegura la portavoz de la CE.
Desde el Ejecutivo comunitario también expresan que la búsqueda de un mercado único europeo unificado y la obtención de un título europeo están “intrínsecamente vinculados”. Les une su objetivo compartido de fomentar la libre circulación a través de las fronteras de los Estados miembros, el crecimiento económico y la competitividad dentro de la Unión Europea. “El título europeo fomentará una reserva de talentos cualificados a escala europea y ayudará a atraer talentos para formarlos en un espacio educativo europeo competitivo y atractivo”, apunta la portavoz.
En esta línea, desde Bruselas también consideran que las propuestas pueden aumentar la capacidad de las instituciones para satisfacer la demanda del sector privado. “Los empleadores, incluidas las multinacionales y las pymes, buscan profesionales con una combinación de habilidades transversales: inteligencia cultural, pensamiento crítico, habilidades para resolver problemas, creatividad y adaptabilidad. Un título europeo hará que estas personas sean más visibles para los empleadores y facilitará su contratación”, destaca la portavoz.
El reto de la integración
La Comisión Europea viene trabajando en este campo desde septiembre de 2020, cuando el Ejecutivo comunitario reconoció la necesidad de “facilitar la impartición de programas de titulación conjuntos por parte de las alianzas de educación superior”. Sin embargo, la parte difícil vendrá con la negociación de los próximos meses, cuando las propuestas se discutirán con el Consejo de la UE y las partes interesadas.
Dicho esto, la portavoz del Ejecutivo comunitario manifiesta que estas medidas surgen justamente de la necesidad de superar los numerosos obstáculos para la cooperación transnacional que existen por las competencias locales; ya que los sistemas nacionales y regionales de educación y sus reglamentos se han desarrollado en gran medida de forma independiente.
“Con la ayuda de 140 universidades que participan en proyectos de experimentación de políticas, identificamos más de 50 tipos diferentes de obstáculos legales y administrativos que enfrentan las universidades cuando quieren crear programas conjuntos. El título europeo resolvería muchas de estas disparidades administrativas y legales entre los sistemas nacionales y regionales al equiparlos con una vía fácil y coherente para trabajar entre sí”, indican desde Bruselas.
La portavoz de la CE resalta que entre las principales barreras se encuentran las limitaciones al multilingüismo en titulaciones conjuntas, así como la falta de reconocimiento del aprendizaje combinado o en línea (que impide el pleno uso del potencial de las herramientas digitales en la educación). Las normas nacionales específicas sobre la forma de los exámenes finales y las escalas de calificaciones; así como la concesión y entrega de títulos y diplomas, son otros campos que estarían sujetos a normas restrictivas, según la CE.
Bruselas propone un enfoque gradual para los Estados miembros, con dos posibles “puntos de entrada” para iniciar la integración. El primero es la creación de una “etiqueta europea” preparatoria, que se otorgaría a los programas de titulación conjunta que cumplan los criterios europeos y que se recibiría junto con los títulos conjuntos. El segundo, la creación de un nuevo tipo de cualificación que se basaría en criterios comunes y estaría anclado en las legislaciones nacionales. Esté grado sería otorgado conjuntamente por universidades de diferentes países o posiblemente por una nueva entidad jurídica de universidades europeas.
Dicho esto, la portavoz de la Comisión Europea aclara que el título europeo voluntario no sustituiría a los títulos nacionales, sino que actuaría como puente entre los diferentes sistemas, basándose en criterios comúnmente acordados. Así, las universidades podrían decidir si ofrecerlo o no en el contexto de una cooperación transnacional.
Para emprender el camino hacia un título europeo, la Comisión tiene previsto lanzar en 2025 los llamados “proyectos de itinerarios universitarios europeos”, dentro del programa Erasmus+. El objetivo es ofrecer incentivos financieros a los Estados miembros, junto con sus agencias de acreditación, universidades, estudiantes e interlocutores económicos para participar de esta iniciativa.
Beneficiados
Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente de IE University, opina que la movilidad de talento contribuirá a la integración económica, generando nuevas empresas. “Los nuevos títulos responderán a las nuevas necesidades de empresas y organizaciones. Los consorcios de universidades que se creen para ofrecer esos títulos tendrán vocación de atraer a un buen número de alumnos y reforzarán la conexión entre universidades y la sociedad”, explica el experto a CincoDías.
Desde Bruselas también contemplan que estas medidas pueden beneficiar a otros colectivos, entre ellos los estudiantes extranjeros. “Se podría ofrecer un título europeo a cualquier estudiante que estudie en Europa, independientemente de su ciudadanía; aunque corresponderá a las universidades organizar la admisión de los estudiantes, como ocurre con todos los programas que ofrecen. Además, queremos que Europa se convierta en un destino educativo atractivo para los nacionales de terceros países”, expresa una portavoz de la Comisión Europea.
Dicho esto, desde el Ejecutivo comunitario, consideran que permitir la creación de más programas conjuntos también ayudaría a atraer y retener más talento en Europa; al tiempo que apoyaría la cooperación con universidades y sistemas de todo el mundo. “Esto sería especialmente beneficioso para las regiones que se enfrentan a la trampa del desarrollo del talento, es decir, el impacto de una población más joven que se marcha. Asimismo, si eres nacional de un tercer país, en lugar de venir a seguir un programa universitario nacional, se te ofrecería la posibilidad de seguir un programa transnacional en varias universidades de varios países de Europa y obtener un título europeo”, explican desde Bruselas.
“El objetivo fundamental es promover la movilidad de estudiantes, profesores y de talento en general. La movilidad geográfica y la exposición a distintas culturas ha sido una característica esencial en la educación universitaria desde el momento de su fundación en el siglo XIII. Además, se trata de una iniciativa que fortalecerá la identidad europea de las futuras generaciones. El programa Erasmus ha contribuido a la integración europea más que el euro”, resalta Santiago Íñiguez de Onzoño.
