Economía e Iniciativa Emprendedora

El excedente de las compañías crece un 15% en 2022 frente al 6% de las remuneraciones

Al cierre del año 2022, tanto las remuneraciones de los asalariados como los márgenes empresariales recuperaron su peso tradicional en la renta nacional bruta de España, un indicador que a grandes rasgos se asemeja al producto interior bruto (PIB). El comportamiento de estos dos epígrafes, sin embargo, fue asimétrico: mientras que los beneficios de las compañías ganaron terreno, los sueldos perdieron protagonismo.

Los datos provisionales que ofrece la contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan los salarios en los 622.805 millones de euros en el conjunto del ejercicio, el 46,8% de una renta nacional bruta que llegó a los 1,3 billones de euros. Por su parte, el excedente de explotación bruto ascendió a los 574.035 millones, un 43,2%. Las cifras, explican varios expertos consultados, muestran que los dos grandes indicadores han recuperado su magnitud habitual dentro del PIB, pero también anticipan un avance más consistente y rápido de las ganancias empresariales.

El excedente bruto de explotación, detalla Estadística, es el remanente generado por las actividades de explotación una vez recompensado el factor trabajo. Es un epígrafe que incluye las rentas del capital, pero también contempla el beneficio de las empresas privadas y públicas, el pago de intereses, la amortización de los factores de producción, la renta imputada a los propietarios de inmuebles y los beneficios de los autónomos.

Los datos no están todavía cerrados, pero “sí muestran una clara y rápida recuperación del excedente de explotación”, detalla María Jesús Fernández, economista sénior de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). En el año 2021, que en la primera mitad todavía arrastraba los efectos de la pandemia de Covid-19, el peso del excedente de explotación sobre el PIB cayó al 40,9%, el porcentaje más bajo de la serie histórica. Enfrente se situaron los salarios, que llegaron al 48,5%. Tan solo un ejercicio después la tendencia se invirtió: el primer indicador creció en 2,3 puntos porcentuales y el segundo se moderó en 1,6 puntos.

En términos absolutos, y teniendo en cuenta que la riqueza nacional bruta creció considerablemente al son de la recuperación económica, los salarios avanzaron un 6% anual, lejos de la subida del 15% que registraron los márgenes empresariales.

La tendencia registrada, ilustra Fernández, no quiere decir que los márgenes vayan a ponerse por encima de los salarios, sino que la radiografía previa a la crisis sanitaria se ha recuperado de forma veloz. En cambio, añade, lo que sí muestra la evolución es que el excedente de explotación avanza con ritmo, algo que podría llevar a que en 2023 se estrechase la diferencia entre las remuneraciones y los márgenes, pudiendo situarse en proporciones más cercanas. Hasta ahora, la menor brecha se registró en 2017, cuando el espacio entre los dos epígrafes sobrepasó por poco los 0,5 puntos.

Todos estos números, apunta Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow de EsadeEcPol, también tienen que leerse en términos de inflación. Es “obvio”, explica, que una parte muy concreta de la escalada de los precios ha sido impulsada por los márgenes empresariales “de ciertos sectores”. Sin embargo, también hay que recordar que “no todas las empresas han presentado resultados extraordinarios”, por lo que el análisis podrá afinarse una vez que el INE publique los datos oficiales.

Por ahora, las cifras preliminares de Estadística coinciden con el último análisis del Banco de España, en el que se constataba que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios en 2022. Según el supervisor, las ganancias de las compañías no financieras aumentaron un 21% anual de media hasta el tercer trimestre del año pasado, tanto por la recuperación de la actividad tras la pandemia como por las subidas de precios. El Ministerio de Economía, por su parte, defiende que los márgenes empresariales de las empresas se sitúan ya en niveles similares a los meses previos al coronavirus.

Dos modelos

Los números que deja la contabilidad nacional también sirven para evidenciar dos modelos de salida a una crisis, según explica María Jesús Valdemoro, lecturer del IESE. En 2022, tras dos años marcados por las secuelas de la pandemia, el peso de las remuneraciones de los trabajadores sobre el PIB ha vuelto a los niveles previos a la emergencia sanitaria. Es algo que, sin embargo, nunca llegó a suceder tras el estallido de la burbuja inmobiliaria posterior a la crisis financiera de 2008. En esos años, los salarios representaban el 50% de la renta nacional bruta, porcentaje que fue cayendo hasta un mínimo del 45,2% en 2017, pese al crecimiento del PIB.

