La inflación baja con fuerza en marzo hasta el 3,3% por la comparación con la escalada de la energía de hace un año

El IPC se reduce 2,7 puntos en marzo y la inflación subyacente cae una décima al 7,5%

El importante descenso que se ha producido en los precios de la energía de este año, frente a la escalada de hace un año, cuando estalló la guerra en Ucrania, es el principal motivo del frenazo en seco que ha experimentado la inflación en marzo. El Índice de Precios de Consumo se ha reducido 2,7 puntos, hasta situarse en el 3,3% interanual, desde el 6% de febrero, según el dato adelantado que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

El INE señala, en su nota, que la evolución de los precios es debida, principalmente, “a que los de la electricidad y de los carburantes aumentaron en marzo de 2022 y este mes disminuyen”.

Las alzas de precios en términos interanuales se han visto distorsionadas por el salto que provocó la invasión rusa de Ucrania en los productos energéticos como el gas y los carburantes. Todo ello ha provocado que el dato conocido de IPC sea el más bajo desde agosto de 2021. Sin embargo, el dato preocupante sigue siendo el de la inflación subyacente (que no tiene en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos), ya que solo bajó una décima, hasta el 7,5% interanual.

El IPC no había bajado tanto en un mes desde mayo desde 1977. Pero que la inflación se modere en términos interanuales no significa que los precios no sigan subiendo, incluso siguen aumentando con fuerza, pero el dato se frena debido a lo que los expertos denominan el efecto base, que a partir de este mes va a ser determinante en la comparativa de precios con respecto a los 12 meses anteriores.

La diferencia de 4,2 puntos que se da entre las tasas interanuales del IPC general y de la tasa subyacente es la mayor desde agosto de 1986, lo que da una idea de la alteración que introducen los precios de la energía y los alimentos no elaborados en la estadística.

En tasa mensual, los precios suben en marzo un 0,4%. Supone un freno respecto al 0,9% que subieron en febrero frente a enero. En marzo de 2022, unas semanas después de estallar la guerra que disparó los recios de la energía, la tasa mensual del IPC fue del 3%.

En marzo de 2022, unas semanas después de que estallara la guerra (empezó el 24 de febrero de 2022), la inflación interanual se disparó al 9,8%. El pico de precios vendría unos meses después, en julio de 2022, en plena crisis energética provocada por los altos precios del gas, cuando la tasa interanual del IPC alcanzó el 10,8%, la más elevada en cerca de 40 años, desde septiembre de 1984.

En marzo del año pasado el conflicto bélico provocó que los precios del componente energético de electricidad, gas y otros combustibles se disparase el 80% interanual, lo que contrasta con el descenso del 17,2% que registró en febrero pasado.

La tasa del 3,3% de marzo, aunque se esperaba un importante descenso por el efecto escalón, está muy por debajo del 3,7% que de media habían anticipado los analistas de Bloomberg.

La situación de la inflación en los países de la zona euro es similar a la de España, con los indicadores general y subyacente marcando fuertes divergencias, fundamentalmente porque los precios de la energía de hace un año están presionando a la baja la cifra general. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos destacan que la inflación de marzo “es casi tres veces inferior a la registrada un año antes” y que la tasa subyacente baja por primera vez desde septiembre.

“La bajada sostenida del precio de la electricidad, gracias a la solución ibérica y al resto de medidas adoptadas, ha sido clave para que la inflación española se sitúe entre las más bajas de Europa”, lo que está favoreciendo la competitividad de las empresas, señalan.

Atención a los alimentos

La ministra de Hacienda, tras valorar el dato, señaló que desde el Gobierno se está “monitorizando” con especial interés la cesta de la compra, con especial interés los alimentos, que en estos momentos son los productos que concentran el mayor grado de preocupación. Al cierre de febrero, último mes en el que se conocen cifras detalladas, los alimentos registraron un incremento interanual del 16,7%, la tasa más alta desde enero de 1994, destacando incrementos en el azúcar del 52,6%, la leche el 33,1%, los aceites el 32,9% y las legumbres el 23,6%.

El Banco de España, durante la presentación de sus previsiones para este año, anticipó que este componente seguirá a lo largo del presente año con incrementos de dos dígitos, para acabar de media en el entorno del 12%. Hace un año, en concreto, en marzo de 2022, los precios de los alimentos crecieron el 6,9%, para a partir de este momento iniciar una escalada que en diciembre pasado acabó en el 15,9% que tras una leve moderación en enero repuntó al mencionado 16,7%.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que “no estaba previsto” que el dato de inflación de marzo fuera “tan bajo”. “Yo invito a los analistas a que reflexionen por qué se han equivocado y qué nuevos elementos puede haber en las medidas que se están tomando contra la inflación para explicar esta bajada”, ha señalado Escrivá en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

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¿Comprar sostenible o barato? El dilema del consumidor español

El mayor coste de los productos ecológicos disuade a una parte de los compradores a la hora de adquirirlos

Que la sostenibilidad ha llegado para quedarse en la vida de los españoles está claro. Lo que es más difuso es en qué grado está ya incorporada en sus rutinas de consumo. Diversos estudios publicados recientemente arrojan cifras dispares, aunque de todos ellos se puede sacar la conclusión común de que los consumidores nacionales se debaten entre la sostenibilidad y el bolsillo. Una cuestión no menor teniendo en cuenta la escalada de los precios en los últimos meses.

El 66% de los españoles querrían hacer más por el planeta y el medio ambiente, pero el coste de la vida se lo impide, según el estudio Conectando con los consumidores ecoconscientes, realizado por Kantar en base a 9.000 encuestas de nueve países. En el mismo se recoge también que el 55% de los encuestados a nivel global que compran productos comestibles de marca sostenible ya han cambiado, o tienen la intención de cambiar, a otras no ecológicas por razones económicas.

