Miércoles, 2 de Mayo de 2018
El Gobierno prevé «nuevas figuras tributarias» para compensar el coste de la subida de las pensiones de los próximos dos años, que asciende a 4.800 millones de euros. El Programa de Estabilidad 2018-2012 remitido a Bruselas en la noche del 30 de abril habla de nuevos impuestos, en plural. Es decir, que a la ya anunciada tasa digital se sumarían otros tributos para recaudar, en conjunto, un total de 2.100 millones de euros entre este año y 2019.
El Plan de Estabilidad del Ejecutivo apenas concreta mucho más de esas «nuevas figuras tributarias». Sí hace referencia a que será una fiscalidad indirecta, es decir, que recaerá sobre el consumo, y que se planteará en el marco del Pacto de Toledo y dentro de «iniciativas tributaria europeas».
Fuentes de Hacienda consultadas señalan que, «de momento, sólo se trabaja en la puesta en marcha de este impuesto a las digitales». Sin embargo, queda por justificar de dónde saldrá un ingreso adicional de 900 millones de euros en el próximo ejercicio. El programa remitido a Bruselas recoge que el nuevo impuesto sobre las digitales «permitirá obtener una recaudación adicional de 600 millones de euros anuales». Mientras que para este año el incremento de recaudación previsto corresponde a esos 600 millones de euros, para 2018 la previsión se eleva a 1.500. Es decir, 900 millones más que se obtendrían de esas «nuevas figuras tributarias».
Sólo cubre el 44%
En total, 2.100 millones hasta finales de 2019, una cantidad que sólo cubre un 44% del coste de elevar las pensiones. Según los cálculos del Gobierno, el acuerdo con el PNV para garantizar una subida mínima de las pensiones ligada al IPC, -del 1,6% este año y del 1,5% en 2019- y el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad tendrá un coste adicional de 3.900 millones entre los dos años. El alza del 3% de las pensiones mínimas (558 millones) y no contributivas (71 millones) e incrementar entre el 1 y el 1,5% las de hasta 12.000 euros (253 millones) este año, eleva a 4.800 millones el impacto total de las medidas.
Un coste inviable para Mariano Rajoy hasta hace una semana, pero que ahora tiene el visto bueno del Ejecutivo, que ya no considera que esta medida, tomada en vísperas de año electoral, comprometa corregir la delicada situación de la Seguridad Social, que acumula un déficit de 18.000 millones.
Una cantidad que sí preocupa en Europa, que ayer volvió a recordar a España la urgencia de abordar cuanto antes el saneamiento del déficit de la Seguridad Social. Un informe de la Comisión Europea publicado ayer respalda la puesta en marcha del factor de estabilidad, que rompe el vínculo de las pensiones con el IPC, y cuya aplicación se aplaza al menos hasta 2023.
Tal y como adelantó elEconomista en marzo, Bruselas desaconseja a España una subida de las pensiones en línea con el IPC en una economía tan endeudada como la nuestra, y más aún cuando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social del país ya casi se ha vaciado.
Más financiación
La escasez del fondo obliga al Ejecutivo a buscar más fuentes de financiación y ahorro para convencer a Europa de que puede pagar el sobrecoste de subir las pensiones en línea con el IPC.
En concreto, el Programa de Estabilidad contempla tres vías. A los nuevos recargos impositivos se suma el ahorro en el pago de intereses de la deuda pública. Los bajos tipos de interés y la mejor calificación crediticia otorgada por diversas agencias de rating a España, permitirán reducir el coste de financiar el pasivo público, un excedente que el Gobierno destinará a financiar a la Seguridad Social.
Además, se rebaja de 2.000 a 1.800 millones de euros el coste de las responsabilidades judiciales por el rescate de las autopistas de peaje previsto para el 2018. El Gobierno espera obtener 1.000 millones de ingresos más cuando vuelva a licitar las autopistas rescatadas ante el sector privado este mismo año. «Estos ingresos, por lo tanto, son margen adicional para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit», se afirma en el documento.
Respecto a la tasa digital se aplicará «únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes». La Comisión Europea plantea un impuesto del 3% sobre los ingresos brutos de empresas como Google, Apple y plataformas como Uber o Airbnb o Booking que, según los datos de Bruselas soportan una tributación de apenas el 9%.
La propuesta es bien vista con buenos ojos por el respaldo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ayer se mostró dispuesto a valorar y apoyar el impuesto a las corporaciones vinculadas a las nuevas tecnologías como instrumento para financiar las pensiones públicas.