El teletrabajo se dispara un 20% en 2023 y reconquista el umbral de los 3 millones de ocupados

11/02/2024

  • Pierde medio millón de efectivos desde los máximos de la pandemia
  • El modelo híbrido avanza aunque el trabajo en remoto se recupera en el último año

Los datos de teletrabajo dieron una sorpresa en el cuarto trimestre del año tras dispararse un 19,4% respecto al mismo periodo del año anterior y superar por primera vez desde el arranque de 2021 el umbral de los tres millones de ocupados en remoto, algo que desde el estallido de la pandemia solo había ocurrido otras dos veces. Una evolución que responde al repunte del modelo ‘híbrido’, que compagina el tiempo en la oficina y a distancia, pero también refleja una recuperación del teletrabajo que ocupa la mayoría de los días de trabajo.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el 14,4% de los ocupados españoles trabajó desde casa a cierre del pasado año, el porcentaje más alto desde el primer trimestre de 2021. Aunque queda por debajo del 19,1% que se alcanzó en junio de 2020, en pleno estallido de la pandemia, sigue superando con creces el 8,3% que se alcanzaba en 2019. Esto, en todo caso, no es suficiente por ahora para ponerse al nivel de las grandes economías de la zona euro.

Aunque el INE no publica datos trimestrales previos al segundo trimestre de 2020, la comparativa con los ejercicios precedentes a la pandemia muestra un repunte histórico que se mantiene muy por encima de la situación previa. Aunque su ‘composición’, es decir, el tipo de teletrabajo que se realiza, sí ha cambiado sustancialmente en los últimos tres años.

En junio de 2020 el teletrabajo ocasional, que afecta a menos de la mitad de los días de la jornada semanal sumaba 539.000 empleos y alcanzaba al 2,9 del total de ocupados, mientras que el que considerado habitual llegaba al 16,2%, con 3,01 millones. A cierre de 2023, el primero anota una tasa de 7,1%, tras registrar un récord de 1,49 millones de ocupados, mientras el segundo se sitúa en el 7,3%, con 1,56 millones de teletrabajadores. Poco más de la mitad de lo que alcanzó en el primer envite de la pandemia, aunque se trata de la cifra más alta desde 2021.

En la evolución de la tasa de teletrabajo, hay que tener en cuenta la recuperación de empleo tras la pandemia. El mercado laboral ha ganado 2,63 millones de ocupados desde marzo de 2020, mientras los puestos de empleo en remoto se han reducido en 494.500. Esto se debe a la recuperación en los sectores más castigados por los confinamientos, ya que la mayoría de sus puestos requerían la presencialidad, pero también a la vuelta a la oficina de los que sí podían realizar sus tareas en remoto.

Aunque también refleja los cambios legales en España, ya que la regulación del teletrabajo aprobada a finales de 2020 supuso mayores exigencias y un encarecimiento para las empresas del teletrabajo que superar el 30%. Así, los ocupados que trabajan la mayoría de sus jornadas en remoto han descendido en 1,45 millones desde el epicentro de los confinamientos, pero los que lo hacen de manera más flexible ha aumentado en 958.400.

El grueso de este comportamiento se aprecia especialmente en el caso de los asalariados, ya que la irrupción del teletrabajo se ha centrado prácticamente en ellos. Aun así, entre los autónomos también ha retrocedido el remoto total mientras el modelo híbrido ha ganado fuerza. Esto puede interpretarse como que los que tienen oficinas o despachos no han renunciado a ellos, aunque su organización es más flexible.

Los protagonistas del teletrabajo

Lo que parece poco discutible es que el reparto del teletrabajo se ha dado la vuelta en España. Si antes de 2020 los asalariados autónomos eran más que los asalariados (en parte porque muchos de ellos ya trabajaban desde su casa), con la pandemia la eclosión se produce entre los segundos. Y mantiene tres años después, lo que apunta a que no conviene minimizar el cambio producido en el mercado laboral. Aunque en el pasado se haya pecado precisamente de lo contrario.

El ‘boom’ del teletrabajo durante la pandemia propició la idea de que se trataba de un cambio de paradigma para el que no había vuelta atrás, una visión entusiasta dio paso a la idea contraria, la del ‘fracaso del gran experimento’ cuando las cifras empezaron a descender. Pero ambas corrientes obviaban la idea de que lo ocurrido en 2020 fue una situación excepcional provocada por una crisis sanitaria sin precedentes, y no respondía a la evolución de la cultura organizativa de las propias empresas, las demandas de los trabajadores ni de la propia tecnología.

Estos desajustes explican el rechazo de muchas empresas (que no quieren duplicar costes manteniendo sus oficinas y los gastos de sus empleados en remoto) y el hartazgo de muchos trabajadores ante la hiperconexión y control constante con sus trabajos, que provocaron un problema de confianza vinculado a la supuesta pérdida o ganancia de productividad que supone el teletrabajo. Una cuestión que se ha estudiado más frecuentemente a través de encuestas ‘ad hoc’ a empleadores o empleados que mediante estudios económicos rigurosos.

Pero este debate tampoco tiene en cuenta las diferentes realidades laborales y productivas que conviven en una economía. La situación de un autónomo, que de verdad tiene libertad para organizar su trabajo, dónde y cómo le convenga, no tiene nada que ver con un asalariado oficinista. Ni ambas tienen por qué coincidir con las de los expatriados o nómadas digitales.