Las cifras van en sintonía con las que muestra El cliente sostenible, un informe elaborado por PwC y Uncommon a partir de una encuesta realizada a más de 1.000 consumidores españoles. En dicho trabajo se afirma que más del 65% incrementaría el consumo de productos sostenibles si estos tuvieran “precios razonables”. “Independientemente del estado de los perfiles”, es decir, si están más o menos concienciados, “y de su capacidad de gasto en consumo sostenible, todos destacan el precio como la principal barrera de cambio”, se añade en el texto.

Por su parte, en el informe Alimentación en la sociedad del siglo XXI pospandemia: decisión alimentaria (2022), elaborado por el Instituto Universitario de Investigación CEU Alimentación y Sociedad en colaboración con Fundación Mapfre, se señala que, de los casi 2.000 españoles preguntados, solo el 23,6% declara mucha o bastante disposición a pagar más por este tipo de productos.

La inflación está generando que los consumidores sean más sensibles al precio, pero también puede suponer una palanca para conseguir implantar hábitos de consumo más responsables y revisar algunos hábitos no tan sostenibles pero muy arraigados. En este contexto, es previsible que tome fuerza el modelo de economía circular y de compra responsable frente al consumo por impulso”, opina Ángel Pérez, socio director de Transcendent, consultora especializada en impacto social empresarial.

Los datos anteriores contrastan con los recogidos por la consultora inmobiliaria CBRE para su estudio Vive, trabaja y compra, realizado con 20.000 consumidores a nivel internacional, 1.000 de ellos españoles. Al preguntarles por sus hábitos de compras, el 49% de los encuestados nacionales aseguraban que habían elegido adquirir productos sostenibles incluso si eran más caros, lo que suponía cuatro puntos más que la media global y la europea.

A este respecto, Pérez asegura que se ha demostrado una relación entre los productos y marcas sostenibles y la fidelización de los clientes con las mismos, por lo que “aquellos que estén más concienciados con la sostenibilidad es probable que se planteen otras medidas de ahorro en vez de comprar un producto más barato, pero menos sostenible”.

Productos más caros

Para determinar si los productos sostenibles tenían un mayor coste, la OCU llevó a cabo un estudio para el que recogieron precios de 34 familias de productos básicos –de alimentación, droguería y cosmética– disponibles en formato ecológico y convencional en 22 cadenas de supermercados (18 generales y 6 especializadas en este tipo de productos). Una de las conclusiones a las que llegó la organización de consumidores es que los alimentos frescos ecológicos cuestan, de media, el doble que los que no lo son. Los envasados, por su parte, valían un 51% más que los de marca líder y un 154% más que los de marca blanca. Otra de las conclusiones fue que el 54% de los consumidores no tiene alternativas accesibles para practicar un consumo más respetuoso con el medio ambiente.

Precisamente para ofrecer precios más asequibles y poner los productos ecológicos al alcance de más personas se creó Fetén Market, como explica Thom Burns, cofundador de esta tienda online, que funciona como una comunidad de miembros, por ahora son 100, que pagan una cuota de 60 euros al año y a cambio tienen descuentos. “La suscripción puede ser una herramienta especialmente útil porque te puede ayudar a conseguir que los precios sean lo más razonable posible y ajustados. Además, refuerza la fidelidad del consumidor”, sostiene Burns, que define su negocio como “una especie de grupo de consumo 2.0″. Otra de las estrategias que Burns apunta para hacer más asequible estos productos “es la creación de marcas blancas ecológicas, como ya se está haciendo en grandes cadenas de supermercados, caso de El Corte Inglés o Aldi, por poner dos ejemplos”. Pero no solo las empresas deben poner de su parte, apunta Burns, “es necesario un panorama político que ayude” y trae a colación la propuesta de la OCU para que los productos de uso diario más sostenibles tengan un IVA superreducido del 4%.

Volviendo a las marcas, lo primero que tienen que hacer para que los consumidores opten por productos sostenibles es “tener la oferta”, opina Guillaume Sonolet, director de marketing de L’Oréal España y Portugal. “Puede sonar como una tontería, pero poner en el mercado recargas de nuestros productos parece sencillo, y no lo es, porque es cambiar nuestra forma de trabajar, de producir. Supone, además, cambiar los hábitos de consumo, que pasa por educar a los clientes, explicarles cómo usarlo, que lo integren dentro de su rutina. Y hay que dar un incentivo a la hora de la compra, para que sea más atractivo que el estándar”. Sonolet añade que cada vez notan más activismo en los consumidores. De hecho, una encuesta realizada por Klarna refleja que más de la mitad de los consumidores españoles consultados quieren más información sobre el impacto medioambiental de las marcas. Por ello, esta aplicación, que permite pagar a plazos las compras que se hagan en su plataforma, ha lanzado una función que permite al comprador acceder a datos como, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero de la marca o si usan energía renovable durante los procesos de fabricación de los productos.

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El Banco de España alerta sobre la debilidad de la inversión empresarial y la falta de mano de obra

La Encuesta sobre la Actividad Empresarial refleja la fragilidad de la facturación en el primer trimestre del año

El Banco de España ha hecho público este martes su ‘Encuesta sobre la Actividad Empresarial’ del primer trimestre, que ofrece una foto-fija de la situación de las compañías, prácticamente en tiempo real. Su resultado arroja que las compañías han mantenido el tono de debilidad de su facturación que ya se apreció en la segunda mitad del año pasado, si bien las perspectivas para el siguiente trimestre son positivas.

En concreto, el porcentaje de encuestados cuyas ventas han crecido en el primer trimestre es del 25,3%, unos 3 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior, mientras que el porcentaje de empresas que perciben descensos en su facturación ha permanecido estable en torno al 27% observado hace tres meses.

