Borrón y cuenta nueva en la nueva Selectividad. El Gobierno vuelve a recular con sus iniciativas legislativas. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha cambiado su propuesta inicial sobre la prueba de acceso a la universidad y ha reescrito el planteamiento a la manera lampedusiana: cambiándolo para que quede como está. Así será, al menos, en la Ebau que comenzará a realizarse en junio de 2024, donde ya no queda rastro de la polémica «prueba de madurez» (que aunaba varias asignaturas en un solo examen) ni de las simplificadas preguntas tipo test. Después de las críticas de filólogos, escritores, filósofos, rectores, profesores y consejeros autonómicos, avanzadas por EL MUNDO, el proyecto del real decreto muestra un formato con el mismo número de exámenes que había ahora, aunque los alumnos tendrán más tiempo para responder a las preguntas, dispondrán de más descanso y disfrutarán de más ventajas en la revisión de los ejercicios que en convocatorias anteriores. Son cambios menores para esconder lo esencial: que lo que se había planteado no era válido y hay que dar marcha atrás.
Tras la unánime crítica recibida por parte de la comunidad educativa, Alegría ya había accedido a que el comienzo de la fase de implantación definitiva se retrasara del curso 2026/27 a 2027/28 para tener más tiempo para alcanzar un acuerdo de todos los agentes implicados. También en la fase transitoria, que comprenderá de junio 2024 a junio de 2028, ha reculado. Su idea inicial era juntar en una sola prueba Lengua Castellana y Literatura, Lengua Cooficial y Lengua Extranjera, y, en la fase definitiva, sumar en este examen Historia de España e Historia de la Filosofía. Un totum revolutum que, en la práctica, diluía la especialización de las asignaturas. El examen era muy simple, con apenas 25 preguntas tipo test y de rellenar huecos y tres preguntas de desarrollo de un máximo de 150 palabras cada una, el equivalente a dos párrafos.
Ahora vuelve a haber exámenes separados de cada una de las materias. Es decir, se mantiene la Selectividad actual. Seguirán los exámenes de las comunes Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II y Lengua Cooficial. Historia de la Filosofía gana protagonismo y logra el rango de obligatoria: los alumnos podrán elegir si se examinan de esta materia o de Historia de España, como ocurría hace una década.
Luego están los exámenes de la asignatura específica obligatoria de la modalidad: Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II para los estudiantes de Ciencia y Tecnología; Latín II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II para los del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias Generales para los del nuevo Bachillerato General; Dibujo Artístico II para los del Bachillerato de Artes Plásticas, y Análisis Musical II o Artes Escénicas II, para los del Bachillerato Musical y Escénico.
Además, el alumno que quiera mejorar nota podrá examinarse de al menos dos materias, comunes o de modalidad, de segundo curso de Bachillerato, distintas a las examinadas en la prueba de acceso. El alumnado podrá examinarse también de una segunda lengua extranjera distinta de la que hubiera cursado como materia común.
CAMBIOS EN EL CONTENIDO
El formato simplificado tipo test o de rellenar huecos, así como las preguntas para responder sólo en 150 palabras desaparecen. Los profesores habían denunciado que este sistema no permitía que los alumnos demostraran de forma adecuada sus conocimientos. Las preguntas serán como hasta ahora (una mezcla de desarrollo y preguntas más cortas, pero no tan esquemáticas como se habían concebido) y la idea del Ministerio es que «los ejercicios de la prueba de acceso tendrán un diseño competencial que permitirá comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de las distintas materias». El borrador del real decreto no da más detalles sobre esto pero, en un argumentario que ha repartido a los medios, resalta que se mantiene «la misma estructura de la prueba, pero con cambios en el contenido de la misma» que se supone que irán hacia un enfoque más competencial y menos memorístico.
En la exposición de motivos, de hecho, se dice que ahora se «da valor, más que a la adquisición de una serie de conocimientos disciplinares declarativos o a la memorización de conceptos presentados de manera parcelada, a la capacidad de saber movilizarlos para resolver una necesidad».
