23 de Marzo de 2018
La agencia de calificación Standard & Poor’s ha difundido a última hora de este viernes la calificación de la deuda soberana de España, que ha revisado al alza desde la BBB+ hasta la A- con perspectiva positiva. Asimismo, ha elevado su previsión de crecimiento para 2018 al 2,7% frente al 2,6% que calculaba en noviembre pasado
Con la crísis política en Cataluña algo más controlada, con la tranquilidad que ofrecen las cifras macroeconómicas y tras varios años de importantes crecimientos (por encima del 3%) de la economía española, los analistas han devuelto a España al grupo de los países con nota A.
La subida en la calificación era lo previsto por los analistas, puesto que el pasado mes de septiembre no lo hizo por las reticencias hacia lo que podría ocasionar el conflicto independentista en Cataluña. De hecho, la agencia Fitch ya mejoró la nota de España el pasado enero.
Análisis de S&P
La agencia confía en un incremento del consumo privado impulsado por la mejora del empleo, unas condiciones financieras favorables y la mayor confianza de los hogares, permitiendo un aumento de la inversión, así como la recuperación del mercado inmobiliario y de la construcción. «Si no se materializan riesgos externos, como el creciente proteccionismo, el sector exportador español continuará beneficiándose de su fuerte competitividad y mayor cuota de mercado, así como de las favorables condiciones económicas en la zona euro, mientras que un mayor repunte de los precios del petróleo podría reducir la aportación de las exportaciones al crecimiento del PIB español», dice.
Asimismo, S&P advierte de que la consolidación presupuestaria adicional que debe acometer España, así como el cambio en la postura de la política monetaria del BCE y unos salarios «todavía bajos» probablemente contendrán el aumento del consumo privado, provocando una desaceleración del crecimiento entre 2019 y 2021.
S&P señala que la perspectiva positiva del rating supone que podría mejorar la calificación española en el curso de los próximos 24 meses si el Gobierno logra una mayor consolidación de las cuentas públicas de lo que espera actualmente. Asimismo, la agencia prestará atención a la influencia de la política monetaria del BCE en las condiciones de crédito del país, así como a la evolución de la banca española y apunta que «una relajación adicional de las tensiones en Cataluña también respaldaría una mejora».
Situación política
Por otro lado, la agencia considera que la posición de minoría del Gobierno limita su capacidad de acometer medidas, como demuestra la demora en aprobar los presupuestos de 2018, poniendo a prueba su capacidad de sacar adelante reformas para reducir el déficit estructural. No obstante, la calificadora de riesgos confía en que no habrá una marcha atrás en las reformas ya aplicadas, señalando que en caso de que esto ocurriera «pesaría sobre las perspectivas económicas de España y su solvencia».
Asimismo, en vista de la fragmentación del actual panorama político en España, incluyendo la situación en Cataluña y el cambio de apoyos electorales de la opinión pública, según las encuestas, S&P considera que el Gobierno estará más ocupado con asuntos partidistas que en ocasiones anteriores y no descarta la opción de elecciones anticipadas.
En cuanto a Cataluña, S&P asume que tras las últimas elecciones regionales la incertidumbre puede persistir en función del sentido del nuevo Gobierno autonómico, que aún no se ha formado, apuntando como mayor riesgo de crédito la posibilidad de que las tensiones relacionadas acaben provocando una caída sostenida de la confianza de hogares y empresas, especialmente en Cataluña, aunque recuerda que la fortaleza del momento que atraviesa el conjunto de la economía española ya compensó a finales de 2017 la debilidad temporal de Cataluña.
Calificación no solicitada
La agencia ha difundido la calificación de la deuda pese a que el Gobierno decidió en enero dejar de pagar a la agencia, la última de las tres grandes con las que aún mantenía contrato tras no haber renovado los acuerdos con Moody’s y Fitch.
La agencia señaló entonces que la calificación de España pasaría a ser no solicitada y que elaboraría sus informes y calificaciones con esos datos disponibles ya que hay interés en el mercado. De este modo, todas las calificaciones de emisión de deuda soberana de España pasan a ser consideradas como «no solicitadas» por parte de la agencia de rating.
«Reconocimiento del esfuerzo reformista»
El ministro de Economía, Román Escolano, considera que la subida de nota por parte de S&P, sólo dos meses después de la de Fitch, confirma la confianza en España de los mercados y las agencias de calificación crediticia.
En declaraciones remitidas a los medios, Escolano asegura que es un «reconocimiento del esfuerzo reformista en distintos ámbitos llevado a cabo por el Gobierno y la sociedad durante los últimos seis años».
«Nuestra economía se sustenta en un crecimiento robusto, con fuerte creación de empleo y reducción del déficit público», dice Escolano, que destaca además que la perspectiva positiva asignada a España permite augurar nuevas subidas en el futuro.
Añade que la decisión de S&P de subir la nota contribuirá a diversificar y ampliar la base inversora del Tesoro Público, así como a reducir aún más los costes de financiación del Tesoro, de la economía y, en particular, de las pymes.
El ministro subraya que la agencia ha constatado que las tensiones políticas en Cataluña han tenido un efecto limitado sobre la economía española, gracias a la confianza institucional que introdujo la aplicación del artículo 155 de la Constitución.