Si se desagrega por sectores, el Banco de España señala que en la evolución de la facturación se mantiene una “notable heterogeneidad”, si bien destaca a los servicios de información y comunicaciones como el sector con un comportamiento más favorable.

Por el contrario, la peor evolución de la facturación se aprecia en la agricultura y el comercio, que ya habían mostrado un tono negativo en el trimestre pasado) y la construcción, cuya variación había sido, contrariamente, positiva en el trimestre anterior. En la industria, la actividad empresarial se habría mantenido prácticamente sin cambios en comparación con el cuarto trimestre de 2022.

Los datos aportados por la encuesta ponen de relieve un empeoramiento de la actividad inversora de las sociedades en los tres primeros meses del año, periodo en el que el 13,2% de las empresas incrementaron su inversión, frente al 17,7% del trimestre previo.

Por ramas de actividad, el mejor comportamiento de la inversión se concentró en servicios, como información y comunicaciones y ocio, mientras que, en la agricultura, comercio y transporte la evolución fue negativa.

Como se corresponde con una coyuntura de elevada inflación como la actual, se espera que en el primer trimestre se incrementen las tensiones inflacionistas y ello se traduzca en la evolución de los precios de venta.

El 43,8% de las empresas afirma haber subido sus precios, lo que supone un aumento de 10,3 puntos con respecto al trimestre anterior. La mayor intensidad se apreció en determinados servicios, como la información y comunicación y actividades administrativas.

Sin embargo, si el punto de mira se prolonga a un año, en este caso las estimaciones apuntan hacia una moderación de los precios. El porcentaje de las compañías que esperan elevar el precio de sus productos se reduce hasta el 55%, lo que supone 9 puntos porcentuales menos que en el anterior trimestre.

Otra variable a tener en cuenta es la del comportamiento del empleo, que en este inicio de ejercicio habría sido algo menos favorable que en los seis trimestres anteriores, si bien advierte el Banco de España que esta evolución de la ocupación “es sensiblemente mejor de lo que las empresas esperaban hace tres meses”.

Una de las novedades que trae esta edición del estudio, ha sido la inclusión de una pregunta para conocer el grado de participación de las empresas en proyectos ligados a los fondos europeos ‘Next Generation EU’. El 16,5% de las empresas reconoce haber realizado alguna solicitud de estos fondos europeos, un porcentaje algo más reducido en las pymes que en las grandes.

Entre las empresas solicitantes, un 44% (equivalente a un 7,3% del total de la muestra) ya ha recibido una resolución favorable, y un 35% adicional (casi un 6% del total) está esperando la resolución. Por ramas, las empresas del sector del transporte han sido particularmente activas en este ámbito, ya que un 28,6% ha realizado una solicitud, frente a los porcentajes más reducidos que se observan en ramas como las actividades profesionales, científicas y técnicas (8%) o la construcción (9,6%).

Falta mano de obra

El impacto negativo sobre la actividad de las empresas de los problemas de suministro disminuye significativamente, al tiempo que se frena el deterioro de las condiciones de demanda; por el contrario, tienden a acrecentarse los problemas asociados a la falta de disponibilidad de mano de obra.

La escasez de mano de obra eleva por quinto trimestre consecutivo su impacto negativo sobre la actividad empresarial en esta edición de la encuesta, percepción que comparten el 35% de las compañías. Este porcentaje es levemente superior (1,2 puntos) al del trimestre pasado.

Por ramas, estas dificultades continúan siendo especialmente pronunciadas en la hostelería y la construcción (donde el 52% y el 50% de las empresas declaran estar afectadas, respectivamente).

De acuerdo con el informe, la proporción de empresas que está registrando una disminución de sus beneficios en el primer trimestre (34,7%) supera claramente a la de aquellas que están observando un aumento (14,6%). La reducción de beneficios estaría siendo más intensa en aquellas empresas pertenecientes a ramas que se enfrentan a crecimientos más elevados en el coste de sus inputs energéticos.

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Argentina sube tipo de interés al 78%; primer aumento desde septiembre

16-03-23

La inflación anual de Argentina superó el 100% el mes pasado de febrero, una de las tasas más altas del mundo.

El Banco Central de Argentina subió su tasa de referencia el jueves por primera vez desde septiembre después de que la inflación anual superara el 100% el mes pasado, según un comunicado del BCRA.

El banco central elevó la tasa de referencia Leliq en 300 puntos básicos al 78%.

El directorio de la autoridad monetaria consideró el alza en respuesta a la aceleración de la inflación y luego de dejar sin cambios la tasa clave Leliq durante varios meses.

Los precios al consumidor subieron un 102,5% en febrero respecto al año anterior, una de las tasas más altas del mundo y el ritmo más acelerado en Argentina desde fines de 1991, cuando la economía se enfriaba de una hiperinflación del 3.000%. La inflación de tres dígitos ahora ejerce una presión adicional sobre la economía, que se prevé que entre en recesión este año antes de las elecciones presidenciales de octubre.

El Gobierno llegó a un acuerdo a nivel de staff el 13 de marzo con el Fondo Monetario Internacional sobre la cuarta revisión de su programa de US$44.000 millones. El acuerdo del FMI requiere que Argentina mantenga las tasas de interés por encima de la inflación en términos reales.

En su último comunicado de política monetaria del 16 de febrero, el banco central había atribuido una inflación más acelerada a problemas estacionales y explicó que las tasas de interés seguían siendo positivas en términos reales.