Bruselas también apuesta por seguir potenciando la educación digital
La Comisión Europea presentó recientemente dos propuestas al Consejo Europeo, con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a proporcionar “educación y formación digitales de alta calidad, inclusivas y accesibles para desarrollar las capacidades digitales de los ciudadanos europeos”, según informa un comunicado oficial de Bruselas. Las propuestas mencionadas abordan dos principales desafíos comunes identificados por la UE: la falta de un enfoque gubernamental integral para la educación digital y las dificultades para dotar a las personas de las habilidades digitales necesarias.
Según los autores de la propuesta, la meta de lograr una mejor educación digital europea podría lograrse mediante la creación de un “marco coherente de inversión, gobernanza y formación docente para una educación digital eficaz e inclusiva”. En esta línea, se proponen una serie de medidas que los Estados miembros pueden seguir para implementar este enfoque de todo el gobierno y con la participación de partes interesadas.
“A pesar de los avances y algunos excelentes ejemplos de innovación, los esfuerzos combinados hasta ahora no han dado como resultado una transformación digital sistémica en la educación y la formación. Los Estados miembros todavía luchan por alcanzar niveles suficientes de inversión en infraestructura de educación y formación digital, equipos y contenidos para docentes y personal, y evaluación de las políticas”, reconocen desde el Ejecutivo comunitario. En esta línea, otra acción clave para alcanzar este objetivo será facilitar el reconocimiento de una nueva “certificación de capacidades digitales” que sea válida a nivel regional. Para ello, la Comisión llevará a cabo un proyecto piloto del “Certificado Europeo de Capacidades Digitales” junto con varios Estados miembros.
“El certificado tiene como objetivo mejorar la confianza y la aceptación de la certificación de habilidades digitales en toda la UE. Esto ayudará a que las habilidades digitales de las personas sean reconocidas de manera amplia, rápida y sencilla por parte de empleadores, proveedores de capacitación y más”, expresa la Comisión Europea en un comunicado reciente.
McDonald’s ha anunciado este jueves que busca tomar las riendas de su negocio en Israel al adquirir los 225 restaurantes franquiciados que existen en el país. La toma de control de las operaciones de su franquiciado local, la firma Alonya, es un primer intento de respuesta por parte del gigante estadounidense de la comida rápida después de que la guerra en Gaza convirtiera a las tiendas en punto de polémica
El hasta ahora franquiciado de McDonald’s en Israel, que fue el encargado de traer el Big Mac al país, se volcó con los esfuerzos bélicos en pleno conflicto militar. De esta manera, soldados y agentes de seguridad israelíes podían beneficiarse de descuentos de hasta 50%, algo que han imitado también otras grandes cadenas de comida rápida. Además, el operador local se enorgulleció en Instagram de haber donado hasta 100.000 comidas a los combatientes.
Esto ha generado llamamientos al boicot en otros países de la región así como tensiones con otras firmas que explotan los derechos de la hamburguesería en países como Omán, Líbano, Turquía, Arabia Saudí o Kuwait. Esto ha provocado, según la agencia de noticias Bloomberg, que el consejero delegado de la compañía, Chris Kempczinski, haya condenado internamente “los actos de antisemitismo e islamofobia”. Los famosos arcos dorados de las tiendas de McDonald’s también se han convertido en objetivo de ataques, aunque aislados.
El verdadero problema para la compañía con sede en Chicago está en el impacto en el negocio. En lo que va del año, los títulos de McDonald’s pierden más de un 9%, motivado por los resultados del cuarto trimestre de 2023, que decepcionaron a los analistas porque era el menor crecimiento desde 2020. Kempczinski reconoció que el conflicto en Medio Oriente, región que representa aproximadamente el 10% de las ganancias y el 4% de sus tiendas a nivel global, tendría un “impacto significativo”. Además, la situación ha obligado a asistir a algunos operadores locales con reducciones en el porcentaje de regalías que cobra a los franquiciados.
No se trata del único gigante estadounidense afectado por la operación. “Starbucks y McDonald’s se encontraron con problemas finales del año pasado por el apoyo percibido a Israel, lo que ha generado un llamamiento al boicot en redes sociales y una caída en el interés por parte de los consumidores”, sostiene Michael Halem, analista de Bloomberg Intelligence. Sin embargo, este experto sostiene que la cadena de hamburguesas no sería la firma más afectada del sector.
Repensar la operación
“McDonald’s continúa comprometida con el mercado israelí y busca asegurar una experiencia positiva para los consumidores y los empleados de aquí en adelante”, ha manifestado Jo Sempels, quien dirige las operaciones internacionales de la firma estadounidense. Sin embargo, la compañía ha evitado hacer referencia directa a los motivos detrás de la decisión. La prensa israelí afirma que el plan de McDonald’s incluye incorporar un nuevo socio local en los próximos meses, una vez que termine de cerrar su acuerdo con Alonyal.
La decisión de ‘la gran M’ dista de lo que ha hecho en otros mercados afectados también por la guerra. En mayo de 2022, a poco de comenzado el conflicto militar con Ucrania, la compañía decidió traspasar su filial rusa a un socio de Siberia, que renombró la marca y cambió (a medias) su menú. La nueva firma, llamada Vkusno & tochka (que puede traducirse como “Sabroso y punto”) ya no ofrece las icónicas hamburguesas, pero conserva el mismo estilo y modelo de operación. La expectativa del exfranquiciado es que la compra, que fue por un “precio simbólico” según afirmaron a la prensa, sea rentable en menos de dos años. Por su parte, los restaurantes en Ucrania comenzaron a reabrir desde agosto de 2022 después de interrumpir sus operaciones por seis meses tras el inicio del conflicto bélico.
La policía encontró inmigrantes chinos y paquistaníes sin documentos, obligados a comer y dormir en las fábricas
Un tribunal italiano pone bajo administración judicial de un año a Giorgio Armani Operations, el brazo industrial del grupo de moda italiano Armani. Según un fallo de 31 páginas al que ha tenido acceso Reuters, los jueces de Milán acusan a la empresa de subcontratar la producción a empresa chinas que explotan a los trabajadores. Durante este periodo, la compañía seguirá funcionando, pero bajo un administrador designado judicialmente.
