Economía e Iniciativa Emprendedora

El Banco Central Europeo (BCE) califica de «desproporcionada» la rebaja a 1.000 euros del limite de los pagos en efectivo en la que una parte actúe como profesional o empresa en el marco de la legislación para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal en vigor en España desde julio de 2021, según un dictamen de la institución, que advierte además del impacto «adverso e indeseable» en el estado de curso legal de los billetes en euros.

«El BCE considera desproporcionada la reducción del límite de los pagos en efectivo en operaciones en las que cualquiera de las partes actúa en calidad profesional o empresarial a 1.000», opina el banco central, considerando que dicho tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar.

Asimismo, el BCE señala que al ampliar a 10.000 euros el límite admitido para los pagos en efectivo realizados por personas físicas que no actúan en calidad profesional o comercial, que tampoco son residentes fiscales en España, a partes que actúan en calidad profesional o comercial, «esto discrimina los pagos realizados por residentes frente a los realizados por no residentes».

Multa del 25% del importe

Por otro lado, la institución considera que el régimen sancionador establecido por la Ley «parece excesivo» y, advierte de que, en particular, la multa del 25% del importe pagado, «parece desproporcionadamente elevada».

Si bien el instituto emisor considera que el objetivo de la Ley de prevenir y combatir la evasión fiscal puede, en general, constituir una «razón pública» que justifique el establecimiento de limitaciones a los pagos en efectivo, recuerda que al limitar la posibilidad de cumplir con carácter general una obligación de pago en billetes y monedas de euro, «los Estados miembros deben velar por que las medidas adoptadas se ajusten al principio de proporcionalidad».

En este sentido, el BCE considera que la legislación no aborda en la exposición de motivos el impacto social y el riesgo de exclusión financiera que resultaría de la reducción del anterior límite de 2.500 euros para los pagos en efectivo, además de señalar que tampoco proporciona pruebas claras de que con dicho límite sea, de hecho, probable lograr el objetivo público declarado ni se indica si se podrían haber adoptado medidas alternativas con un impacto menos adverso.

Por otra parte, la institución advierte de que el límite de pago en efectivo establecido en la Ley «dificulta significativamente» la liquidación de transacciones legítimas utilizando efectivo como medio de pago, poniendo así en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado.

Así, recuerda la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo para fijar un límite de pago en efectivo a escala de la Unión de 10.000 euros.

A este respecto, el BCE señala que «el umbral para la prohibición prevista de transacciones de consumidor a empresa y de empresa a empresa debe establecerse lo suficientemente alto para evitar un impacto fáctico que conduzca a la abolición de los billetes en euros».

«Debe tenerse en cuenta que la capacidad de pago en efectivo sigue siendo especialmente importante para determinados grupos de la sociedad que, por diversas razones legítimas, prefieren utilizar el efectivo frente a otros instrumentos de pago», recuerda el BCE, subrayando que «facilitan la inclusión de toda la población en la economía» y suponen un método de pago fundamental para las personas mayores, los inmigrantes, los discapacitados, y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales.

El efecto del conflicto bélico en Ucrania comienza a trasladarse al IPC

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó un 3% en marzo frente al mes anterior y situó la tasa interanual en el 9,8%, su nivel más alto desde mayo de 1985. Una brutal escalada que se debe al encarecimiento de todos los componentes de la cesta de la compra, impulsados por los efectos de la guerra en Ucrania. El IPC interanual encadena así su decimoquinto dato al alza consecutivo, según los datos preliminares publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha pasado del 1,3% de marzo de 2021 a rozar el 10%.

Según Estadística, el aumento del IPC interanual de marzo hasta el 9,8% se debe a las subidas  generalizadas en la mayoría de sus componentes, entre los que destaca los incrementos de los precios de la electricidad, los carburantes y combustibles y los alimentos y bebidas no alcohólicas, mayores este mes que en marzo de 2021.

Así, el alza de los precios de la energía debido a la invasión de Ucrania por parte de Putin dispara la tasa, que ya estaba desbocada en niveles históricos. Pero el salto es cualitativo respecto al de febrero, al sumar 2,2 puntos porcentuales en la tasa interanual, y la comparación con el mismo mes del año pasado se salda con un alza de 8,5 puntos.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en marzo hasta el 3,4%, con lo que se sitúa más de seis puntos por debajo de la tasa del IPC general. Con todo, de confirmarse, sería la más alta desde septiembre de 2008.

Los datos definitivos se publicarán el próximo 13 de abril. En el dato adelantado publicado este miércoles, los precios en las tiendas se recogen hasta el día 21 de cada mes y los centralizados, hasta el día 25.

