El IPC sube propulsado por la energía y los alimentos, y alcanza máximos de casi 30 años
El INE no detalla en esta primera estimación la aportación a los precios de cada una de las categorías, algo que hará el próximo 14 de enero con el primer dato consolidado, pero el organismo sí aclara que el alza de la inflación obedece a la subida del precio de la energía, y también de los alimentos. El dato es espectacular desde cualquier punto de vista: la inflación mensual, del 1,3%, es la más alta en un mes de diciembre desde 1983, hace casi cuatro décadas.
Así, en la espectacular subida destaca el precio de la electricidad, a distancia sideral respecto a diciembre de 2020, después de que los precios mayoristas hayan experimentado picos por encima de los 300 megavatios por hora (MWh) durante varios días de diciembre, incluso tocando los 400 euros en los peores momentos. El último mes del año cerrará como el más caro de toda la serie histórica, superando el valor de octubre (199,9 euros MWh).
El organismo estadístico destaca que también influye, aunque en menor medida, el aumento de los precios de la alimentación, frente al descenso registrado el año pasado. Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 4,9% interanual en términos generales, y estos se segregan en los alimentos sin elaboración, que subieron un 6,5%, y los elaborados, que lo hicieron un 3,5%.
El INE, pese a que los datos generales desbordan todas las previsiones, destaca la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que se incrementaron en 2020. Los bienes ligados a la pandemia, como las mascarillas, subieron en tasa interanual un 3,9%, mientras que los servicios vinculados al Covid-19 –como los análisis para detectar el virus– se dispararon un 18,3%.
Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que es menos volátil, aumenta cuatro décimas hasta el 2,1%, con lo que se sitúa casi cinco puntos por debajo de la del IPC general. Con todo, es la tasa más elevada desde marzo de 2013.
Pese a que el dato es el más alto en casi 30 años, esta no es la subida mensual más fuerte del año, pues en octubre el IPC se disparó 1,5 puntos porcentuales sobre el mes anterior. En todo caso, el alza es muy superior a la esperada por el consenso de economistas consultado por Bloomberg, que preveía que el IPC interanual fuera del 5,7%.
Ante este panorama, el Gobierno, en boca del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró este jueves que la alta inflación es “transitoria, temporal y durante 2022 se va a poder ir corrigiendo”. Bolaños, al término de la Comisión Mixta que evalúa la situación de La Palma tras la erupción volcánica, recalcó que “todos los organismos nacionales e internacionales, empezando por el Banco de España y el Banco Central Europeo”, coinciden en que el alza de precios es coyuntural.
A juicio del ministro, parte de la subida “es consecuencia del tirón de la recuperación económica que se está produciendo en todo el mundo, además de que la comparación se lleva a cabo con el año 2020, cuando el crecimiento del indicador era prácticamente plano.
A falta de conocer la tasa de inflación acumulada oficial de todo el año, que salvo revisiones drásticas en el mes de diciembre rozará el 3%, se puede observar cómo la escalada de los precios terminará por comerse una parte importante de los ahorros y los sueldos de los españoles, que rondará en 40.000 millones de euros según los cálculos realizados a partir de los datos de masa salarial de la contabilidad nacional, junto con las cifras de empleo de la encuesta de población activa (EPA) y la información de los convenios colectivos negociados durante el año.
Las rentas salariales con convenio, unos 7,3 millones de trabajadores que han pactado un incremento para este año del 1,49% de media, verán una merma de en torno a 1,5 puntos (por la diferencia con un IPC anual del 3%), una pérdida de unos 4.000 millones de euros. A estos se les suman los 6,1 millones de asalariados sin convenio, que perderán en torno a 6.000 millones, y los empleados públicos. En total, supone un recorte de unos 10.700 millones.
A este grupo habría que añadir el dinero que tienen los españoles ahorrado en depósitos bancarios: el pasado mes de abril superó el billón de euros, por lo que aplicando el impacto del 3% del IPC, el recorte sería de otros 30.000 millones. En total, más de 40.000 millones sin contar con los 15.000 millones de pérdida en las rentas empresariales brutas.