Los datos del Instituto Nacional Estadísticas tampoco agotan la realidad del teletrabajo, aunque al menos son neutrales y reflejan una tendencia clara. El teletrabajo ha salido muy reforzado tras la pandemia respecto a la situación anterior, y ahora cabe preguntarse por su evolución a futuro. Si la opción del modelo híbrido como una forma de «flexibilidad» laboral sigue prosperando porque concilia las posiciones de las empresas y de los empleados, y si puede ser el pilar sobre la que evolucione la implantación del remoto total en los próximos años. Eso sí, los análisis deberán alejarse del ruido y los sesgos para arrojar una radiografía más clara de la cuestión.

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La democratización de los pagos instantáneos

08 FEB 2024

La reducción del coste o su gratuidad será una ventaja indiscutible para el consumidor, pero también para la gestión financiera de millones de pymes

La aprobación del reglamento europeo que universaliza las transferencias instantáneas en la UE y obliga a que sean gratuitas, o al mismo precio que las ordinarias, constituye un gran paso adelante para colocar a Europa a la cabeza de este tipo de servicio y reducir el coste de estas operaciones. El texto, aprobado por abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo, impedirá que los bancos puedan cobrar comisiones por estas transferencias respecto a las ordinarias, que en muchos casos son ya gratuitas. Los pagos instantáneos permiten transferir dinero en 10 segundos durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y con un importe máximo de 100.000 euros. En contraste, las transferencias ordinarias se ejecutan en uno o dos días y suelen llevar aparejado un coste que en España oscila entre uno y 12 euros, pero que en países como Italia puede llegar hasta 30.

El reglamento de Estrasburgo tendrá un impacto significativo en la UE, donde uno de cada tres bancos no ofrece el servicio y hay 70 millones de cuentas que no disponen de esta opción. La excepción es España, donde las transferencias instantáneas se han popularizado a una velocidad asombrosa y suponen ya más de la mitad del total, frente al 15% en el resto de la UE. En ese proceso ha jugado un papel destacado Bizum, la plataforma gratuita de los bancos, cuyo rápido crecimiento demuestra el enorme potencial de desarrollo del reglamento y la revolución que puede suponer. El año pasado, Bizum canalizó 940 millones de transacciones, lo que supone dos millones y medio de pagos al día o, lo que es lo mismo, 30 por segundo.

La universalización de los pagos instantáneos y, sobre todo, la democratización que supone la reducción de su coste o su gratuidad constituye una ventaja indiscutible para el consumidor, pero también para millones de pymes y microempresas en su operativa de gestión de pagos, que se agilizará notablemente y cuya competitividad mejorará.

La normalización de los pagos instantáneos es una asignatura que todos los países con economías de mercado y sistemas financieros abiertos tendrán que aprobar antes o después. El año pasado, la Fed lanzó su propio sistema para empresas y particulares, aunque de momento con una baja acogida en el país, cuya operativa bancaria ordinaria está muy por detrás de las posibilidades de la tecnología. A la vista de lo sucedido en España, el paso dado por Bruselas debería tener un efecto sustancialmente mayor y constituir una oportunidad para la agilización y optimización de las transacciones bancarias en las economías del Viejo Continente.

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Hacienda exigirá informar de todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude fiscal

29/01/2024

El Ministerio de Hacienda quiere rastrear todos los pagos con tarjeta que se realizan en España bajo el objetivo de prevenir el fraude fiscal. La Administración valora modificar el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para establecer una nueva obligación de información «que incorpore la información de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjeta de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda».

Hasta el momento y en materia de tarjetas, los bancos solo tienen la obligación de informar a la Agencia Tributaria de manera anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales cuando el importe neto anual de los cobros supere los 3.000 euros.

Con el cambio que propone Hacienda en su informe de evaluación de la Ley contra el fraude fiscal aprobada en 2021, la obligación de informar no solo se quedaría en la banca sino que se extendería también a las entidades de dinero electrónico (por ejemplo, Paypal es una de las más conocidas) y a las entidades de pago, es decir, aquellas que permiten realizar servicios de pago como transferencias (American Express, Getnet o UniversalPay, entre otras). Además, se informaría de cualquier transacción, ya sea hecha por un profesional como por un particular. Asimismo, el objetivo de la Administración es que cualquier entidad o sucursal extranjera que tenga actividad en España en materia de pagos, también informe al fisco de la actividad que se realiza con sus servicios en nuestro país.

Con el objetivo de identificar a los autores de los movimientos con tarjetas, Hacienda también persigue exigir a bancos, entidades de pago o de dinero electrónico que informen del «titular real» detrás de cada operación.
Para dificultar cualquier maniobra fraudulenta, el Ministerio que encabeza María Jesús Montero pretende prohibir el uso de tarjetas o cualquier otro medio de pago emitidos por bancos o entidades situadas en jurisdicciones no cooperativas, es decir, paraísos fiscales. También se busca prohibir cualquier tarjeta que no permita identificar al titular de las operaciones y obligar a informar a las entidades españolas de la identidad de la persona que realice una retirada de efectivo en un cajero de nuestro país con una tarjeta extrajera.

Asimismo, también se quiere reforzar el control sobre las TPV (Terminal en Punto de Venta), de modo que solo puedan acceder a este sistema las personas que estén dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y estén al corriente de sus obligaciones tributarias.

Finalmente, la Administración planteará intensificar a bancos y entidades de sistemas de pago el reporte de información sobre cuentas corrientes, créditos y tarjetas de crédito, que en la actualidad es de un año, para que se haga con una mayor periocidad.

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Cepyme denuncia una caída del 3,8% en la productividad de las empresas

17/01/2024

La última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tampoco contó con el acuerdo de la patronal, ha agravado el cisma entre los empresarios y el Gobierno, y más concretamente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde Cepyme, en un artículo exclusivo de su presidente, Gerardo Cuerva, para elEconomista.es critica la falta «de criterios económicos en las últimas subidas del SMI», en un 54% desde 2018, mientras que la productividad «se ha reducido un 3,8% en el mismo periodo», la mayor caída de las economías avanzadas.

Mientras, entre los países de nuestro entorno, los índices de productividad se incrementaron de media un 4,6%. La productividad de las pymes se sitúa en el mismo nivel que en 2015 y un 9,6% más baja que en 2009.

Desde Cepyme, su presidente, Gerardo Cuerva, considera que «en la práctica, lo que ocurre es que tanto en la negociación como en el debate público los empresarios usamos razonamientos económicos, técnicos, pero enfrente sólo tenemos argumentos políticos, ideológicos y propagandísticos, esgrimidos sin el menor criterio».

Considera que «el SMI es un buen ejemplo» de cómo funciona el Gobierno debido a que el Estatuto de los Trabajadores marca en su artículo 27 los parámetros que deben contemplarse para su actualización (PIB, Inflación, empleo y productividad), y «el Gobierno está obligado a valorarlos».

En España, la economía sólo ha crecido un 2% y la productividad se ha reducido un 3,8%; y el SMI creció incluso por encima de la evolución de los precios. Cepyme indica que son 30 puntos porcentuales por encima de la inflación. «No parece que se esté cumpliendo la Ley, ni siguiendo ningún criterio económico», explica Cuerva a elEconomista.es.

Las alzas deben siempre ir acompasadas de moderación y la marcha de la situación empresarial para no impactar en el empleo. «De hecho, la subida del SMI en los últimos años ha impedido la creación de unos 163.000 empleos«, dice Cepyme.

El escenario actual muestra una mayor uniformidad en los niveles salariales a nivel nacional, sin tener en cuenta la productividad del territorio, del sector ni del tamaño de la empresa. La productividad de las pequeñas empresas es inferior a la mitad de la de las empresas con más de 250 trabajadores, una diferencia que se magnifica aún más en algunos sectores y territorios. Esto implica que cualquier aumento en el salario mínimo afecta de manera diferente a los márgenes y la rentabilidad de las empresas, teniendo un impacto más significativo en aquellas de menor tamaño.

La menor competitividad de estas empresas dificulta, en términos generales, la capacidad de trasladar el aumento de los costos salariales al precio final de los productos o servicios. Las presiones salariales se intensifican de manera exponencial en las empresas más pequeñas, lo que afecta tanto a su situación económica como a la gestión de sus recursos humanos. Las pymes españolas se encuentran cada vez con menos margen para absorber un incremento de los costos salariales, especialmente cuando se suman a esto los aumentos de los costos no salariales como resultado de un proceso inflacionario generalizado.

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El salario mínimo subirá un 5% hasta 1.134 euros tras el acuerdo entre Trabajo y sindicatos

12/01/2024

  • La patronal, que apostaba por una subida del 3,5%, se ha descolgado del acuerdo, lo que ha provocado las críticas del Ejecutivo
  • Beneficiará a un 14% de los asalariados, esto es, más de 2,5 millones de personas, de las que un tercio serán mujeres y jóvenes

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para este año en 54 euros mensuales, un 5%, hasta los 1.134 euros en 14 pagas. La subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero tras su aprobación, que está prevista por el Consejo de Ministros la semana del 23 de enero.

Se trata de un pacto que han cerrado a primera hora de este viernes y del que se ha descolgado la patronal, que apostaba por un aumento del 3,5%. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme también reclamaban indexar el SMI a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector del campo, unas demanas que tampoco se han incluido en el acuerdo.

«No ha podido ser. Nos hemos dejado la piel, lo hemos intentado hasta el último momento y no lo hemos logrado, pero hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el SMI un 5%», ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término del encuentro.

Pese a valorar la disposición de la patronal en la negociación, el secretario de Estado ha lamentado que «no se ha mostrado flexible para buscar una cifra alternativa o renunciar a alguno de sus requisitos». En este sentido, los sindicatos han señalado que van a pedir una reunión con Hacienda y Economía para abordar la actualización de los contratos entre las empresas y las administraciones públicas con arreglo al SMI.

Cabe recordar que la CEOE tampoco se sumó a las subidas de 2023, 2022 y 2021, que finalmente fueron acordadas por el Ejecutivo y los sindicatos CC.OO. y UGT. En cambio, sí pactó el incremento de 2019, cuando el salario mínimo aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.

Más de 2,5 millones de personas beneficiadas

Finalmente, la subida para este año queda en el 5%, la misma cifra que reclamaban los sindicatos. Con este repunte, el salario mínimo se habrá revalorizado en los últimos años un 54%, pasando de 735 euros brutos al mes en 2018 a los 900 euros en 2019, los 950 euros en 2020; los 965 euros en 2021; los 1.000 euros en 2022; los 1.080 euros en 2023 y hasta los 1.134 euros en 2024.

El objetivo es que la renta mínima se sitúe en el 60% del salario medio, algo que el Gobierno se ha comprometido a fijar por ley esta legislatura. En este sentido, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha añadido este viernes en RNE que se buscaba un «acuerdo equilibrado» con el fin de que el SMI también evolucionase de acuerdo a la inflación, que cerró el año en el 3,1%, de acuerdo al dato definitivo que también se ha hecho público este viernes.

Según el Gobierno, la subida beneficiará a más de 2,5 millones de personas, esto es, a un 14% de la población asalariada. De ellas, un tercio serán mujeres y jóvenes. «Es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y para la igualdad salarial», ha recalcado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de «acelerar» un debate sobre el SMI en el que se «impone cuánto se ha de cobrar sin contar con aquellos que lo van a pagar», en referencia a los empresarios, para «tapar las cesiones hechas por el presidente a Junts y para oscurecer la derrota de Yolanda Díaz a manos de Podemos».

Cruce de reproches entre la patronal y el Gobierno

Las negociaciones para la subida del SMI de 2024 entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales arrancaron en el mes de noviembre, pero han estado prácticamente estancadas hasta hoy. A comienzos de semana y coincidiendo con el inicio del año, el Ministerio y los agentes sociales retomaron los contactos para acordar una nueva subida, si bien el encuentro terminó sin acuerdo y con un órdago a la CEOE: si la patronal no aceptaba un pacto a tres bandas para subir el SMI un 4%, el Gobierno y los sindicatos pactarían una cifra más «ambiciosa», como finalmente ha sucedido.

El Gobierno no está obligado a negociar la subida del salario mínimo con los agentes sociales, pero su intención siempre ha sido cerrar un pacto tripartito, según han defendido en diferentes comparecencias públicas. La patronal, sin embargo, ha criticado el «escaso esfuerzo» del Ejecutivo para lograr el mismo y la «situación de arbitrariedad» a la que a su juicio han sido sometidos, «que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores», han señalado en un comunicado.

Previamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE un «abuso importantísimo de poder» en relación con las empresas «muy pequeñas» que tienen contratos públicos, a las que se dice «sube tú el salario, tú vas a pagar (…) pero yo me quedo donde estoy». Preguntado por si le han gustado las formas en la negociación, ha dicho que «sinceramente no», y ha criticado «los trágalas» de «ahora te sientas ahora no, ahora se hace lo que yo diga». «No nos parece lo más adecuado», ha añadido.

Como respuesta, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado la «actitud» de la patronal española al priorizar a su juicio «intereses que no tienen nada que ver con la defensa de este país». Si bien ha celebrado un acuerdo que «hace de España un país mejor»: «Esto es la política útil: gobernar y hacer politicas que mejoran la vida de la gente», ha recalcado en declaraciones a los medios.

Los sindicatos, por su parte, han tildado de «buena noticia» y de «coherente» la subida, pues en su opinión obedece al incremento reflejado en la encuesta de costes laborales del tercer trimestre de 2023 y en el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), que apuntaban a incrementos del 5%. No obstante, critican que aún no se ha alcanzado el 60% del salario medio, aunque se está «en el camino».

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Temu duplica su tamaño en seis meses: arrasa a Shein e iguala a Aliexpress

 9/01/2024

Malas noticias para Shein en plena salida a bolsa. Temu ha conseguido dar el sorpaso a su rival y en solo seis meses le ha sobrepasado como el tercer gigante de venta online a nivel mundial. Fundada a mediados de 2022 en Boston por el empresario chino Huang Zheng, Temu forma parte del grupo PDD Holdings, que cotiza ya en Wall Street y que es propietaria de otras aplicaciones, como Pinduoduo.

En junio del año pasado la marca sumaba 226,3 millones de usuarios a nivel mundial, lo que la situaba en cuarta posición por detrás de Shein, que tenía 251,3 millones; Aliexpress con 421,8 millones y Amazon, líder con 2.345 millones de usuarios únicos ese mes, según los datos de Similarweb.

Desde entonces, sin embargo, la situación ha cambiado por completo y aunque Amazon sigue primera al cierre del mes de diciembre con 2.659 millones de usuarios, Temu ha empatado ya con Aliexpress con 467 millones cada uno y deja a Shein muy atrás con 172,3 millones. Es decir, que en el último semestre, mientras que Temu ha ganado 241 millones de usuarios y duplicado su tamaño, Shein ha perdido casi 80 millones y lo reduce más de un 30%.

Temu ha experimentado en apenas año y medio un crecimiento vertiginoso al especializarse en la venta de productos a precios muy bajos, con artículos por debajo incluso de 40 céntimos. En su página web se pueden encontrar así mochilas por menos de cuatro euros; auriculares inalámbricos por menos de cinco euros y abrigos por solo 14 euros. Y es que la marca está llegando a ofrecer descuentos de hasta el 96% en la campaña de rebajas.

Polémica

Su desarrollo, no obstante, está envuelto en la polémica después de que un informe de una firma de ciberseguridad estadounidense alertara el año pasado de que la aplicación instala un malware en los dispositivos de los usuarios para obtener todos sus datos y venderlos después de forma ilegal.
Las cifras de ventas de Shein no son públicas y las de Temu del año pasado aún no se conocen. No obstante, se calcula que en 2022 la primera habría alcanzado una facturación de unos 24.000 millones de euros mientras que PDD Holdings, la propietaria de Temu, alcanzó ese año un volumen de negocio de 130.557 millones de yuanes (17.440 millones de euros al cambio actual).

