- La presión fiscal en España se ha más que duplicado desde 1965
- Las cotizaciones a la Seguridad Social son el mayor contribuyente
- La presión fiscal en España ha vuelto a superar a la de la OCDE tras 11 años.
Echando la vista atrás unas cuantas décadas, la presión fiscal en España se ha multiplicado por dos desde 1965, primer año disponible en la base de datos de la OCDE. De una forma progresiva, la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales ha ido ganando peso sobre el PIB hasta la crisis económica de 2007, cuando se observó una caída de la que aún no se han recuperado. Aún así, este indicador sigue cerca de máximos históricos. La presión fiscal en 2018 ha sido del 34,4% del PIB (unos 415.700 millones de euros), superando la media de la OCDE por primera vez desde la crisis. Las cotizaciones a la Seguridad Social han sido el mayor contribuyente recaudatorio, representando el 11,6% del PIB y el 34% de toda la recaudación. A pesar de esta subida, la presión fiscal en España aún se encuentra más de diez puntos por debajo de la de Francia y Dinamarca, países que lideran la clasificación, y también lejos de la zona euro, que se encuentra en el 41% del PIB.
La presión fiscal se analiza como el conjunto de los ingresos por cotizaciones sociales (tanto las que paga el trabajador como el empresario) e impuestos durante un año, expresados como porcentaje del PIB, para lograr un dato que pueda compararse con otros países. En el caso de España, la presión fiscal ha pasado de representar el 14% del PIB en 1965 (niveles similares a los de México hoy) al 34,4% de hoy. No obstante, el pico de este indicador se logró en 2007, cuando la recaudación supuso un 36,2% del PIB.
Es importante mantener la cautela a la hora de analizar este indicador, pues depende de varios factores que pueden ser muy diferentes en cada país. La propia evolución del PIB puede marcar grandes diferencias. Un mayor crecimiento económico suele conllevar una mayor recaudación, y no solo por la generación de más actividad y empleo, también porque que el crecimiento suele ir aparejado a unos salarios y rentas superiores que pueden ascender dentro de los tramos del IRPF (soportando al final unos tipos efectivos superiores), por ejemplo o incluso al incremento por ley del salario mínimo. Además, una presión fiscal baja no tiene por qué ser sinónimo se unos niveles impositivos bajos, puede deberse a la existencia de una economía sumergida superior a la de otros países. La reducción de la economía sumergida y ciertos cambios en los antiguos sistemas de cotización en España durante la década de los 70 y 80 puede estar directamente relacionado con el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales respecto al PIB.
Desde el inicio de la década de los 2000 había sido habitual que España estuviese por encima de la media de la OCDE (que no de la zona euro) en lo que a presión fiscal se refiere, pero la crisis redujo sobremanera los ingresos por el Impuesto de Sociedades, las contribuciones a la Seguridad Social, los impuestos sobre la propiedad (donde se encuentra Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), la OCDE también incluye aquí Sucesiones…) y el IRPF. Sin embargo, los impuestos sobre los bienes y servicios (principalmente el IVA), que sufrieron una drástica caída en 2009, recuperaron y superaron su nivel de recaudación previo sobre PIB muy rápido gracias a las subidas del IVA aprobadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
La irrupción del IVA en 1986
Fue precisamente el IVA uno de los impuestos que llevó a España a dar un salto en materia de tributación. Con su creación en 1986, por exigencia de la entonces Comunicad Económica Europea, España pasó de recaudar un 0% del PIB en 1985 por este tributo a un 4,2% del PIB en 1986. Desde entonces, el IVA ha ido ganando peso, tanto absoluto como relativo, hasta alcanzar el 6,6% del PIB en 2018. Esta mayor relevancia del IVA no ha estado carente de polémica, pues este figura tributaria es una de las más regresivas del sistema tributario, gravando con el mismo tipo tanto a las rentas más altas como a las más bajas.