Según la sentencia, Giorgio Armani Operations había subcontratado la producción de bolsos, cinturones y artículos de cuero a dos empresas que a su vez subcontrataron el trabajo a cuatro compañías chinas cuyos talleres se encuentran en las afueras de Milán. Las empresas pagaban entre dos y tres euros por hora para que trabajaran una media de 10 horas al día y en algunos casos hasta siete días a la semana. Los artículos se vendían a los subcontratistas de Armani por 93 euros y posteriormente se revendían a Armani por 250. En las tiendas los precios llegaban a alcanzar los 1.800 euros, según la información publicada por Reuters.
Armani asegura en un comunicado que había tomado medidas de control y prevención para minimizar los abusos en las cadenas de suministro. La firma de moda asegura que trabajará con las autoridades para esclarecer los hechos. La decisión forma parte de la investigación que desde hace años está llevando a cabo la Fiscalía de Milán sobre la subcontratación de la producción por parte de las grandes grupos de moda y otros sectores a empresas que supuestamente explotan a los trabajadores.
Según la consultora Bain, en Italia miles de pequeños fabricantes cubren entre el 50% y el 55% de la producción mundial de ropa y artículos de lujo frente al 20-25% del resto de Europa. La empresa de moda Alviero Martini, que fabricaba sus bolsos en talleres chinos, también fue sometida recientemente a supervisión judicial.
La información recogida por los investigadores apuntan a que la subcontratación de Armani se lleva produciendo desde 2017 hasta al menos febrero de 2024, cuando la policía visitó los talleres por última vez. En la sentencia los jueces de Milán señalan que las violaciones del código laboral eran un ejemplo de prácticas comerciales desleales. “Las investigaciones descubrieron prácticas irregulares tan profundamente arraigadas y establecidas que pueden considerarse parte de una estrategia más amplia de crecimiento empresarial”, afirman los jueces.
La policía encontró inmigrantes chinos y paquistaníes, la mayoría sin documentos, obligados a comer y dormir en las fábricas en condiciones degradantes y empleados sin ningún tipo de contrato. Las violaciones del código ético eran una constante. Los trabajadores empleaban maquinaria con dispositivos de seguridad eliminados intencionadamente. Además estaban expuestos a productos químicos potencialmente peligrosos y se les negaba exámenes médicos, recoge el fallo judicial.
Los propietarios de las empresas contratistas y subcontratistas están bajo investigación, mientras que Armani Operations fue puesta bajo administración por no controlar la cadena de producción. Los documentos judiciales indicaron que los talleres de propiedad china también elaboraban productos para otras marcas de moda.
España ha cerrado el mes de marzo con 3,35 millones de autónomos afiliados de media a la Seguridad Social, lo que acerca al país al récord registrado en el año 2008, cuando se superaron los 3,41 millones de trabajadores por cuenta propia en la antesala de la Gran Recesión.
Desde entonces, el país nunca antes había estado tan cerca de recuperar ese nivel de autónomos dados de alta en el sistema, un logro que se ha conseguido después de que en marzo el colectivo haya crecido en 15.434 afiliados, casi 500 nuevos autónomos cada día, según informó este martes la Seguridad Social.
Esta recuperación en el trabajo autónomo se produce, además, en un contexto de mejora de la afiliación del Régimen General, lo que implica que no se debe a que vaya mal el empleo asalariado y esté expulsando a los trabajadores y obligándoles a montar su negocio, como ha ocurrido en el pasado.
El número de autónomos en el país cayó vertiginosamente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y alcanzó su mínimo en 2013, al quedar por debajo de los 3 millones, pero desde entonces ha crecido de forma continuada hasta alcanzar ahora un segundo pico histórico.
Su buen comportamiento está en línea con el del total de afiliados a la Seguridad Social, que ha superado el mes pasado los 20,9 millones de personas, después de sumar a 193.585 trabajadores en el segundo mejor marzo de la serie histórica.
Aunque el número de autónomos en España se acerca al récord registrado hace dieciséis años, la composición del colectivo ha cambiado mucho en lo relativo a la actividad, el género o la nacionalidad.
Según los datos de la Seguridad Social, dónde más ha crecido el número de autónomos en términos relativos es en las actividades sanitarias y servicios sociales (con un crecimiento del 88% o 64.500 autónomos más); actividades inmobiliarias (+85,4% o 26.170 más); información y comunicaciones (+79% o 45.600 más); suministro de energía (+78% o 872 más); actividades artísticas (+65% o 32.600 más) y actividades profesionales, científicas y técnicas, con un aumento del 62% o 125.297 autónomos más.
Esta última es la actividad que ha registrado el mayor crecimiento en términos absolutos (número de trabajadores), lo que según el Ministerio de Seguridad Social y las principales asociaciones de autónomos demuestra la sofisticación del sector. «Cabe destacar que la afiliación de los sectores más cualificados sigue en aumento si la comparamos con años anteriores», celebró este martes Eduardo Abad, presidente de UPTA, quien sacó pecho de que «por primera vez se registra un total de autónomos por encima de los 3.350.000, suponiendo un récord absoluto en los últimos años».
Entre las actividades en las que ha caído la cantidad de autónomos destaca la construcción, con un 20% menos o 100.752 negocios menos, por el estallido de la burbuja y la crisis posterior; el comercio, con un descenso del 7% o 56.000 autónomos menos; la industria manufacturera, en la que hay un 20,4% menos de autónomos o 52.200 trabajadores menos, o la agricultura, donde el número de trabajadores por cuenta propia ha caído un 14% en estos quince años (42.437 autónomos menos).