Esto se explica principalmente “por los mecanismos como los ERTE y resto de políticas públicas pensadas para salvar el empleo”, detalla la experta. En 2020 el peso de los salarios sobre el PIB llegó al 49,8% porque la economía cayó y las remuneraciones se mantuvieron. Ese músculo es el que ha permitido que el indicador haya aguantado y esté hoy en niveles de hace dos años.

El volumen de compromisos financieros de las administraciones públicas españolas subió a 1,502 billones, 75.267 millones más que el año anterior.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2022 en el 113,1% del PIB, lo que supone una caída de 5,2 puntos frente al porcentaje con que cerró el ejercicio anterior. El volumen total de compromisos pendientes del Estado, las comunidades autónomas, los Ayuntamientos y la Seguridad Social ascendía a cierre de diciembre a 1,502 billones de euros, según datos publicados este viernes por el Banco de España. Son 75.267 millones más, pero esta cifra hay que ponerla en relación con la capacidad de pago que se le presume al país, y como la economía española creció en 2022 un robusto 5,5%, el pasivo representa ahora un porcentaje menor en relación al tamaño del PIB que un año atrás.

La rebaja no saca a España del grupo de países más endeudados de la UE, pero mejora en 2,1 puntos lo previsto por el Gobierno en el Plan Presupuestario, y deja al alcance de la mano cumplir con lo estipulado en todo 2023. Para ese periodo se había previsto reducir la deuda al 112,4% del PIB, solo siete décimas menos que ahora. Eso sí, en 2023 la mayoría de previsiones contemplan un crecimiento para España ligeramente superior al 1%, por lo que se resentirá la capacidad de recortar la tasa de deuda.

El Gobierno cree que el dato es muy positivo. Recuerda que se trata de la mayor reducción del endeudamiento de las administraciones públicas registrada en la historia reciente —fuertemente influida por el rebote de la actividad tras hundirse esta por los confinamientos pandémicos—. Y sirve para dejar atrás el pico del 125% de deuda alcanzado en 2021.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, opina que detrás de la disminución de la deuda no solo está “el fuerte crecimiento económico”, sino también una política fiscal responsable”. La elevada inflación ha contribuido a que se batan récords de recaudación tributaria, pero a cambio, también se han desplegado medidas para suavizar el impacto de las subidas de precios en la factura eléctrica o en las gasolineras, especialmente en los colectivos vulnerables. “Esta importante reducción de la ratio de deuda PIB ha sido compatible con las medidas adoptadas para reducir la inflación y compensar a las familias y a los sectores económicos más afectados”, afirman fuentes del Ministerio, que insiste en que está comprometido “con el rigor fiscal”.

La mayor parte de la deuda está colocada en instrumentos a largo plazo. Y corresponde sobre todo al Estado (1,331 billones), seguido de las comunidades autónomas (316.853 millones). La Seguridad Social debe 106.178 millones, y los Ayuntamientos 23.066 millones.

En términos absolutos, la deuda pública superó los 1,5 billones de euros por primera vez en el tercer trimestre del año pasado, pero el alargamiento de los plazos y la estabilidad de la prima de riesgo han impedido que se dispare el pago de intereses, incluso con la deuda aumentando en euros y con el BCE reduciendo sus compras de bonos.

• Una estimación reciente del FMI indicaba que supone casi el 20% del PIB
• Hacienda vigila el dinero en efectivo de varias maneras
• El sector de autónomos es considerado «de alto riesgo» por economía sumergida

La economía sumergida comprende aquellas actividades económicas que no son declaradas a la autoridad fiscal, no siendo registradas por la Agencia Tributaria. Las grandes cantidades de dinero que representa no cuentan dentro del Producto Interior Bruto (PIB) del país, y dentro de ella se encuentran muchos casos de evasión fiscal, por lo que Hacienda dice que se trata de una actividad ilegal y desleal.

Pero tanto empleados como empresarios ven cierto atractivo en ella: a los primeros les permite realizar varias actividades profesionales a la vez, o cobrar el subsidio por desempleo mientras son pagados ‘en negro’; los segundos se ahorran impuestos y por tanto obtienen una rentabilidad mayor en sus negocios.

Otros factores que animan a algunos ciudadanos a sumarse a la economía sumergida son la percepción de que sufren una elevada presión fiscal, o las elevadas tasas de desempleo que acompañan a España desde hace varias décadas.