Aún así, la aportación del IVA a la tributación total se situó en el 19,1%, por debajo del 20,2% de la OCDE, mientras que el peso de los demás impuestos sobre el consumo (por ejemplo los impuestos especiales) fue del 10,2%, dos puntos porcentuales menos que la media de la OCDE. Los países del este y el norte de Europa suelen presentar unas recaudaciones por IVA cercanas al 9% del PIB, muy superiores a las de España.
Por otro lado, los impuestos sobre las rentas y ganancias de las personas (conocido en España como IRPF desde 1978) ha pasado de recaudar un 1,8% sobre el PIB hace 50 años hasta el 7,6% de 2018 (en Dinamarca supone 24,42% del PIB y en Chile solo el 1,41%). La recaudación sobre el PIB de este impuesto sufrió un descenso importante tras la crisis, que sin embargo comenzó a recomponerse a partir de 2010 por los incrementos de los tipos del IRPF que llevaron al tipo marginal (el escalón o tramo más elevado) hasta el 52% entre 2011 y 2014.
La importancia de las cotizaciones sociales
Las cotizaciones sociales son la estrella entre los ingresos públicos. Según los datos de la OCDE representaron un 11,6% del PIB en 2018, algo más de 140.000 millones de euros. La cotizaciones pasaron de suponer un 4% del PIB en 1965 a alcanzar el 11% en 1981, desde entonces ha predominado la estabilidad. Cabe destacar que si bien las cotizaciones que paga el trabajador se han mantenido estables, representando entre el 1 y el 2% del PIB de toda la serie histórica, las que paga el empresario pasaron del 3% del PIB en 1965 al 8,6% en 1981. Ese fuerte incremento, progresivo pero en unos pocos años, se produjo a medida que la economía sumergida iba perdiendo peso y las cotizaciones se adecuaban a los salarios reales.
Por último, los impuestos sobre la propiedad (que incluyen los propios de la compra-venta de vivienda, el Impuesto de Patrimonio, Donaciones, Sucesiones…) han mantenido una recaudación que tocó techo en 2006, suponiendo un 3,2% del PIB, y que tiene su suelo en 1965, cuando representó solo un 0,9% del PIB. Tras la crisis, los impuestos sobre la propiedad han recaudado alrededor de un 2,5% del PIB.
Comparaciones en 2018 con otros países
Volviendo a 2018, la presión fiscal se situó en el 34,4%, lo que representó un incremento de siete décimas en comparación con el año anterior. Este aumento de la presión fiscal en España entre 2018 y 2017 representa además la cuarta mayor subida entre los países de la zona euro y la mayor entre las grandes economías de la región.
En lo que se refiere a la OCDE en su conjunto, la presión fiscal entre las economías avanzadas se ha mantenido «virtualmente sin cambios» tras registrar de media un 34,3% (una décima por debajo de España) del PIB en 2018, en comparación con el 34,2% de 2017.
El informe publicado por el organismo cree que esta pausa en las subidas observadas en años anteriores se debe a la reforma fiscal aprobada en EEUU, donde la presión fiscal disminuyó al 24,3% en 2018 desde el 26,8% del año anterior, su nivel más bajo desde el año 2012.
Además de en EEUU, la presión fiscal también disminuyó en 2018 en otros 14 países. La mayor caída se pudo observar en Hungría, con una bajada de 1,6 puntos porcentuales en un año, por delante de Israel, donde bajó en 1,4 puntos porcentuales.
En lado contrario aparecen Corea del Sur, con un alza de 1,5 puntos porcentuales, seguido de Luxemburgo, con una subida de 1,3 puntos porcentuales. Los países con la presión fiscal más elevada en 2018 fueron Francia (46,1%), por delante de Dinamarca (44,9%) y Bélgica (44,8%), mientras que el menor peso de los impuestos y contribuciones sociales en el PIB entre las economías avanzadas se observó en México (16,1%), Chile (21,1%) e Irlanda (22,3%).