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El BCE sube los tipos de interés medio punto pero avisa de que está “preparado” para inyectar liquidez a la banca

La entidad eleva el precio del dinero hasta el 3,5% sin concretar futuros aumentos

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido seguir adelante con su hoja de ruta a pesar del pánico desatado esta semana en los mercados financieros por las crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse. La institución que preside Christine Lagarde ha aprobado este jueves otra subida de los tipos de interés —la sexta consecutiva— de medio punto, situándolos ya en el 3,5% pese a la inestabilidad financiera. En lugar de moderar los aumentos de tipos, la entidad ha decidido dejar en el aire futuros movimientos y prometer la “liquidez” que sea necesaria para responder a una eventual crisis bancaria. “El BCE cuenta con todos los instrumentos de política monetaria necesarios para suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si fuera necesario”, ha afirmado la jefa del BCE en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Fráncfort prácticamente se ató de pies y manos en febrero, cuando Lagarde anticipó la subida de medio punto que se decidió esta semana. A pesar de que la inflación va perdiendo fuelle, sigue siendo el enemigo número uno de Fráncfort. Y Lagarde ve todavía “camino por correr” en la batalla contra el alza de precios. Pero la francesa, como muchos de sus colegas, vivió en primera línea el colapso financiero de 2008 y sabe cuán rápido puede propagarse una crisis bancaria. Máxime cuando el foco está en Suiza, la gran fortaleza financiera mundial a las puertas de la zona euro. Ante ese panorama, el Consejo de Gobierno ha adoptado la decisión de mantener su hoja de ruta y subir los tipos al 3,5% —y la facilidad de depósito al 3%—, no anticipar futuros movimientos y trasladar a los mercados que tiene todos los instrumentos necesarios para actuar si es necesario.

La decisión de Credit Suisse de aceptar hasta 50.000 millones de euros de su banco central allanaba a primera hora de la mañana la rueda de prensa de Lagarde. “Enviaría una señal terrible al mercado [en caso de no subir los tipos]”, consideraba el director de Análisis Macroeconómico de Pictet, Frederik Ducrozet antes de la comparecencia. La decisión, según Lagarde, se adoptaba por “una muy amplia mayoría”, con apenas tres o cuatro miembros del Consejo que consideraban que era mejor esperar antes de tomar cualquier decisión. Y sin ninguna otra propuesta sobre la mesa. “El Consejo de Gobierno está haciendo un atento seguimiento de las actuales tensiones en los mercados y está preparado para responder como resulte necesario a fin de mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro”, ha afirmado Lagarde

La francesa ha abandonado el tono agresivo empleado en reuniones anteriores y ha echado mano a la tradición de artesanos del lenguaje de los banqueros centrales para no dar ninguna pista sobre futuros movimientos. La crisis de Credit Suisse puede cambiarlo todo. Y así lo ha advertido cuando ha dado cuenta de las nuevas previsiones del Eurobanco, más optimistas que en diciembre. Los economistas del BCE creen que están a punto de lograr su objetivo a medio plazo de situar la inflación en el 2% gracias al descenso de los precios de la energía. Ahora proyectan un alza de precios del 5,3% en 2023 (frente al 6,3% de diciembre), del 2,9% en 2024 (frente al 3,4%) y del 2,1% en 2025 (antes, un 2,3%). “Seguirá siendo demasiado alta durante demasiado tiempo”, ha lamentado Lagarde. También hay buenas noticias para el crecimiento, que auguran que será del 1% este año (medio punto más) y algo inferior, el 1,6%, en 2024 y 2025.

El Eurobanco ha insistido en destacar la salud de la banca del Viejo Continente después de que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, hubiese avisado el martes a los ministros de Finanzas de que algunas de sus entidades podían verse arrastradas por las turbulencias. En la rueda de prensa de este jueves, Guindos ha sostenido que el sector financiero es “resiliente” al haber mejorado su posición de capital y liquidez. También Lagarde ha apuntado en esa dirección y ha recordado que la “arquitectura, el marco y la supervisión” han mejorado respecto a la crisis financiera de 2008. La francesa, además, ha recordado que el BCE se ha equipado en las últimas crisis con los instrumentos necesarios para garantizar la estabilidad financiera de la zona euro.

Los mercados han reaccionado con alzas a la decisión del BCE: el Ibex 35 cerró con una subida del 1,5%, el CAC francés, del 2,03%; el DAX alemán, del 1,57%, y la bolsa de Milán, del 1,38%. El euro, que se había desplomado durante los días de tormenta, se apreciaba de forma tímida. Y las deudas alemana, española o italiana volvían a repuntar. Sin embargo, los analistas fueron, en general, más críticos con la decisión. “En nuestra opinión, el grado de endurecimiento de las políticas del BCE y de la Reserva Federal hasta la fecha ya ha sido suficiente para provocar un aterrizaje brusco. Ambos deben actuar con extrema cautela a partir de ahora, con flexibilidad y amplitud de miras”, afirma Anna Stupnyska, economista global de Fidelity.

Los analistas también ven en la decisión una clara prioridad por la inflación. Sin embargo, Lagarde ha negado que exista ningún “trade off entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera”. “El BCE se la ha jugado en un momento complicado. Después de la crisis financiera del Silicon Valley Bank, atribuida a los efectos de las drásticas subidas del tipo de interés aplicadas por la Reserva Federal, desde el sistema financiero se presionaba para un relajamiento de la política monetaria. Sin embargo, el BCE ha priorizado su lucha contra la inflación. El objetivo del 2% para el 2025 se ha impuesto. A pesar de los mensajes tranquilizadores acerca de la solvencia de los bancos europeos, la incertidumbre en el mercado por el miedo a una nueva crisis financiera global es evidente”, afirma Tomás Gómez, profesor de la Universidad Internacional de Valencia.

