En España hay casi medio millón más de personas recibiendo algún tipo de retribución o transferencia pública que un salario del sector privado, con cifras de cierre de 2021. Concretamente, son 496.776 más quienes reciben una prestación o nómina por parte del Estado. Una cifra cercana al nivel de 2019, cuando la diferencia ascendía a 530.000 transferencias públicas más que las procedentes del sector privado, pero que sí experimenta una notable mejora en los últimos doces meses, ya que a cierre de 2020, y como producto del impacto de la pandemia, nuestro país contabilizó a 1,4 millones de personas más recibiendo una retribución pública que privada.
Este saldo, más allá, supone un riesgo claro estructural para las arcas del Estado, que afronta facturas mastodónticas entre sueldos púbicos, pensiones y prestaciones por desempleo, y que amenazan con abrir brechas de déficit público que podrían acabar impactando negativamente precisamente en algunos de los colectivos beneficiarios de estas transferencias, y que podrían verse afectados por recortes.
Este hecho, más allá, según explica el doctor en Economía, Daniel Lacalle, puede «provocar un aumento del déficit estructural, y pone en peligro los salarios públicos», ante una «necesidad de mayor carga impositiva» para hacer frente a estos desembolsos anuales, lo que en última instancia podría «dañar el crecimiento económico».
De hecho, explica Lacalle que el panorama es poco alentador sobre este aspecto, ya que «en los próximos meses nos obligarán a ajustarnos el cinturón» desde las instancias comunitarias, para realizar un control de gasto público, del que se ha eximido a los países en los dos últimos años para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. Sin embargo, la recuperación de las reglas fiscales parece inminente, y ello obligará a los países europeos a recuperar las sendas de déficit. Precisamente, en un encuentro reciente entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, el primero aseguraba que las reglas fiscales de la Unión Europea son «demasiado complejas y difíciles» por lo que el Gobierno de España considera necesario reformarlas para la era post-pandemia, mientas que el germano aseguró que el Pacto de Estabilidad ya ha mostrado su capacidad de flexibilidad durante los peores meses de la crisis sanitaria, si bien considera necesario «volver a tener un colchón fiscal» para el medio plazo, advirtiendo la necesidad de reducir los niveles de deuda pública en los estados miembro.
Mejora del saldo
De este modo, si nuestro país encaraba la nueva década con ese saldo anteriormente mencionado (correspondiente al cierre de 2019) de 530.000 personas más con transferencias públicas que privadas, en dos años, apenas se ha reducido este nivel en 33.000 personas. Entre medias, el impacto de la pandemia es relevante. De hecho, la diferencia de casi un millón de personas entre el saldo de 2020 y el de 2021 se debe al medio millón parados que en los últimos doce meses ha dejado de percibir prestación por desempleo por un lado y a la ganancia de más de 700.000 trabajadores del sector privado, por la fuerte creación de empleo experimentada en los últimos meses de recuperación económica.
Más allá, el cálculo de transferencias de cierre de 2021 atiende al volumen de empleados del sector privado a cierre de año recogidos en las estadísticas de la EPA publicada hace escasos días por el INE, que se situó en los 16.974.200 trabajadores, de los que se restan los 3.198.000 de autónomos, por lo que el volumen de nóminas de asalariados del sector privado se sitúa en los 13,1 millones de personas. Mientras que las transferencias públicas se conocen tras sumar el número de pensionistas de alta en la Seguridad Social, que asciende a 8.899.064 personas, a las que se suman los 3.475.500 empleos públicos que recoge la EPA, correspondientes a todos los niveles territoriales de la Administración Pública, y el 1.842.238 de parados que a cierre del pasado ejercicio se encontraba percibiendo una prestación de desempleo. En suma un total de 14,5 millones de personas recibiendo este tipo de transferencias del sector público.
Presión sobre las cuentas
Más allá, cabe recordar el coste que supone cada año estas transferencias del Estado, que en suma ascienden a más de 300.000 millones de euros, entre los que habría que contabilizar los 150.000 millones de gasto en pensiones, más otros 140.000 millones abonados en nóminas de trabajadores de la Administración, y otros 18.000 millones más que se destina de media anual al desempleo en España.
Con estas cifras, la presión sobre las cuentas públicas se hace si cabe más acuciante. Según el panel de expertos de Funcas, esperan un déficit público del 5,4% para este año, por encima de la previsión del Gobierno (5%). En cuanto a 2021, el consenso apunta a un déficit del 7,4%, tasa que se ha reducido cinco décimas respecto al anterior panel y que es inferior a la previsión del Gobierno (8,4%).
Así, el Gobierno estima que el déficit público se situará en 2022 en el 5% del PIB, lo que supone una reducción de 3,4 puntos respecto al 8,4% previsto para 2021. Se trata una de las mayores disminuciones del déficit de la serie histórica. «Un comportamiento positivo debido a la reactivación de la economía, con motivo del buen ritmo de vacunación y la recuperación de los niveles de empleo», apunta el Ejecutivo señalando que el déficit pasará del 11% del PIB alcanzado en 2020 al 5% en 2022. «Es decir, en dos años el déficit público se reducirá en más de un 50% y se situará en menos de la mitad de lo marcado en 2020», señalan desde el Gobierno.