Llama la atención que el crecimiento en el número de autónomos que se ha producido en los últimos años se debe íntegramente al género femenino, que se ha incorporado en masa al trabajo por cuenta propia. Hoy España cuenta con 160.065 mujeres autónomas más que en 2009, mientras que el número de varones con un negocio ha caído en 60.378. Ellas han emprendido sobre todo en el comercio al por mayor (que cuenta hoy con 338.000 autónomas más); actividades profesionales, científicas y técnicas (+140.300) y la hostelería (+137.355).
En cuanto a las nacionalidades, la Seguridad Social ofrece el desglose del colectivo de extranjeros desde 2012, lo que demuestra que desde entonces el número de autónomos de otras nacionalidades ha crecido en 228.439, lo que deja el avance de los autónomos nativos en 63.000. Las nacionalidades con más aumento de autónomos son la china (con 27.000 autónomos más), italiana (+25.145), rumana (+24.161), venezolana (+17.548), marroquí (+15.341) y colombiana (+10.162).
El crecimiento del número de autónomos no ha sido homogéneo en todo el país. Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Baleares y Sevilla son las provincias que han registrado el mayor crecimiento de autónomos en los últimos quince años, pero hay 32 de las 52 provincias españolas en las que el número de trabajadores por cuenta propia ha caído. Las que han sufrido la mayor sangría son las de la mitad norte peninsular.
En términos absolutos Asturias está a la cabeza, con 10.900 autónomos menos; seguida de Lugo (-8.877), La Coruña (-8.100), Guipúzcoa (-8.036) y Zaragoza (-8.006). En porcentaje las mayores caídas se dan en Lugo, Palencia, Orense, Lérida y León.
Por edad, ha crecido mucho el número de autónomos de más edad por el envejecimiento de la población: ha crecido en 430.900 autónomos el número de los que tienen más de 50 años (con 111.304 autónomos más de más 64 años), mientras que ha caído en 210.200 personas el número de autónomos de menos de 40 años.
La subyacente sigue bajando y se coloca en el 3,3%, cuatro puntos menos que hace un año
A modo de montaña rusa, los precios suben y bajan mes a mes. En esta ocasión, el encarecimiento de la energía, en concreto de la electricidad, ha hecho que la inflación aumente en marzo, hasta el 3,2%. Se trata de cuatro décimas más respecto a febrero, según el dato adelantado publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la subyacente —que excluye la energía y los alimentos frescos— continúa por la senda de la moderación al pasar del 3,4% al 3,3%. Esta cifra refleja el proceso de desescalada en los grandes grupos que condicionan el IPC. Por comparar, hace un año esta tasa era del 7,5% —4,2 puntos más que a día de hoy—.
El repunte mensual se achaca, según el Ministerio de Economía, a la normalización del IVA de la luz del 10% al 21%, tras casi tres años con la tasa impositiva reducida. La decisión del Ejecutivo de regularizar este impuesto se debe a la reciente caída en el precio de la electricidad, ya que cuando se diseñaron las medidas anticrisis el Gobierno condicionó la rebaja a que la cotización del mercado mayorista permaneciese por encima de los 45 euros por MWh. Desde febrero, la media ya se situó por debajo de ese límite y los mercados futuros apuntan a que se mantendrá así al menos hasta abril como consecuencia de la gran producción de las renovables y del hundimiento en la cotización del gas natural y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO₂), que presiona a la baja todo el mercado en las horas en las que ese combustible fósil marca el precio de la luz.
Combustible más caro
Al IVA se suma el encarecimiento del combustible, que acumula ya nueve semanas consecutivas de aumentos ininterrumpidos. “En este periodo, el petróleo ha avanzado en sentido opuesto al de los otros productos energéticos”, explica Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. En efecto, mientras que la electricidad y el gas se han abaratado hasta caer por debajo de los niveles previos a la crisis inflacionaria, la gasolina y el diésel han recuperado valor. El motivo principal son los constantes recortes de oferta llevados a cabo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a fin de mantener al alza los precios internacionales del oro negro.
Con todo, el precio del combustible en España sigue por debajo de la media de la eurozona, donde según el último Boletín Petrolero, el litro de gasolina costaba 1,79 euros. Son casi 20 céntimos más que en las estaciones de servicio nacionales, donde cuesta 1,62 euros. Lo mismo se aplica para el diésel, en parte gracias al menor coste de la materia prima, pero sobre todo porque las tasas impositivas son menores que en el resto de la Unión Europea.
Más allá de los vaivenes mensuales, lo que más preocupa a los analistas es el coste de los servicios —como restaurantes y hoteles—, que siguen ejerciendo presión sobre la inflación subyacente. Torres detalla que su comportamiento ha sido asimétrico y se resisten a bajar porque están unidos a los componentes que condicionan la evolución de la inflación; en concreto, a los salarios y beneficios empresariales. Por el momento, no queda claro si es un efecto de segunda ronda o se trata de una evolución puntual derivada de los ajustes de precios que se hacen a inicios de cada año. Lo cierto es que la subida espectacular de los billetes de las aerolíneas, así como de los paquetes turísticos y de los alojamientos, apuntan a que esta será la Semana Santa más cara de la historia. Ya en febrero, los hoteles, hostales y servicios de alojamiento similares se encarecieron un 9% respecto a 2023; los campings y albergues juveniles lo hicieron casi un 6% y los paquetes turísticos nacionales un 18,7%, según el INE.
De forma contraria a lo que ocurre con los servicios, los precios de los alimentos siguen moderándose como resultado, en parte, del efecto base. Si en marzo de 2023 se habían encarecido un 16,5%, en febrero de este año la tasa era apenas del 5,3%, según el INE. A falta del dato definitivo de este mes —que se conocerá en un par de semanas—, los analistas prevén que el indicador baje todavía más. A su favor juega que los costes agrícolas llevan varios meses con una tasa de variación interanual en negativo, lo que debería aliviar las presiones sobre el coste de la cesta de la compra y situar la tasa media anual de este grupo por debajo del 4% en 2024 —el año pasado estuvo por encima del 11%—, según CaixaBank Research.
