Economía e Iniciativa Emprendedora

07/01/2018

Deben tener ya en cuenta la Directiva de información no financiera e incluir sus políticas sociales, ambientales, laborales y sobre corrupción y soborno.

La comunicación de las empresas en materia de gobierno, ambiental y social abre un nuevo capítulo en 2018 como consecuencia de los cambios legislativos dirigidos a que las compañías amplíen la transparencia que ofrecen a los mercados y a sus grupos de interés. En esta ocasión, algunos de estos cambios normativos son de obligado cumplimiento en Europa, por lo que las sociedades españolas también tendrán que adaptar su información a los nuevos parámetros.

La principal novedad llegó con la entrada en vigor, en noviembre, del Real Decreto-Ley que traspone la Directiva europea de información no financiera y diversidad, que ha llevado a realizar cambios en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría. La norma pretende identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, consumidores y la sociedad a través de la ampliación de información extrafinanciera por parte de las compañías, sobre todo, de factores ambientales y sociales, así como de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción.

En cumplimiento de esta Directiva las empresas que superen los 500 trabajadores (o durante dos ejercicios, tengan más de 250 empleados de media), su cifra de negocio anual sobrepase los 40 millones de euros o las partidas del activo estén por encima de los 20 millones de euros, así como aquellas compañías cuya matriz tenga sede en un país comunitario tendrán que elaborar un informe especial (separado o integrado en su memoria anual).

Requisitos

Este informe deberá incorporar las políticas de resultados y riesgos vinculados a cuestiones ambientales, sociales, relacionadas con la plantilla, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno y sobre detalles de su cadena de suministro y procedencia de los minerales de zonas afectadas por conflicto. La Comisión Europea estimó en su momento que 6.000 compañías (unas 600 de ellas en España) tendrían que cumplir estos requisitos.

La información sobre medio ambiente recogerá los efectos actuales y previsibles de su impacto, el uso de energía renovable y/o no renovable y de agua, y las emisiones contaminantes. La relativa a cuestiones sociales y del personal, recogerá las medidas para garantizar la igualdad de género, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el trabajo y las relaciones con las comunidades locales. En materia de la lucha contra la corrupción y el soborno, la información sobre los procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.

En el caso de la diversidad, el informe describirá las medidas aplicadas (formación y experiencia profesional, edad, discapacidad y género), objetivos y resultados para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita tener una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Auditoría

Las novedades de 2018 también llegan a los informes de auditoría. El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría (Iaasb), el organismo que emite las pautas en este campo, desarrolló una nueva norma para dotar de mayor transparencia la labor de los auditores y los informes que formulan y acompañan a las cuentas anuales. Entre los cambios, los auditores deben destacar los aspectos clave en los que se han fijado durante la realización de su informe y la descripción de los riesgos considerados más significativos y las respuestas del auditor a esos riesgos. El informe aportará, igualmente, mayor transparencia sobre las responsabilidades del auditor y su deber de independencia y describirá con más detalle las obligaciones de la dirección y del gobierno de las empresas en relación a los estados financieros auditados.

Trasposición

Los estados miembros de la UE tienen, además, de plazo hasta junio de 2019 para trasponer la Directiva para el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, aprobada este año por el Parlamento y el Consejo Europeo. La norma incorpora requisitos para identificar a los accionistas y facilitarles el ejercicio de sus derechos, sobre la transmisión de información y sobre la transparencia de los inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto, así como sobre las operaciones con partes vinculadas. Pero pone especial énfasis en la remuneración de los administradores.

La Directiva no sólo recoge el derecho de los accionistas a votar la política de remuneración de los directivos, sino también la información que las empresas deben facilitar en los informes de retribuciones. Esto obligará a un mayor nivel de detalle por parte de las sociedades, que, en el caso de España, está aun a distancia de lo que es habitual en países como Estados Unidos y Reino Unido, a juicio de la CNMV.

De hecho, el presidente del regulador de los mercados, Sebastián Albella, ya destacó recientemente cómo la Directiva «obliga» a incluir información en esa memoria sobre la variación anual, durante los últimos cinco años, de la retribución de los consejeros comparándola con la variación anual de la remuneración media de los trabajadores de la compañía, una obligación que recoge la norma en uno de los apartados de su artículo 9.