El gran impacto que tiene

La Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS) midió el impacto de la economía sumergida en España: alrededor del 12,5% del PIB entre 1980 y 1985, cifra que creció hasta el 23,7% en 2011. Un año después, una estimación de Hacienda indicaba que reducir la economía sumergida en un 10% habría equivalido a añadir a las arcas públicas una cantidad adicional de 28.000 millones de euros anuales. En una aproximación más reciente se ha calculado que representa en torno al 20% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), superando ampliamente la media del 13% en la Unión Europea.

Además, cabe añadir que son organismos económicos, grupos de técnicos de hacienda e incluso centros de estudios los que más se centraron en abordar estas investigaciones. De ahí que los datos disponibles no provengan de ministerios españoles.

Además, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) desglosó este porcentaje por Comunidades Autónomas, encontrando grandes disparidades, como el 30% del PIB que supone en Extremadura, casi doblando la tasa correspondiente a Madrid (16%).

El efectivo ‘bajo el colchón’

Hacienda admite que existen varias razones que causarán sus sospechas en ciudadanos que decidan guardar dinero en efectivo en sus casas. La primera es con los billetes de 500, los cuales dejaron de emitirse por su vinculación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por tanto, quien use uno de estos billetes llamará automáticamente la atención de este ministerio.

La segunda implica las retiradas de dinero del banco por importes iguales o superiores a los 3.000 euros. Sin embargo, cabe añadir que no hay una cantidad estipulada a partir de la cual se deba declarar una actividad a Hacienda, aunque la Ley General Tributaria indica que las entidades bancarias están obligadas a informar a Hacienda de movimientos ‘sospechosos’ de dinero. Cuando lo considere oportuno, puede pedir explicaciones al titular de la cuenta o al mismo banco, sobre el origen o el destino del dinero.

Los que se aferran al efectivo

Para las personas que siguen pagando con dinero en efectivo, la Agencia Tributaria cuenta con una regulación propia. Cuando un ciudadano lleve un mínimo de 10.000 euros en su cartera (o equivalente en divisa extranjera), este estará obligado a declarar la cantidad a Hacienda si la misma entra o sale del territorio nacional. En caso de circular por el país, el dinero permitido sin declaración es de hasta 100.000 euros o equivalente. 

En estos casos de 10.000 y 100.000 euros en efectivo, es necesario rellenar un formulario modelo S1.

¿Y qué hay de los autónomos?

Los trabajadores autónomos suelen utilizar el efectivo como vía principal de ingresos, escenario que aumenta en caso de los negocios de pequeño tamaño, así como en empleos donde se suela pagar personalmente y de manera inmediata (como en el domicilio de alguien que adquiere un producto).

El Plan Anual de Control Tributario registra varios grados de supervisión, según cada tipo de autónomo. En el cado de la Agencia Tributaria este es considerado como «un sector o modelo de negocio con elevado riesgo de existencia de economía sumergida«.

Pero Autónomos y Emprendedores muestran que son concretamente hostelería, restauración, comercio, construcción, inmobiliarias, los negocios en el sector de las reformas y los empleados en recogida de frutas aquellas industrias con mayor grado de supervisión por parte de la Hacienda Pública Española.

30 ENE 2023

El INE incorpora en su cesta las tarifas de gas y luz en el mercado libre

La inflación subió una décima en enero hasta el 5,8%, el primer repunte desde el mes de julio, a causa del precio de las gasolinas, según el dato avanzado por el INE. En enero se dejó de aplicar la bonificación de 20 céntimos por litro a todos los combustibles. Los precios han bajado tres décimas en términos mensuales (el mayor descenso desde septiembre), pero en el arranque de 2022 lo hicieron en cuatro, y de ahí el alza del IPC. Peor ha sido el dato de la inflación subyacente, que vuelve a subir con fuerza y se queda en el 7,5%. Este indicador no tiene en cuenta los elementos más volátiles de la cesta de la compra, tales como alimentos frescos o combustibles.

Por primera vez, desde este enero el INE incluye en la cesta de la compra los mercados libres del gas y la electricidad, una medida prevista para el año pasado (las revisiones de las ponderaciones en el IPC se llevan a cabo siempre en el arranque de año) pero que no se aplicó debido a dificultades con los datos que suministran las empresas comercializadoras. Alrededor de dos terceras partes de los clientes del mercado de electricidad están en este mercado liberalizado.