Más allá de estos datos, los economistas perciben signos de mejora en la cesta de la compra. La proporción de insumos con una tasa de inflación inferior al 2% va en aumento y a día de hoy solo hay un producto con un nivel interanual superior al 20%: el aceite de oliva.
Los costes laborales medios por hora en España en 2023 se estiman en 24,6 euros, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al dato de 2022 –cuando se situaban en 23,3 euros–, una cifra que se encuentra un 22,65% por debajo de la media de la UE (31,8 euros) y que es un 30,9% inferior a la de la eurozona (35,6 euros), según datos de la oficina estadística comunitaria Eurostat.
Esta media oculta importantes diferencias entre los Estados miembro de la UE, ya que los costes laborales horarios más bajos se registraron en Bulgaria (9,3 euros), Rumanía (11,0 euros) y Hungría (12,8 euros), y los más altos en Luxemburgo (53,9 euros), Dinamarca (48,1 euros) y Bélgica (47,1 euros).
Los dos principales componentes de los costes laborales son, por un lado, los sueldos y salarios y por otro, costes no salariales como las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios.
La proporción de los costes no salariales en el conjunto de la economía en 2023 fue del 24,7% en la UE y del 25,5% en la zona euro, mientras que en España alcanzaron el 26%, lo que convierte al país en el sexto Estado miembro con mayor cuota de costes no salariales por detrás de Suecia (32,2%), Francia (31,9%), Italia (27,9%), Eslovaquia (27,2%) y Austria (26,7%).
En cuanto a la división por sectores, los costes laborales por hora más altos de la UE se registraron en la economía no empresarial, excluida la administración pública (32,4 euros), y los más bajos en el sector de la construcción (28,5 euros). Las diferencias fueron mayores en la eurozona, donde la industria era el sector que más pagaba (38,0 euros por hora) y la construcción el que menos (31,9 euros por hora).
Por su parte, España registró los costes más elevados en el sector industrial (26,5 euros), seguido de la economía no empresarial (26,4 euros), mientras que el sector de la construcción tuvo, al igual que en la media de la UE y la zona euro, los costes más bajos (22,2).
COMPONENTE SALARIAL
En el caso concreto de España, el componente salarial supone casi un 74% del coste medio laboral, es decir, que 18,2 euros de los 24,6 euros por hora van a parar a los sueldos de los trabajadores, mientras que los 6,4 euros restantes corresponden a gastos no salariales.
Esta cuota salarial en el coste medio por hora es un 24,17% inferior a la media del conjunto de la UE (5,8 euros menos por hora) y está un 31,32% por debajo de la media de los países de la eurozona (8,3 euros menos).
AUMENTO DE LOS COSTES LABORALES
Entre 2022 y 2023, los costes laborales por hora en el conjunto de la economía aumentaron un 5,3% en la UE y un 4,8% en la zona del euro, mientras que España superó ambos datos con un incremento en los costes del 5,7%.
Dentro de la zona del euro, los costes laborales por hora aumentaron en todos los Estados miembro de la UE y las mayores subidas se registraron en Croacia (+14,2%), Lituania (+12,4%) y Estonia (+11,7%).
En los Estados miembro de la UE fuera de la eurozona, los costes laborales por hora expresados en moneda nacional también aumentaron en todos los países, registrándose las mayores variaciones en Hungría (+17,0%), Rumanía (+16,5%), Bulgaria (+14,0%) y Polonia (+12,4%). Por contra, el país en el que menos aumentaron fue en Dinamarca (+2,7%).
Las pequeñas compañías siguen siendo 2.000 menos que antes de la pandemia, mientras que las medianas son 1.400 más
Las ventas y el empleo de las pymes cerraron 2023 con nuevos incrementos, pero en menor medida que en trimestres anteriores, por lo que continuaron su desaceleración. Esta es una de las claves que recoge el Indicador Cepyme sobre la situación de la pyme, que elabora la principal patronal de las compañías de menor tamaño incluida en CEOE, y que analiza cinco bloques que reflejan la marcha de la actividad, los costes, la solvencia, el crédito y la competitividad de las pymes españolas. En general, las pymes suspenden la nota media que dan a estos cinco factores al evaluarlos con un 4,9 en el último trimestre de 2023 —este indicador funciona como las valoraciones de un examen, siendo 1 la peor puntuación y 10 la mejor—. Así, la puntuación sobre la situación de las pymes en el cuarto trimestre fue la más baja de todo 2023, si bien registró una mejora de 1,2 puntos respecto al año anterior.
Las valoraciones de estos cinco bloques son muy diferentes entre sí y también en su evolución respecto a trimestres y años anteriores. Solo dos de estos elementos mejoraron su nota en comparación con hace un año: los indicadores que evalúan el crédito (con 5,9 puntos) y la competitividad (5,8 puntos). No obstante, en lo que se refiere a este último asunto y pese a la mejor valoración, la patronal Cepyme detecta que “en el área de la competitividad las pymes tienen un problema, común al conjunto de la economía española, y es que la productividad está descendiendo“. Por eso, esta organización empresarial lanza una advertencia: “La caída de la productividad que surge de un crecimiento del empleo más veloz que el de las ventas amenaza con hacer insostenibles esos nuevos empleos y también el pequeño aumento de tamaño de las empresas”.
Esto ocurre porque, según los datos extraídos para realizar este indicador —provenientes de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo, Banco de España, CESCE, Informa D&B y Registradores — la productividad media de las pymes (considerada como el volumen medio de ventas por empleado) encadena tres trimestres seguidos con caídas interanuales. En el cuarto trimestre de 2023 fue un 0,7% inferior a la de un año antes y un 1% menor que la de 2019. Asimismo, resulta ligeramente menor a la de 2015 e, incluso, un 4,9% más baja que la del cuarto trimestre de 2011, en plena crisis financiera.
