Los alimentos se encarecen hasta un 24% por el coste eléctrico y la demanda china

Los expertos creen que la tendencia continuará hasta mediados de 2022

Su precio a nivel global se mantiene en máximos de 10 años, según la FAO

La escalada inflacionista no da tregua al bolsillo de los españoles. A la subida del precio de la energía se han sumado los alimentos, cuyo coste a nivel mundial se mantiene en máximos de 10 años, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Para octubre, comprar aceite en España era un 24% más caro que hace un año. Es, según las estadísticas nacionales, el producto que más se disparó en ese mes. Pero se trata de la punta del iceberg, pues en realidad la mayoría de los productos sufrieron un incremento: los huevos, del 4,3%; la carne de ovino, el 7,2%, y el pan, un 2,1%. El problema de estos porcentajes es que anticipan subidas aún mayores.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya ha adelantado que el precio de los alimentos subió en noviembre un 3,2% interanual, y aunque aún no da detalle de cada producto, los expertos auguran que la tendencia seguirá. Los causas que esgrimen son básicamente tres: la crisis energética y de los insumos productivos, los cuellos de botella y un acopio de cereales por parte de China en previsión de una futura escasez. Son factores externos que, sin embargo, impactan directamente en la economía nacional. Así lo apunta Tomás García Azcárate, investigador del CSIC y experto en política agraria europea, quien detalla que en la agricultura, los incrementos de la energía y sus ­derivados se vienen a sumar a los altos costes de producción que ha provocado el Covid con todas las medidas sanitarias. Del otro lado está la ganadería, a la que afecta la enardecida situación que se vive en el mercado de los cereales y la soja debido a la recuperación de la cabaña (población de cerdos) china.

En cuanto a los insumos, Azcárate considera que las cifras hablan por sí mismas. “En los últimos meses, la energía ha subido un 270%; los plásticos, el 40%; los piensos, un 30%, y los fertilizantes, el 23%. El alza de la cesta de la compra se debe esencialmente a esto”. Coincide con él Chema Gil, director del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agro­alimentario (Creda) de Barcelona y profesor de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien considera que esta situación se prolongará hasta el tercer trimestre de 2022.

Aunque el alza es generalizado, hay diferencias importantes por grupos alimentarios. Ambos investigadores ponen énfasis en los cereales por dos razones: la primera, porque España tiene un déficit del 60% en este campo, y la segunda, porque es la base de la alimentación tanto de los seres humanos como del ganado. Esta característica no sería un problema si no fuera porque en noviembre su precio era un 23,2% más alto que el año anterior, según la FAO. Su subida se debe, señala la organización, a que disminuyeron las cosechas de los principales exportadores: EE UU, Canadá y Rusia.

Las consecuencias para España son evidentes: en octubre, el precio de los cereales subió un 1,4% interanual. En noviembre los expertos esperan que este porcentaje sea mayor debido al aumento de la demanda por parte de China. Aunque Azcárate lo atribuye al incremento de su producción de cerdo, Gil opina que se están anticipando a una posible escasez. En cualquier caso, ambos creen que el rol del país asiático es clave en el alza de los precios y temen que repercuta en los costes de la carne española, pues para alimentar a los animales hay que importar una gran cantidad de grano. Hay otro gran frente: los aceites vegetales. Su subida ha sido incluso más fuerte que la de los cereales, disparándose un 60% respecto al año anterior y llegando a su nivel más alto desde el verano de 2008. El factor catalizador es la palma, que se mantiene en máximos de 10 años a causa de la reducción en la producción de Malasia, su segundo mayor fabricante del planeta.

Según explica Gil, el país ha sufrido falta de mano de obra en el último año debido a que la cosecha se basaba en trabajadores migrantes que con la pandemia no ha sido posible contratar. En el caso de España, la subida se debe a una reducción de la cosecha que compite con países como Italia, Grecia o Túnez, donde ha crecido. Se suma una mayor demanda exterior y, una vez más, el encarecimiento de los insumos.

EL CASO DE LAS HORTALIZAS Y LAS FRUTAS

El sector de las frutas y hortalizas también sufre con el incremento de los insumos productivos. En el último año, todas las materias primas que se ocupan en el campo han disparado sus precios. El abono, por ejemplo, ha aumentado en torno al 30%, mientras que el plástico y el cartón que se usan para embalar también han repuntado más de un 30%. Así lo explica Juan Carlos Pérez Mesa, profesor en la Universidad de Almería y experto en economía agroalimentaria, quien advierte del mal momento que viven los agricultores españoles mientras el consumidor no asume una mayor parte de este coste adicional. A su observación se suma Chema Gil, profesor de Economía Agraria, quien alude a la energía y los fertilizantes como los principales causantes de la escalada de precios en el sector primario.

