Economía e Iniciativa Emprendedora

La economía española ha sufrido hasta la fecha el mayor golpe del área euro durante la crisis del covid-19. Del mismo modo, en 2021 España podría ser de las mayores beneficiadas si se produce la pronta llegada de una vacuna eficaz y masiva. El ahorro acumulado por los europeos durante meses podría gastarse, en parte, en los sectores que han hecho a la economía nacional más vulnerable a esta crisis.

Aunque todavía es temprano para lanzar las campanas al vuelo, la vacuna de Pfizer y BioNTech presenta una efectividad que supera las expectativas, lo que podría arrojar mayor certidumbre sanitaria y económica una vez que la vacuna esté en funcionamiento de forma amplia. La vuelta la ‘normalidad’ (o lo que quede de ella), junto a los estímulos económicos, elevarán la confianza de un consumidor que lleva meses ahorrando por precaución y por obligación. Este exceso de ahorro puede convertirse en un aliado en 2021 desatando la demanda embalsada durante meses.

Teniendo presente que el cuarto trimestre de este año (y probablemente el primero de 2021) está ‘perdido’ en términos económicos, hay que mirar a mediados de 2021, cuando la montaña de ahorro generada desde en los últimos trimestres en Europa puede convertirse en una gran aliada de la recuperación económica. Los sectores que se están viendo más afectados por la pandemia (hostelería, viajes, otros servicios que requieren del contacto social…) podrían comenzar a ver la luz al final del túnel si las expectativas que han generado los datos revelados por Pfizer se confirman. También la vacuna en la que trabaja Moderna podría revelar en unos días una efectividad similar. La firma se dispara en bolsa ante las expectativas.

«Las perspectivas de la economía española mejorarían drásticamente si tuviéramos la certeza de la llegada de una vacuna (y su administración masiva) en un plazo razonable, por ejemplo a partir de mediados de 2021», asegura Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas en declaraciones a elEconomista.

España sería uno de los países más beneficiados por el desarrollo de una vacuna

Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics en declaraciones a elEconomista, sostiene que «es obvio que España es uno de los países que se vería más beneficiado por el desarrollo de una vacuna, pero tenemos que ser prudentes en cuanto al impacto económico a corto plazo dado que aún tardaremos muchos meses en ver una vacuna producida y distribuida globalmente, que es lo necesario para poder eliminar las restricciones. Las perspectiva para este trimestre siguen siendo muy negativas».

Gran parte de los escenarios que manejan los expertos incluían la llegada de una vacuna, por lo que en parte su impacto sobre la economía está descontado. Sin embargo, no se contaba con una efectividad tan elevada ni con la rapidez con la que podría estar en el mercado, siempre según cálculos de sus creadores. Talavera destaca que esto es fundamental para España, «el nivel de efectividad y el hecho de que quizás pueda estar producida algo antes de lo previsto puede hacer que el crecimiento del año que viene sea mayor al esperado, especialmente si llegara a tiempo para la Semana Santa, que en el caso español es clave».

La certidumbre es clave para que las familias y las empresas dejen de postergar sus decisiones de consumo e inversión. El covid-19 ha generado niveles de incertidumbre históricamente elevados, con cambios constantes en todos los ámbitos. «En primer lugar, esa noticia (una vacuna eficaz y masiva) despejaría el horizonte plagado de incertidumbres para las familias y las empresas. El resultado sería más consumo, gracias a la reducción del actual sobre-ahorro, y más inversión. Pero para que este shock de confianza se produzca, hace falta convencer el conjunto de la ciudadanía de la disponibilidad de la vacuna. Una batalla que no tenemos ganada, porque todavía no sabemos con total precisión cuándo estará disponible, cómo se distribuirá, qué porcentaje de la población la aceptará y en qué momento», apunta Torres.

Una ‘montaña’ de ahorro

Las familias europeas y entre ellas las españolas han disparado su ahorro (la parte de la renta después de impuestos que no se consume) en los últimos trimestres por miedo al futuro y por la imposibilidad de gastar en ciertos sectores (viajes, restaurantes durante el confinamiento…). Según los datos de Eurostat, los hogares españoles pasaron de presentar una tasa de ahorro del 6,2% en el cuarto trimestre de 2019 (antes del covid) al 10,2% en el primero de 2020 y a superar el 22% en el segundo trimestre, niveles históricamente elevados.

Este fuerte aumento del ahorro (caída del consumo e inversión) ha intensificado el desplome de la actividad económica durante el año. Sin embargo, todo ese ahorro puede convertirse en un aliado durante la recuperación económica, siempre y cuando acompañe la certidumbre, algo que todavía esta por ver. Los economistas de JP Morgan creen que este es un fenómeno generalizado en la economía europea. «El aumento del ahorro privado puede apoyar la recuperación económica si este ahorro se moviliza», destacan en una nota lo expertos del banco estadounidense.

«La vacuna atenuará la sensación de cuasi total incertidumbre y el miedo a perder el empleo. Esto sin duda reducirá gradualmente el ahorro precautorio para incrementar el consumo. Una parte de los excedentes, sin embargo, se invertirán en compra de vivienda. Cuánto de esos excedentes se convierten en consumo, y cuánto en inversión residencial es una de las grandes incógnitas, que influirá en la intensidad de la recuperación en los próximos años», añade Raymond Torres.

Miguel Cardoso, economista de BBVA Research, cree que los sectores más afectados por la pandemia, obviamente, serán los que reciban un mayor balón de oxígeno ante la llegada de una vacuna eficaz: «Aunque es posible que algunos cambios en el comportamiento de las personas perduren (aumento de consumo de bienes y servicios en casa), lo más probable es que una buena parte del ahorro acumulado se utilice en las actividades principalmente afectadas durante la crisis (viajes, ocio, hostelería). Esto, en la medida en que se reduzca la incertidumbre sobre la posibilidad de contagio». Una vacuna podría allanar el camino para que el turista extranjero regrese a España.

Desde que la pandemia comenzó a lastrar la actividad económica, la incertidumbre se ha convertido en la palabra de moda en los círculos económicos y políticos. Cuando la incertidumbre luce, la economía se apaga. Ahora, los nuevos datos de la vacuna de Pfizer y BioNTech han encendido una pequeña luz que todavía se ve al final de un largo túnel, pero que al menos podría servir para empezar a empequeñecer el dominio de la incertidumbre.

«Bajo el supuesto de todo lo anterior (la vacuna funciona y llega en la primera parte de 2021), el crecimiento podría acelerarse a partir del tercer trimestre de 2021. No disponemos todavía de estimaciones cuantitativas (estamos en ello)», sentencia Raymond Torres.

El salario medio en España subió a 1.982,3 euros brutos al mes en 2019, tras subir un 1,9% respecto a 2018 y las mujeres cobran de media 400 euros menos que los hombres

El 40% de los trabajadores españoles (unos 6,6 millones de personas) ganó entre 1.324,2 y 2.221,2 euros brutos al mes en 2019. Concretando esta horquilla, el salario medio mensual en España en términos brutos se situó en 1.982,3 euros al mes el pasado año, tras incrementarse un 1,9% respecto a 2018. Así lo indica el análisis de los deciles salariales que hace el Instituto Nacional de Estadística a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Este salario medio bruto es el más alto desde que comenzó la serie en 2006. Además, se trata del tercer año consecutivo de subidas de esta retribución media, después de que en 2016 descendiera por primera vez en diez años.

Según este estudio hay otro 30% de residentes en España (casi 5 millones) que ganó más 2.221,2 euros brutos al mes y el 30% restante (otros casi 5 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.324,2 euros al mes. De esto último se desprende que, una vez aplicadas las correspondientes retenciones, un tercio de los trabajadores se situaría, en el mejor de los casos, en la categoría de mileurista.

Para realizar este análisis salarial el INE ordena a todos los asalariados (16,6 millones) según la cuantía de su y los divide después en 10 grupos iguales, es decir, con el 10% de los trabajadores en cada grupo. A partir de ahí, el primer decil salarial corresponde al primer grupo de trabajadores, o sea, al 10% con menores salarios; el segundo, al 10% siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al décimo decil,correspondiente al 10% de trabajadores con mayores ingresos. Cada decil viene definido por su media (salario medio del grupo) y por los salarios inferior y superior que lo delimitan.

Con este mecanismo esta estadística obtiene también el salario mediano, que es el resultante de dividir al total de trabajadores en dos partes iguales: los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, resultando dicha retribución mediana en 1.684,3 euros al mes, un 2,5% más que en 2018.

Segúnel INE, el salario medio de las mujeres en 2019 fue de 1.773,3 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.173,6 euros. Si bien, los hombres tuvieron una mayor concentración relativa en salarios altos que las mujeres. Así, el 33,8% de los hombres ingresaron 2.221,2 euros o más en 2019, frente al 25,8% de las mujeres.

En los salarios bajos ocurrió al contrario. El 40,5% de las mujeres tuvo un salario inferior a 1.324,2 euros, frente al 20,3% de los hombres.

En este punto, los autores de este estudio indican que al analizar esta diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres «dichos salarios pueden estar determinados por otras variables subyacentes, como la antigüedad en el empleo, el tipo de jornada, el nivel de formación, etc., que no están distribuidos de igual manera en cada colectivo analizado».

También precisaron que «una de las razones principales de estas desigualdades en salario medio y distribución salarial entre hombres y mujeres es que ellas trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los hombres».

De hecho, cuatro de cada diez asalariados con contrato temporal ganaron menos de 1.324,2 euros en 2019, frente al 24,1% de los indefinidos que estuvieron por debajo de esta retribución. Igualmente, cuatro de cada diez mujeres recibieron un sueldo menor a esos1.324,2 euros brutos mensuales, el doble que los hombres (dos de cada diez).

Este impacto de los bajos salarios se da también entre los jóvenes menores de 25 años, ya que el 64,5% de ellos está en esta franja baja salarial (menos de 1.324 euros mensuales) mientras que en el caso de los mayores de 55 años, el porcentaje de trabajadores en este segmento retributivo se cae al 23,3%.

El Consejo de Ministros aprueba los reglamentos que fijan las normas de las auditorías salariales, los planes de igualdad y su registro

Las empresas tendrán seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias para los planes de igualdad y los registros y auditorías salariales. El plazo se fija en los dos reglamentos que ha aprobado el Consejo de Ministros y desarrolla un decreto ley de marzo de 2019 que fijaba las nuevas obligaciones para las empresas. El primero de los textos es el que establece las normas de contenidos y transparencia en los registros salariales. En el segundo se fijan las materias mínimas que deben recoger los planes de igualdad y los mecanismos de negociación a seguir. Ambos fueron negociados con sindicatos y empresarios, aunque finalmente solo los primeros llegaron a un acuerdo con los ministerios de Trabajo e Igualdad.

El objetivo de la norma es reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral. “El momento es ahora”, ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacando después que la crisis se está cebando más con colectivos desfavorecidos del mercado laboral, como mujeres y jóvenes, y que esto es una forma de combatirlo. “Hay que corregir este déficit ahora”, ha proseguido, en referencia a la brecha salarial, que en España está en torno al 22% si se mide de forma bruta y en el 13% si se depuran efectos estadísticos.

Uno de los objetivos del reglamento de igualdad retributiva es fijar mecanismos para avanzar en uno de los principios que establece el Estatuto de los Trabajadores para evitar la discriminación salarial: a un trabajo de igual valor, la misma retribución. Para ello, se apuesta por la transparencia en la información. Así deja claro que las empresas deben tener un registro en el que se detalle por sexos la media aritmética y la mediana en cada categoría laboral, grupos profesionales o puestos. “A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción”, añade el borrador que se pactó con los sindicatos.

“Cuando hablamos de desigualdad retributiva, solemos pensar en el salario base. Lo son sobre todo los complementos retributivos”, ha justificado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El registro salarial deberá estar a disposición de los trabajadores, que tendrán acceso a ella a través de su representación legal en las empresas donde exista. En las que no exista esta representación “la información que se facilitará por parte de la empresa no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que constan en el registro, sino que la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres”.

Según ha explicado la ministra Díaz, el objetivo es que la transparencia permita aflorar “desigualdad” para perseguirla y ha puesto el ejemplo de las pocas denuncias que hay por esta materia ante la Inspección de Trabajo. “Es clave tener los datos de la cadena retributiva, porque es ahí donde se perciben las diferencias”, ha justificado.

El otro reglamento es el que desarrolla los planes de igualdad y sus contenidos. Estos planes ya existen desde que se aprobó la de Igualdad en 2007. Sin embargo, Montero ha explicado que “se habían quedado en una especie de declaración de intenciones”. La norma de 2019 que desarrolla estos dos decretos ya reducía el tamaño de las empresas obligadas a tener uno, lo rebaja de 250 empleados o más, a 50. Aunque este umbral está bajando progresivamente y no se alcanzará ese mínimo hasta 2022.

Estos planes deben negociarse con los representantes de los trabajadores o, en su ausencia, con los sindicatos más representativos del sector. Este fue el motivo por el que CEOE y Cepyme rechazaron avalar el pacto con el argumento de que suponía una reforma laboral encubierta. Criticaban que en las empresas sin representación sindical se habilitara a los sindicatos más representativos del sector a negociar los planes de igualdad. Este argumento fue desautorizado por el Consejo de Estado en el informe emitido en septiembre en el que decía expresamente no compartir la posición de las organizaciones empresariales.

El Gobierno remite al Congreso el anteproyecto de ley de una norma que eleva el control sobre las criptomonedas, prohíbe las amnistías fiscales y amplía la lista de morosos

El Gobierno volvió a impulsar este martes el anteproyecto de ley de medidas antifraude fiscal que ya trató de aprobar hace un año pero que decayó cuando el fracaso de las cuentas de 2019 derivó en la convocatoria anticipada de elecciones. La norma busca endurecer el control tributario de las criptodivisas, la contabilidad B de las empresas, prohibir las amnistías fiscales o ampliar la lista de grandes morosos con el fisco y de paraísos fiscales para elevar la recaudación anual en 828 millones a partir de 2021.

“La lucha contra el fraude fiscal es una absoluta prioridad. No puede haber justicia social sin justicia fiscal, si algunos pretenden incumplir las obligaciones que tiene el resto”, subrayó la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros que ha aprobado el proyecto de ley y lo remitió al Congreso de los Diputados. Montero abogó por ahondar en una política de “tolerancia cero contra cualquier práctica fraudulenta, más todavía en un momento de crisis como el actual en el que incumplir las obligaciones fiscales supone restar recursos al Estado del bienestar”.

El proyecto incluye una amplia batería de medidas que incluye, por ejemplo, la reducción de 2.500 a 1.000 euros en el límite del pago en efectivo que se realice entre profesionales (aunque se mantiene en 2.500 entre particulares), o la rebaja de 15.000 a 10.000 euros en los pagos en metálico para quienes no tengan domicilio fiscal en España.

A su vez, la nueva normativa pone el foco en las criptomonedas, exigiendo información sobre sus saldos, titulares y custodios, así como sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptodivisas. Esta obligatoriedad afectará a aquellas operaciones que se realicen en el fuera de las fronteras españolas, que deberán incluirse en el polémico modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el extranjero, actualmente pendiente del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE el carácter imprescriptible de sus elevadas multas.Otra importante novedad de la ley es la prohibición de las amnistías fiscales, impidiendo cualquier mecanismo extraordinario de regularización tributario, como el puesto en marcha por el Gobierno del PP en 2012. “A partir de ahora los ciudadanos saben que el Estado no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal”, dijo Montero.

A su vez, el Gobierno busca ampliar la presión pública sobre los grandes deudores con el fisco rebajando de un millón a 600.000 euros el umbral de deuda a partir del cual pasará a figurarse en el listado anual de morosos, en el que quedarán incluidos expresamente los responsables solidarios.

En paralelo, el Ejecutivo pretende ampliar el concepto de paraíso fiscal, que pasarán a denominarse “jurisdicciones no cooperativas”, incluyendo a territorios que no faciliten datos de la existencia de sociedades extraterritoriales sin actividad económica real para atraer beneficios, los que no ofrezcan la debida transparencia, se nieguen a intercambiar información de los titulares de bienes o derechos, apliquen una baja o nula tributación en general o determinados beneficios a los no residentes.

La regulación en ciernes también restringe llamado software de doble uso, aquel que las compañías utilizan para llevar una contabilidad B en paralelo con ingresos no declarados. Habrá sanciones para quienes lo fabriquen o lo posean sin certificación.

El texto también incorpora medidas contra la elusión fiscal y fija un valor de referencia para Patrimonio, AJD y Sucesiones, ante la litigiosidad que ha desatado el sistema anterior.

Montero recordó que las medidas antifraude permitieron elevar la recaudación en unos 15.700 millones en 2019, un 4% más que en 2018, con especial foco en los grandes patrimonios, donde se recaudaron 608 millones más, un 75% adicional al obtenido el año anterior.