CincoDías   5 ENE 2018

Dos nuevas señales de incertidumbre se han encendido en la economía española. El número de concursos de acreedores ha aumentado un 2,2% interanual en 2017 hasta los 4.221, rompiendo una racha bajista de tres años consecutivos, según datos de la agencia de rating Axesor. Este aumento se debe a la presión sobre dos sectores: el comercio y la industria manufacturera. La actividad emprendedora, que se saldó con 94.943 nuevas empresas, también sufrió un marcado descenso interanual de un 7,5%; es la primera vez que cae desde 2009.

El impacto de los sectores comercial y manufacturero explica el aumento global en la cantidad de concursos. El comercio cierra el año con 970 nuevas insolvencias judiciales, un 11,8% más que el año anterior. La industria manufacturera lo hace con 595 quiebras, un 6,4% más que en 2017.

Como contrapeso, el informe resalta la mejora de dos sectores que han servido para moderar las cifras. La construcción, con 809 concursos, un 12,8% menos que en 2016; y las empresas inmobiliarias, con 218, un descenso interanual del 9,9%.

Para valorar estos datos, es indispensable tener en cuenta el crecimiento de la economía española. En 2017, el PIB creció en torno al 3,1%, según el Banco de España. Y a mayor actividad económica, mayor cantidad de empresas. Lo que puede traducirse también en un aumento de las quiebras propio del dinamismo de la economía.

Pero el estudio arroja otra concusión relevante. Solo un 3,16% de los concursos se saldaron en 2017 con un acuerdo entre las empresas y sus acreedores. Esto quiere decir que, en la amplia mayoría de los casos, las firmas que llegan a esta situación no consiguen mantener viva la compañía.

Al analizar los datos por región, el estudio revela que Cataluña fue la comunidad autónoma con más concursos de acreedores en 2017, con 870 incidencias, un aumento interanual del 2,5%. En Madrid, la cifra fue menor, pero con un crecimiento preocupante: se registraron 757 insolvencias judiciales, un 10,3% más que el año anterior.

La creación de empresas pierde impulso

En cuanto a la actividad emprendedora, los datos de Axesor muestran un retroceso pronunciado del 7,5% interanual, con 94.943 nuevas empresas creadas en España durante 2017. El comercio, con 20.628 altas, y la construcción, con 12.647, son responsables del 35% de la creación de empresas; sin embargo, estos sectores sufrieron importantes retrocesos del 11,5% y el 7,2% respectivamente, que explican la caída de la actividad a nivel nacional.

Como consecuencia de esta situación, el capital empleado para la constitución de empresas también se ha visto comprometido. En 2017, sufrió un descenso interanual del 17% y se ubicó en 5.215 millones de euros.

Una parte significativa del deterioro en la constitución de empresas se debe a la crisis en Cataluña, donde el número de sociedades creadas durante el año pasado fue de 18.822, un 15,3% menos que en 2016. En Madrid, con 20.458 nuevas sociedades, se registró un aumento interanual del 1,8%.

CincoDías  22 DIC 2017

El aviso de la Comisión Europea (CE) al Gobierno por incumplir ciertos puntos de la directiva de blanqueo de capitales ha tenido su respuesta. El Ejecutivo va a endurecer la vigilancia que se realiza a las personas españolas con responsabilidad pública (incluidos sus allegados) para prevenir el blanqueo de capitales, para equipararlos al control a los que se somete a estos cargos políticos extranjeros, de forma que todas estas personas pasarán a considerarse como de alto riesgo.

Además, va a incrementar las sanciones máximas que se pueden imponer a los bancos y profesionales que están obligados a informar a las autoridades en caso de encontrar indicios de actividades delictivas en sus clientes. Así, consta en el anteproyecto de ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que ha sometido a consulta pública Economía.

Con la nueva norma, que es una transposición parcial de la directiva europea sobre el mismo tema, se unificará el criterio para extranjeros y nacionales con responsabilidad pública, de forma que todas estas personas pasarán a considerarse como de alto riesgo.

El anteproyecto de ley corrige así los puntos que reclamaba la CE en una carta de emplazamiento al Gobierno alertando sobre el incumplimiento del Estado en materia de blanqueo de capitales. Se trataba de seis medidas recogidas en la IV Directiva 849/2015 de 20 de mayo de 2015.

La norma puesta en consulta pública afecta tanto a personas que desempeñen responsabilidades públicas y a los que lo hayan hecho, explican fuentes de Economía. El objetivo de la norma es evitar que los fondos de procedencia ilícita entren al sistema financiero generando “obstáculos” para ello.

De todas las obligaciones incumplidas que reclamaba la CE y ahora corregidas, la de mayor trascendencia desde el punto de vista operativo, por las consecuencias que su omisión tenía sobre el control del dinero negro, era la ausencia de un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad, ahora en fase de creación. La CE mantenía que este era un agujero negro por donde se escapaban muchas operaciones ilícitas.

Economía controlará las cajas de seguridad

 16/11/2017

La Dirección General de Tributos, el brazo legislativo de Hacienda, establece que los particulares que vendan bienes en plataformas como eBay, Wallapop o Vibbo serán gravados por Transmisiones Patrimoniales (ITP), según adelanta hoy EXPANSIÓN.

Las ventas de productos usados realizadas por particulares en plataformas online estarán sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y deberán tributar al 4%. Así lo establece una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, a la que ha tenido accesoEXPANSIÓN. Esta doctrina ya es de directa aplicación para quienes vendan bienes personales o de segunda mano en plataformas como eBay, Wallapop, Vibbo, Milanuncios o Amazon, entre otras.

Hacienda responde así a un contribuyente que quería saber si la venta en estas plataformas online estaba sujeta a IVA o a algún impuesto. De esta forma, estas transacciones digitales reciben un gravamen análogo al que hasta ahora se impone a las ventas «físicas» de bienes usados, con la diferencia de que éstas resultan difíciles de localizar para el Fisco, pero las ventas online, que crecen exponencialmente, sí quedan registradas. La Agencia Tributaria (AEAT), además, pide las bases de datos a las plataformas de comercio online para investigar transacciones.

Las transmisiones patrimoniales deben declararse con el Modelo 600 de laAEAT y son competencia de las comunidades autónomas.

Fuentes de la AEAT explican que la Agencia Estatal se concentra en que las ventas en estas plataformas online que generen beneficios se declaren en elIRPF como ganancia patrimonial.

No es lo más habitual en transacciones de bienes usados y de segunda mano, pero sí cuando se venden cuadros u objetos de coleccionismo.

En el caso de haberlos vendido a un precio superior al que se compró, sí que habrá que tributar en el IRPFpor la ganancia obtenida. Es recomendable guardar documentos que acrediten la propiedad del bien y pruebas de la transacción como facturas o pantallazos del cierre del acuerdo, que pueden servir para demostrar a Hacienda que esos ingresos no son fruto de trabajos hechos en B, por ejemplo, sobre todo cuando hay varias transacciones con diferentes cantidades.

Pablo Romá y David Vallés, socio director de Fiscal y asociado sénior de Ecija, respectivamente, apuntan que «Hacienda se enfrenta ahora al reto de comunicar o difundir de una forma eficaz a los particulares la existencia de esta obligación». A su juicio, «no tendría sentido que existiendo una plataforma tecnológica de intercambio de bienes, no hubiese un sistema informático acorde para poder declarar el Impuesto y proceder a su pago».

 23/11/2017

Esta deuda ofrece inicialmente un cupón anual del 2,25%. Según Orsted, las peticiones de títulos han multiplicado por más de cinco veces la oferta, situada en 500 millones.
Se suele decir que la mayoría de los inversores mira demasiado a corto plazo. No parece el caso de las instituciones que han acudido en masa a comprar los bonos emitidos esta semana por la empresa danesa Orsted. Los títulos, destinados a financiar nuevos parques eólicos, tienen el año 3017 como fecha de amortización.

Esta deuda a mil años ofrece inicialmente un cupón anual del 2,25%. Según Orsted, nuevo nombre de la empresa que antes era conocida como Dong Energy, las peticiones de títulos han multiplicado por más de cinco veces la oferta, situada en 500 millones de euros. La emisión, colocada por Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas y Nordea; empezará a cotizar mañana en Luxemburgo.

Los analistas de renta fija, que este año ya se han llevado otras sorpresas como el interés del mercado por el bono a cien años de Argentina (país con una larga trayectoria de impagos), se preguntan las razones del atractivo de la deuda de Orsted. Joachim Fels, asesor de estrategia de la gestora californiana Pimco, indica que «si los próximos mil años son como los últimos 700 años, los tipos de interés deberían arrojar una tasa media del 5,9%. Si esto es así, los inversores que compraron el bono danés a poco más del 2%  no parecerán muy inteligentes a largo plazo».

Pero Fels apunta que esa media esconde que la trayectoria histórica del coste del dinero ha sido claramente descendente. Según un estudio de Paul Schmelzing, profesor de Harvard, los tipos han ido bajando a un ritmo de 1,6 puntos por siglo desde la época en que los bonos del imperio español eran la principal referencia. El economista de Pimco señala que, si se mantiene esta tendencia, los tipos de interés reales bajarían del casi cero actual hasta el -16% en 3017. «Si es así, los que compraron el bono danés serán vistos como genios por sus descendientes en el futuro. Por supuesto, asumimos que el emisor seguirá en pie y será capaz de pagar el bono en su fecha de vencimiento».

El asunto de la solvencia no es una cuestión menor: JPMorgan tiene a Dong Energy, junto a otras empresas como Electrolux, Repsol, Lufthansa, Rolls-Royce, Akzo Nobel, Peugeot, Michelin, Sodexo y Hochtief en una cesta de valores cuyos bonos recomienda vender, ante la perspectivas de que esos emisores eleven su deuda de forma significativa en los próximos años para financiar nuevas inversiones.

Perspectivas

Un análisis de M&G de los bonos a muy largo plazo revela que éstos funcionan en realidad para los inversores como deuda con un horizonte más lógico. En el caso de Argentina, existe un 97% de posibilidades de que suspenda pagos en los próximos cien años, por lo que nadie en su sano juicio debería haber acudido a su última emisión pensando en conservar los títulos hasta su vencimiento en 2117. Sin embargo, bastan algo menos de 13 años a los compradores que acudieron a esa operación (a un 8% de interés) para recuperar su inversión.

En el caso de los bonos de Orsted, más que pensar en 3017, los inversores están mirando más bien a 2024, primera fecha en la que la compañía tendrá una ventana para amortizar los bonos. La apuesta de los compradores parece ser que las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), cuando lleguen, serán muy graduales y facilitarán que el 2,25% de la deuda danesa siga siendo muy atractiva, al menos durante un lustro.

 17/11/2017

Christie’s vende ‘Salvator Mundi’ por 450,3 millones de dólares. La obra ha sido adjudicada a un inversor desconocido.

Salvator Mundi, un cuadro atribuido al artista italiano Leonardo da Vinci, se ha adjudicado en la casa de subastas Christie’s a un inversor desconocido por 450,3 millones de dólares (381 millones de euros), convirtiéndose en el más caro que se ha vendido en la historia.

La pintura, un retrato de Jesucristo, ha despertado una enorme expectación en Manhattan, donde centenares de personas han visitado la sede de Christie’s, en el Rockefeller Center, para contemplar una obra de que data de hace quinientos años y que formaba parte de la colección privada del millonario ruso Dimitri Rybolovlev. Pese al interés que ha desatado la subasta, precedida de una inédita campaña de márketing, nadie esperaba el resultado final. Salvator Mundi ha multiplicado por más de cuatro el precio de salida.

La cifra de 450,3 millones de dólares más que duplica los 179,4 millones de dólares que se pagaron en 2015 por Las mujeres de Argel, de Pablo Picasso, la obra más cara vendida en subasta hasta ahora. El comprador fue Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primer ministro catarí y accionista de El Corte Inglés.

Veinte minutos

La adjudicación de Salvator Mundi, cerrada tras una batalla de ofertas que se prolongó durante veinte minutos, también rompe las astronómicas cifras alcanzadas en transacciones privadas. El récord en este campo estaba en manos del magnate norteamericano Kenneth Griffin, fundador del hedge fund Citadel y que desembolsó 500 millones de dólares hace tres años por dos cuadros: Interchange, de Willem de Kooning, y Number 17A, de Jackson Pollock. Interchange se valoró en 300 millones, cifra que le convirtió en el cuadro más caro de la historia y que ahora supera Salvator Mundi.

La elevada cifra que se ha pagado por la obra se explica porque fue redescubierta en 2005 y por ser una de las pocas pinturas de Da Vinci en manos privadas. Algunos expertos, sin embargo, han dudado de su originalidad.

¿Burbuja?