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Lidl lanza bolsas de fruta y verdura a tres euros para evitar que acaben en la basura

elEconomista.es
16/03/2023
  • Son aptas para el consumo pero con algún tipo de desperfecto exterior
  • Venderá también pan del día anterior a mitad de precio

Lidl implementa nuevas medidas preventivas para evitar el desperdicio de los alimentos. Entre las mismas, se encuentra el lanzamiento en las más de 650 tiendas que la cadena tiene en España de lo que ha denominado la bolsa antidesperdicio.

Se trata de un pack disponible por tres euros y que contiene frutas y verduras que, o bien no cumplen con los estándares estéticos convencionales pero siguen siendo totalmente aptas para su consumo, o forman parte de envases que han sufrido algún tipo de desperfecto sin dañar la calidad del producto.

Esta medida fue implementada en las últimas semanas en las más de 30 tiendas que la compañía tiene en las Islas Canarias, logrando dar salida a más de 20.000 kg de frutas y verduras. Tras el éxito cosechado, la cadena ha decido desplegar esta iniciativa en el resto de sus tiendas del país. Michaela Reischl, directora de RSC de Lidl España asegura que «reducir el desperdicio alimentario es una de nuestras prioridades en materia de sostenibilidad y apostamos firmemente por la prevención, planificando y gestionando de forma eficiente nuestro surtido para minimizar al máximo el stock de productos sobrantes». El lanzamiento de la bolsa antidesperdicio es una medida más que pretende incentivar la compra de frutas y verduras todavía aptas para su consumo, según la compañía.Te recomendamos

«Tras el éxito de Canarias estoy convencida de que nuestros clientes del resto del país también acogerán esta iniciativa de forma muy positiva», asegura la directiva. En paralelo al lanzamiento de la bolsa antidesperdicio, Lidl ha estado probando en las Islas Canarias otras acciones para continuar reduciendo el desperdicio de alimentos. Y tras su éxito, también ha optado por desplegarlas en sus más de 650 tiendas del país.

Iniciativas

En concreto, entre las nuevas iniciativas figura, por ejemplo, la venta de panes del día anterior con un 50% de descuento o la aplicación de un segundo descuento, también del 50%, en el último día de caducidad de los productos. Hasta el momento la cadena aplicaba un descuento del 30% en artículos frescos como la carne, el pescado, yogures, quesos o ensaladas para dar salida al producto que se encuentra próximo a su fecha de caducidad o consumo preferente. Con el objetivo de incentivar aún más el consumo de estos productos, el grupo ha decidido ahora aplicar un 20% de descuento adicional en el último día de su expiración.

Además, aplicará un 30% de rebaja en su surtido de productos de alimentación seca y congelados cuando se encuentren próximos a su fecha de caducidad o consumo preferente. Se trata por ejemplo de galletas, pastas o artículos de conserva así como sus congelados. Estas nuevas medidas se suman a las múltiples iniciativas que la cadena lleva a cabo desde hace años en su compromiso de reducir el desperdicio alimentario en un 30% hasta 2025 y en un 50% hasta 2030.

Para ello, entre otros, cuenta con una planificación y gestión eficiente de su surtido con pedidos optimizados y ajustados, dona alimentos de forma permanente y continuada a través de sus tiendas a distintas ONGs locales (más de 2,7 millones de kg en el último año) o transforma productos como el pan, bollería, galletas o legumbres no aptos para el consumo humano y retirados de sus tiendas, en harina para pienso animal,logrando evitar el desperdicio de cerca de 4.900 toneladas de alimentos anuales.

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Los alimentos se disparan otro 16,6% pese a la rebaja del IVA y llevan al IPC de febrero hasta el 6%

 14.03.2023

La inflación no da tregua y la cesta de la compra se encarece al mayor ritmo desde 1994, un 2,4% en lo que va de año

La inflación no da tregua en España y subió en el mes de febrero un 6% en tasa interanual, una décima más que en el mes anterior, debido fundamentalmente a la subida histórica de los alimentos del 16,6%, que ha sufrido un incremento del 2,4% desde que entró en vigor la rebaja del IVA a la mayoría de productos básicos de la cesta de la compra. El grupo de alimentos se ha incrementado más de un punto por encima de la tasa del mes anterior, impulsado por el encarecimiento de las legumbres y hortalizas y la carne, además de un menor abaratamiento del pescado y marisco respecto al año pasado.

De esta manera, el IPC mantiene la senda alcista que se inició en enero y suma dos meses consecutivos de repuntes, después de cerrar 2022 con cinco bajadas consecutivas de la tasa desde el pico del 10,8% alcanzado en julio. En la tasa mensual, además, se aprecia una subida del 0,9% en el índice general y del 0,7% en la subyacente con respecto a enero. Además de los alimentos -que aceleraron sus precios un 2% mensual-, influyeron en este nuevo repunte el incremento del precio de la vivienda, que subió en dos puntos porcentuales respecto a enero, así como los costes relacionados con el ocio y la cultura, cuya variación anual se situó en 3,2%, siete décimas por encima de la registrada en enero, por al aumento de los precios de los paquetes turísticos; así como los vinculados a vestido y calzado, que, con una tasa del 3,9%, sube tres décimas con respecto al mes anterior.

En cuanto a la cesta de la compra, la situación no mejora. A pesar de las medidas tomadas con el IVA a algunos alimentos -ya sea rebaja o eliminación-, la mayoría sigue presentando subidas interanuales de dos dígitos. Los mayores incrementos corresponden al azúcar (52,6%), mantequilla (39,1%), salsas y condimentos (33,8%), aceite de oliva (33,5%) y leche (33,2%), pero hay otros alimentos básicos que tampoco le van a la zaga: la harina (26,2%); los huevos (28%); las patatas (21%); el queso (19,8%); el pan (13,2%) o las pastas alimenticias (11,4%). Si la tasa se mide en términos mensuales, las subidas fueron menos significativas y algunos productos han bajado de precio, como el pescado fresco (-5,7%); el yogur (-3,5%); la carne de ovino (-3,2%); el marisco fresco (-0,7%) o las harinas (-0,4%).

