El volumen de compromisos financieros de las administraciones públicas españolas subió a 1,502 billones, 75.267 millones más que el año anterior.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2022 en el 113,1% del PIB, lo que supone una caída de 5,2 puntos frente al porcentaje con que cerró el ejercicio anterior. El volumen total de compromisos pendientes del Estado, las comunidades autónomas, los Ayuntamientos y la Seguridad Social ascendía a cierre de diciembre a 1,502 billones de euros, según datos publicados este viernes por el Banco de España. Son 75.267 millones más, pero esta cifra hay que ponerla en relación con la capacidad de pago que se le presume al país, y como la economía española creció en 2022 un robusto 5,5%, el pasivo representa ahora un porcentaje menor en relación al tamaño del PIB que un año atrás.
La rebaja no saca a España del grupo de países más endeudados de la UE, pero mejora en 2,1 puntos lo previsto por el Gobierno en el Plan Presupuestario, y deja al alcance de la mano cumplir con lo estipulado en todo 2023. Para ese periodo se había previsto reducir la deuda al 112,4% del PIB, solo siete décimas menos que ahora. Eso sí, en 2023 la mayoría de previsiones contemplan un crecimiento para España ligeramente superior al 1%, por lo que se resentirá la capacidad de recortar la tasa de deuda.
El Gobierno cree que el dato es muy positivo. Recuerda que se trata de la mayor reducción del endeudamiento de las administraciones públicas registrada en la historia reciente —fuertemente influida por el rebote de la actividad tras hundirse esta por los confinamientos pandémicos—. Y sirve para dejar atrás el pico del 125% de deuda alcanzado en 2021.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, opina que detrás de la disminución de la deuda no solo está “el fuerte crecimiento económico”, sino también una política fiscal responsable”. La elevada inflación ha contribuido a que se batan récords de recaudación tributaria, pero a cambio, también se han desplegado medidas para suavizar el impacto de las subidas de precios en la factura eléctrica o en las gasolineras, especialmente en los colectivos vulnerables. “Esta importante reducción de la ratio de deuda PIB ha sido compatible con las medidas adoptadas para reducir la inflación y compensar a las familias y a los sectores económicos más afectados”, afirman fuentes del Ministerio, que insiste en que está comprometido “con el rigor fiscal”.
La mayor parte de la deuda está colocada en instrumentos a largo plazo. Y corresponde sobre todo al Estado (1,331 billones), seguido de las comunidades autónomas (316.853 millones). La Seguridad Social debe 106.178 millones, y los Ayuntamientos 23.066 millones.
En términos absolutos, la deuda pública superó los 1,5 billones de euros por primera vez en el tercer trimestre del año pasado, pero el alargamiento de los plazos y la estabilidad de la prima de riesgo han impedido que se dispare el pago de intereses, incluso con la deuda aumentando en euros y con el BCE reduciendo sus compras de bonos.