Viernes, 23 de Diciembre de 2016
Las normas fijarán condenas mínimas y reforzarán el control de los flujos de dinero
La Unión Europea (UE) ha presentado su proyecto de una regulación común contra el blanqueo de capitales, que establecerá unas definiciones y unas sanciones mínimas comunes a todos los Estados, y que pretende colmar algunas lagunas existentes en las legislaciones nacionales. Las medidas propuestas dan cumplimiento al Plan de acción contra la financiación del terrorismo, efectivo desde febrero de este año.
El proyecto de la Comisión incluye la redacción de una nueva Directiva para tipificar como delito el blanqueo de dinero que, junto a la tipificación y condenas comunes, eliminará los obstáculos a la cooperación judicial y policial transfronteriza. Además, debe acercar las normas de la UE a las obligaciones contraídas en tratados como el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa o las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.
Según el Ejecutivo comunitario, impedir o dificultar la financiación del terrorismo y el crimen organizado «es uno de los procedimientos más eficaces para impedir posibles atentados terroristas y actividades delictivas». Así, el segundo de los objetivos de la regulación es establecer controles más estrictos sobre los grandes flujos de dinero en efectivo.
Para ello, el nuevo Reglamento sobre los controles de dinero en efectivo reforzará la vigilancia sobre las personas que lleguen o salgan de la UE con 10.000 euros o más. Cuando la cantidad declarada en la aduana sea inferior, pero existan sospechas de actividades delictivas, las autoridades también podrán actuar.
Asimismo, los controles aduaneros se ampliarán al dinero en efectivo enviado en paquetes postales o transporte de carga, a los bienes preciosos, como el oro, y las tarjetas prepago.
Embargo preventivo
La UE pretende, además, facilitar el embargo preventivo y agilizar el decomiso para garantizar la rápida inmovilización en frontera de los activos de los terroristas.
La propuesta de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las órdenes de embargo preventivo y decomiso de activos ofrecerá un único instrumento jurídico para el reconocimiento de este tipo de resoluciones en otros Estados, mejorando la rapidez y eficacia de las mismas -se redactará un documento normalizado y las autoridades estarán obligadas a comunicarse entre sí-.
Además, la norma ampliará el ámbito del reconocimiento transfronterizo del decomiso ampliándolo a los bienes de otras personas relacionadas con los delincuentes y se contemplará este instrumento, también, cuando no se condene al delincuente pero exista riesgo de fuga o fallecimiento.
Finalmente, se garantizará el respeto del derecho a las víctimas a una compensación y a la restitución de sus bienes.