Esta lucha fratricida entre los grandes del comercio online chino se produce además en un momento de máxima tensión entre ellos. Y es que el pasado mes de diciembre Temu presentó una demanda contra Shein en Estados Unidos por haber utilizado, «intimidaciones de tipo mafioso» para coaccionar supuestamente a los proveedores que comparten entre ambas. Eso después de que interpusiera otra en la misma línea contra los acuerdos de exclusividad firmados con Shein con sus proveedores que, en su opinión, estaban vulnerando las leyes antimonopolio y de competencia desleal en Estados Unidos.

Denuncias cruzadas

Pero Shein tampoco se ha quedado atrás y ha llevado a Temu también ante la justicia estadounidense y británica. En marzo del año pasado le denunció, en concreto, ante la corte federal del Estado de Illinois (Estados Unidos), bajo la acusación de haber contratado influencers en redes sociales para que hicieran declaraciones falsas en su contra, además de «suplantar su marca para engañar a los consumidores». Y en septiembre, en la misma línea, le denunció ante el Tribunal Superior británico por haber usado, supuestamente, imágenes suyas para la comercialización de sus productos, reclamando una indemnización de 100.000 libras por daños y perjuicios.

Dicen lo que dicten los tribunales, Shein mantiene mientras tanto sus planes de dar el salto al parqué y convertirse así en la segunda empresa textil del mundo por capitalización bursátil, solo por detrás de Inditex. La compañía ha contratado a Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley para cotizar en Estados Unidos, con un valor que podría rondar los 90.000 millones de dólares (unos 82.230 millones de euros). Al haber iniciado los trámites de modo confidencial, la documentación no está todavía ahora accesible en los registros de la Comisión de Valores y Bolsa (la SEC, por sus siglas en inglés) y los datos reales siguen siendo por lo tanto una incógnita.

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La campaña navideña salva los 20,8 millones de ocupados pese al ‘pinchazo’ en hostelería

3/01/2024

El mercado laboral cumplió el guion de la campaña navideña y cerró 2023 con 2.707.456 parados registrados, la cifra más baja para un mes de diciembre desde 2007, antes del estallido de la crisis financiera, mientras la afiliación media se mantuvo por encima de los 20,8 millones de ocupados, concretamente 20.836.010, el nivel más alto de la serie para el último mes del año. El empleo salva así un ejercicio marcado por la «incertidumbre internacional» y la agitación política interna, pero que también confirma que el impacto de la reforma laboral ha tocado techo en el segundo aniversario de su aprobación.

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes ha descendido en 27.375 (-1%) respecto a noviembre y en 130.197 personas (-4,59%) en términos interanuales. Por su parte, la Seguridad Social sumó 29.937 afiliados medios, un 0,14% más. Se trata de un dato muy superior al del mismo mes de 2022 (cuando se sumaron 12.640 afiliados) aunque inferior a la media de los años precedentes a la pandemia, lo que confirma una desaceleración en la creación de empleo neto similar a la anotada ya en 2019. El crecimiento interanual de la afiliación ha sido del 2,7%, con 539.740 trabajadores más que en diciembre de 2022.

Por regímenes, el grueso de la creación de empleo se concentra en los asalariados del Régimen General, que sumaron 31.233 afiliados en dicembre, sobre todo gracias al comercio, que sumó 27.022 afiliados, seguido de las actividaes sanitarias y comerciales, que sumaron 20.432 ocupados y la educación, que registró 13.731 nuevos trabajadores. En el extremo contrario, la hostelería destruyó 21.762 empleos y la construcción 14.277.

En términos interanuales, el sector que más empleo ha creado en 2023 es la educación, con 148.744 nuevos afiliados (un 13,7% más), impulsado por la oferta de empleo público, aunque también con un relevante peso del empleo temporal en el sector privado, mientras la contratación fijo discontinua se mantuvo en términos establesSumaron prácticamente el doble que la hostelería, que creó 75.646 nuevos empleos, un 5,89% más. Sin embargo, la mayoría de los empleos entre los profesores fue en el secro público, El tercero en liza fueron las actividades santiarias, con 66.581 ocupados, un 3,36% más.

La evolución del empleo explica que la caída del paro registrado en diciembre se concentre en los servicios, en 25.158 personas (-1,28%); segudo de Agricultura, en 1.965 personas (-1,97%), y entre el colectivo Sin Empleo Anterior, en 7.018 personas (-2,80%). Por contra, aumentó en la construcción con 5.285 parados más (2,53%) y en la industria donde se registran 1.481 personas más (0,69%).

La caída del desempleo en diciembre beneficia especialmente a las mujeres, ya que el paro cae en 28.120 personas (-1,71%) ese mes, hasta situar el total en 1.616.973, mientras que crece ligeramente entre los hombres. Sin embargo, en la comparativa anual el desempleo masculino se comportó mejor: cayó un 4,97% frente al 4,33% del femenino, lo que mantiene la brecha de desempleo entre ambos géneros: seis de cada diez parados son mujeres. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años, por su parte, se sitúa en míimos de la serie histórica con un total de 193.965.

Un 9,43% más de demandantes ocupados

Estas cifras no incluyen, sin embargo, ni a los fijos discontinuos inactivos ni a los afectados por ERTE, que según la Seguridad Social se sitúan en 11.000. Aunque Trabajo sigue sin desglosar las cifras de estos colectivos, los datos de diciembre muestran que los demandantes de empleo ocupados superan los 1,2 millones, un 9,43% mas que hacer un año, y explican que pese a la caída de los parados, la cifra total de inscritos en los servicios públicos de empleo se mantenga en 4,42 millones, frente a los 4,41 de hace un año.

Precisamente los datos de demandantes con un contrato que cobran el paro explican el aumento de la tasa de cobertura, que llegó en noviembre (últimos datos disponibles) al 71,1%, la más elevada desde 2010. Trabajo defiende que se trata del resutlado de haber revertido los recortes enla prestación que aplció el PP en 2012, anque la explicación también está enque junto a la caída de los parados registrados también se ha registrado u nrepunte sustancial de los fijos discontinuos inactivos que cobran una prestación. De ehchos, en Baleares, la región dode más se recurre a esta fórmula contractual, la tasa de cobertur llega al 141%. Es decir, más gente cobrando el paro que desempleados.

Los contratos indefinidos caen un 10%

El número total de contratos registrados durante el mes de diciembre fue de 1.116.153, un 17,71% menos que en noviembre y un 6,2% menos que en el mismo mes de 2022. De este total, 414.562 contratos de trabajo son de carácter indefinido representando el 37,14% de todos los contratos, aunque este porcentaje varía por sector. Los sectores más favorecidos han sido la Agricultura, con una tasa de contratos indefinidos del 72% y la Construcción, con un 52%. Los servicios quedaron en un 41,3% y la industria en un 29,6%.

Eso sí, su cifra cae un 26,3% en términos mensuales y un 10,68% en tasa interanual. Un retroceso dos puntos más intenso que en noviembre, cuando se situaba en el 8%. En comparación, los temporales solo retroceden un 3,3% respecto a hace un año, una evolución que confirma que el impacto de la reforma laboral en la creación de empleo estable ha tocado techo. Uno de los datos más preocupantes es que las conversiones de temporales a indefinidos se han desplomado un 33,9% respecto a hace un año.

En cualquier caso, Trabajo insiste en el cambio de paradigma que ha supuesto la norma. En términos acumulados, en 2023 se firmaron 6,2 millones de indefinidos, tres veces más que en los años previos a la reforma laboral. Pero la comparativa tampoco es favorable en términos interanuales: se firmaron un 5,83% contratos indefinidos menos que en 2022.

En términos de afiliación al Régimen General, los ocupados con contrato indefinido se mantienen en el 14%, la mitad que antes de la reforma laboral, pero el mismo nivel que lleva registrando desde hace meses. En el caso de los menores de 30 años, la reducción del nivel de temporalidad es más intensa, bajando en 31 puntos porcentuales (del 53% al 22%) respecto al nivel que tenía antes de la reforma.

En cualquier caso, el mayor peso del empleo indefinido ha contribuido al incremento de los ingresos por cotizaciones. Seguridad Social explica que los ingresos por cotizaciones sociales han registrado hasta noviembre (último mes con datos disponibles) un crecimiento del 10,3%, aunque a este porcentaje hay que restarle el efecto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Sin incluirlo, las cotizaciones crecen a un ritmo del 8,3%: por último, la mejoría del empleo también impulsa la ratio cotizante por pensionista, que se sitúa en 2,42, máximo de la década.

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OpenAI sitúa en Irlanda su sede fiscal para el negocio europeo de ChatGPT

4/01/2024

  • Busca ventajas tributarias y laborales para las versiones de pago de su IA
  • Sigue el ejemplo de Google, Microsoft, Apple, Meta, Twitter, Netflix, entre otros

La compañía OpenAI, propietaria de ChatGPT, ha situado en Irlanda su sede fiscal europea con la intención de impulsar las versiones de pago de su inteligencia artificial generativa. En concreto, según ha podido confirmar elEconomista.es, la empresa ya tributa por sus operaciones continentales a través de su subsidiaria OpenAI Ireland Limited, sociedad ahora convertida en el nuevo proveedor de servicios de los clientes europeos de la tecnológica revelación de 2023. El hecho de que Irlanda haya elevado su tasa de impuesto de sociedades del 12,5% al 15% no ha espantado a la compañía, tal y como lo evidencia el reciente movimiento de OpenAI para imitar el ejemplo de otras multinacionales, igualmente convencidas de las bondades de Dublín y sus alrededores para instalar sus respectivos cuarteles generales en el Viejo Continente.

El listado de empresas con sede en Irlanda es deslumbrante: Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Twitter, Dell, Oracle, LinkedIN, IBM, Adobe, HP, Intel, Salesforce, Netflix, Paypal, Accenture, Airbnb, Dropbox, Electronic Arts, eBay y Yahoo!, entre otros colosos. También están radicados Sandisk, Kingston, Avaya, Siemens, VMWare, EMC, Netgear, SAP, 3M, Teradata, Citrix, Fujitsu, Nuance, First Data, Xerox. Entre las telecos también destacan Vodafone, Three, Virgin Media, Orange Business Services, Verizon y Ericsson.

Busca talento en Dublín

OpenAI, cuyo sede central se encuentra en San Francisco (EEUU), también tiene oficina en Londres además de la reciente de Dublín. Por lo pronto, busca cubrir puestos de director de cuentas, responsable europeo para relaciones con la prensa, especialista internacional en nóminas e ingenieros de ventas y de software.

Sam Altman, consejero delegado y fundador de OpenAI, apuntó ya sobre Irlanda que el país «combina una mano de obra con talento con el apoyo a la innovación y el crecimiento empresarial responsable. Estamos entusiasmados con esta asociación a medida que nos expandimos en Europa», explicó a través del blog corporativo. «En OpenAI, creemos que la inteligencia artificial tiene el potencial de crear oportunidades para personas de todo el mundo. Para ello, estamos aumentando nuestra presencia en Europa con nuestra nueva oficina en Dublín, Irlanda. Tenemos previsto ampliar nuestro equipo en Irlanda a lo largo de este año para impulsar nuestras operaciones, confianza y seguridad, comercialización, ingeniería de seguridad y trabajo jurídico como parte de nuestro compromiso continuo para servir mejor al mercado europeo», añaden desde la empresa californiana.

La intención de OpenAI de poner en valor de forma masiva sus versiones de pago de ChatGPT han animado a la compañía a buscar las mejores condiciones económicas en suelo europeo. Así, propuestas como ChatGPT Plus, con precios de suscripción de 20 euros al mes, invitan a la compañía a afinar los detalles tributarios. Y lo mismo sucede con Chat GPT Enterprise, así como con las APIs que la empresa estadounidense ya comercializa en todo el mundo entre los clientes interesados en personalizar el ChatGPT. También generará negocio el denominado GPT-4 Turbo y la futura GPT Store, con ingresos que prometen tocar el cielo tras la efervescencia del fenómeno de la Inteligencia Artificial Generativa disfrutado el año pasado.

El compromiso de OpenAI con Irlanda ya se refleja a través de la colaboración tecnológica de la empresa con la aceleradora juvenil irlandesa Patch, una organización sin ánimo de lucro que apoya a jóvenes talentosos de entre 16 y 21 años para ayudarles en sus proyectos empresariales. OpenAI valora «la fortaleza del ecosistema tecnológico y de startups de Irlanda en Dublín y en ciudades como Cork, Galway y Limerick». Por ese motivo, la compañía se muestra dispuesta a colaborar con el gobierno irlandés para «apoyar su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, así como a trabajar con la industria, las startups y los investigadores para comprender las prioridades para avanzar en el desarrollo de la tecnología».

El histórico paso fiscal emprendido el año pasado por Irlanda para acogerse a las propuestas tributarias de la OCDE no ha restado atractivo comparativo al país. La estabilidad política, la calidad de sus infraestructuras, la abundancia de capital humano cualificado y la confluencia de decenas de empresas de TI animan a todo tipo de multinacionales a coincidir en la misma geografía, ya sea en la zona de Silicon Docks de Dublín o en los clústeres del oeste y del sur.
Según datos del sector, las empresas de tecnología, media y telecomunicaciones (TMT) aportan al país el 16% del PIB. Además, alrededor del 80% de la recaudación del Impuestos de Sociedades de Irlanda procede de empresas multinacionales -el 50% de solo una decena de compañías-, en grupos que actualmente ocupan a uno de cada ocho trabajadores en aquel país.

Google supera los 8.000 empleados, Apple ronda los 6.000, los mismos que Meta entre el empleo directo (3.000) y el diferido (3.000), mientras que Amazon se acerca a los 5.000 empleos. Intel tiene contratados a 4.000 profesionales; IBM a 3.000 y Microsoft a 1.200. Según datos de la Oficina Central de Estadística, Irlanda ocupa a 91.000 trabajadores del sector tecnológico, distribuidos en 5.200 empresas.

A pesar de que ya no ofrece una tributación tan ventajosa como hace un par de años, Irlanda ha apostado por atraer inversiones en el ámbito de la IA, el software, la analítica y la nanotecnología, con incentivos para actividades de I+D y sugerentes créditos fiscales. El ecosistema de startups, que buscan el abrigo de las tecnológicas, también genera atracción en este negocio, y todo ello a pesar de los altos salarios que se prodigan en Irlanda en comparación con otras regiones del este y sur de Europa y asiáticas.

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¿Cómo funciona el salario mínimo en las principales economías?

3/01/2024

  • La patronal advierte que el SMI puede dañar la creación de empleo si se excede el salario de mercado
  • Los colectivos más vulnerables son los que más sufrirán los efectos de un salario excesivo

Determinar un salario mínimo conlleva desafíos significativos, especialmente porque fijarlo por encima del valor de mercado puede tener repercusiones negativas en la creación de empleo. Desde la patronal Cepyme, apuntan al concepto de salario de mercado es diverso y variable, reflejando la demanda laboral según las habilidades requeridas por empresas, con matices distintos en regiones y en empresas de diferentes tamaños. Nuestro país se prepara para una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en este 2024 y conviene conocer de qué forma se aplica en países de nuestro entorno.

Existen tres razones adicionales para abordar este tema con cautela:

– Fijar un salario mínimo por encima del valor de mercado puede impulsar la sustitución de trabajadores por maquinaria, lo que podría convertir una parte del desempleo en un problema estructural.
– Esta persistencia en mantener un salario mínimo elevado puede dificultar la empleabilidad y fomentar la economía sumergida, especialmente en casos como el de España, donde las cotizaciones sociales son considerablemente altas en comparación con otros países de la Unión Europea.
– Los grupos más vulnerables, como individuos sin experiencia laboral, personas no capacitadas y jóvenes, podrían enfrentar mayores dificultades para acceder al mercado laboral si el salario mínimo es excesivamente alto.

Algunos países eligen no establecer un salario mínimo y permiten que la negociación entre empleadores y sindicatos defina las remuneraciones. Ejemplos de esto son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria e Italia en la Unión Europea, así como Noruega, Islandia y Singapur fuera de ella. Los países que tienen un salario mínimo suelen implementar estrategias para reducir los riesgos asociados con su fijación.

SMI por edad

Otros, por su parte, establecen tramos de edad con diferentes niveles de salario mínimo, disminuyendo el impacto negativo en la empleabilidad de los jóvenes. Ejemplos incluyen Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Australia y Holanda. En Alemania, el salario mínimo no se aplica a menores de 18 años.

Estas medidas, como el establecimiento de tramos de edad para el salario mínimo, son compatibles con la Carta Social Europea y han sido consideradas por el Comité Europeo de Derechos Sociales. En España, esta modalidad existió hasta 1997.

SMI por territorio

El salario promedio varía significativamente en diferentes regiones dentro de un país, lo que hace que establecer un mismo salario mínimo para todo el territorio genere desequilibrios, especialmente en áreas donde la remuneración media es más baja. Esto dificulta la contratación en zonas que, en principio, están menos desarrolladas.

Para abordar estos efectos no deseados, algunos países han implementado estrategias a nivel regional para establecer el salario mínimo:

– En Brasil y Canadá, el salario mínimo se determina a nivel de los estados.
– En Estados Unidos, se fija un salario mínimo a nivel estatal, aunque también existe un salario mínimo nacional que se aplica en estados que no han establecido uno específico.
– En Filipinas, se define el salario mínimo a nivel regional, con niveles más bajos para empleos en sectores agrarios.
– En India, el salario mínimo se establece a nivel regional, con niveles más bajos para trabajos no calificados o semicalificados.
– En Japón, la remuneración mínima se determina a nivel de «prefecturas», de las cuales el país tiene 47.
– Indonesia y Rusia también definen el salario mínimo a nivel regional.
– En Suiza, el salario mínimo se establece a nivel cantonal.

Estas estrategias permiten adaptar el salario mínimo a las condiciones económicas específicas de cada región, abordando las diferencias en el costo de vida y la remuneración promedio, y evitando dificultades excesivas en el empleo en áreas menos desarrolladas dentro del país.

Reducciones del SMI

En varios estados de Estados Unidos y algunos lugares de Canadá, se establecen salarios mínimos inferiores en situaciones específicas:

– En casos donde los empleados reciben propinas, estados como Quebec, Alabama, Arizona, Colorado, Delaware, Florida, Kansas, Kentucky, Michigan, Nueva York, Ohio, Texas, Vermont, entre otros, contemplan un salario mínimo menor.

– En empresas pequeñas, algunos estados tienen disposiciones específicas, como California (para empresas con hasta 25 empleados), Nueva York (hasta 10 empleados), Illinois (Chicago, hasta 20 empleados), Maryland (Montgomery, donde existen diferentes salarios mínimos para microempresas, empresas con 11 a 50 empleados y aquellas con más de 50 asalariados), Washington (Seattle, donde en empresas con menos de 500 asalariados se aplica un salario mínimo menor).

– En otras circunstancias particulares, estados como Nevada y Nuevo México (si los empleados tienen un seguro de salud privado, el salario mínimo es inferior), Oregón (donde el salario mínimo es más bajo en zonas rurales) y Manitoba (para vigilantes y guardias de seguridad, el salario mínimo es inferior al general).

Estas variaciones en el salario mínimo se aplican en función de distintas condiciones laborales y situaciones específicas dentro de cada región, ofreciendo diferentes niveles de remuneración dependiendo del contexto laboral o sector en el que se desempeñe el empleado.

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Los alumnos que estén realizando prácticas como becarios, sean remuneradas o no, comenzarán a cotizar en la Seguridad Social a partir de 2024

Diciembre-2023

A partir del 1 de enero de 2024, los alumnos que estén realizando prácticas como becarios comenzarán a cotizar en la Seguridad Social, según se ha acordado en el Real Decreto-Ley 2/2023. La empresa, que asumirá la cotización, se beneficiará de una reducción del 95% en las contingencias comunes.

La medida es independiente al Estatuto del Becario, actualmente en pausa, siendo de obligado cumplimiento para las empresas. Sin embargo, las universidades están empezando a encontrar problemas. Las compañías, así como las instituciones públicas donde se realizan prácticas, no están de acuerdo con el cambio ante el importe que deben pagar para asumir dicha parte de la cotización.

Eso es lo que ha denunciado la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas el pasado mes de noviembre cuando explicaron que las universidades han tenido que costear esas cuotas para que sus estudiantes pudieran titularse.

«De no ser así, no habría graduados en Medicina, Enfermería o Magisterio en los próximos años«, han explicado en un comunicado, según recoge Huffingtonpost. «La Asamblea considera que, dado que una parte sustancial de las prácticas se realizan en organismos públicos, estos deberían asumir la gestión y el pago«.

La nueva normativa se aplicará a los alumnos que realicen tanto prácticas formativas como académicas incluidas en programas de formación. Es decir, prácticas realizadas por alumnos universitarios de grado, máster y doctorado (también las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad) y las realizadas por alumnos de formación profesional.

La obligación de cotización se dará a partir de 1 de enero de 2024. Sin embargo, aquellos estudiantes que hayan realizado prácticas antes de la entrada en vigor del Real Drecreto-Ley 2/2023, podrán suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Se valorarán las prácticas realizadas con anterioridad hasta un máximo de dos años.

Esta medida tiene una letra pequeña. Aunque los estudiantes en prácticas se beneficien de cara a la pensión, ya que contarán con ese tiempo cotizado, no cotizarán por desempleo. Esto quiere decir que el tiempo de prácticas no les servirá para solicitar ni el paro ni los subsidios por desempleo pertinentes.

Los alumnos en prácticas tendrán que ser dados de alta como trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social. El plazo para comunicar a la Seguridad Social las altas y bajas será de 10 días naturales desde el inicio y finalización de las prácticas.

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