Los precios energéticos también han dejado de dar buenas noticias. El precio de la electricidad cerró el mes de febrero con un incremento del 12,6% frente al precio de enero, en comparación con la caída que se produjo en este mes, aunque es un 33% más barato que un año antes en comparación con el incremento del 80,5% que se registró en el mismo mes del año pasado. En cuanto al gas, este acabó el segundo mes del año con una subida del 12,4%, cifra superior al 12,1% de crecimiento que experimentó en febrero de 2022. En términos mensuales el precio de este suministro aumentó un 0,6%, un incremento más moderado que el 7,2% del mismo periodo de 2022. En cuanto a los carburantes, el gasóleo cerró febrero con un incremento del 2,7%, inferior al crecimiento del 28,4% que experimentó en el mismo mes del 2021. En términos mensuales, cayó un 4,5%, tras el incremento del 10,2% del mes de enero. Por contra, la gasolina experimentó una caída en su precio del 3% interanual en el segundo mes de 2023, en comparación con el incremento del 1,3% registrado en enero. En términos mensuales, el precio se elevó un 0,4% respecto a enero frente al incremento 12,7% del mes anterior.

Además de lo anterior, lo que más subió en el último mes fueron los paquetes turísticos nacionales (13%) y los alimentos para bebé (11,4%). Frente a los alimentos, que lideraron todas las subidas interanuales de precios, lo que más se abarató en el segundo mes del año en relación a febrero de 2022 fue el transporte combinado de pasajeros (-48,1%); la electricidad (-33%); el transporte de pasajeros en autobús (-25%) y el transporte de pasajeros en metro (-24,2%), reflejando así el efecto de los bonos gratuitos y de las rebajas en el coste del transporte puestas en marcha por el Gobierno y complementadas por las comunidades autónomas. En términos mensuales, el transporte combinado de pasajeros fue el que sufrió la mayor caída, del 19,7%.

El INE también ha revisado al alza la tasa de variación anual de la inflación subyacente -índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos-, hasta el 7,6%, una décima más que la registrada en enero y la más alta desde diciembre de 1986. Con este dato, inferior en una décima al estimado inicialmente por el INE, la inflación subyacente supera al índice general en más de 1,5 puntos. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 6%, una décima por encima de la del mes anterior. En tasa mensual aumentó nueve décimas.

Pese a este nuevo repunte, el Ministerio de Asuntos Económicos se mantiene firme en su idea de que el dato confirmado de febrero del IPC refleja que «las medidas adoptadas para reducir la inflación siguen teniendo recorrido», y centró la atención sobre los brotes verdes que se ven en el abaratamiento registrado en el transporte. El departamento que dirige Nadia Calviño valoró que «España se mantiene como uno de los países con menos inflación de la zona euro, lo que favorece la competitividad de las empresas españolas», y justificó el aumento los precios de la alimentación, sobre todo en los frescos, en que han experimentado una reducción puntual de la oferta como consecuencia de unas condiciones climáticas desfavorables, en España y en otros países comunitarios, lo que ha provocado «un incremento de precios por el aumento de la demanda internacional». Pese a ello, han destacado que este aumento es similar al de Francia e inferior al de Alemania. También han reconocido que ha tenido que ver la subida de los precios de la electricidad, después de la intensa bajada que han registrado en los meses anteriores.

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Más de la mitad del empleo creado durante la actual legislatura es público

elEconomista.es
6/03/2023
  • Ha crecido seis veces más que el privado y se concentra en las CCAA
  • Se ha creado más empleo público que en la primera Legislatura de Sánchez
  • Los trabajadores sanitarios públicos son 30 puntos más precarios que los indefinidos

El Gobierno de coalición afronta el arranque del ciclo electoral con el empleo como una de sus principales bazas. Pese a que la tasa de paro aún sigue por encima del 12%, el número de trabajadores ha vuelto a superar el nivel de los 20 millones, con la temporalidad en mínimos históricos tras la reforma laboral. Pero este balance tiene truco: el 55% del incremento neto de la ocupación en la Legislatura corresponde a empleos públicos, que además se confirman como los más precarios.

El 12 de noviembre de 2019, un abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias selló un acuerdo de Legislatura que permitía a los socialistas la mayoría suficiente para desbloquear una agenda política que la falta de mayorías le había impedido desarrollar en el casi año y medio transcurrido desde su victoria en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Tres años y medio más tarde, una pandemia y una tensión bélica en suelo europeo sin precedentes desde la II Guerra Mundial han dejado tocado a la economía y al propio Ejecutivo, que vive continuos choques internos. Ni el retiro de Iglesias de la política ni su relevo por parte de Yolanda Díaz al frente del ala morada de la coalición, que se resiste a ser mera comparsa del PSOE, han impedido su agravamiento.

Pero hay algo en lo que ambas patas del Ejecutivo están de acuerdo: en defender la eficacia de sus medidas en el ámbito del empleo, desde los ERTEs de la pandemia a, en el último año, la reforma laboral

Aunque la contratación cayó en febrero a tasas interanuales del 25%, el retroceso se debe al menor número de puestos eventuales: los indefinidos se dispararon un 55,6%. Esto permite tanto a PSOE como a Sumar (la nueva marca electoral impulsada con Díaz, aún la espera de un acuerdo con Podemos y otras formaciones de izquierda) presentarse a los comicios como garantes del empleo.