El impacto bélico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado tras conocerse esta cifra que el repunte de la inflación en marzo al 9,8% interanual «es un mal dato» que afecta a la economía y a la sociedad española, y que «en un 73%» es atribuible al impacto de la guerra en Ucrania.

«En un 73% se explica por el desbocado precio de la energía y los alimentos no elaborados, todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania», ha afirmado durante su comparecencia en el pleno para informar de las últimas cumbres europea y de la OTAN, y de las relaciones con Marruecos.

Sánchez se ha mostrado convencido de que el plan nacional de respuesta a la guerra, aprobado ayer en Consejo de Ministros por decreto ley, va a permitir «doblegar la curva (de la inflación) y estabilizar el coste de la vida».

Los analistas prevén que el gasto caiga al 2% por culpa de la guerra

Las estimaciones para Europa duplican las nacionales

La invasión rusa de Kiev ha cambiado de manera radical el panorama económico de este año. Todos los analistas han rebajado sus previsiones de crecimiento y la razón de la caída se explica, sobre todo, por la incidencia que la alta tasa de inflación tendrá sobre el gasto privado. La Cámara de Comercio de España prevé que el consumo de los hogares aumente en este año un 2% en lugar del 4% que habían calculado a finales del año pasado. Funcas, por su parte, lo sitúa en el 2,5%. Son previsiones exiguas si se considera que en 2021 el gasto final de los hogares aumentó un 4,6% respecto al año previo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, queda muy lejos de ese 6,9% que en julio del año pasado el Gobierno contempló en los Presupuestos Generales del Estado.

Antes de que la guerra estallara, ya se observaba una ralentización del consumo, como consecuencia del aumento de las tasas de contagio por la variante ómicron, la intensificación de los cuellos de botella en la oferta y la subida de los precios de la energía. El Banco Central Europeo advirtió hace unas semanas de que el gasto de las familias se contrajo más de lo esperado en el cuarto trimestre de 2021 y se situó un 2,5% por debajo del nivel anterior a la pandemia. En ese mismo periodo, el consumo de los españoles cayó un 1,2% respecto al tercer trimestre, según el INE. Si se compara de forma interanual, se observa que aumentó un 2,4% respecto al otoño de 2020, tres décimas menos que en el tercer trimestre.

A la presión de los costes energéticos y de combustible se suma ahora el conflicto de Ucrania, por lo que el gestor europeo cree que el retroceso se mantendrá al menos en el primer trimestre de 2022. A nivel regional, el BCE contempla que el consumo crezca de manera mucho más moderada que lo previsto al cierre de 2021, cuando lo cifró en un 5,9%. Pese a todo, el 4,6% que estima ahora para el bloque prácticamente duplica las cifras que se barajan en el caso español.

La brecha entre Europa y España se debe en especial al boom de la inflación, que en febrero llegó al 7,6%, lastrando el poder adquisitivo de las familias. Para ese mes, la gasolina ya se había encarecido un 6,5% y el diésel un 8,5%. En cambio, los salarios de convenio subieron únicamente un 2,2%, tres veces menos que el IPC, que registró el mayor repunte en tres décadas.

• Las exportaciones aumentan un 24,6% frente a enero de 2021 y un 13,4% respecto al mismo mes de 2019
• El déficit energético alcanzó los 3.222 millones, el doble que hace un año

El déficit comercial se situó en enero en 6.122,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de tres (+246%) el registrado en el mismo mes de 2021, según los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto al déficit energético alcanzó los 3.222,1 millones de euros, el doble que en enero de 2021 (déficit de 1.516 millones), mientras que el no energético se situó en 2.900,8 millones de euros, frente a los 253 millones del año anterior.

El déficit energético alcanzó los 3.222 millones, el doble que hace un año

Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 24,6% en enero sobre el mismo mes de 2021, hasta alcanzar los 25.543 millones de euros, máximo histórico para un mes de enero y las importaciones, por su parte, también alcanzaron máximo histórico para un primer mes del año, con 31.666 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 42,2%.

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones de enero de 2022 provinieron del sector de productos químicos –destacando principalmente las exportaciones de medicamentos-, productos energéticos –derivados del petróleo y la electricidad-, semimanufacturas no químicas y bienes de equipo. Por el contrario, el único sector que contribuyó negativamente fue el de alimentación, bebidas y tabaco.

En cuanto a las importaciones, las principales contribuciones positivas en enero provinieron de los sectores de productos energéticos, productos químicos, semimanufacturas no químicas y bienes de equipo. Ningún sector tuvo una contribución negativa.

