Expansión.com 14.01.2015 Almudena Vigil
La iniciativa empresarial sigue encontrando algunas barreras legales en España, donde el grado de complejidad regulatoria se ha mantenido en los últimos 15 años por encima de las principales economías europeas (Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña) y el promedio de la OCDE.
Así lo recoge un reciente informe del Banco de España en el que se atribuye esta situación a «un sistema de licencias y autorizaciones más costoso, en el que no se habrían producido mejoras desde 2003».
Bajo el título La regulación en el mercado de productos en España según los datos de la OCDE, el informe sostiene que, aunque la Ley Paraguas de 2009 introdujo las ventanillas únicas para facilitar que las empresas cumplieran con la legislación por medios electrónicos en su contacto con la Administración, el uso de éstas no se ha generalizado.
En este sentido, el Banco de España pone de relieve que, a diferencia de lo que sucede en otros países, «estas instituciones son meramente informativas y no permiten la aprobación de todos los documentos requeridos para abrir una empresa, ni estos pasos son siempre accesibles vía Internet».
No obstante, el organismo sí reconoce un avance en la simplificación de los procedimientos administrativos y en la accesibilidad de la información sobre la regulación aplicable, que incluye aspectos como la existencia de un recuento oficial del número de permisos, autorizaciones y licencias requeridos y la puesta en marcha de planes para la reducción de las cargas administrativas.
Además, el informe contempla mejoras en España en los trámites para la creación de sociedades limitadas, situándose en niveles similares a los de otros países europeos, aunque sigue detectando mayores dificultades para las empresas pequeñas, para establecerse como autónomo y para iniciar una actividad relacionada con el sector servicios.
En cuanto a las barreras legales para la entrada de inversión directa extranjera, los datos muestran una buena situación en España, en comparación con otros países.
El informe del Banco de España, elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti y María Martínez Matute, ambos pertenecientes a la Dirección General del Servicio de Estudios de la entidad, recoge el impacto de la regulación en diversos sectores de la economía y pone de manifiesto que, en conjunto, nuestro país «sigue mostrando todavía un marco regulatorio más restrictivo que el de los principales países europeos».
Así ocurre, por ejemplo, con el comercio minorista, un ámbito que cuenta en España con un nivel normativo especialmente alto, pese a las mejoras de los últimos años. Según el informe, los malos datos se deben, sobre todo, a una elevada regulación del horario de apertura de los establecimientos en relación con otros países europeos.
Entre las mejoras, destaca la liberalización de los períodos de rebajas, así como los permisos necesarios para abrir un comercio y la regulación particular de los grandes almacenes. No obstante, los autores del estudio puntualizan que los indicadores de la OCDE en los que se basa el informe sólo recogen la normativa nacional, algo que debe ser tenido en cuenta en este ámbito del comercio minorista, donde las comunidades autónomas tienen unas competencias regulatorias muy amplias.