El año pasado el precio de la luz en el mercado libre se disparó a causa del mecanismo de fijación de precios, que traslada directamente a la tarifa del inversor particular los altibajos en el mercado mayorista. Ello aceleró la subida de los precios entre finales de 2021 y principios de 2023. En marzo, primer mes de guerra en Ucrania, el IPC se disparó 2,2 puntos hasta el 9,8%. La mitad de esa subida correspondía a los precios de la luz, con un alza del 33% interanual.

Este mes de enero de 2023 la electricidad, por el contrario, ha recortado la inflación, de acuerdo con el INE. El precio medio en el mercado mayorista ha sido de 67 euros, frente a los más de 200 del año pasado.

Además, el IPC utilizará ponderaciones procedentes de la contabilidad nacional, de acuerdo con los criterios establecidos por la reglamentación europea. Hasta el momento la cesta de la compra se determinaba a partir de otra estadística del INE, la encuesta de presupuestos familiares. Los cambios son significativos. La ponderación de medicina se dispara el 36% (hasta un 6%), el alcohol y el tabaco, el 29% (hasta el 4% del presupuesto), y la enseñanza el 25% (hasta un 2%). Por el contrario, la compra de ropa pasa a tener una ponderación del 3,9% (un 35% menos) y los alimentos bajan un 13,7% su aportación.

El dato de PIB de 2022 deja a la economía española a las puertas de recuperar los niveles previos a la pandemia. En concreto, se queda a un 0,88% de igualar la cota que alcanzó el PIB el cuarto trimestre de 2019, justo antes de que impactara la pandemia. Los expertos esperan que la caída del consumo del 1,8% sea corregida en próximas revisiones y mejore la estimación inicial. El INE advierte de que las cifras adelantadas se han realizado con menor información disponible de lo habitual. Hoy han vuelto a mejorar los datos de consumo del primer al tercer trimestre de 2022.

Después de tres años, la economía española está en disposición de recuperar los niveles previos a la pandemia. Finalmente, el PIB se expandió en 2022 un 5,5%, igualando las tasas de crecimiento de 2021. A pesar de los fuertes avances, la economía española era la única que todavía no ha cerrado la brecha que abrió la pandemia en el PIB. Y parecía que este 2023 tampoco se iba a producir por la amenaza de recesión que iba a provocar la crisis energética.

Con casi toda seguridad, ni España, ni el resto de la zona euro terminará cayendo en recesión, pero sí habrá un frenazo muy significativo, que ya se viene arrastrando desde el verano. Esta situación iba a provocar que el PIB no superara los niveles de finales de 2019 hasta entrado 2024. Pero el INE ha vuelto a revisar las cifras de crecimiento de casi todo el año, además de estimar un crecimiento para el cuarto trimestre de un 0,2%.

Hay que tener en cuenta que, no hace muchos meses, el escenario central era una contracción de la actividad económica, arrastrada por una recesión europea por culpa de los precios de la energía. Estadística ha vuelto a mejorar el crecimiento del segundo trimestre de 2022 dos décimas hasta el 2,2% y una décima la tasa trimestral entre julio y agosto al 0,2%.

El INE señala que el índice de PIB a precios de mercado y en volumen encadenado se sitúa en 110,14. La serie con base en 2015 fija el índice de PIB en el último trimestre en 111,2 puntos. La economía española ya está rozando este nivel. Está a un 0,88%. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos indican que estos datos demuestran que la economía española «ha demostrado una gran solidez y resiliencia» y recuerdan que prácticamente se ha recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia.

¿Pero cuándo se cerrará?

Este año no se acercará ni de lejos a las tasas de crecimiento de 2022 y 2021. El consenso de economistas recogido en el panel de Funcas oscila entre 1% y un 1,5% y el sentimiento general era que el primer trimestre iba a ser negativo, con lo que la recuperación de niveles estaba todavía en cuestión. Por ejemplo, Funcas antes del dato de PIB decía que la brecha no se cerrará hasta el primer trimestre de 2024. «Todavía no lo vemos del todo claro, pero podemos decir que la recuperación de los niveles precovid se puede adelantar a finales de este año, pero no es seguro», asegura María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.

Hoy el INE ha vuelto a acercar los niveles prepandemia por la puerta de atrás, otra vez, y los primeros datos disponibles del primer trimestre ya apuntan a la posibilidad de que tampoco habrá caída del PIB de Europa, como han sido los PMI de enero de la zona euro, con lo que la economía española gana bazas para seguir creciendo, teniendo en cuenta el impulso que está recibiendo el PIB externamente. «En nuestra proyección actual, España recupera el nivel previo al covid en el primer trimestre de 2024, pero teniendo en cuenta las revisiones hacia atrás que viene haciendo el INE podría ser antes», comenta Ángel Talavera, economista jefe de Oxford Economics.