Las exportaciones crecieron un 13,4% frente a enero de 2019

Con ello, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado que en enero se mantuvo «el gran dinamismo» que mostró el comercio exterior a lo largo de 2021. «Las exportaciones continúan creciendo con fuerza. Además, no sólo superan los niveles previos a la pandemia, sino que crecen un 13,4% frente a enero de 2019», ha resaltado.

Las exportaciones a la UE representaron en enero el 65,4% del total, aumentando un 28,8%

Por su parte, las exportaciones a la UE-27 representaron en enero el 65,4% del total (63,2% en enero de 2021) y aumentaron un 28,8%. Las dirigidas a la zona euro (57,6% del total) ascendieron un 29,6% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,8% del total) crecieron un 23,3%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Portugal (37,8%), Italia (34,9%), Francia (21,8%) y Alemania (6,4%).

Las ventas a terceros destinos (34,6% del total) se incrementaron un 17,4%, con incrementos de las exportaciones a América del Norte (41,3%), América Latina (33,8%) y África (22,3%). Las ventas a Reino Unido aumentaron un 18,6%.

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron la Comunidad de Madrid, Canarias y el Principado de Asturias.

• Los datos muestran ya una subida del 13% en los ingresos del impuesto
• Montero estudia rebajas fiscales para carburantes por la escalada del IPC

La inflación de los últimos meses aumentará la recaudación tributaria del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La subida de precios, que se traslada de forma casi directa a los ingresos a través del IVA, supondrá, en función del desempeño del IPC este año, unos 5.000 millones de euros extra para Hacienda después de que los analistas estimen una inflación para el conjunto del año cercana al 7%. Este alza se trasladará a la base imponible del impuesto. Hasta noviembre -los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria-, los ingresos homogéneos del IVA crecen un 13,2%.

La subida de la recaudación aún recoge el impacto de la caída del consumo en el año 2020, por la pandemia del coronavirus Covid-19. Sin embargo, los datos de Hacienda ya incluyen el impacto de la subida de precios. «La aceleración tiene que ver con la recuperación de la actividad y del consumo y con las subidas de precios vividas en los últimos meses», explica Hacienda en su informe mensual.

A falta del informe oficial de recaudación del año 2021, que se publicará en una semanas, los datos adelantados muestran que los ingresos tributarios aumentan un 14%, el doble que la economía. Tanto la inflación como la economía sumergida tienen que ver con este asunto. El sistema fiscal español no deflacta las tarifas. Una subida de precios como la actual, al 7,6%, se traslada a los impuestos de manera casi inmediata. Así, el impacto de la crisis del coronavirus ha sido mayor en sectores donde la economía sumergida está más presente. Aunque sin datos oficiales, el acceso a los Ertes y las ayudas han podido aflorar gran parte de este trabajo en negro.

Los ingresos de la Agencia Tributaria aumentan un 14%, al doble de ritmo que la economía

Los datos provisionales de la Agencia Tributaria indican que la base imponible del impuesto podría recuperar el nivel previo a la crisis, hasta unos 485.000 millones de euros. De aplicarse la inflación a esta cantidad a un tipo efectivo del 15%, los ingresos por el impuesto aumentarían en un total de 5.000 millones de euros.

El dato de noviembre recoge, sobre todo, el devengo de septiembre y supone de nuevo una mejora con respecto al mes anterior, igual que sucedió, con intensidad, en octubre, aunque en este caso sin la aportación que tuvieron entonces las declaraciones trimestrales. Una de las consecuencias de estos resultados es que los ingresos homogéneos acumulados en el año superan por primera vez a los estimados para 2019.

En 2020, la recaudación por IVA se redujo un 11,5%, hasta los 63.337 millones, lo que supuso una pérdida de más de 8.000 millones respecto a los ingresos alcanzados en 2019. Los efectos del confinamiento y de otras medidas restrictivas, así como las limitaciones a la movilidad, tuvieron un fuerte impacto en la evolución del IVA bruto, que cayó un 9,4%. En esta ocasión, la recaudación cayó menos que el consumo. El gasto final sujeto a IVA cayó un 13,3%, frente a la caída de recaudación del 11,5%.

Los precios, en máximos

Ante esta situación, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció ayer que el Ejecutivo estudia un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y confirmó que algunas de ellas pasarán por revisar la fiscalidad a la baja de algunos productos que «claramente» estén impactados por el incremento de la inflación.