La organización agraria COAG habla de un alza del 100% en los fertilizantes, del 300% en la energía, del 50% en los plásticos o del 25% en los piensos para ganado. Una “brutal subida” que, dice la organización, no se está pudiendo trasladar. Según COAG, España es la huerta de Europa en esta época del año, por lo que el margen del agricultor para repercutir los precios es casi nulo.

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El BCE rediseñará los billetes en euros para 2024 con los ciudadanos

La autoridad monetaria informa que «el proceso de rediseño comenzará con la creación de grupos de discusión

El Banco Central Europeo (BCE) prevé rediseñar los billetes en euros, con la colaboración de los ciudadanos europeos, en un proceso que previsiblemente dará lugar a la adopción de una decisión final en 2024.

El BCE ha informado este lunes de que «el proceso de rediseño comenzará con la creación de grupos de discusión, cuyo cometido será reunir las opiniones de ciudadanos de toda la zona del euro acerca de posibles temas para los futuros billetes».

«Posteriormente, un grupo consultivo integrado por un experto de cada país de la zona del euro presentará al Consejo de Gobierno del BCE una lista con los temas seleccionados», añade el BCE.

Los miembros de este grupo ya han sido designados por el BCE atendiendo a las propuestas de los bancos centrales nacionales de la zona del euro y pertenecen a diversos campos, como la historia, las ciencias naturales y sociales, las artes visuales y la tecnología.

Los diseños actuales de los billetes en euros se basan en el tema «épocas y estilos», representado mediante ventanas, puertas y puentes.

«Los billetes en euros están aquí para quedarse. Son un símbolo tangible y visible de nuestra unión en Europa, especialmente en tiempos de crisis, y su demanda sigue siendo intensa», declaró la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

«Después de 20 años, es hora de actualizar el aspecto de nuestros billetes para que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarse con ellos», apostilló Lagarde.

Tras las propuestas del grupo consultivo, el BCE pedirá al público su opinión sobre los temas seleccionados.

Después, se convocará un concurso de diseño de los nuevos billetes, tras el cual el BCE volverá a consultar a los ciudadanos.

El Consejo de Gobierno del BCE adoptará la decisión final.

Nuria Oliver, directora y cofundadora de la Fundación ELLIS Alicante y científica jefa de datos en DataPop Alliance es miembro del grupo consultivo por España.

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Bruselas aprueba el desembolso a España de los 10.000 millones del primer tramo del fondo

Será el primer país de la UE en recibir el primer pago oficial

La Comisión Europea ha aprobado este viernes el desembolso a España del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según ha anunciado la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.

«Será el primer país de la UE en recibir un pago, con valor de 10.000 millones, una vez que los demás Estados miembros lo autoricen», ha explicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un breve mensaje en español en su perfil de Twitter.

España ha sido el primer país de la UE en hacer una petición formal para recibir el primer desembolso y lo pudo hacer tras haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso.

En este caso, el tramo de 10.000 millones se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario anticipó a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones.

En concreto, este primer desembolso dentro del plan de recuperación de España depende de 52 hitos y objetivos que el Gobierno ya había cumplido, por lo que la Comisión Europea ha podido concluir su análisis en apenas tres semanas, sin agotar el plazo de dos meses de que disponía.

Con el dictamen positivo de Bruselas le toca ahora al resto de Estados miembros, a través del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas  en inglés) examinar el expediente y dar su opinión. Si este análisis es positivo y también lo avalan (o si pasa un mes sin que ningún país se pronuncie), el desembolso será autorizado.

El primer pago depende de reformas incluidas en casi todos los componentes del plan de recuperación del Gobierno. Ocho de ellas forman parte del capítulo sobre modernización de la Administración, entre ellas la normativa para reducir la temporalidad en el sector público.

También tiene un peso importante en este desembolso el componente sobre la reforma de la fiscalidad con medidas como la introducción de la tasa digital, el gravamen sobre transacciones financieras o modificaciones corto plazo en el impuesto de sociedades y de impuestos indirectos.

En este primer desembolso también se incluyen medidas del capítulo de la reforma laboral, como son la ley que regula el teletrabajo, la normativa para reducir la brecha salarial de género y la entrada en vigor del plan de acción para atajar el desempleo juvenil.

