Piden al Gobierno que retrase un año la prueba. Dicen que se les ha «ignorado» y que hay «inquietud» en los institutos
Las 50 universidades públicas españolas están muy preocupadas por la forma en que el Gobierno está preparando la nueva Selectividad. Le han pedido incluso que retrase un año su puesta en marcha porque ven «inviable» tener todo a punto para comenzar las pruebas en junio de 2024, como han establecido los ministerios de Educación y Universidades. En un documento de alegaciones, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los campus denuncian que se les ha «ignorado» y advierten de las «crecientes señales de inquietud» que también les comunican los profesores de Bachillerato.
Los responsables de la organización de todas las EBAU o EvAU (se dice de distinta forma según el territorio) han redactado un documento conjunto de 18 páginas con 20 problemas técnicos que han detectado en el proyecto de real decreto que regula las Condiciones para el Acceso y la Admisión a las Enseñanzas Universitarias de Grado. Todas se han unido para consensuar el mismo documento. Es decir, han trabajado «de forma coordinada» para enmendar la propuesta liderada por el equipo de Pilar Alegría, a la que después se ha sumado el departamento de Joan Subirats.
El borrador del Gobierno, que se presentó el verano pasado, se ha ido transformando sustancialmente ante el rechazo que ha suscitado. La primera versión suponía una «reducción considerable» de contenidos, según las quejas de profesores de Lengua, la RAE, el Institut d’Estudis Catalans o los filósofos ante un sistema donde se juntaban varias asignaturas en una «prueba de madurez» que incluía muchas preguntas de tipo test o para responder en un máximo de dos párrafos. Alegría accedió en diciembre a aplazar la fase de implantación definitiva de la prueba, de junio 2027 a junio 2028, pero dejó la fase transitoria como estaba planeada inicialmente, comenzando en junio de 2024.
Después el texto ha seguido cambiando y ya no queda ni rastro de esa prueba de madurez ni del peculiar formato test. Pero los campus aún ven muchos problemas. Para empezar, creen que es imposible comenzar en el curso 2023/24, como aparece en el borrador del real decreto. Explican que, tras la publicación de esta normativa, que previsiblemente estará aprobada antes de verano, «deben producirse los correspondientes desarrollos normativos por parte de cada universidad y las adaptaciones de procedimientos de gestión y aplicaciones informáticas corporativas», y «todo ello hace completamente inviable su puesta en marcha» en junio de 2024.
«Crecientes señales de inquietud»
Exponen que «sería una deslealtad no hacer mención a las crecientes señales de inquietud» que les «traslada el profesorado de Bachillerato, orientadores y armonizadores de las materias, profundamente preocupados por la viabilidad de implantar el modelo de competencias el próximo año, pues son demasiadas las incógnitas y demasiado poco el tiempo para incorporarlas a un Bachillerato con currículos nuevos, nuevas materias y un modelo de evaluación nunca ensayado en 2º de Bachillerato e ignoto a los ojos de quienes han de dar instrucciones desde las universidades sobre las directrices concretas de cada materia».
Quienes han redactado las alegaciones explican que lo idóneo hubiera sido que los alumnos se matriculen en 1º de Bachillerato sabiendo ya desde el primer día cómo va a ser la prueba en la que se juegan su futuro universitario. Porque los que ahora están en ese curso van a tener que presentarse a una nueva Selectividad, en junio de 2024, con reglas del juego distintas pero habiendo entrenado con simulacros de examen del sistema antiguo. Por ejemplo, siguen haciendo análisis sintácticos y morfológicos o estudiando obras literarias para Lengua Castellana y Literatura pese a que estos contenidos ha desaparecido en el nuevo formato.
«Están creando un ambiente muy perjudicial de zozobra e inseguridad entre los estudiantes de Bachillerato. No entendemos qué prisa tienen en implantar un modelo que aún no han ensayado», resumen las fuentes, que plantean que el examen se posponga de junio de 2024 a junio de 2025.
Las 50 universidades también han visto que puede dar problemas la nueva duración de las pruebas: 105 minutos cada una, con un descanso mínimo de 45 minutos, frente a los 90 minutos y 30 minutos de pausa que había antes. «Es un tiempo desmedido» que, además de producir «desgaste» en los alumnos, va a provocar que las pruebas duren un día más, lo que supone alargarlas de tres a cuatro días de forma general, ampliarlas a cinco días en las CCAA con lengua cooficial e incluso extenderlas durante seis días para los exámenes de incidencias, lo que obliga a reservar más de una semana en el calendario. «Unas pruebas de tal longitud comprometen todos los plazos subsiguientes», alertan.
El Ministerio de Educación ha dicho, para justificar haber ampliado la duración de las pruebas, que el paso de una evaluación por contenidos a una evaluación por competencias requiere que los estudiantes necesiten más tiempo para responder. Los responsables de las universidades objetan que «muchas de las cuestiones planteadas actualmente en las pruebas tienen ese carácter competencial sin que eso obligue a aumentar la duración».
«Impugnar en los tribunales»
También cuestionan la composición de los tribunales calificadores, donde se impone que, además de profesores universitarios, haya un 40% de funcionarios de instituto especialistas de cada asignatura. Piden que esto no sea obligatorio porque, como la participación de estos profesores es «voluntaria», puede ocurrir que a veces no haya funcionarios suficientes y sea preciso recurrir a interinos. Si no se cambia el actual redactado, los alumnos podrían «impugnar en los tribunales» el examen cuando no hubiera el número exigido de funcionarios, «lo que generaría un problema serio».
Los campus cuestionan también el nuevo mecanismo de reclamación de los exámenes, que «comporta un aumento más que importante de visionados y de ejercicios, que haría aún más largo el procedimiento, movilizando muchos más recursos materiales, personales y temporales de manera innecesaria». El actual sistema, recalcan, «es más garantista, menos burocrático y más ágil» y «no hay razón objetiva alguna para su modificación, que hace más engorroso el procedimiento para el alumnado, tensionando plazos».
Advierten, por otro lado, que ciertos requisitos para alumnos de FP o que ya tienen estudios universitarios «desorientarán al estudiantado». Y ven a alguna «alusión incorrecta» a ramas de conocimiento que demuestran que «no se ha consultado a las universidades» a la hora de redactar la normativa. «Confunden cosas muy básicas, como la fase de acceso y la fase de admisión. Habrán consultado a profesores no universitarios, pero que no tienen experiencia en la organización de las pruebas. Con nosotros, desde luego, no han contado», denuncian.