«Tenemos que ser cautos a la hora de anticipar ningún tipo de medida hasta que no esté dialogada y consensuada», recalcó Montero en declaraciones a los medios antes de la presentación de un nuevo homenaje a las mujeres con el libro Pioneras, cien años de la presencia de la mujer en el Tribunal de Cuentas 1921-2021.

Aunque la ministra no detalló qué tipo de impuesto se pretende revisar, sí aseguró que se evaluará la fiscalidad de los productos más afectados por el alza de la inflación, como pueden ser los carburantes. Montero explicó que el plan nacional de respuesta a esta crisis, que espera que el presidente del Gobierno pueda presentar a final de este mes o principios del próximo, tiene una cuádruple dimensión, siendo el primero de ellos el consenso a nivel europeo.

La titular de Hacienda señaló que el Consejo Europeo de final de mes será trascendente para conocer la posición de Europa respecto a la regulación del gas y del pool eléctrico. «Esto ha sido una obsesión de España porque nuestros precios energéticos han subido de forma desorbitada«, reconoció la ministra.

Además, la ministra mencionó al diálogo con los agentes sociales para impulsar un pacto de rentas, así como a las conversaciones que el Gobierno iniciará con los partidos políticos para conocer cuál es su opinión, ya que este tipo de regulaciones que se pretenden abordar tienen que ser ratificadas por el Congreso de los Diputados.

Montero también destacó que se convocará en una conferencia específica a las comunidades autónomas para poner en común las medidas que cada una entiende que pueden ser complementarias a las que adopte el Gobierno central.

Montero remarcó que la intención del Ejecutivo es prepararse por si la invasión dura más en el tiempo de lo esperado

«Con todo esto tendremos un proyecto colectivo, ojalá participado por todos los agentes, que nos permita hacer frente al impacto del incremento de la inflación, que es el síntoma más claro de cómo está afectando la guerra de Ucrania al conjunto de Europa», incidió la ministra.

Montero remarcó que la intención del Ejecutivo es prepararse por si la invasión dura más en el tiempo de lo esperado y que España sea capaz de prevenir todas aquellas actuaciones que pueden ocurrir por las sanciones contra Putin.

Sobre la propuesta del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, de subir impuestos a las eléctricas para paliar la factura de los consumidores, Montero recordó que el Gobierno en materia eléctrica ha topado los llamados «beneficios caídos del cielo». Argumentó que existen diferentes formas de abordar los beneficios, bien por la vía fiscal directa o por la vía de la regulación.

«No se pone en duda que estamos en una senda de recuperación económica y con creación de empleo», ha defendido la vicepresidenta primera del Ejecutivo.

El Gobierno ya anticipa que la guerra en Ucrania provoque una ralentización de la economía debido al incremento de los precios de la energía, lo cual se traducirá en una inflación más persistente de lo esperado, aunque descarta que llegue hasta el punto de poner en riesgo que el PIB siga creciendo.

«El impacto de esta guerra puede ser una ralentización, pero no se pone en duda que estamos en una senda de recuperación económica y con creación de empleo», ha defendido la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, en una entrevista este lunes en el programa «La Hora de la 1».

La también ministra de Economía ha reconocido que es «una lástima» que el conflicto afecte a España en un momento en el que protagonizaba una «fuerte recuperación», con unas perspectivas macro muy optimistas.

No obstante, ha subrayado que el Ejecutivo seguirá «impulsando» el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -diseñado para ejecutar los fondos europeos- con el objetivo precisamente de que la economía siga en positivo.

«Vienen tiempos difíciles», ha admitido Calviño, quien ha incidido en que «hay que hacerse a la idea de lo que viene», en alusión sobre todo a la inflación.

La ministra ha explicado que en el caso español los precios del gas se trasladan casi automáticamente a la factura de la luz -pese a generar apenas el 10 % de toda la electricidad consumida en España- y también al IPC, un fenómeno que abogan por evitar con cambios a nivel comunitario.

«Queremos topar los precios, para que el precio del megavatio/hora (en el mercado mayorista de la electricidad) no dependa de lo que haga (el presidente ruso, Vladímir) Putin», ha detallado.

En este sentido, ha apuntado que España fue «el primero en dar la señal de alarma» en la Unión Europea por esa conexión tan automática del precio del gas y la inflación, motivo que ha llevado al Gobierno a defender en Bruselas que es necesario «toparlo», a la espera de que su reivindicación cuente con el apoyo de más países.

En cuanto al abastecimiento de gas, Calviño ha transmitido un mensaje de tranquilidad y ha confirmado que hay «conversaciones constantes con el Gobierno de Argelia» en las que el país magrebí garantiza el suministro a España.