En cuanto a la reforma de las pensiones, el desembolso de estos 10.000 millones está condicionado a la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, la revisión de las bonificaciones de los planes individuales de pensiones y la modificación del complemento de maternidad de pensiones.

Otras hitos y objetivos incluidos entre los requisitos para acceder a este tramo de ayudas directas son la aprobación de la ley climática, la estrategia de descarbonización hasta 2050, la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia española de economía circular, el plan de digitalización de pymes o la estrategia nacional de inteligencia artificial

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Noviembre suma 61.768 empleos y registra récords de caída de paro y contratos fijos

La recuperación del mercado de trabajo prosiguió durante el mes de noviembre, sin que los signos de una posible sexta ola pandémica en Europa y el resurgimiento de la nueva variante del virus en Sudáfrica hayan hecho mella en el empleo de momento. El mes pasado se registraron 61.768 nuevos cotizantes a la Seguridad Social y 74.381 parados registrados menos, pese a que normalmente no suele ser un buen mes para el empleo, según las cifras facilitadas hoy por los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Trabajo. Esto arroja el mayor descenso del desempleo en un mes de noviembre y encadena nueve meses consecutivos de recortes del paro, dejando el dato total de parados en 3.182.687.

Según estas cifras, ya hay 502.129 afiliados más que en febrero de 2020 justo antes de que empezara la pandemia y el número total de trabajadores inscritos en la Seguridad Social asciende a 19.752.358, la cifra más alta de la serie histórica. Esto deja un fuerte ritmo de crecimiento del empleo anual del 3,84%. 

No obstante, en esta cifra del total de afiliados están también incluidos los trabajadores que aún están en ERTE ascienden a 125.632, que incluso podría aumentar porque aún se siguen registrando procesos con la nueva norma. Además, hay 106.180 trabajadores autónomos cobrando prestación por Covid. De esta forma, para conocer el dato de empleo efectivo habría que restar al número total de cotizantes estas dos cifras, lo que resultaría 19.520.540 afiliados, 270.317 más que el mes previo al estallido de la pandemia.

Dicho esto, el Gobierno, sobre todo los responsables de la Seguridad Social, prefieren analizar las cifras desestacionalizadas del empleo argumentando que reflejan mejor la marcha tendencial del mercado de trabajo, como así defienden también muchos economistas. De esta forma, la afiliación creció en 109.451 trabajadores respecto al mes anterior (un 0,56% más), el mayor incremento en términos desestacionalizados de la serie en un mes de noviembre, con lo que se acumulan así siete meses consecutivos de incrementos, que suman un total de 751.988 ocupados al sistema. El desempleo en términos corregidos de variaciones estacionales también se comportó mejor, con un descenso de 98.061 personas.

Noviembre suma 61.768 empleos y registra récords de caída de paro y contratos fijos

El sector que volvió a liderar la contratación fue el de la educación con casi 30.000 afiliados más en noviembre respecto a octubre; seguido del comercio (28.789). Mientras que la hostelería siguió perdiendo cotizantes, con 62.633 menos. La construcción y la industria se anotaron alrededor de 9.000 nuevos empleos cada uno.

Las buenas noticias no vienen solo del lado de la cantidad del nuevo empleo sino también de su calidad. En el mes de noviembre se firmaron un total de 2.021.546 contratos, la cifra más alta de un mes de noviembre en la serie histórica y, de ellos, 282.981 fueron de carácter indefinido, marcando un récord de peso del 14% de todos los contratos firmados en el mes. Si bien en el lado opuesto de la calidad, uno de cada tres nuevos contratos fueron temporales a tiempo parcial.

Tasa de paro de la zona euro

Pese a esta continua mejora del mercado laboral, España no logra remontar en el ránking de países con mayor tasa de paro de la zona euro. Así, la tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de octubre en el 7,3%, una décima menos que el mes anterior y 1,1 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2020, según Eurostat y España repitió como el país con mayor tasa de desempleo entre los Veintisiete, con un 14,5%. En el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable en el 6,7%, frente al 7,5% de un año antes

Entre los Veintisiete, junto a España, (14,5%, una décima menos) las mayores tasas de desempleo correspondieron a Grecia, con un 12,9% (dos décimas menos); e Italia, con un 9,4% (dos décimas más). Por el contrario, las menores cifras de paro se observaron en República Checa (2,6%), Países Bajos (2,9%) y Alemania (3,3%).

