- La AIReF desmonta las previsiones de ingresos enviadas a Bruselas
- Rebaja a los 2.898 millones la recaudación, frente a los 6.100 previstos
- Alerta de las cuentas «optimistas» del Ejecutivo para este año
La subida de impuestos firmada por el Gobierno para 2021 recaudará 2.898 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La cifra es menos de la mitad de los 6.100 millones de euros que aseguró el Ejecutivo que ingresará.
La AIReF, en su último Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2021, rebaja de nuevo las expectativas de recaudación del Gobierno. En concreto, sostiene que ingresará 1.104 millones de euros menos que sus últimas previsiones, cuando ya había bajado a 4.002 millones de euros las «optimistas» cuentas del Ejecutivo enviadas a Bruselas.
«Se reduce respecto al informe anterior, fundamentalmente en medidas sobre fiscalidad medioambiental«, apunta el documento. Según la AIReF, los llamados impuestos verdes -que incluyen los impuestos sobre el plástico y los residuos- apenas recaudarán 313 millones de euros este año. «Los cambios se derivan del rechazo durante el trámite parlamentario del incremento de tipos de gasóleo, de la revisión de las estimaciones de los impuestos sobre envases de plástico de un solo uso y del impuesto sobre residuos, del ritmo de tramitación de la Ley de lucha contra el fraude, y de la exclusión de los yogures líquidos del aumento del IVA sobre bebidas azucaradas», destaca el informe.
Las alzas fiscales de 2021
El proyecto de ley contra el fraude fiscal y la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 son las dos normas que recogen todas las novedades fiscales para este año. Las normativas contienen cambios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación. Tal y como contó elEconomista el primer día del año, el plan fiscal de Moncloa busca subir la presión fiscal en España. El Gobierno aseguraba entonces que su reforma fiscal permitirá aumentar la recaudación en 6.085 millones de euros, según recoge en su plan presupuestario enviado a Bruselas.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogen la subida del IRPF en tres puntos para las rentas del capital a partir de 200.000 euros y en dos puntos para las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros. Además, el impuesto sobre Patrimonio subirá un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros y los grandes grupos empresariales verán limitadas las exenciones de dividendos y plusvalías de sus filiales en el exterior y las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán una tributación mínima del 15%.
Por otra parte, en los planes de pensiones individuales, el importe desgravable de la base imponible del IRPF baja de 8.000 euros a 2.000 euros. Además, se crean los planes de pensiones colectivos o de empresa, concebidos para los empleados.
La Agencia Tributaria ha cifrado en 56 el número de cotizadas españolas a cuya compra de títulos se le aplicará la tasa Tobin
También, aprobó los nuevos impuestos a los servicios digitales, conocidos como tasa Google, y a las transacciones financieras, conocidos como tasa Tobin, para aplicarlos a partir de enero. La Agencia Tributaria ha cifrado en 56 el número de empresas cotizadas españolas a cuya compra de títulos se le aplicará la tasa Tobin. Entre ellas están Inditex, Iberdrola y Banco Santander, junto a BBVA, Amadeus, Cellnex o Endesa.
El resto de medidas fiscales aparecen en el proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado por la ministra de Hacienda. La norma esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la transmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. Además, recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas impositivas.