El Gobierno prepara un amplio plan para tratar de hacer frente a la contaminación de las grandes ciudades y, a la vez, impulsar el uso del vehículo eléctrico. Para ello, varios departamentos ministeriales están preparando un abanico de medidas regulatorias centradas en reducir el uso del vehículo privado en entornos urbanos del orden de un 35% hasta el año 2030 y de los tráficos interurbanos en un 1,5% anual.
Este paquete de medidas, que impulsará el teletrabajo, el vehículo compartido y el uso de medios no motorizados (andar, bicicleta), incluye una profunda reforma fiscal de dos de los principales impuestos a los que tienen que hacer frente los conductores: el Impuesto de Tracción Mecánica (el numerito) y el Impuesto de Matriculación. En ambos casos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando cambios que penalizarán a los vehículos de combustión para acelerar la transición al coche eléctrico.
Para el Impuesto de Matriculación (IEDMT), la intención del Ejecutivo es focalizarlo en los vehículos de menor consumo, actualizando los tramos de emisiones en los que se basa el impuesto con la intención de adelantar la paridad del precio del vehículo eléctrico con el térmico, lo que implica una subida de los mismos.
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Los tramos del impuesto de matriculación actuales son del 0% para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gr/km de CO2; 4,75% para los que tienen emisiones mayores a 120 gramos y menores a 160 gr/km de CO2; 9,75% para aquellos con emisiones superiores o iguales de 160 y menores de 200 g/km CO2; y 14,75% para los vehículos con emisiones superiores o iguales a 200 g/km CO2.
Por el momento, el Ministerio de Industria ha dado una moratoria hasta 2021 para comenzar a calcular las emisiones en línea con el nuevo sistema de mediciones WLTP, que se impuso tras el escándalo del caso Volkswagen y que supondría un rápido incremento de los ingresos por este tipo de impuestos, ya que el resultado se incrementa notablemente al tratarse de pruebas de conducción real frente a las emisiones recogidas en laboratorio.
En lo que respecta a la reforma del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que recaudan las entidades locales sobre la base de caballos de vapor fiscales, el Gobierno quiere reorientarlo hacia un gravamen relacionado con la emisión de contaminantes, sobre la base de la norma Euro y la etiqueta medioambiental de la DGT, penalizando a los vehículos más antiguos y, por lo tanto, generadores de más emisiones.
Revisión europea
La Comisión Europea, de hecho, está trabajando en una amplia reforma de la fiscalidad ambiental para tratar de orientarla con los compromisos de cambio climático que tiene adquiridos hacia 2050 y en esa misma línea está planteando un aumento de los mismos con las emisiones de CO2 como referente, al tiempo que se está comenzando a plantear la creación de nuevas figuras impositivas ligadas a las emisiones de NOx. Las patronales eléctricas Aelec y la Asociación Empresarial Eólica, de hecho, así se lo han pedido ya al Ministerio de Transición Ecológica en sus alegaciones para la Estrategia a 2050 que el Gobierno tiene que remitir antes de acabar el año a Bruselas.
Entre las medidas que pretende implementar Pedro Sánchez figura también un ambicioso plan de comunicación, centrado en facilitar información del coche eléctrico, el precio y la localización de puntos de recarga mediante todo tipo de canales, en línea con las exigencias de la normativa comunitaria que pide que se pongan carteles en los que comparar los diversos tipos de combustible para ayudar a los consumidores en su decisión de compra.
Además, prevé la puesta en marcha de programas a fondo perdido que multipliquen el presupuesto puesto a disposición de los particulares y empresas para la adquisición de vehículos eléctricos. Moncloa quiere también impulsar la instalación de puntos de recarga eléctricos en áreas de servicio y centros de trabajo e impulsar la firma de convenios con empresas de coche compartido.
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Para las estaciones de servicio, el Ejecutivo incluirá dentro de la valoración técnica de nuevos proyectos de puntos de suministro el establecimiento de puntos de carga de vehículo eléctrico y de otras fuentes alternativas. De hecho, en el borrador de la Ley de Cambio climático ya se obliga a más de 1.000 gasolineras a poner puntos de recarga con una potencia de 22 Kw, que las petroleras consideran que es irrisoria y debería ascender a más de 50 kw, como en Portugal, para que tenga sentido.
Las medidas relacionadas con el transporte no acaban solo en el vehículo eléctrico. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril del 6% previsto en el Pitvi al 7,5% previsto en el Plan Integrado de Energía y Clima. Para ello, se crearán instrumentos financieros con el objetivo de movilizar inversiones en infraestructuras ferroviarias desde la carretera al ferrocarril, aunque esta es una aspiración que viene de largo pero que nunca se desarrolla.
El Gobierno aumentará la cuota modal del ferrocarril mediante la creación de estrategias comerciales para promover el cambio modal (ofertas de Renfe y liberalización del sector), mejorará la movilidad puerta a puerta hacia cero emisiones, la solicitud de incentivos al cambio modal carretera- ferrocarril tanto en mercancías como en viajeros, el prototipo de vagón para autopista ferroviaria o el impulso del transporte ferroviario con origen o destino en puertos.
Asimismo se quiere recuperar los Planes de Transporte al trabajo, que ya lanzó la Ley de Economía Sostenible de Zapatero facilitando el acceso a servicios de movilidad compartida en las empresas, promoción de la bicicleta y la creación de la figura del coordinador de movilidad para incrementar el número de compañías que lo tengan.
Transporte a 44 toneladas
El transporte por carretera se hará también de un modo más eficiente. Para ello, se aumentará la masa máxima autorizada a 44 toneladas y la altura a 4,5 metros para incrementar la carga media de dichos vehículos un 10% a partir de 2021 y reducir el número de vehículos por kilómetro y consumo.