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El Gobierno aprueba la ley que permite crear empresas desde un euro

elEconomista.es
30/11/2021
  • Las empresas que incumplan los plazos de pago no podrán recibir subvenciones
  • Rebajan el capital inicial necesario para registrar, hasta ahora 3.000 euros

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley ‘Crea y Crece’ que sacó a consulta pública en julio y que permitirá la constitución de una sociedad con un euro y de manera rápida y telemática.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta Ley surge para impulsar la creación de empresas y su crecimiento, rebajando el capital inicial necesario para registrar una Sociedad de Responsabilidad Limitada desde los 3.000 euros al euro testimonial.

«Esta medida permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento», ha ensalzado la responsable económica del Gobierno.

Contra la morosidad comercial

Otro de los puntos clave de la nueva ley es la lucha contra la morosidad comercial. Por ello, el proyecto de ley contempla que las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de subvenciones públicas, en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos.

Esta iniciativa se enmarca en el Componente 13 de ‘Impulso a la Pyme’, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con el que se pretende mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.

Tras sacar a consulta pública la ley el pasado mes de julio, el Gobierno ha dado luz verde al proyecto para que inicie los trámites parlamentarios pertinentes y cumplir así con el compromiso adquirido con Bruselas.

Expedir y emitir factura electrónica por obligación

En la Ley, también se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales, según ha destacado Calviño.

En cuanto a la lucha contra la morosidad, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.

Según la vicepresidenta primera, esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

Finalmente, se creará en el plazo de seis meses un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.

De forma adicional, el anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles. Así, se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.

De su lado, se habilita también a la nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, que celebró ayer su segunda reunión, para elaborar una nueva ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y la posible adopción de otras en colaboración con otras Conferencias sectoriales.

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y eficacia.

Impulso al ‘crowdfunding’

La norma incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del ‘crowdfunding’, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa.

Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.

Se impulsa, asimismo, la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.

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Los bancos deberán atender de forma personal a los clientes las 24 horas

La banca tendrá otra asignatura regulatoria que deberá cumplir y que está marcada con un asterisco gigante desde hace años: la atención al cliente. Las entidades deberán contar un servicio de atención al cliente 24 horas los 365 días del año con personas al otro lado del teléfono, con una plantilla formada y con capacidad para atender a personas mayores y con discapacidad, según el anteproyecto de ley de atención a la clientela.

Los ministerios de Consumo y de Asuntos Económicos se han aliado para poner orden en la atención al cliente de servicios esenciales: de agua y energía, de transporte de viajeros, postales, de telecomunicaciones, de servicios audiovisuales de pago y de servicios financieros.

La futura normativa, que ha de ser sometida a todos los trámites de aprobación, implica severas obligaciones nuevas para las empresas de servicios de inversión (brokers), entidades financieras y aseguradoras.

finReg avisa de que supondrá un gran impacto en el sector por la gran disponibilidad

Aunque será supletoria respecto a la regulación específica del sector financiero, la futura norma incluye una modificación ad hoc del artículo sobre atención al cliente sobre la ley de reforma del sistema financiero de hace 20 años. Y con los amplísimos cambios planteados se abre otra caja de Pandora para el sector.

“El servicio de atención a la clientela, que será gratuito, eficaz, accesible, inclusivo, no discriminatorio y evaluable, se prestará de forma continuada las 24 horas del día todos los días del año. En todo caso, se prohíbe el empleo de contestadores automáticos u otros medios análogos como medio exclusivo de atención a la clientela”, indica el anteproyecto. Es decir, siempre deberá haber una persona al otro lado del hilo telefónico, un estándar que ni mucho menos tienen ahora todas las entidades financieras españolas. Es habitual que en días festivos y durante determinadas horas se restrinja la asistencia a un servicio de reconocimiento de voz, sin posibilidad de contactar con un operador.

El borrador incluye además exigencias en la calidad del servicio. Las entidades deberán asegurarse de que sus departamentos o servicios de atención a la clientela están dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones.

La plantilla recibirá formación para ser efectiva a la hora de atender al cliente

Y el texto propuesto pone el acento en dos puntos de especial interés. “En particular [las entidades] adoptarán las acciones necesarias para que el personal al servicio de dichos departamentos cuente con una formación y capacitación especializada, incluyendo una formación específica previa en atención a personas consumidoras vulnerables y, en especial, a personas con discapacidad o de edad avanzada”. Este párrafo, sin embargo, no se concreta en nada.

Gloria Hernández Aler, socia de la firma de asesoramiento regulatorio finReg, señala que “supondrá un gran impacto para el sector, tanto por la disponibilidad que deben de tener los servicios de atención al cliente, en especial cuando se refieren a las personas de edad avanzada y con discapacidad, como por su formación”. Pero la experta añade que “puede ser aconsejable alguna iniciativa sectorial impulsada por las entidades o asociaciones para concretar estándares o mejores prácticas”.

El procedimiento de reclamación queda detallado hasta límites insospechados, con distingos entre incidencias, consultas y quejas. Su presentación se podrá hacer en papel o por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado lo solicite, a través del mismo medio por el que se inició la relación contractual. El expediente deberá finalizar en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de la solicitud presentada por el cliente ante la entidad.

‘Murallas chinas’

La separación entre el servicio de atención al cliente y el resto de la entidad será total, a modo de lo que se denomina en banca de inversión “murallas chinas”. El primero deberá tomar “de manera autónoma sus decisiones” y evitar conflictos de interés, “permitiendo a la clientela la percepción de este servicio como aquel cuya finalidad sea facilitar información o resolver consultas, quejas, reclamaciones o incidencias”.

Esta separación no será óbice para que el cliente no tenga que rebuscar información ya en poder de la empresa.

UNA AUDITORÍA ANUAL DE UNA FIRMA EXTERNA

  • Evaluación. Una de las obligaciones para los otros servicios considerados esenciales, que se ampliará también a la banca, será la realización de una auditoría anual relativa a la calidad del servicio de atención a la clientela por una entidad externa independiente. Así se comprobará la fiabilidad y precisión de las mediciones publicadas o reportadas a lo largo del año natural correspondiente respecto a la calidad de sus servicios de atención al usuario. Las empresas, también las financieras, deberán hacer pública la documentación descriptiva y su correspondiente auditoría a través de su página web. El sistema de evaluación del nivel de calidad del servicio se deberá actualizar todas las veces que sea necesario para adecuarlo a las condiciones de prestación del servicio y de medición de los parámetros, así como para subsanar las deficiencias expresamente notificadas por la Administración.
  • Administración pública. La futura normativa aplica unos estándares muy elevados a varios sectores. Pero, curiosamente, no al sector público. La atención 24 horas los siete días de la semana sin excepciones se impone a las empresas privadas, pero no a los servicios proporcionados directamente por las diversas administraciones.
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Dos de cada tres trabajadores españoles consideran que deben ampliar su formación para adaptarse al escenario poscovid

elEconomista.es
24/11/2021
  • Un porcentaje superior a la media global (63%), y a países de nuestro entorno como el Reino Unido (59%), Francia, Alemania (ambos con el 51%)
  •  El 64% de los profesionales de nuestro país tiene dificultades a la hora de elegir unas habilidades que desarrollar para mejorar su empleabilidad

Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, ha llevado a cabo un estudio sobre las percepciones que sobre el mercado laboral tienen los trabajadores en esta situación marcada por la pandemia y sus consecuencias. Para ello, ha analizado los datos de la última oleada del estudio Randstad Workmonitor, elaborada a partir de más de 13.500 encuestas a profesionales ocupados de 33 países.

Randstad destaca que el 66% de los trabajadores españoles tiene la necesidad de ampliar su formación para adaptarse a los cambios que ha traído consigo la pandemia. La irrupción del coronavirus supuso la adopción a marchas forzadas de nuevas herramientas y procesos entre los que destaca sin duda, el teletrabajo.

Unas tecnologías para las que dos de cada tres profesionales de nuestro país no se sienten completamente preparados, un porcentaje superior a la media global (63%), y a países de nuestro entorno como el Reino Unido (59%), Francia y Alemania (ambos con el 51%).

Sin embargo, a la hora de decidir qué competencias son las más adecuadas para afrontar los cambios del mercado laboral, en nuestro país surgen muchas dudas. En concreto, el 64% de los trabajadores españoles tiene dificultades a la hora de elegir unas habilidades que desarrollar para mejorar su empleabilidad, por culpa de la gran cantidad de cambios que experimenta el mercado laboral.

Una percepción seis puntos porcentuales por encima de la media global (58%) y por delante de países como el Reino Unido (62%), Italia (60%), Francia (53%), Portugal (52%) y Alemania (48%).

«Esos datos nos indican que los trabajadores cada vez son más conscientes de la importancia que la mejora de las competencias y habilidades tiene para su situación profesional, en especial en momentos difíciles, como el que hemos sufrido con la pandemia. Pero estas variables también nos señalan que, a veces, los profesionales no saben focalizar bien sus esfuerzos en determinados conocimientos, por lo que necesitan cierto asesoramiento», indica Valentín Bote, director de Randstad Research.

No hay duda que contar con determinadas competencias y formación ha resultado fundamental durante la pandemia. Así al menos opina el 98,1% de los profesionales españoles, el mayor porcentaje del mundo, muy por encima de la media internacional, situada en el 95,7%.

De este modo, España se sitúa, en cuanto a percepción por delante de países como Francia (88,5%), Portugal (92,7%), Italia (88,6%), Alemania (90,2%), el Reino Unido (89,1%), China (91,7%) o Estados Unidos (88,8%).

Por otro lado, el 78% de los profesionales españoles encuestados consideran necesario continuar mejorando sus competencias para incrementar su empleabilidad, un porcentaje inferior a la media del estudio (80%) y a países como Portugal (89%) o el Reino Unido, aunque superior a Francia (72%) o Alemania (65%).

Ocho de cada diez españoles quieren más flexibilidad

La pandemia ha tenido un impacto muy severo para las empresas, tanto en su cuenta de resultado como en todo lo relacionado con el ámbito laboral. La tendencia de la flexibilidad se ha visto acelerada con la irrupción del coronavirus, al demandarse más soluciones que permitan conciliar la vida profesional y laboral, como el teletrabajo.

En concreto, el 79% de los trabajadores españoles demandan más medidas de flexibilidad en sus empleos tras la pandemia, un porcentaje superior a la media internacional (76%) y a países de nuestro entorno, como Portugal, el Reino Unido (ambos con 77%), Italia (74%) o Francia (66%).

Se trata de una tendencia que difícilmente va a disminuir, ya que el 67,9% de los profesionales de nuestro país asegura que, en el último año y medio, ha podido modificar sus horarios laborales para conciliar mejor con su vida personal. Un porcentaje bastante inferior a la media del estudio, que se sitúa en el 82,8%.

La flexibilidad se ha convertido en una demanda habitual de los trabajadores a la hora de elegir una empresa donde trabajar. Según este estudio, el salario y los beneficios (57%), las posibilidades de conciliación (43%) y desempeñar su labor en un entorno seguro (40%) son los aspectos más buscados por los profesionales españoles.

De hecho, seis de cada diez trabajadores de nuestro país se encuentran actualmente buscando un nuevo empleo, ya que consideran que el actual no se ajusta a sus competencias o no está adecuadamente remunerado, una tasa ligeramente superior a la media del estudio (54%).

Las conclusiones de este estudio son similares a la última edición del informe Randstad Employer Brand Research, que señala que el 70% de los profesionales de nuestro país considera la retribución económica como el principal motivo a la hora de seleccionar una empresa donde llevar a cabo su carrera profesional, un porcentaje superior a la media europea, que se sitúa en el 67%.

La conciliación entre el entorno laboral y la vida personal se mantiene como el segundo factor más importante, siendo elegido por dos de cada tres profesionales (66%). Disponer de un ambiente de trabajo agradable ha visto aumentar su importancia para los trabajadores en el informe de este año, al ser escogida por el 64% y situarse en la tercera posición.

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Los precios industriales se disparan un 31,9% en octubre por la energía

25 NOV 2021

 Es la mayor subida en 45 años desde que existe la seria histórica

Los precios industriales subieron un 6,1% el pasado mes de octubre en relación al mes anterior, su mayor alza mensual de toda la serie histórica, y se dispararon un 31,9% en tasa interanual, más de ocho puntos por encima de la de septiembre y crecimiento récord en 45 años, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte interanual de octubre, el más elevado desde el inicio de la serie, en enero de 1976, los precios industriales encadenan diez meses consecutivos de aumentos interanuales.

Entre los sectores que impulsaron el repunte de los precios industriales en octubre destaca la energía, que elevó su variación anual 27,1 puntos, hasta el 87,3%, su tasa más alta desde el inicio de la serie, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas y del refino de petróleo.

Los bienes intermedios, por su parte, incrementaron más de dos puntos su tasa interanual, hasta el 19%, por el mayor coste de la fabricación de productos químicos básicos y de la producción de metales preciosos.

Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron en octubre un aumento interanual del 9,7%, nueve décimas más que en septiembre y más de 22 puntos por debajo de la tasa general. Se trata, además, de la tasa más elevada desde enero de 1985.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), los precios industriales subieron un 6,1%, su mayor alza desde el inicio de la serie histórica. Con el aumento de octubre, se encadenan ocho meses de repuntes mensuales consecutivos.

El avance de octubre se debe principalmente al incremento de los precios de la energía en un 14,2%, la más elevada desde diciembre de 1982, debido al mayor coste de la producción de energía eléctrica y del gas y del refino del petróleo, así como a las subidas de los precios de los bienes intermedios en un 2,1% y de los bienes de consumo no duradero en un 0,4%.

La tasa anual del índice de precios industriales aumentó en octubre en todas las comunidades autónomas respecto a septiembre.

Los mayores incrementos se producen en Asturias, Canarias y Baleares, con subidas de 28,2, 27,5 y 26,2 puntos, respectivamente.  Por su parte, Comunidad Valenciana, La Rioja y Cataluña registraron los menores repuntes, con alzas de 3,4, 3,7 y 3,7 puntos, respectivamente.

A cierre de octubre, todas las comunidades presentaban tasas interanuales positivas de precios industriales.

Las regiones donde más han subido los precios industriales desde octubre de 2020 son Asturias (+89,9%), Canarias (+81,4%), Baleares (+77,4%) y Andalucía (+50,4%), mientras que los menores avances corresponden a La Rioja (+12,7%) y Comunidad Valenciana (+16,9%).

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La deuda pública alcanza nuevos récords con 1,43 billones de euros

La Vanguardia | Foro de Marcas Renombradas Españolas
17/11/2021

El Gobierno confía en cerrar el año en el objetivo del 119,5% del PIB, que ahora se incumple

La deuda pública se elevó en septiembre en 12.885 millones de euros, hasta los 1,432 billones de euros. Es un 9,5% más que el año anterior y un nuevo máximo histórico, según las cifras publicadas este miércoles por el Banco de España. En comparación al PIB, ya supone el 122,1%.

El Ministerio de Asuntos Económicos asegura que, a pesar de este nuevo récord y de haber superado el 122% del PIB, la deuda pública cerrará el año en el 119,5% del PIB, el objetivo oficial del Ejecutivo. Argumenta que en el último trimestre se reducirá el ritmo de emisiones y además se producirán dos amortizaciones importantes, una que se ha realizado en octubre por 20.329 millones, y otra adicional en noviembre por 6.254 millones.

Cifras

El monto del Estado se dispara en 15.178 millones en un mes

Una vez más, la deuda del Estado es la más voluminosa, tras elevarse en 15.178 millones en un mes, a 1,24 billones de euros, por el gasto extra por la crisis de la covid. En el caso de las autonomías, su deuda se reduce en 968 millones, por lo que queda en 312.177 millones. Las corporaciones locales mantienen la suya estable, con 61 millones menos, en 22.422 millones de euros.

La Seguridad Social no ve variar significativamente su monto desde junio, cuando dio un salto de 6.500 millones, y registra 91.855 millones de deuda.

En términos generales, respecto al septiembre del año pasado la deuda pública se ha incrementado en 124.097 millones, el 9,5% comentado, por la crisis de la covid-19, que ha recortado los ingresos y ha elevado los gastos para financiar las medidas de apoyo aprobadas.

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El miedo a un improbable gran apagón causa un aluvión de compras de cocinas de gas y linternas: “Es una psicosis total”

Las ventas de estos productos se disparan pese a que los expertos ven un riesgo mínimo de que se produzca una crisis de suministro eléctrico

El consumo espasmódico de comienzos de la pandemia, cuando el papel higiénico era objeto de deseo ante el temor a un desabastecimiento, ha vuelto esta última semana reconvertido en furor por los hornillos de gas que permiten cocinar sin utilizar energía eléctrica, y en general, por cualquier producto que facilite la vida en ese hipotético entorno de oscuridad. Los rumores de un posible apagón, alentados por el fuerte eco que ha tenido en España una frase de la ministra de Defensa austriaca —“La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo”, afirmó—, y por la proliferación de programas televisivos e informaciones donde se presenta esa posibilidad como plausible, ha llevado un aluvión de clientes a las ferreterías en busca de lotes de supervivencia con los que superar esa supuesta crisis venidera, que los expertos consideran como altamente improbable.

En todos los establecimientos, el mensaje es el mismo: las ventas de cocinas y estufas de gas, linternas, pilas y productos similares están disparadas. Francisco Vega, de la ferretería que lleva su apellido en el barrio madrileño de Lavapiés, se ha quedado sin estufas, cocinas y algunos modelos de linterna. “Hemos pedido más, pero espérate que haya porque como el mundo pide…”. En la ferretería Labrador, su dependiente, David Márquez, se expresa en términos parecidos. “Todo lo que me entra se vende en el día”. Cerca, en la ferretería Embajadores, incluso tienen una lista de espera con entre 15 y 20 personas que esperan cocinas y camping gas. “Es por lo que escuchan en televisión, por el miedo que tienen a lo del apagón”, dice José Carlos, uno de los dependientes.

A un paso de la Gran Vía madrileña, a Francisco Grande, de la ferretería Venecia, le vienen a la memoria la fiebre por las palas durante el temporal Filomena y la compra masiva de mascarillas en plena pandemia. “La gente ha venido en oleadas ¡Quiero gas! ¡Quiero gas! ¡Quiero linternas! ¡Quiero pilas! En una situación normal vendería una o dos cocinas portátiles a la semana, ahora son unas cuarenta a razón de entre 30 y 38 euros cada una. Es el boca a boca, las redes sociales y el ruido que hay en la televisión”, afirma. Algunos clientes le dejan caer que en realidad no creen que vaya a pasar nada, pero compran por si acaso. “La conversación suele ser amena, hacemos muchos chistes sobre el tema de estar sin luz”, dice Francisco. La idea de que los interruptores dejen de funcionar próximamente ha calado hasta el punto de ser detectable en nuestro rastro digital. Las búsquedas en Google de términos como “apagón” y “kit de supervivencia” se han multiplicado.

En grandes superficies como Leroy Merlin también se ha notado. “Desde el 25 de octubre ha habido un aumento en la demanda de un 211% en grupos electrógenos y un 230% en linternas. También se ha incrementado mucho la demanda de conjuntos de iluminación aislada como los kits de energía solar, las estufas de parafina o de pellets sin conexión eléctrica y las pilas”, aseguran fuentes de la empresa.

“Es una psicosis total”, dice al teléfono José Manuel Buces, director general de Super Ego, uno de los fabricantes que provee a grandes superficies y tiendas pequeñas. El teléfono de la empresa, que tiene dos plantas en el País Vasco, echa humo. “La demanda de gas de la última semana es la que suele ser en tres o cuatro meses”, explica. Tras varias reuniones de crisis para pensar cómo afrontar el súbito aumento de la demanda, han tomado la decisión de no aceptar clientes nuevos y poner límites a los que ya les compran. “Si no en un mes nos quedamos sin inventario, preferimos proteger a nuestros clientes habituales”. Entre las numerosas peticiones una les llamó la atención: un bazar chino de Madrid les hizo un pedido de 10.000 botellas de gas, que rechazaron.

En los establecimientos consultados en Barcelona, la estampa es similar. Agotadas las existencias de linternas grandes, camping gas y fogones. Las estanterías y soportes que ocupaban se han ido vaciando a medida que avanzaba la semana. “¿Os quedan camping gas?”, preguntaba en la mañana de este viernes una señora en la ferretería J. Valls del paseo de Sant Joan de Barcelona. La respuesta negativa no le ha sorprendido demasiado: “Ya me he recorrido todos los comercios del barrio y no encuentro”. Lo mismo ha pasado con las pilas grandes “y las linternas de mesa, y los cartuchos de gas y los fogones. La gente está un poco histérica con que si viene un apagón y nos quedaremos sin energía…”, dice con cara de incredulidad el encargado, que añade que han pedido más suministro, pero parece que se han agotado “en todas las partes”.

Los expertos, sin embargo, ven altamente improbable que pueda darse un gran apagón. Así lo cree Francisco Valverde, de la consultora Menta Energía. “España no es Austria. Austria no tiene puertos, o sea entrada de metaneros. Depende exclusivamente de lo que le llegue de Rusia. España tiene gasoducto directo con Argelia, es el país europeo con mayor infraestructura de regasificadoras, y tenemos las reservas a un nivel aceptable. A algunos medios les gusta provocar alarma y pánico”, lamenta.

Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica en la Generalitat valenciana fue uno de los primeros en salir a rebatir la tesis del gran apagón a través de redes sociales, donde insistió en que la capacidad de generación de España es muy superior a la demanda. Y si por alguna razón no fuera así, “se pararía antes la industria que a los consumidores domésticos”. Fresco explica, además, que España tiene un sistema de importación de gas muy diversificado, y reservas para al menos tres semanas de consumo. “No nos dejemos llevar por las teorías de la conspiración que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Muchas televisiones y medios están dando pábulo a esto de forma incomprensible”, apunta.

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