Las dos reformas del mecanismo público de pensiones que España ha realizado desde el inicio de la crisis, a las que se han unido otras modificaciones puntuales, han sentado las bases para sanear y consolidar financieramente el sistema de previsión social ante el elevado envejecimiento de la población española. Ambas reformas han sido profundas, pero a la vista del ritmo de crecimiento de la esperanza de vida y a las transformaciones del mercado de trabajo todo apunta a que no serán suficientes. A lo largo de los últimos ocho años, la longevidad media de los españoles ha ido creciendo de forma constante, según los datos hechos públicos ayer por Estadística. En los que ahora tienen 65 años, ha aumentado 1,3 años desde el inicio de la crisis, mientras que en términos globales (esperanza de vida al nacer), se ha elevado dos años.
Ni la recesión ni los recortes relacionados con ella han cercenado este indicador, que no ha cesado de aumentar prácticamente nunca en nuestro país, a excepción de ejercicios aislados, como es el caso del de 2013 o el de 2003. Ello es en sí una buena noticia porque constituye un indicador de calidad de vida, desarrollo y solidez de los servicios asistenciales del país. La esperanza de vida de la ciudadanía española ha crecido de forma paralela a la industrialización y modernización de la sociedad, pero también implica una severa carga financiera para un país con un índice de natalidad de entre los más bajos de Europa y una población envejecida. El sistema de pensiones ya dispone de un mecanismo de cirugía que entrará en vigor en 2019, el denominado factor de sostenibilidad, que recortará la cuantía de las nuevas pensiones en relación al aumento de la longevidad entre los cotizantes mayores de 65 años para garantizar la estabilidad financiera.
Existen cálculos sobre cuál será la pérdida de poder de compra de los futuros pensionistas con la aplicación de ese corrector si no se mantiene un crecimiento económico generoso, y si no se modifica la normativa y se mantiene un horizonte moderado de evolución de los precios. De acuerdo a esos parámetros, la cuantía de las pensiones se recortará hasta un 30% en 2050 y otro 20% adicional hacia 2070. Ante un futuro como ese solo caben tres posibles respuestas que no son alternativas, sino complementarias. La primera es incentivar el ahorro en fórmulas complementarias de renta y sistemas privados de previsión. A ello hay que sumar medidas de estímulo a la natalidad, algo que ha ocurrido ya en otros países con éxito, como Francia. También es necesario abordar reformas continuas que permitan mantener la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Todas ellas son tareas urgentes, que deben ir acompañadas de un sólido crecimiento económico y creación de empleo. Abordar ese reto con éxito es una asignatura imprescindible para mantener la paz y el bienestar social en el futuro.