29 de Octubre de 2017
El Gobierno aumenta las pensiones por la mínima, el 0,25%, mientras los precios escalarán un 1,2%. Los partidos ya descartan llegar a un acuerdo este año para cerrar la reforma clave de la legislatura.
La pensión media de 923,2 euros al mes sólo subirá dos euros y treinta céntimos el año que viene. En el plan presupuestario enviado a Bruselas, el Gobierno ha vuelto a incorporar un aumento de las pensiones por la mínima del 0,25 por ciento, que no alcanza ni de lejos la escalada esperada de los precios del 1,2 por ciento y que llevará a los pensionistas a perder poder adquisitivo por segundo año consecutivo.
En concreto, la pensión media, actualizada con el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que introdujo la reforma de 2013, se incrementará el año que viene hasta 925,5 euros mensuales. El problema es que esta fórmula se desvincula de la inflación y se liga al equilibrio presupuestario del sistema, relegando a un segundo plano el mantenimiento del poder adquisitivo. De hecho, si las pensiones subiesen en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) la prensión media aumentaría en 2018 hasta 934,3 euros: casi nueve euros al mes.
El colectivo de pensionistas más numeroso, los jubilados, verán subir su pensión dos euros con sesenta céntimos con el IRP. Así, la pensión media de jubilación, que se encuentra en estos momentos en 1.066,9 euros mensuales, quedará en 2018 en 1.069,5 euros, mientras podría subir más de 10 euros, hasta 1.079,7, si se tuviese en cuenta el incremento previsto de los precios en su actualización, para evitar la pérdida de capacidad de compra.
«Se pierde poder adquisitivo y se va a seguir perdiendo, porque el sistema de pensiones no da para más», asegura tajante el profesor del IEB, Miguel Ángel Bernal -recordemos que el déficit entre ingresos y gastos ronda los 6.000 millones de euros hasta agosto-, quien recuerda, sin embargo, que en los últimos años los pensionistas han ganado capacidad de compra gracias a la caída de los precios. No así en 2017, cuando las previsiones de Funcas y el Banco de España apuntan a un aumento medio anual de la inflación del 1,9 por ciento, mientras las pensiones sólo han subido un cuarto de punto, el mínimo legal.
Hay que remontarse hasta el año 2012 para dar con una merma de capacidad de compra similar. Entonces, el IPC repuntó un 2,4 por ciento de media anual, mientras las pensiones sólo se revalorizaron el 1 por ciento. Desde ese año, los pensionistas han visto incrementado su poder adquisitivo, año tras año, con la llegada de la inflación negativa. Pero 2016 fue el último ejercicio con tasa media anual del IPC bajo cero (cerró en el -0,2 por ciento) y este año el alza de precios podría dispararse hasta rozar el 2 por ciento, según los analistas.
El Pacto de Toledo, estancado
Ante esta tesitura, la oposición ha pedido recientemente al Gobierno que negocie con los sindicatos un nuevo acuerdo en materia de pensiones y, hasta entonces, revalorice las cuantías en función a la inflación prevista. Mientras, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, insiste en que sólo hay dos maneras de subir las pensiones: con crecimiento y con empleo, o con subidas permanentes de los impuestos, y el Gobierno «quiere lo primero».
Según Báñez, la prioridad del Ejecutivo es mejorar la sostenibilidad del sistema desde el consenso, a través del Pacto de Toledo. Pero es precisamente en el IRP donde se atascan las negociaciones. Tanto que los partidos políticos ya descartan cerrar este año la que prometía ser una de las reformas prioritarias del Gobierno en esta legislatura.
El Pacto de Toledo está estancado en la segunda recomendación – que trata precisamente de la suficiencia de las pensiones-, la primera aún no está cerrada del todo y el Ministerio de Empleo no convoca a los agentes sociales desde marzo.
Tanto el PP como Ciudadanos abogan por mantener el IRP tal y como está establecido para evitar que se dispare el gasto del sistema, de modo que se vuelva insostenible por sí mismo y sea necesario subir los impuestos para financiarlo. Por su parte, PSOE y Unidos Podemos insisten en la urgencia de recuperar la indexación al IPC y así mantener el poder adquisitivo.