Si bien, la evolución de la productividad es muy distinta según el tamaño de la pyme. Así, desde el cuarto trimestre de 2019 hasta finales de 2023, el empleo asalariado en las empresas medianas (entre 50 y 250 trabajadores) creció un 7,6%, que es prácticamente lo mismo que aumentaron los volúmenes de sus ventas (7,5%). Sin embargo, en las firmas más pequeñas el aumento del número de empleados más que duplicó el de las ventas en términos reales (4,1%y 1,6%, respectivamente). Esto, insiste Cepyme, hace especialmente grave el problema de la pérdida de productividad en las compañías de menor tamaño.
En este escenario, el número de empresas con empleados registradas en la Seguridad Social continuó creciendo a un ritmo débil: a finales del año pasado avanzó un 0,5% interanual respecto a un año antes. Mientras que la variación acumulada en los últimos cuatro años ratifica la diferencia entre las pymes en función de su tamaño: el número de empresas pequeñas aún permanece por debajo del nivel prepandemia, con 2.000 sociedades menos que en 2019 (-0,2%), al tiempo que las firmas medianas creció un 5,4%, con 1.400 compañías más. Esto arroja, no obstante, un aumento neto de pymes con empleados de 600 firmas más, todas ellas medianas.
La caída de la productividad podría poner también en riesgo, además del nuevo empleo y la mejora en el tamaño de las pymes, los avances en su rentabilidad. Según estas cifras, la rentabilidad neta sobre activos continúa siendo inferior a la que había antes de la pandemia, apuntan los autores de este indicador. Y la rentabilidad sobre el patrimonio neto de las pymes españolas (5,7%) es, por ejemplo, menos de la mitad que la de las pymes belgas (14,5%), austríacas (12,6%), polacas (13,7%) y húngaras (15,7%), según los últimos datos disponibles. Por ello, desde Cepyme insisten en que sin un aumento de la productividad y rentabilidad adecuadas, el aumento progresivo del tamaño de las pymes “será insostenible”.
Los elementos que empeoran
Al margen de estas advertencias y, a diferencia de la competitividad y el crédito que mejoraron su puntuación en este indicador, los otros tres elementos evaluados, la actividad (puntuada con un 7,7); los costes (valorados con un 1); y la solvencia (4,1 puntos) reflejaron un nuevo debilitamiento interanual, particularmente el componente que mide la actividad de las pymes, que registró su primer deterioro tras dos años y medio de constantes incrementos, que fudamentalmente reflejaron la recuperación tras la pandemia que ahora parece haber tocado techo.
Por su parte, los costes y la solvencia de estas compañías volvieron a registrar otro descenso interanual y, en particular, la primera de estas variables, que mantuvo por cuarto trimestre consecutivo la menor nota media en el año debido a la persistencia de la inflación por encima de lo normal.
En definitiva, y como resumen de los resultados obtenidos con este indicador, los autores apuntan como elementos positivos que prosiga el desendeudamiento empresarial; la ligera reducción de costes operativos; el hecho de que la carrera ascendente del euríbor parece haber concluido y un repunte en los nuevos préstamos bancarios recibidos por las pymes. “Sin embargo, los costes operativos permanecen elevados con relación a dos años atrás y no se observa una moderación en la subida de los costes laborales ni en los de los servicios. Además, crece el esfuerzo financiero vinculado con la deuda comercial y el número de concursos aumenta sobre niveles ya altos”, concluyen desde Cepyme.
A partir de 2025, la mitad de las oportunidades de empleo estarán reservadas para personas con cualificación intermedia, según un informe titulado «Cómo impulsar la Formación Profesional en España: recomendaciones sobre la base de los modelos alemán y austriaco», elaborado por Judith Arnal, investigadora sénior asociada en el Real Instituto Elcano y Pilar Palacios Guillén, técnico Comercial y Economista del Estado.
Sin embargo, en 2021, solo el 25% de la población activa en España tenía este nivel de cualificación, revelando una brecha preocupante en el mercado laboral del país. A pesar de que los egresados de FP muestran una tasa de empleo más alta que aquellos con educación general, la percepción pública de la FP sigue siendo negativa.
La escasez de mano de obra cualificada representa una de las principales preocupaciones para las empresas. Según la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad (Ebae) del tercer trimestre de 2023, realizada por el Banco de España, el 39% de las empresas encuestadas reportaron dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Además, la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicada en diciembre de 2023, reveló que en España existen 155.797 vacantes de empleo sin cubrir, alcanzando así un máximo histórico desde que se iniciaron los registros en 2013. Estos datos confirman la creciente preocupación por la falta de personal cualificado en el mercado laboral español.
El análisis de modelos exitosos en países como Alemania y Austria arroja luz sobre posibles soluciones. Elementos como la FP dual, una sólida colaboración entre el sector público y los agentes sociales, una regulación básica efectiva, el acceso a formación avanzada para estudiantes de FP, y la integración de empresas de diferentes tamaños en el proceso formativo, son factores clave para el éxito de estos sistemas.
La aprobación de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional en 2022 marca un punto de inflexión en España. Inspirada en el exitoso modelo vasco y en las prácticas de Alemania y Austria, esta ley busca revitalizar la FP en el país. Sin embargo, el camino hacia la mejora es largo y requiere un esfuerzo coordinado.
En este contexto, se han propuesto una serie de recomendaciones de política económica. Estas incluyen la evaluación y adopción de las mejores prácticas de las diferentes regiones autónomas, la potenciación de la FP dual bajo la nueva ley, el fomento de la movilidad entre ramas educativas, una mayor colaboración con los agentes sociales, la promoción de una imagen positiva de la FP en la sociedad, la transferencia efectiva de conocimientos y la incentivación de la participación femenina en áreas STEM.
Ana Muñoz, directora de Formación de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), destaca que «el modelo de FP que había en España no funcionaba y tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que adopta muchos de los elementos del sistema vasco de FP e incluso de los modelos alemán y austríaco, ahora permite integrar algunos de los factores de éxito de estos modelos».