En ese argumentario destaca como novedad que el tiempo de realización de los ejercicios se aumenta, pasando de 90 a 105 minutos, «ya que se tiene en cuenta la lectura del ejercicio, su análisis y producción». Es decir, los estudiantes tendrán a partir de 2024 15 minutos más de tiempo para resolver cada una de las pruebas. Y se establecerá un descanso mínimo de 45 minutos entre el final de un ejercicio y al principio del siguiente (ahora son 30 minutos).
También habrá más garantías a los estudiantes a la hora de hacer las revisiones. Hasta ahora se han permitido tres revisiones si el alumno no está conforme con la nota. Pero en la tercera revisión, a la que se accede si la diferencia entre la primera y la segunda corrección es igual o superior a dos puntos, será la que contará por encima de las otras dos. Hasta ahora, la nota final se calculaba haciendo una media de las tres notas y ahora se pondrá la nota de la tercera revisión.
SIN PRUEBA ÚNICA
La ministra de Educación rechaza hacer una prueba única en todas las comunidades autónomas pero ha prometido que se introducirá mayor equiparación entre los distintos exámenes. El proyecto de real decreto sólo detalla que «la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria establecerán procedimientos de coordinación entre las distintas administraciones educativas destinados a homogeneizar la estructura general de la prueba, así como los ejercicios y los criterios de evaluación de las distintas materias objeto de examen, con el fin de garantizar su claridad y objetividad, asegurando su equiparación entre los distintos territorios».
Tendrán que ponerse de acuerdo, por tanto, las CCAA y las universidades para que tanto la estructura como los ejercicios y los criterios de evaluación tengan el mismo nivel de dificultad y que todo ello se concretará en el desarrollo reglamentario posterior. En otras palabras, el Ministerio renuncia a poner normas concretas, por ejemplo, en la forma de corregir o en los modelos de exámenes, quedando esta cuestión supeditada a un hipotético acuerdo entre instituciones con intereses muy distintos y a veces contrapuestos.
El Ministerio asegura que hay unos grupos de trabajo con representantes de las universidades donde se están definiendo unos criterios equiparables, pero EL MUNDO ha consultado a los encargados de poner la prueba en varias universidades españoles y se quejan de que no están participando. El Gobierno tampoco ha facilitado los nombres de los miembros de estas comisiones.
Comunidades autónomas como Galicia han denunciado que han recibido el borrador a las 4.31 horas de esta madrugada, cuando ya había sido filtrado al diario El País. El Ministerio de Educación no ha distribuido el documento al resto de los medios de comunicación hasta las 8.45 horas. Se abordará con las CCAA este viernes en la Comisión General de Educación.
«UN DESPROPÓSITO»
«Nos levantamos y ya lo vimos publicado en un medio de comunicación. Esto demuestra la forma de proceder de una administración, que no parece la más adecuada», denuncia Román Rodríguez, consejero de Educación de Galicia, que define la situación de «un auténtico despropósito una vez más».
«Da la sensación de que el Ministerio no sabe qué modelo seguir, de que no tiene las ideas claras. Está cambiando los borradores constantemente y está generando una ceremonia de la confusión absoluta, ya no sólo para las administraciones, sino también para las familias y para los alumnos. Y no se corrigen los dos principales defectos que tenía el anterior modelo: la desigualdad entre las CCAA y la relajación de los niveles de exigencia. No se aclara cómo hacer que los exámenes sean homogéneos, que los alumnos tengan igualdad de oportunidades. No sólo no se hace una prueba única, como se demanda por parte de muchas comunidades, sino que tampoco se plantea ningún criterio de homogenización de la prueba», advierte Rodríguez. Las CCAA del PP renunciaron a participar en los grupos de trabajo dado que el Ministerio no atendía a sus reclamaciones.