Extrapolando las previsiones trimestrales de crecimiento de consenso al dato final de 2022, la economía española estaría en disposición de recuperar el nivel precovid alrededor del tercer trimestre del año. El INE ha vuelto a mejorar las estimaciones, sobre todo, en el consumo de las familias, que representa el 55% del PIB. Estadística ha borrado la caída del gasto familiar del primer trimestre del 0,8% trimestral hasta situarlo con un avance del 0,3%. Ha revisado al alza cinco décimas hasta el 2,3% el segundo trimestre y 1,7 puntos hasta el 1,8% el tercer trimestre.

Ya en el anterior trimestre hubo rectificaciones positivas para el consumo de manera sustancial. Desde hace meses hay una polémica abierta por cómo se mide el INE. La evolución no coincide con otros indicadores como recaudación tributaria, creación de empleo o ventas empresariales. El presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, fue forzado a dimitir por presiones del Ministerio de Economía, después de haber recibido críticas de Caixabank Research y del propio Gobierno por la forma en que calculaba el PIB. Es la primera revisión que se produce bajo la dirección de Elena Manzanera. Desde entonces las revisiones del PIB se van ajustando al alza en cada dato, con un consumo privado más fuerte que el anteriormente estimado.

Con casi toda seguridad, habrá próximas revisiones en consumo. El dato de gasto de los hogares cayó un 1,8% y, en principio, podría cuadrar con el contexto de desaceleración de la actividad económica. «El consumo está aguantando mejor de lo previsto según nuestros datos internos de tarjetas de crédito, aunque estas cifras están tardando en trasladarse a los datos oficiales», explica Javier Ibáñez, economista de Caixa Bank Research.

En este sentido, desde Funcas apuntan a que «El PIB puede sufrir modificaciones importantes en posteriores estimaciones». El INE ha señalado que, por cuestiones de calendario, la información disponible en el momento de la elaboración de este avance era menor que en ocasiones anteriores, de modo que las cifras pueden ser objeto de revisiones posteriores de mayor magnitud de lo habitual, explica la economista senior de la firma. Incluso, la AIReF en su modelo de PIB de tiempo real mantiene su previsión de crecimiento trimestral del 0,3%, tras añadir el avance de hoy del INE.

La riqueza de los hogares se reduce hasta 1,86 billones de euros, mientras que la deuda empresarial se modera hasta 966.700 millones

La inflación que en los meses de verano alcanzó niveles nunca antes vistos en cerca de cuatro décadas, fue el principal factor que explicaría, casi en exclusiva, el empobrecimiento del conjunto de las familias españolas. Con tasas superiores al 10% interanual y su paulatino traslado al resto de componentes, principalmente la alimentación, impulsó el gasto destinado a la cesta de la compra, reduciendo la capacidad de ahorro e impulsando el gasto familiar.

Así lo vino a confirmar el Banco de España en su informe de cuentas financieras, que señala que la riqueza financiera neta de las familias españolas, alcanzó los 1,858 billones de euros al cierre del tercer trimestre del año, frente a los 1,879 billones del mismo periodo de 2021, lo que supone un descenso del 1,1% interanual. Pero el dato aporta mayor negatividad aún, al mostrar como la deuda de los hogares españoles aumentó de 703.084 millones a 707.528 millones de euros, si bien en función del PIB se moderó del 59,8% al 54,4% del PIB.

El conjunto de la riqueza de las familias españolas, medida en activos financieros totales, alcanzó hasta septiembre 2,619 billones de euros, el 0,5% menos interanual, como consecuencia del deterioro en 63.300 millones de euros que compensó la adquisición de activos financieros de 50.400 millones en el último año, especialmente depósitos y participaciones en el capital.

¿Dónde tienen las familias su riqueza? El grueso de los activos se concentró con el 41% del total en efectivo y depósitos bancarios, alcanzando un total de 1,068 billones de euros, de los que 58.848 millones es dinero efectivo en el bolsillo. A continuación, con el 29% del total en participaciones en el capital, mientras que las inversiones en fondos representaron el 14% y los seguros y fondos de pensiones el 13%.

