11-12-2016
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. (EFE)
La actualización del Plan Presupuestario que el Gobierno remitió el viernes a Bruselas contempla que los ingresos derivados de las cotizaciones sociales supongan el 12% del PIB el próximo año, dos décimas menos que el ejercicio actual. El Ejecutivo plantea que la mejora del empleo no será suficiente para elevar los recursos en términos relativos de un sistema que sufre un déficit crónico.
Los bajos salarios, las bonificaciones sociales y el hecho de que el empleo crezca a ritmos inferiores al PIB nominal son las causas que explican que la mejora del mercado laboral no se traduzca en un incremento de los ingresos del sistema. Incluso si se tuviera en cuenta los 300 millones adicionales que recaudará el Gobierno por el aumento del 3% de los tipos máximos de cotización, los ingresos serían inferiores en términos relativos. En números absolutos, las cotizaciones aumentarán el próximo año en torno a 3.000 millones, un 2,3% más.
Sin embargo, el gasto se incrementará con mayor ímpetu. Siempre según las previsiones incluidas en el Plan Presupuestario, la Seguridad Social destinará un 3% más. El Ejecutivo defiende que el aumento es contenido gracias a las medidas aprobadas en 2011 y que supusieron un incremento de la edad de jubilación y la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones que ha limitado las subidas de las prestaciones al 0,25% en los últimos ejercicios. Cada año, entre pensiones contributivas y no contributivas, el Estado abona en torno a 150.000 millones.
Si los gastos aumentan a un ritmo mayor que los ingresos, la consecuencia es que los números de la Seguridad Social están condenados a empeorar. Aun así, el Gobierno contempla que el déficit de la Seguridad Social se reducirá el próximo año y pasará del 1,7% del PIB al 1,4%. Incluso teniendo en cuenta que la partida destinada a pagar las prestaciones por desempleo se reducirá, resulta improbable que las cuentas del sistema mejoren significativamente.
Precisamente por ello y ante el riesgo de que el sistema sufra un déficit creciente, el Ejecutivo pretende alcanzar un gran pacto para la reforma del modelo. De momento, las posiciones están alejadas. Los socialistas y Podemos son partidarios de establecer nuevas figuras fiscales que graven la riqueza y cuya recaudación se destine a sufragar las pensiones. El PP rechaza esta opción. De momento, la medida que ha adoptado el Gobierno es aprobar un incremento del 3% para las bases máximas de cotización que supondrá, según los cálculos de Moncloa, 300 millones adicionales. Obviamente, esta cifra no arregla los problemas de la Seguridad Social.
Según la senda de consolidación fiscal remitida por el Gobierno a Bruselas, el déficit de la Seguridad Social irá bajando progresivamente hasta situarse en el 1% del PIB en el año 2019. Una reducción de los números rojos que solo puede alcanzarse con una mejora mucho más intensa del mercado de trabajo y de los salarios o con una reforma en profundidad del sistema. Los ciudadanos se muestran escépticos. Una reciente encuesta de la Fundación Mapfre refleja que el 44,5% de los españoles no confía en recibir una pensión pública en el momento de su jubilación.