Una década después, la Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años.
«La Comisión recomienda que el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que el Consejo (los países) adopten esta decisión, todos los procedimientos por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados», informó el Ejecutivo comunitario al presentar sus recomendaciones de política económica para cada país.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ya había anunciado a principios de mayo que el Ejecutivo comunitario estaba en condiciones de solicitar dar carpetazo al expediente, pero la petición formal no se ha producido hasta hoy.
Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, el próximo 14 de junio, España pone fin a una década bajo el brazo ‘corrector’ del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.
Riesgos: déficit y pensiones
Pese a todo, la Comisión Europea ha advertido a España de que existe un riesgo de que se desvíe de forma «significativa» del ajuste fiscal que le exige Bruselas en 2019 y 2020, así como de que incumpla las normas europeas que requieren reducir la deuda pública en ambos ejercicios.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario pidió a España tomar medidas este año y el que viene para asegurar que el gasto público primario no crece más de un 0,9% del PIB en 2020, de modo que cumpla con el requerido ajuste estructural -sin tener en cuenta el ciclo económico- del 0,65 % del PIB ese año.
Asimismo, recomienda «usar las ganancias inesperadas para acelerar la reducción del ratio de deuda con respecto al PIB» y pide al país «preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones».
Brazo preventivo
Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo ‘preventivo’, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 (tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%) y propondrá cerrarlo este miércoles, más de diez años después y tras cuatro prórrogas: una concedida al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y tres al Ejecutivo ‘popular’ de Mariano Rajoy.
El primer plazo exigía a España reducir su déficit público por debajo del 3% del PIB (producto interior bruto) como muy tarde en 2012, pero el Gobierno de Zapatero solicitó un año más de prórroga pocos meses después de la apertura del procedimiento. Ya con Rajoy en la Moncloa, la UE concedió una nueva prórroga a España hasta 2014, después una nueva de dos años, hasta 2016, y finalmente una última hasta 2018.
El verano de 2016 fue el momento más tenso entre Bruselas y Madrid en el marco de este expediente. En ese momento, las autoridades europeas estuvieron cerca de multar a España por relajar la aprobación de medidas de consolidación fiscal e incumplir el objetivo que estaba establecido para el año anterior. El Ejecutivo comunitario canceló finalmente dicha multa y también la congelación de una parte de los fondos que recibe el país.
El cierre del expediente llega después de que las administraciones públicas cerraran el año pasado con un déficit del 2,48%, más de medio punto por debajo del umbral del 3% aunque es casi tres puntos superior al objetivo pactado con Bruselas, que era del 2,2%.
Desde el 11% del PIB de saldo negativo marcado en 2008, bajó al 9,4% un año después, para posteriormente encadenar dos años de crecimiento: 9,6% en 2011 y 10,5% en 2012. A partir de entonces el déficit público encaminó una senda de fuertes descensos y se redujo al 7% en 2013, 6% en 2014, 5,3% en 2015, 4,5% en 2016 y 3,1% en 2017.
Sanciones a Italia
Además, la Comisión Europea ha activado el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, en un paso que abre la puerta a una multa de unos 3.500 millones de euros.