Según las cifras aportadas por el Banco de España, los españoles tienen depositados en fondos de inversión y participaciones en el capital 1,133 billones de euros, en acciones cotizadas 99.345 millones y en no cotizadas 149.494 millones de euros, mientras que las participaciones en fondos de inversión alcanzan los 377.314 millones y algo más de medio billón de euros se encuentran en otras participaciones en el capital.

Los depósitos invertidos en seguros y planes de pensiones cerraron el tercer trimestre en 333.864 millones de euros.

Las empresas mejoran

Un comportamiento distinto al de las familias fue el que experimentaron las finanzas de las sociedades no financieras. Mientras que las primeras empeoraron su situación, las segundas redujeron su nivel de endeudamiento. Su deuda se redujo desde los 971.600 millones de septiembre de 2021 a los 966.700 millones en septiembre de 2022, lo que les dio un respiro en su financiación. Esta evolución se hace patente en términos del PIB, ya que esta variable cayó hasta el 74,3%, frente al 82,7% de septiembre de 2021, permaneciendo aún por encima del 72,5% del cierre del ejercicio de 2019.

Retraso en la compra de bienes

Coincidiendo con el mensaje del Banco de España, el boletín económico que publicará hoy el Banco Central Europeo, recoge un artículo en el que se pone de relieve, como el encarecimiento de la energía y consecuentemente de la inflación ha podido provocar que un buen número de hogares europeos hayan decidido posponer compras de bienes duraderos, en muchos casos de mayor valor económico, para no acentuar aún más sus maltrechas finanzas.

De esta manera se evidencia como tras la recuperación del consumo, una vez levantadas todas las restricciones relacionadas con la pandemia y la disminución gradual de los estrangulamientos de la oferta, pueden frenarse como consecuencia de los efectos derivados de la inflación que está dañando el poder adquisitivo de los hogares en un buen número de países que en estos meses ven como sus tasas de inflación se mueven en niveles no vistos en muchos años, tal y como sucedió en la economía española en los meses del verano.

Recientemente, también el BCE publicaba como los hogares más pobres sufrían la inflación dos puntos más que los de rentas altas. El BCE afirma que la diferencia de la tasa de inflación efectiva entre hogares de rentas más bajas y más altas de la eurozona es la más amplia desde 2008 y se sitúa en los 1,9 puntos porcentuales.

Los factores que explican esta brecha son los diferentes patrones de gasto y la menor capacidad de los hogares más desfavorecidos de amortiguar la subida de los costes de la vida a través del endeudamiento o del ahorro. La fluctuación se mantuvo constante durante 10 años. Entre septiembre de 2011 y septiembre de 2021, la brecha prácticamente no se movió. Sin embargo, se disparó en términos interanuales: de 0,1 a 1,9 puntos porcentuales entre septiembre de 2021 y 2022.

• Los ciudadanos se empobrecen 1.700 euros por cabeza, la mayor pérdida de las grandes economías
• Amplía la brecha frente al resto de países y ya ocupa el puesto 18 en la tabla de nivel de vida
• El conjunto de la Eurozona se deja de media algo más de 400 euros

Europa abarca una gran geografía, y la Eurozona recoge brechas entre los países miembros de la Unión Monetaria. España busca desde 1985, cuando entró en la Comunidad Económica Europea, una convergencia cada vez mayor con el centro y el norte del continente. Sin embargo, en los últimos años, los españoles se alejan del nivel de vida del resto de economías: son los habitantes que más riqueza por persona pierden desde 2019, con datos disponibles hasta 2021, al compararlo especialmente con el resto de grandes economías. La renta nacional bruta, como suma de todo lo que ganan limpio los españoles, ha descendido sucesivamente el pasado trienio y en el segundo año de pandemia ya era más de 1.700 euros inferior por cabeza.

Así, la pérdida entre 2021 y 2019 -con datos actualizados en diciembre por la oficina estadística europea, Eurostat- hace que el PIB real pase de 25.180 en el año previo a la pandemia, el primero completo de la era Sánchez, a 23.450. Una economía en contracción, pues hace algo más de un lustro, en 2017, alcanzaba 24.430 euros.

Un dato, y una pérdida, que mide el empobrecimiento de los españoles. La renta nacional bruta excluye la inflación, y representa todo lo que perciben las personas, y en este caso lo que están dejando de ganar. Mide los salarios, los impuestos menos subvenciones a la producción y las importaciones, las rentas a la propiedad (la diferencia entre las rentas percibidas y pagadas), los beneficios empresariales y la renta mixta.