Tasas de empleo
Las tasas de empleo de los técnicos de FP entre 20 y 34 años son notoriamente superiores a las tasas de empleo del conjunto de la economía en la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), según revela el informe. Destacan en este aspecto países como Países Bajos, Alemania, Suecia, Austria y Dinamarca.
Sin embargo, en el caso de España, se observa una situación preocupante: tanto las tasas de empleo del conjunto de la economía como las de los egresados de FP están considerablemente por debajo de la media de la UE. En concreto, estas tasas están más de 5 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE para el conjunto de la economía, y algo menos de 10 puntos por debajo para el caso de los técnicos de FP.
Además, en línea con la baja tasa de empleo de técnicos de Formación Profesional (FP) en España en comparación con la media europea, el porcentaje de estudiantes en secundaria que optan por cursar FP en España también se sitúa más de 12 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Este porcentaje se sitúa en un 36,6%, muy por debajo de países con sistemas exitosos de FP, como Austria (68,7%) o Alemania (48,8%), donde a su vez la tasa de empleo de estos profesionales es muy alta.
Este escaso interés por la FP en España puede estar relacionado con la percepción que la población tiene sobre las oportunidades que ofrecen estos estudios. De hecho, somos el país donde la mayoría de los encuestados considera que los estudios de FP no garantizan un acceso rápido al empleo. Sin embargo, a la luz de las estadísticas presentadas en los gráficos anteriores, esta percepción es totalmente infundada, ya que las tasas de empleo para los recién egresados de FP son superiores en la mayoría de los países de la UE en comparación con la educación general no FP, e incluso superan las tasas de empleo para el conjunto de la economía en muchos casos.
Otro factor que influye significativamente en el éxito de la implementación de la FP es la opinión que tiene la sociedad sobre el tipo de profesiones a las que esta brinda acceso. Sin embargo, la percepción de la sociedad española sobre la FP y su valor en el mercado laboral parece ser confusa, según revelan los resultados de algunas encuestas. Por ejemplo, el estudio muestra que España es el único país donde más del 50% de los encuestados considera que la FP puede conducir a profesiones con prestigio social, mientras los datos revelan que la mayoría piensa que la FP no facilita el acceso al mercado laboral.
Esta discrepancia en la percepción de la sociedad sobre la importancia de la FP para el futuro es crucial y merece una atención especial para lograr configurar una FP exitosa. Dado que se espera que el 50% de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estén reservadas para profesionales que hayan cursado estudios de FP, es fundamental que esta percepción cambie. Por lo tanto, sería beneficioso que las autoridades públicas en toda la UE lleven a cabo campañas para mejorar la imagen de los estudios de FP y promover el acceso de la población a este tipo de formación basada en competencias.
Muñoz también indica que para mejorar la percepción social de la FP y, además, aumentar la participación de la mujer en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en los programas de FP es necesario buscar un entorno inclusivo y equitativo que sea atractivo para las mujeres en formarse en áreas STEM a través de la FP; mostrar las ventajas y las oportunidades que ofrece la FP en áreas STEM para el desarrollo personal y profesional mediante campañas de sensibilización; orientación vocacional desde los colegios e institutos en edades tempranas; y visibilizar casos de éxito de mujeres con carreras en áreas STEM que les pueda servir de modelo e inspiración a seguir. «También se podrían establecer alianzas con empresas del sector para ofrecer oportunidades de prácticas y experiencias laborales que les permita incorporarse en el sector; y actualizar los planes de estudios, adaptándolos a la realidad laboral que fomenten la participación equitativa con mujeres especializadas en áreas STEM incluyendo ejemplos de éxito de contribución femenina es estas áreas», añade.
En cuanto a las estrategias para atraer a talento femenino, en Mondragon Goi Eskola Politeknikoa están muy involucrados en dar visibilidad al trabajo que hacen susalumnas (tanto en los proyectos académicos como en las prácticas que hacen en las empresas). «Creemos que enseñar ejemplos de mujeres que trabajan en el ámbito técnico/tecnológico/industrial es esencial para que chicas más jóvenes se puedan ver identificadas con sus gustos o ambiciones y elegir este tipo de formación», sostiene Gorka Aretxaga, responsable de Formación Profesional de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea).
Carmen Pacheco, gerente de la Escuela de FP y Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid, destaca que «más de 80% de los alumnos de que finalizan sus estudios de FP en los cursos que imparte la Cámara logran un empleo en menos de un año». El valor fundamental de la Formación Profesional, que impulsa estas cifras, reside en ofrecer una enseñanza enfocada en la vertiente práctica del aprendizaje, lo que favorece el incremento de la demanda de los estudiantes, por un lado, y la valoración de las empresas, por otro, que ven una clara ventaja en incorporar a sus filas a trabajadores que van a ser capaces de implementar la práctica profesional desde el primer momento de su ingreso en la compañía.
FP dual
Los graduados en la modalidad dual disfrutan de una sólida inserción laboral, con casi la mitad de ellos encontrando empleo relacionado con sus estudios en menos de un año. En algunas ramas altamente demandadas, esta tasa alcanza el 100%. Además, los estudiantes de FP dual tienen ventajas significativas al ingresar al mercado laboral, como la obtención de contratos a jornada completa y salarios superiores. Según el informe «La Formación Dual en España: Situación y perspectivas» del Ministerio de Educación y Formación Profesional, los graduados en FP dual experimentan una inserción laboral más exitosa a corto y medio plazo en comparación con aquellos que optan por la FP convencional.
La FP dual, que combina aprendizaje teórico con experiencia práctica en entornos laborales, es uno de los pilares esenciales para el crecimiento del país. Esta combinación facilita una transición más fluida de los estudiantes hacia el mercado laboral. Además, la estrecha colaboración entre el sector público y los agentes sociales ha demostrado ser fundamental para adaptar la formación a las necesidades cambiantes del mercado laboral y garantizar la coordinación entre todos los actores del sistema.
