Jueves, 27 de Octubre de 2016
Tras los meses de inestabilidad e incertidumbre política, la labor del nuevo Gobierno se centrará en buscar un equilibrio en Educación. A la espera de si la investidura de Mariano Rajoy va finalmente adelante, la premisa para la cartera educativa está clara: urge un Pacto por la Educación.
Todos los Gobiernos autonómicos, partidos políticos y comunidad educativa quieren lograr un acuerdo con el máximo consenso posible, así como apostar por más Formación Profesional, más becas, bilingüismo, un Estatuto y un MIR docente consensuado.
Además, ya está prevista la creación de una subcomisión (con el visto bueno de todos los partidos) para alcanzar ese pacto social y político que permita la elaboración de una nueva Ley de Educación que sustituya a la Lomce y lograr que la educación sea una herramienta eficaz para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades.
No obstante, llegar a un pacto tendrá sus dificultades. El PP rechazó ayer en el Senado la primera iniciativa, a propuesta de Ciudadanos, para alcanzar un pacto de Estado. Ciudadanos, por su parte, ha rechazado otra enmienda del PP que pedía la creación en la Cámara Alta de una ponencia de estudio para profundizar en las medidas del pacto. Asimismo, Mariano Rajoy, ha propuesto en el Congreso la consecución en el plazo de seis meses de un Pacto Nacional, durante su primer discurso del debate de investidura y ha avanzado que en el primer mes de Gobierno planteará la creación de esa subcomisión que busque un acuerdo.
Retrasar un año las reválidas
Partido Popular y Ciudadanos mantienen el acuerdo que firmaron en verano. Por lo tanto, ambos partidos están conformes en llegar a un Pacto Nacional por la Educación y como primera medida para llegar a ese consenso con el resto de partidos se han comprometido a retrasar un año la implantación de las pruebas de 4º de ESO y Bachillerato, que deben realizarse a finales de este curso, y a recuperar un sistema parecido al de la actual Selectividad un año más (en junio 2017). Cabe destacar que los rectores ya consiguieron que el Ministerio de Educación cediese y estableciera que la evaluación de 2º de Bachillerato no habilitase para obtener el título (que sólo sirva para evaluar la etapa).
Asimismo, PP y Ciudadanos quieren implantar una educación bilingüe y trilingüe, gratuidad de los libros de texto, un Estatuto del Personal Docente basado en el Libro Blanco de la Función con un ?MIR docente? de acceso a la profesión, la libre elección de centro y los conciertos educativos, reformar el sistema universitario, aumentar las becas, promover los programas de becas-salario y de ?excelencia?, entre otras cuestiones que están en el acuerdo firmado por ambas fuerzas políticas.
Lo que no quiere el partido de Albert Rivera es la paralización de la Lomce. La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha subrayado que la moratoria que plantean ?permite articular el diálogo y quita la ansiedad de la comunidad educativa?. Martín indica que a su partido no le gusta la Lomce, pero que ?son responsables y sin tener una ley consensuada, derogar sería crear un mayor caos?.
Sandra Moneo, portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión de Educación del Congreso, indica que cuando se convoque la Comisión de Educación ?votaremos a favor de la paralización porque necesitamos un periodo de transición para buscar el acuerdo. Todos vamos a tener que ceder y nuestro marco de negociación es el artículo 27 de la Constitución Española (referido a derechos fundamentales y libertades públicas en educación)?.
Por su parte, el PSOE también ha dado su apoyo a la propuesta de paralizar la implantación de las reválidas. Coincide con PP y Ciudadanos en un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización (MIR) y dignifique la función docente, así como consolidar un Sistema Integrado de FP, con más titulaciones.
Derogar la Lomce
Asimismo, PSOE coincide con Podemos en que, además de paralizar las reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, quieren derogar la Lomce, algo que hace desmarcarse de las otras dos fuerzas políticas. Podemos no solo quiere paralizarlas un año, sino que se extingan por completo, para que no influyan en la obtención de los títulos. El PSOE defenderá, cuando se convoque la nueva comisión de educación -cancelada ayer por el Debate de Investidura en el Pleno del Congreso- una proposición no de ley para derogar el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, y para establecer una moratoria para la permanencia del actual sistema de acceso a la universidad, mientras se tramita una nueva Ley de Educación.
Estos dos partidos también están de acuerdo y se desmarcan del resto, en derogar el 3+2, que ha modificado la duración de grado y máster, y apostar por un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia.