La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo el lunes que se está abordando una «verdadera revolución en el mercado laboral español; una gran enmienda colectiva a lo que se ha hecho, a unas prácticas que no han sido correctas». Y la espina dorsal de esta «revolución» es terminar con la temporalidad, por lo que el contrato indefinido será la regla y el temporal la excepción que no se justificará en actividades con fuerte estacionalidad, como el turismo y la agricultura.
Díaz matizó que «estacionalidad no implica precariedad» e insistió en que se potenciará la figura del fijo-discontinuo. Fuentes conocedoras de la negociación de la reforma laboral aclaran que la intención del Gobierno es establecer un listado de causas justificadas, mucho menos ambiguas que las actuales, que permitirán que un contrato sea temporal. Como ejemplos, la interinidad por sustituciones o hacer frente a nuevos pedidos.
Un mal «endémico»
Estas mismas fuentes señalan que existe más consenso de lo que podría parecer. La ministra, que convocó ayer a los medios de comunicación para analizar las reformas que está abordando su Ministerio en el entorno del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, declaró que tanto los empresarios como los sindicatos saben que éste es un mal endémico, aunque prefirió no desvelar los detalles sobre los que se está trabajando.
Las fuentes conocedoras de la propuesta del Ministerio de Trabajo apuntan que hay un incumplimiento sistemático de la ley a la hora de ajustarse a las condiciones de los contratos temporales. Aunque se debe en parte a una cultura empresarial muy extendida.
Díaz insistió también en la necesidad de cambiar esta cultura. Como ejemplo, se refirió al uso de los contratos de muy corta duración, de lunes a viernes, que están penalizados con un aumento del 40% en las cotizaciones. Sin embargo, la ministra reconoció que, a pesar del recargo que sufre este tipo de contratos, se utilizan aunque aparentemente no sean rentables económicamente. Por tanto, la ministra incidió en que «hay que hacer cosas inteligentes» y que no se trata sólo de abordar el cambio de estas prácticas, de esta cultura, desde una perspectiva punitiva.
En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que la transición de un empleo temporal hacia otro eminentemente indefinido, se basará en tres patas: por un lado, la delimitación, sin ambigüedades, de las causas que justificarán la temporalidad por necesidades productivas y organizativas reales; los fijos-discontinuos para las actividades con mayor estacionalidad y la tercera, unas sanciones más eficaces. Lo que no implica que sean necesariamente más duras.
La pretensión es empujar el contrato de fijo-discontinuo para las actividades estacionales
A eso se refiere la ministra Díaz cuando apunta que es preciso hacer cosas más inteligentes. Para lo cual se deberá acordar con los agentes sociales mecanismos no sólo disuasivos, sino también compensatorios , que se ajusten a la realidad y se muestren eficaces para ir sustituyendo la cultura de la temporalidad. Aunque estas fuentes inciden en que mientras menos indefinición haya en las causas, más eficaces serán las sanciones.
Los plazos no se discuten
Respecto a los plazos, la vicepresidenta tercera fue ayer rotunda: «En derecho, los plazos no se discuten, están para ser cumplidos». Con esta frase aclaró que su Ministerio aprobará las diez medidas de ámbito laboral comprometidas con la Comisión Europea (CE) antes de que finalice el año. No obstante, la ministra consideró que las medidas se aprobarán con acuerdo y remarcó que los agentes sociales llevan mucho tiempo trabajando con el Gobierno en estas reformas y «hemos avanzado mucho». Por otro lado, alabó la responsabilidad demostrada por los empresarios y sindicatos durante estos meses de pandemia y recordó que el diálogo social funciona, porque es «eficaz».
Díaz terminó su presentación con un declaración política tras la dimisión de Pablo Iglesias como secretario general de Podemos y su ascenso a vicepresidenta: «El presidente [en referencia a Sánchez] y yo estamos más unidos que nunca y la legislatura empieza ahora y se va a culminar», insistió.
Respecto al contenido de las reformas anunciadas a la CE, la responsable de Empleo reconoció que eran ya conocidas y que los detalles no los podía desvelar por estar en pleno proceso de negociación con los agentes sociales. Sin embargo, adelantó algunas pinceladas más allá de la temporalidad.
El nuevo Erte no se financiará mediante un recargo de las cotizaciones, sino con los excedentes
Sobre el futuro Erte -que el Gobierno quiere convertir en un mecanismo de flexibilidad que permita a las empresas afrontar crisis internas sin acudir al despido como primera opción-, la ministra apuntó que el mecanismo de compensación que financie estos expedientes temporales de regulación de empleo de nuevo cuño no está cuantificado y queda pendiente de la negociación.
Sin embargo, fuentes cercanas al diálogo social han matizado que en ningún caso supondrá un incremento de las actuales cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social. La idea que se ha trasladado a Bruselas es que los Ertes se financiarán con un fondo que se genere con los excedentes de las cuotas al desempleo generados los años de bonanza. En marzo de 2020, ese excedente rondó los 16.000 millones de euros.
Un único subsidio asistencial
Trabajo y Economía quiere simplificar y mejorar el nivel asistencial de protección por desempleo y reducir los seis subsidios existentes actualmente en uno, que entrará en vigor a partir de 2022 y que tendrá una cuantía del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). El plan se recoge en la reforma 10 del componente 23 del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.
Estos diversos subsidios asistenciales se cobran cuando los trabajadores en paro han agotado sus prestaciones contributivas (derivadas de las cotizaciones que haya hecho) y carecen de cualquier ingreso. La naturaleza del nuevo subsidio será el de una prestación por desempleo, complementaria del nivel contributivo, vinculada a cotizaciones previas y financiada con cargo al presupuesto de las prestaciones por desempleo y cuya gestión estará atribuida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Instituto Social de la Marina (ISM).