La Ley Orgánica de Formación Profesional establece que a partir del próximo curso toda la FP tendrá carácter dual, lo que implica combinar la enseñanza en el aula con prácticas en empresas. Se crean dos modalidades: la General, con un porcentaje de formación en la empresa entre el 25% y el 35%, y la Intensiva, con más del 35% de formación en la empresa. La secretaria general destaca que esta modalidad es una de las mejores formas de selección de personal, ya que alrededor del 70% de los estudiantes se quedan en la empresa al finalizar su formación práctica.
El Gobierno está finalizando los detalles de un «plan de choque» para impulsar la formación profesional dual y la acreditación de competencias profesionales, con el objetivo de crear 150.000 nuevas plazas de FP en esta legislatura. Estas medidas formarán parte del nuevo Plan de Modernización de Formación Profesional (2024-2028), que se espera aprobar antes de junio. La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, destaca que en los últimos cinco años se ha establecido la estructura del sistema de FP y ahora es momento de expandirlo. El plan busca llegar a todos los trabajadores, estudiantes y empresas, promoviendo una mayor colaboración con los ayuntamientos y una gestión más directa. Un cambio significativo ha sido la integración de la red de FP educativa y la de formación para el empleo, que anteriormente operaban por separado. Este enfoque unificado busca ampliar el alcance y mejorar la eficacia de la FP en España.
Sanz destaca la asignación de más de 6.000 millones de euros, principalmente provenientes de fondos europeos destinados a mitigar el impacto de la Covid-19, para impulsar la transformación de la FP. Esta inversión ha posibilitado la creación de 330.000 plazas de FP en cuatro años, superando el compromiso inicial de 200.000 plazas con la Unión Europea. Para esta legislatura, se calcula la creación de hasta 150.000 nuevas plazas, pero se enfatiza que la expansión de la FP continuará en el futuro. Esta inversión también ha permitido la acreditación de competencias de aproximadamente un millón y medio de trabajadores.
Y es que la FP dual ha sido reconocida a nivel europeo, como lo demuestra la «Recomendación sobre la educación y formación de profesionales para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia», adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 24 de noviembre de 2020. Esta recomendación establece objetivos ambiciosos para el año 2025, incluyendo que al menos el 82% de los titulados en FP encuentren empleo, que el 60% de los titulados recientes en FP se beneficien del aprendizaje en el trabajo, y que el 8% del alumnado de FP participe en movilidades internacionales para el aprendizaje. Sin embargo, España tiene un largo camino por recorrer para alcanzar estos objetivos, ya que actualmente menos del 2% del alumnado participa en la FP dual. Los datos de empleo de los recién egresados de FP, sugieren que los sistemas duales en el centro y norte de la UE, como los de Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos, son los más exitosos.
En Alemania y Austria, el acceso de los estudiantes de FP a la formación de tercer ciclo fortalece la percepción de la FP como una opción educativa valiosa. El tamaño empresarial y la inversión en FP también son factores cruciales. Las grandes empresas pueden tener más recursos para invertir en formación, pero es igualmente esencial articular mecanismos para asegurar que las pequeñas y medianas empresas participen activamente en el sistema. En el caso de España, el modelo de FP anterior a la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional en 2022 no ha logrado resultados comparables a los de Alemania y Austria.
Pacheco considera que «los modelos alemán y austriaco de Formación Profesional destacan por varios factores clave del éxito y el excelente reconocimiento que este nivel educativo tiene en estos países».
Los datos españoles revelan que las familias profesionales con un mayor número de empleados menores de 30 años y tasas de desempleo más bajas son: reparación de vehículos, hostelería, industria manufacturera, actividades sanitarias y servicios sociales. Además, un 30% de los jóvenes que completan la FP dual continúan empleados en la misma empresa donde realizaron sus prácticas, lo que demuestra la efectividad y la relevancia de este modelo de formación en la transición al mundo laboral.
«Hasta hace poco, se tenía interiorizado en la sociedad que el que no valía para estudiar, tenía que empezar a trabajar y para ello el camino más rápido era la FP», afirma Aretxaga. Este pensamiento hay cambiarlo desde la perspectiva de la sociedad: hay personas que su aprendizaje se basa en las experiencias vividas y en adquirir habilidades y destrezas que se aplicarán en sus puestos de trabajo. Este aprendizaje es muy profundo y en este campo es donde se mueve la Formación Profesional. La Formación Profesional es para todas esas personas que encuentran en esta forma de aprender su desarrollo personal y profesional.
El paradigma del País Vasco
La FP en el País Vasco es un referente para seguir. Mientras que la tasa de empleo de los egresados de FP en España está por debajo de la media europea, en el País Vasco supera el 85%, destacando significativamente. Esto se atribuye a varios factores, entre ellos, la colaboración sólida entre los distintos agentes involucrados en la formación dual, que ha sido una característica distintiva en la región durante más de 30 años. Además, la adaptación de los programas de FP a las necesidades del tejido productivo local y la colaboración activa de un gran número de empresas en la formación de los estudiantes también han contribuido al éxito. La demografía empresarial del País Vasco, con un mayor número de empresas con más de 10 trabajadores en comparación con la media nacional, también ha tenido un impacto positivo en la FP en la región. Estos factores combinados han establecido al País Vasco como una excepción notable en términos de éxito en la implementación de la FP. De hecho, hay asociaciones de centros de FP, como Hetel que juegan un papel importante en el desarrollo de la FP y la interlocución con la viceconsejería.
En Mondragon Goi Eskola Politeknikoa acaban de poner en marcha un programa de ciclo formativo de grado superior en mecatrónica industrial con una gran empresa de distribución como Amazon, donde forman a los profesionales que se incorporan a los almacenes logísticos de todo el estado. Estas personas realizan periodos de 4-6 semanas de formación académica en Mondragon, Guipúzcoa, y periodos de 4-6 semanas de prácticas en sus correspondientes almacenes logísticos de otras comunidades autónomas. Combinando estos módulos durante dos años Amazon se asegura de nutrir su plantilla de técnicos de mantenimiento anualmente y evita toparse con la escasez de talento que hay en el mercado.