Pero este argumento presenta varias debilidades. La primera es que, según los datos de la Encuesta de Población Activa, el incremento de la ocupación entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2022 solo fue de 497.000 personas. De ellos, el 54,9% corresponden al sector público. Si comparamos la variación por sector, se aprecia que el incremento del empleo entre las administraciones, del 7,7, multiplica por 5,8 el de las empresas privadas, que solo fue del 1,3%.

El peso del crecimiento resulta desproporcionado teniendo en cuenta que los trabajadores públicos solo suponían el 16,7% del total del empleo a cierre de 2022. Los datos de afiliación, elaborados con una metodología muy diferente a la de la EPA, pero más actualizados, arrojan registrados similares. El incremento de la afiliación media al Régimen General y el RETA entre noviembre de 2019 y el pasado mes de febrero fue de 870.000, de los que el 48% corresponden al sector público.

Sánchez se supera a sí mismo

Las cifras contrastan incluso con los del primer Gobierno de Sánchez. En su primer año y tres meses en el poder, la ocupación creció en 622.800 personas: un 25% más de lo logrado con Unidas Podemos. Pero el 78% de estos nuevos trabajadores estaban empleados en empresas. La brecha de crecimiento entre ambos sectores fue mucho menor: así, mientras el sector privado repuntó un 4% el segundo lo hizo un 3%.

Evidentemente, en esta comparación hay que tener en cuenta el impacto de la pandemia. Es imposible estimar cuándo hubiera crecido el empleo privado en España sin el COVID (aunque muchos expertos hablaban en ciertos síntomas de agotamiento de la recuperación tras la crisis financiera). Pero el mayor papel del empleo público en la recuperación sí da pistas sobre las prioridades del Gobierno a la hora de impulsar la creación de puestos de trabajo.

Sobre todo, en un periodo que, además de la pandemia, se ha visto marcado tanto por el desembarco de los fondos europeos para modernizar la economía española como por un récord de oferta pública de empleo. Sin embargo, el Ejecutivo no es responsable directo de esta contratación.

Seis de cada diez puestos públicos corresponden a ayuntamientos y comunidades autónomas, con competencias en gestión de la sanidad, educación y servicios sociales. Y registraban 277.900 ocupados más en el cuarto trimestre de 2022 que en el mismo periodo de 2019. Los trabajadores dependientes del Gobierno (los trabajadores de la Administración central, la Seguridad Social y las empresas públicas) se redujeron en 14.900 trabajadores.

En este sentido, el reproche que cabe hacer al Gobierno no es tanto que ‘infle’ el empleo público con sus propios funcionarios, como que no ha sido capaz de incentivar (pese a los millones de euros recibidos de Bruselas) con la misma intensidad el sector privado, pese al rebote de la actividad privada tras los confinamientos.

Solo durante el segundo y el tercer trimestre de 2022 el incremento acumulado del empleo privado respecto a cierre de 2019 superó al del público. En el cuarto trimestre, ese efecto se desinfló.

Precariedad de los sanitarios

En cualquier caso, el Ejecutivo sí saca rédito electoral del empleo público autonómico en sectores clave como el de los sanitarios, cuyas reivindicaciones laborales en comunidades gobernadas, especialmente, por el PP apoyan activamente PSOE, Unidas Podemos y las formaciones de la órbita de Podemos.

Sin embargo, esta postura no oculta el hecho de que estos trabajadores han sido excluidos de la reforma laboral que buscaba reducir la precariedad, mientras la reforma de la Ley de Función Pública para reducir la interinidad no parece tener efectos.

No hay más que fijarse en los datos de temporalidad. La norma impulsada por Díaz ha propiciado un retroceso de esta variable al 17,9%, frente al 26,1% de cuarto firmes de 2019. Pero esta evolución ha sido muy desigual: los trabajadores del sector privado con empleos eventuales han pasado de suponer el 25,7% al 14,8%, mientras que los del público han aumentado del 27,8% al 30,2%. Es decir, la temporalidad del sector público es el doble de la del privado.

Según un análisis del investigador Florentino Felgueroso incluido en el IV Observatorio Trimestral del Empleo, a finales de año 2021, existían 27 ocupaciones con una tasa de temporalidad superior al 25%, a finales del 2022, este número se había reducido a 12.

Principalmente se trata de ocupaciones en las que el sector público tiene un peso relevante. Un caso especialmente llamativo es el sanitario donde la brecha de temporalidad entre empleo público y privado se acerca a los 30 puntos, pese a las promesas de Sánchez a Bruselas para remediarlo. 

 En cuatro de estas ocupaciones (sanidad, dependencia, gestión de residuos urbanos y trabajadores cualificados agrarios) es el sector público el que supera, con creces, el umbral del 25% mientras cuatro quedan por debajo.

El Gobierno tiene varios frentes abiertos con sus funcionarios, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y una rigidez burocrática que impide renovarlas. Un caso palmario es el de los Inspectores de Trabajo, que por primera vez en la historia del cuerpo se han declarado en huelga ante la sobrecarga de tareas que se ven obligados a realizar.

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El empleo se reactiva con 88.918 nuevos cotizantes por el tirón de la educación y la hostelería

El desempleo sube levemente en febrero debido a las 10.139 personas que se incorporaron a la búsqueda de empleo

Después de un mes de enero garrafal para el empleo, febrero ha experimentado cierta recuperación del mercado de trabajo, contabilizándose 88.918 cotizantes más a la Seguridad Social en términos medios (y una cifra similar, 81.808 en términos desestacionalizados). Con ello, el ritmo de creación de empleo también se recupera ligeramente hasta el 2,42% y el número total de afiliados sube a 20.170.142, lo que supone 475.870 más que hace un año, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta reactivación ha llegado, sobre todo, de la mano de las contrataciones en los sectores de educación, que nuevamente encabeza la creación de empleo con 26.798 nuevos afiliados –la conversión de temporales en fijos y fijos discontinuos en el sector provoca, en parte, este dinamismo–; y hostelería, que prosiguió en febrero su recuperación, con 25.073 nuevos trabajadores. La industria y la administración pública, que ganaron del orden de 12.000 cotizantes cada uno, también registraron un buen comportamiento.

La evolución de todos estos sectores sirvió para contrarrestar la destrucción de empleo en la sanidad, que perdió unos 10.000 afiliados; y el comercio, que tras la campaña de rebajas, recortó su empleo en 11.871 trabajadores. No obstante, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha restado importancia en el descenso de la afiliación en el comercio por ser el comportamiento de un solo mes. E, igualmente, ha considerado que la disminución de ocupados en el sector sanitario obedece a haber superado ya la crisis del Covid-19.

Desde el Ministerio de Seguridad Social recurren a la nueva contabilidad quincenal desestacionalizada para explicar este mayor dinamismo del empleo en febrero, ya que el incremento de casi 82.000 cotizantes (desestacionalizados) el mes pasado fue notablemente superior a la variación promedio de los tres meses anteriores, en los que el incremento medio fue de 23.713 trabajadores.

Sin embargo, el paro registrado subió el mes pasado muy levemente, anotando 2.618 desempleados más. Si bien este aumento se debió a la fuerte incorporación a la búsqueda de empleo de 10.139 personas que no tenían un trabajo anteriormente. De hecho, el desempleo en los tres sectores principales de la economía (servicios, industria y construcción) se redujo en casi 9.000 personas y en la agricultura subió en 1.130 parados.

Contratación

El mes pasado también se mantuvo la buena tónica en la calidad de la contratación. Como es habitual desde la reforma laboral, el número general de contratos siguió descendiendo por la menor firma de contratos temporales. En concreto, en febrero se registraron 1.084 contratos, un 10% menos que el mes anterior. De este total, casi medio millón fueron contratos indefinidos (355.479 fijos ordinarios y 137.721 fijos discontinuos).

Por su parte, desde la Seguridad Social también destacan estas mejoras en la calidad de la contratación, al resaltar que en febrero, el porcentaje de afiliados con contrato temporal se ha reducido hasta alcanzar el mínimo histórico del 14% de los afiliados (antes de la reforma laboral la media era del 30%). Es más, en el caso de los menores de 30 años, la temporalidad ha retrocedido 30 puntos, del 53% al 22%. En conjunto, ahora hay 2,5 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma.

Además, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha calculado que la mitad de las personas que tenían un contrato temporal entre enero y marzo de 2022 y que siguen en alta en la Seguridad Social (más de 4 millones de ocupados) han pasado a tener un contrato indefinido. En concreto, de esos 4 millones, el 53% son indefinidos: la mayoría indefinidos ordinarios (1.736.966) y 407.688 fijos discontinuos.

En cuanto al reparto territorial del empleo, la afiliación media subió el mes pasado en todas las comunidades, destacando los incrementos del 2,6% en Baleares y el 0,7% en Cataluña. Mientras que en términos absolutas, esta última comunidad lideró las ganancias de ocupados, con 25.603 más; seguida de Baleares (11.792) y Madrid (11.690). En comparación antes de la pandemia, todas las regiones se anotan aumentos de su ocupación.

Mal arranque de año para los autónomos

Entre los datos que pueden ensombrecer estas buenas cifras conocidas hoy están los referidos a los trabajadores autónomos que, pese a que en febrero se anotaron un leve ascenso de 3.448 trabajadores por cuenta propia más respecto a enero, en términos anuales el Régimen Especial de Autónomos (RETA) destruye empleo, con una pérdida de 4.607 cotizantes.

Ante esto, la organización de autónomos ATA ha advertido este jueves de que 2023 ha mostrado un “mal arranque” para el tejido empresarial, con la pérdida de 17.300 autónomos y 10.000 empresas en los dos primeros meses del año. Si bien desde el Gobierno no se alertan por esta situación, ya que consideran que “en un buen clima del empleo asalariado, el emprendimiento y el empleo autónomo suelen ser menores” ha dicho hoy el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey. Es más, su homólogo de Seguridad Social espera que este régimen de trabajadores se estabilice en los próximos meses y deje de perder cotizantes.

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Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC)Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)Febrero 2023

  • El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 6,1% en febrero, dos décimas por encima de la registrada en enero.
  • La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente aumenta dos décimas, hasta el 7,7%
  • La variación anual del indicador adelantado del IPCA es del 6,1%

Evolución de la tasa anual
La inflación anual estimada del IPC en febrero de 2023 es del 6,1%, de acuerdo con el
indicador adelantado elaborado por el INE.
Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un
aumento de dos décimas en su tasa anual, ya que en el mes de enero esta variación fue del
5,9%.
Esta evolución es debida a que los precios de la electricidad suben este mes, frente al
descenso registrado en febrero de 2022, y a que los alimentos y bebidas no alcohólicas
aumentan más que en febrero del año pasado.
En sentido contrario, destaca la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes, los
cuales aumentaron en febrero de 2022, y del transporte combinado de pasajeros, frente a la
estabilidad del año anterior.
La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos
no elaborados ni productos energéticos) aumenta dos décimas, hasta el 7,7%.

Evolución de la tasa mensual
Los precios de consumo registran en febrero una tasa del 1,0% respecto al mes de enero,
según el indicador adelantado del IPC.

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
En el mes de febrero la tasa de variación anual estimada del IPCA se sitúa en el 6,1%, dos
décimas superior a la registrada el mes anterior.
Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del 1,0%.

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