17/01/2024
La última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tampoco contó con el acuerdo de la patronal, ha agravado el cisma entre los empresarios y el Gobierno, y más concretamente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde Cepyme, en un artículo exclusivo de su presidente, Gerardo Cuerva, para elEconomista.es critica la falta «de criterios económicos en las últimas subidas del SMI», en un 54% desde 2018, mientras que la productividad «se ha reducido un 3,8% en el mismo periodo», la mayor caída de las economías avanzadas.
Mientras, entre los países de nuestro entorno, los índices de productividad se incrementaron de media un 4,6%. La productividad de las pymes se sitúa en el mismo nivel que en 2015 y un 9,6% más baja que en 2009.
Desde Cepyme, su presidente, Gerardo Cuerva, considera que «en la práctica, lo que ocurre es que tanto en la negociación como en el debate público los empresarios usamos razonamientos económicos, técnicos, pero enfrente sólo tenemos argumentos políticos, ideológicos y propagandísticos, esgrimidos sin el menor criterio».
Considera que «el SMI es un buen ejemplo» de cómo funciona el Gobierno debido a que el Estatuto de los Trabajadores marca en su artículo 27 los parámetros que deben contemplarse para su actualización (PIB, Inflación, empleo y productividad), y «el Gobierno está obligado a valorarlos».
En España, la economía sólo ha crecido un 2% y la productividad se ha reducido un 3,8%; y el SMI creció incluso por encima de la evolución de los precios. Cepyme indica que son 30 puntos porcentuales por encima de la inflación. «No parece que se esté cumpliendo la Ley, ni siguiendo ningún criterio económico», explica Cuerva a elEconomista.es.
Las alzas deben siempre ir acompasadas de moderación y la marcha de la situación empresarial para no impactar en el empleo. «De hecho, la subida del SMI en los últimos años ha impedido la creación de unos 163.000 empleos«, dice Cepyme.
El escenario actual muestra una mayor uniformidad en los niveles salariales a nivel nacional, sin tener en cuenta la productividad del territorio, del sector ni del tamaño de la empresa. La productividad de las pequeñas empresas es inferior a la mitad de la de las empresas con más de 250 trabajadores, una diferencia que se magnifica aún más en algunos sectores y territorios. Esto implica que cualquier aumento en el salario mínimo afecta de manera diferente a los márgenes y la rentabilidad de las empresas, teniendo un impacto más significativo en aquellas de menor tamaño.
La menor competitividad de estas empresas dificulta, en términos generales, la capacidad de trasladar el aumento de los costos salariales al precio final de los productos o servicios. Las presiones salariales se intensifican de manera exponencial en las empresas más pequeñas, lo que afecta tanto a su situación económica como a la gestión de sus recursos humanos. Las pymes españolas se encuentran cada vez con menos margen para absorber un incremento de los costos salariales, especialmente cuando se suman a esto los aumentos de los costos no salariales como resultado de un proceso inflacionario generalizado.