El Gobierno relanza el proyecto para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El Ejecutivo quiere acelerar el nuevo organismo que ya había sido aprobado en el Congreso en la pasada legislatura, pero decayó con la convocatoria anticipada de las elecciones generales del pasado 23 de julio y la disolución de las Cortes Generales.
A pesar de ser un proyecto polémico que ha suscitado el rechazo de la banca, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala que se trata de un organismo “prioritario” para completar el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros. “Se trata de un proyecto prioritario para el Gobierno, por lo que el objetivo es impulsar una tramitación urgente con el fin de que la nueva Autoridad pueda constituirse lo antes posible”, indica.
A finales de 2022, el Gobierno aprobó la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para reforzar la seguridad jurídica y la protección de los clientes bancarios y dar una respuesta rápida a las reclamaciones. Este organismo unificará los sistemas de reclamaciones de del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Cuando esté operativa, los usuarios podrán presentar sus reclamaciones ante un único organismo que atenderá las reclamaciones en un plazo máximo de 90 días, y de forma gratuita. El texto incluye el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, entre los que figuran las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos, así como los servicios de préstamos al consumo. Las resoluciones serán de obligado cumplimiento para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros.
La Autoridad se financiará mediante una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones a cada entidad y de las resueltas a favor del cliente.
El texto incorpora modificaciones que se habían incorporado en la tramitación parlamentaria anterior, como la posibilidad de recurrir las resoluciones vinculantes que dicte la Autoridad ante la jurisdicción civil, garantizando de este modo la protección de los clientes financieros. La Autoridad estará adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, contará con autonomía e independencia funcional y tendrá un presidente y un vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable.