Los altos volúmenes de economía sumergida pasan ahora factura. Al menos dos millones de trabajadores verán reducidos sus ingresos total o parcialmente
La pandemia del coronavirus tiene ya una larga lista de víctimas en el terreno económico, pero también hay que sumar otro registro menos conocido en el plano estadístico, aunque sí en términos sociales. Son los trabajadores empleados, total o parcialmente, en la economía sumergida. O informal, como se prefiera.
Aquellos cuyas rentas dependen de trabajos esporádicos o cobran una parte de sus ingresos en negro, y que están esparcidos por casi todos los sectores productivos, principalmente servicios y agricultura. Y que se ceba, en particular, en los trabajadores más precarios, si bien en los últimos años la economía sumergida, por mor de la subcontratación o de la desregulación laboral, cada vez afecta más a profesionales cualificados que forman parte de una cadena de actividad que vive al margen de la economía oficial.
Nadie conoce el número concreto o, ni siquiera, aproximado. Se trata, por lo tanto, de estimaciones. Pero sí hay evidencias de que el fenómeno del empleo fuera de los cauces legales es muy relevante. ¿En qué medida?
La mayoría de los expertos considera que entre dos millones y cuatro millones de personas estarían trabajando de una forma u otra en los canales subterráneos de la economía y que ahora, por razones de la reclusión general de la población y por la congelación de la actividad productiva, se encontrarían en una situación límite. Sin contar aquellos colectivos muy dependientes de propinas o gratificaciones para completar su salario, y que normalmente no se declaran a Hacienda.
Ninguno de los instrumentos desplegados por el Gobierno en las últimas semanas contempla cuantía alguna. A lo sumo, y cuando se ponga efectivamente en marcha, tendrían acceso al Ingreso Mínimo Vital que prepara el ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Claro está, siempre que el trabajador no perciba alguna prestación de subsistencia que pagan ahora las comunidades autónomas.
La punta del iceberg
Sí se conoce, por el contrario, el empleo aflorado en los últimos años por la actuación de la inspección de trabajo, pero es solo la punta del iceberg. En 2018, en concreto, se afloraron 117.738 empleos en negro, de los que la gran mayoría, 90.872, fueron porque el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Un número, en todo caso, muy reducido (la falta de medios de la inspección es estructural y viene de muy lejos) en relación con la realidad que dibujan todos los estudios académicos.
El trabajo más reciente ha sido coordinado por el profesor Lago Peñas, catedrático de la Universidad de Vigo, para Funcas, y en él se recuerda que Friedrich G. Schneider, la primera autoridad europea en la materia ha estimado que la economía sumergida en España representaba un 24,5% del PIB en 2015. Otros estudios de la misma naturaleza, utilizando idéntica metodología, lo rebajan hasta algo menos de 18% en 2016, porcentaje que sería el mínimo desde 1989.
En todo caso, niveles muy elevados que sitúan a España «en una mala posición» tanto si la referencia es la OCDE como la Unión Europea a 15, que integra a los países más avanzados. El propio INE ha puesto en marcha una revisión de la Contabilidad Nacional para identificar, con datos de la inspección de trabajo y de Hacienda, el volumen de economía sumergida.
En términos de empleo, ¿cuánto representa alrededor de la quinta parte del PIB instalado en la economía sumergida? Asempleo, la patronal de las agencias de trabajo temporal, ha estimado que más de cuatro millones de empleos «están bajo la sombra de la economía sumergida», lo que equivale al 9% de toda la población. Es decir, más de un 13% de toda la población comprendida entre los 16 a 65 años y un 18% de toda la población activa.
Fraude laboral
En opinión de su servicio de estudios, si solo se considera la cohorte de empleos sumergidos que se han producido directamente por fraude laboral —considerando como tal aquel que ofrece, tanto al empleador como al empleado, no pagar las cargas impositivas correspondientes a la jubilación y seguridad social y, a su vez, que exime al empleado del pago de los tributos directos correspondientes a sus ingresos frente a Hacienda— se estaría hablando de 1,3 millones de empleos efectivos. Es decir, serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto serían trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte sin declarar.
Otros trabajos, como el de la Fundación de Estudios Financieros, han estimado que en torno a un 8% del PIB es consecuencia del fraude en materia laboral, lo que en términos de empleo equivaldría a, al menos, un millón de puestos de trabajo a tiempo completo. Mientras que en este trabajo del FMI (2018) se sitúa a España entre las naciones avanzadas con peores registros en economía sumergida, tres veces más que Austria o Suiza.
Se estima que en torno al 8% del PIB es consecuencia del fraude en material laboral, lo que equivaldría a un millón de empleos
El profesor Santos M. Ruesga, un especialista en economía sumergida ya desde los años 80, cuando el primer Gobierno socialista encargó un informe seminal sobre la materia, estima que, de una forma u otra, total o parcialmente, la economía sumergida «podría afectar a entre dos millones y tres millones de personas».
En su opinión, lo relevante es que está cambiando el perfil de los trabajadores que cobran en negro. Junto a sectores ‘clásicos’ como la agricultura, la construcción, la hostelería o el comercio ambulante, hay nuevos segmentos profesionales que han caído en la red del dinero negro al amparo de las «formas atípicas de empleo». Por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial. O el que se hace desde casa al margen de la economía oficial.
Horas extras
Un número significativo de trabajadores estaría realizando muchas más horas de las que se corresponden respecto de lo que establece su contrato de trabajo, y esas horas ‘extra’ se remuneran sin pagar los correspondientes impuestos o cotizaciones, lo que tiene un efecto devastador en situaciones como estas. El trabajador no tiene a quién reclamar ni tiene alternativas laborales.
Como se sabe, los servicios públicos de empleo pagan en función de la base reguladora (el 70% durante los primeros seis meses), por lo que si el salario real es superior al que marca el contrato, no se contabiliza. El último informe de la inspección revela que en 2018 se detectaron 23.325 situaciones en las que el tiempo real de trabajo de empleados con contrato a tiempo parcial superaba en más de un 50% lo estipulado.
Un número significativo de empleados estaría realizando muchas más horas de las que se corresponde con su contrato de trabajo
La propia Agencia Tributaria, en su último plan estratégico, ha puesto también números a este problema. Para ello, se han incluido en la economía sumergida actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial. Por ejemplo, actividades de subsistencia difícilmente viables si se regularizaran, ingresos que nunca tributarían considerando la existencia de mínimos exentos e incentivos fiscales y, además, en ocasiones se pagan impuestos incluso desarrollándose actividades ocultas (por ejemplo, el IBI). Todo ello, dice Hacienda, lleva a algunos autores a considerar que solo un 60% de la economía sumergida es susceptible de generar ingresos tributarios si se regularizase. En concreto, una cantidad equivalente al 6,7% del PIB.
La situación, como sostiene Ruesga, no es mejor para aquellos colectivos que complementan sus rentas con trabajos esporádicos que se sitúan completamente al margen de la legalidad. Y que afectan a colectivos como jubilados que dedican algunas horas a trabajar, estudiantes universitarios o pluriempleo ocasional.
Sin contar a la inmigración irregular, históricamente el colectivo más afectado por la economía sumergida y por los bajos salarios. Principalmente, en territorios de la costa mediterránea o Canarias, que tradicionalmente ha sido la comunidad autónoma con mayores niveles de trabajo al margen de los cauces oficiales.