Ambos han sido reconocidos por las «mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas»

Los economistas estadounidenses Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson han ganado el Premio Nobel de Economía 2020, según ha informado hoy la academia sueca que otorga el premio. Ambos han sido reconocidos por las «mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas», ha indicado el Secretario General Göran Hansson de la Real Academia Sueca de Ciencias Göran Hansson

Estos economistas también han usado sus conocimientos para diseñar nuevos formatos de subasta para bienes y servicios que son difíciles de vender de forma tradicional, como las frecuencias de radio. «Sus descubrimientos han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo», ha explicado el comité de premios en un comunicado. Ambos economistas cuentan además con el galardón Premios Frontera del Conocimiento de BBVA. Milgromm obtuvo el reconocimiento en 2013 y Wilson en la edición de 2016.

Paul R. Milgrom, nacido en Detroit (EE UU) en 1948, Doctorado en 1979 por la Universidad de Stanford (EE UU) es el titular de la cátedra Shirley y Leonard Ely de Humanidades y Ciencias en la Universidad de Stanford, cargo que ocupa desde 1987 y Robert B. Wilson (Geneva, EE UU) nació en 1937, se doctoró en 1963 por la Universidad de Harvard, Cambridge y es actualmente Profesor emérito de Administración de la Universidad de Stanford, EE UU.

Según explica la academia sueca, la gente siempre ha vendido cosas al mejor postor, o las ha comprado a quien hace la oferta más barata. Hoy en día, los objetos de valor astronómico cambian de manos cada día en las subastas, no sólo los objetos domésticos, el arte y las antigüedades, sino también los valores, los minerales y la energía. Las compras públicas también pueden realizarse en subastas.

Por ello, utilizando la teoría de las subastas, los investigadores intentan comprender los resultados de las diferentes reglas de licitación y los precios finales así como el formato de la subasta. «El análisis es difícil, porque los licitadores se comportan estratégicamente, basándose en la información disponible. Y tienen en cuenta tanto lo que ellos mismos saben como lo que creen que saben los demás licitadores», precisan los académicos que han condedido este galardón.

Concretamente, Robert Wilson ha desarrollado la teoría para subastas de objetos con un valor común, un valor que es incierto de antemano pero que, al final, es el mismo para todos. Los ejemplos incluyen el valor futuro de las radiofrecuencias o el volumen de minerales en un área particular. Este economista mostró por qué quienes ofrecen los artículos para ser subastados tienden a colocar las ofertas por debajo de su mejor estimación del valor común: están preocupados por la maldición del ganador, es decir, por pagar demasiado y perder, asegura el comité de académicos.

Paul Milgrom, por su parte, formuló una teoría más general de las subastas que no sólo permite valores comunes, sino también valores privados que varían de un oferente a otro. Analizó las estrategias de licitación en varios formatos de subasta muy conocidos, demostrando que un formato dará al vendedor mayores ingresos previstos cuando los licitadores conozcan más los valores estimados de cada uno durante la licitación.

«Los laureados de este año en Ciencias Económicas comenzaron con la teoría fundamental y luego utilizaron sus resultados en aplicaciones prácticas, que se han extendido a nivel mundial. Sus descubrimientos son de gran beneficio para la sociedad», dice Peter Fredriksson, presidente del Comité del Premio.

De hecho, en 1994, las autoridades de los Estados Unidos utilizaron por primera vez uno de sus formatos de subasta para vender radiofrecuencias a los operadores de telecomunicaciones. Desde entonces, muchos otros países han seguido el ejemplo.

Esta fue la respuesta de Wilson y Milgrom al hecho de que las sociedades fueran incorporando cada vez cuestiones más complicadas que subastar como las franjas horarias de aterrizaje o las citadas las frecuencias de radio. Por este motivo ambos economistas han dedicado gran parte de sus investigaciones a inventar «nuevos formatos para subastar muchos objetos interrelacionados simultáneamente, en nombre de un vendedor motivado por un amplio beneficio social en lugar de un ingreso máximo», resaltan desde la Academia de los Nobel.

El premio Nobel a las Ciencias Económicas es el último en adjudicarse y será entregado a los premiados en una ceremonia que se celebrará el 10 de diciembre, fecha en la que murió Alfred Nobel, inventor de estos galardones.