La última subasta de Christie’s subraya la enorme liquidez disponible en el mundo por parte de inversores que quieren comprar arte y la progresión de un mercado que parece no alcanzar techo y que lleva años alimentando las dudas sobre una burbuja.

Muchos de los últimos récords en el sector vienen de la mano de millonarios chinos y árabes. El Estado de Qatar, por ejemplo, pagó 250 millones de dólares por Los jugadores de cartas, de Paul Cézanne, y otros 210 millones por ¿Cuándo te casarás?, de Paul Gauguin.

CincoDías    Madrid 10 NOV 2017

Trinidad y Tobago es una república caribeña, formada por dos islas, que se encuentra frente a la costa de Venezuela y que, según la OCDE, es el único paraíso fiscal que existe hoy en el mundo. Esta es una de las sorprendentes conclusiones del G20 celebrado el pasado junio. Este grupo de países encomendó en 2008, en plena crisis financiera, a la OCDE una lista de territorios no cooperantes en la lucha contra la evasión fiscal. El organismo internacional empezó apuntando a sospechosos habituales como Andorra, Gibraltar, las islas del Canal (Jersey, Guernsey, Man), Suiza y un largo etcétera. Sin embargo, la presión internacional provocó que los territorios offshore se lanzaran a firmar un alud de tratados de intercambio de información fiscal. Ello ha derivado en lo que para muchos resulta absurdo y es que, sobre el papel, la OCDE considere a Trinidad y Tobago como el único país no cooperante, expresión que utiliza en lugar de paraíso fiscal.

El problema es que no resulta sencillo describir un paraíso fiscal y una cosa es decir que se intercambiará información tributaria en un papel y otro intercambiarla en realidad. Oxfam se sitúa en el lado opuesto de la OCDE y considera que en el mundo existen 73 paraísos fiscales y entre ellos figuran Holanda o Irlanda, dos Estados que tradicionalmente no han formado parte de las listas de paraísos fiscales.

Si la OCDE pone la atención en la existencia de tratados de intercambio de información tributaria, Oxfam amplía el foco e incluye los países con baja o nula tributación y aquellos que conceden ventajas fiscales a empresas sin necesidad de desarrollar una actividad económica sustancial. En este sentido, Holanda mantiene una política tributaria muy atractiva en materia de dividendos, lo que provoca que muchas empresas ubiquen sus cabeceras en el pequeño país europeo. De hecho, Holanda figura como el primer país inversor de España y eso sucede porque muchas compañías estadounidenses –principal inversor real– recalan a España, pero pasando antes por los Países Bajos.

Los llamados paradise papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado La Sexta y El Confidencial en España, reveló datos de dos bufetes de abogados ubicados en Singapur y Bermudas y con relaciones con jurisdicciones opacas, según los términos que utiliza la investigación, y que incluye a países como Malta. ¿Esta pequeña isla, que forma parte de la UE, es también un paraíso fiscal? No lo es para la mayoría de países y organismos, pero es cierto que mantiene una legislación tributaria que facilita conexiones con otros territorios que sí son paraísos fiscales.

De hecho, Malta figuraba en la lista inicial de paraísos fiscales que aprobó el Parlamento español en 1991 y en la que figuraban 48 territorios. Entre ellos, también aparecían otros dos Estados miembros (Luxemburgo y Chipre). Este listado sigue vigente, pero han desaparecido de él 16 países por el hecho de haber firmado convenios de doble imposición o intercambios de información fiscal. Y otros nueve están en negociaciones (ver gráfico).

Curiosamente, uno de los países que ha salido de la lista es Trinidad y Tobago, que rubricó con España un tratado de intercambio de información fiscal. El inspector de Hacienda José María Peláez se muestra escéptico y recuerda que los convenios firmados hasta ahora contemplan que el intercambio de información sea individualizado y justificado. Ello resta efectividad a este tipo de convenios.

En este sentido, hay muchas esperanzas en el acuerdo multilateral de intercambio de información financiera que se firmó en Berlín en octubre de 2014 y que se establece un protocolo para que las Administraciones tributarias compartan información de forma automática y sin que medie petición previa a partir de este año o el siguiente. La información se remitirá de forma estandarizada, un aspecto muy importante para su efectividad. Hasta la fecha, un centenar de jurisdicciones han firmado el acuerdo multilateral. Aún es pronto para saber si las esperanzas acerca del nuevo acuerdo multilateral están o no fundadas.