Las empresas contarán con programas de ayuda a fondo perdido pero a cambió tendrán que realizar auditorías energéticas para las flotas, cursos de gestión de flotas y formación en conducción eficiente de vehículos industriales.
En materia energética, los planes que el nuevo Gobierno va a plantearle a Bruselas también resultan de lo más ambiciosos
A partir de 2021 se instalarán 57.000 MW de renovables, lo que supone una cobertura del 74% del consumo eléctrico con renovables. Se estima que entre 2021 y 2030 aproximadamente 22.000 MW habrán superado la vida útil regulatoria para lo que hace falta un plan específico para la renovación tecnológica. Por ese motivo, el Gobierno acometerá subastas para la asignación de un régimen retributivo específico; establecerá un calendario plurianual de subastas salvo un cambio en las condiciones de mercado en el que se venda la energía a generar y la variable sea el precio y donde se podrá distinguir entre tecnología por su capacidad de dar potencia firme, gestionabilidad y madurez tecnológica. Esta parte, no obstante, contrasta con el planteamiento del Gobierno de hacer subastas por 3.000 MW anuales, incluida en la Ley de Cambio climático.
El Plan de renovación tecnológica de proyectos de renovables incluirá una simplificación administrativa con la exención del trámite de utilidad pública e integración en el territorio, la exención de la necesidad de presentar un nuevo estudio arqueológico, la reducción de los plazos de tramitación de la evaluación de impacto ambiental y de información a otras administraciones publicas.
El Ejecutivo quiere impulsar la participación local en proyectos de renovables
El Ejecutivo quiere impulsar la participación local en proyectos de renovables mediante un mecanismo de adhesión para que estas plantas puedan acceder a un contrato de venta de su electricidad a un precio fijo ligado al resultado de las subastas. Se reservará una cuota anual que se otorgará a los primeros que lo soliciten y se facilitarán garantías públicas para abaratar la financiación.
Entre las medidas para los próximos años se incluye, además, el impulso de un programa para tecnologías en desarrollo, que contará con un calendario de subastas específico y un volumen de potencia reducido para proyectos de demostración (energías del mar o eólica marina), donde incluso podría haber financiación pública. De hecho, los territorios extrapeninsulares contarán con un programa de ayudas para las nuevas instalaciones de renovables que aporten garantía de potencia.
En materia de redes se prevé la adaptación de la planificación de las redes de transporte y distribución, que ya se ha iniciado, para el desarrollo de nuevos nudos de evacuación y refuerzo de los existentes. Curiosamente, el Gobierno considera fundamental la participación ciudadana pero el Ministerio se niega a dar a conocer las alegaciones a los proyectos de interconexiones internacionales.
El Ejecutivo afrontará la definición de la capacidad de conexión a la red en cada nodo en función de la potencia máxima de evacuación y no de la potencia pico. Al tiempo que garantizará la transparencia de la capacidad de conexión.
Almacenamiento
El nuevo Gobierno apostará por el desarrollo de sistemas de almacenamiento. Está prevista un alza de la tecnología de bombeo que aportará 3,5 GW de potencia adicional, equivalentes a 2,5 GW en 2030 con un mínimo de dos horas de almacenamiento a carga máxima. Para lograrlo se convocarán subastas para incorporar potencia firme de respaldo que no utilice combustibles fósiles. La variable para la oferta será la retribución adicional por unidad de potencia firme (MW) o capacidad de almacenamiento (MWh) y se analizará la posibilidad de reformular la operación de la capacidad de bombeo hidráulico para que su principal objetivo sea la estabilidad del sistema y la integración de renovables, un tema al que se oponen radicalmente las eléctricas. El Gobierno vigilará también el fin de la concesión de las centrales hidroeléctricas, regulando los procedimientos y plazos aplicables a estas instalaciones.
Otra figura que ganará peso es la del agregador de demanda, que permitirá participar a los sectores terciario y residencial de los servicios al sistema. La gestión será algo habitual para consumidores que pueden agregar como flotas de vehículos eléctricos, operación de parques de baterías o sistema de climatización distribuidos.
Gases renovables
En lo que respecta al gas, se aprobarán planes para promover los gases renovables. Se incluirá el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable. Se realizará un análisis de la situación de los gases renovables en España para determinar el potencial de producción teórico, técnico y económico y se definirá una estrategia para determinar el uso más eficiente, lo que incluye el diseño de mecanismos de apoyo sustentados, si fuera necesario, en un sistema de certificación que permita la supervisión y control de las obligaciones sin descartar regulaciones que permitan la inyección en la red de gas.
Para la industria se prevé impulsar la contratación bilateral a largo plazo de energía renovable, para lo que se analizará la viabilidad de contribuciones mínimas de suministro renovable para las administraciones públicas y los grandes consumidores de energía.
Estrategia nacional para el autoconsumo
El nuevo Gobierno impulsará una Estrategia nacional para el Autoconsumo que pasará por analizar el potencial de penetración para fijar unos objetivos ambiciosos pero alcanzables. En las previsiones del Ejecutivo se tendrá en cuenta la sostenibilidad del sistema eléctrico permitiendo la adaptación de las redes y de la propia tarifa, a una probable reducción de sus ingresos.
Se incorporarán plantas a los aeropuertos con un objetivo para Aena del 10% en 2030 y se aportará financiación blanda mediante el retorno en base a los ahorros económicos que supone la generación autoconsumida. Se favorecerá la gestión por parte de terceros que asumen la inversión y el mantenimiento para que vendan a los consumidores la energía en condiciones favorables y se impulsarán medidas de fomento desde ámbito local mediante la simplificación de los trámites. El Estado coordinará el desarrollo de las mejores prácticas.