Preguntada sobre las conversaciones con patronal y sindicatos para alcanzar un «pacto de rentas», la titular de Economía ha exhortado a ambas partes a adecuar la evolución de los salarios pero también la de los dividendos empresariales a un ritmo «adecuado» que permita compensar la subida generalizada de los precios pero «sin entrar en una espiral inflacionista». 

• El organismo centra el trabajo en la mejora del gasto frente al aumento de la presión fiscal
• Critica la incertidumbre que ha generado el anuncio de la opinión de los expertos
• España se sitúa por debajo de la media de la UE y la OCDE en eficiencia del gasto público

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado el informe sobre Eficiencia del gasto público en España en el que explica que mejorar la eficiencia del gasto público ahorraría hasta 60.000 millones de euros a las arcas públicas. Esta es una de las principales conclusiones que destacaron su presidente Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, en la presentación del estudio, que coincide con el lanzamiento de la opinión de los expertos sobre la reforma fiscal.

En 2019 los expertos estimaron que España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE. Ello supondría un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros, aunque podría ser mayor en la actualidad, dado que se ha producido un deterioro de la eficiencia del gasto público en España. Yendo más allá, el IEE explica que aumentar un aumento de un 1% del PIB en ingresos fiscales, lleva a una reducción del 1% en la eficiencia del gasto.

De esta forma, con el ahorro en el gasto público que podría obtenerse como consecuencia de una mejora de la eficiencia de este hasta situarse en niveles equivalentes a la media de la OCDE, podría lograrse la necesaria consolidación fiscal sin recurrir a subidas de impuestos. «A partir de un cierto nivel de gastos e ingresos, un mayor nivel de gasto no implica una mejor prestación de servicios. Puede generar una mayor ineficiencia de los servicios, según la evidencia empírica. Muchos de los gastos improductivos se vuelven estructurales, lo que torna la economía ineficiente», explica Fernández de Mesa.

España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE respecto a la eficiencia del gasto público, según se desprende del Índice de eficiencia de gasto público de 2021, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). En concreto, España obtiene una puntuación de 74,4 y se sitúa en la posición 29 del índice, en la zona media-baja de la tabla, mientras que la UE cuenta con una puntuación de 98,6 y la OCDE de 100. De hecho, España obtiene una puntuación más baja que la mayor parte de los principales países de la UE, especialmente nórdicos y centroeuropeos.

De acuerdo con el informe publicado este lunes, España ha mostrado un deterioro en el Índice IEE de eficiencia del gasto de unos diez puntos, al pasar de un valor de 84,6 en 2019, a 74,4 en 2021, lo que denota una pérdida relativa de eficiencia en comparación con otros países de la OCDE. «Ante este escenario, es evidente que España tiene un amplio margen por delante para tratar de mejorar la eficiencia de su gasto público, lo que redundaría en beneficio no solo de la Administración Pública, sino también de toda la sociedad española en general», han remarcado desde el Instituto.

El IEE remarca la «importancia del gasto público en España, máxime en un momento de incertidumbre en los precios y en la evolución económica a causa de la guerra». En línea con lo expuesto durante los últimos meses, el organismo ligado a la CEOE considera que no es el momento de subir impuestos y, además, critican que el mero hecho de anunciar de una subida de impuestos genera incertidumbre en una coyuntura de plena recuperación económica.

Las sanciones aprobadas el pasado fin de semana por la Unión Europea se han demostrado efectivas al provocar un éxodo empresarial solo dos días después. Rusia anunció ayer que bloqueará las desinversiones.

Las medidas duras anunciadas por la Unión Europea están forzando un éxodo de compañías occidentales de Rusia. Solo dos días después de que la Bruselas elevara el listón de su castigo sobre la economía rusa y de que el Kremlin haya respondido recrudeciendo su ofensiva militar contra Ucrania, la lista de empresas occidentales que rompen relaciones con Moscú crece y abarca cada vez más sectores. En unos casos por el coste para su imagen corporativa, en otros por las crecientes dificultades para hacer negocios o garantizar sus transacciones, los anuncios que informan sobre la ruptura de las grandes corporaciones occidentales con Rusia se acumulan.

La respuesta del Kremilin ha sido anunciar una disposición de hasta un billón de rublos (8.906 millones de euros), para comprar acciones de empresas rusas afectadas por las sanciones occidentales.

El documento fue firmado por el primer ministro, Mijaíl Mishustin, el pasado sábado. Mishutsin anunció ayer en un mensaje televisado la preparación de un decreto para frenar la salida de inversiones extranjeras. «Se ha preparado un proyecto de decreto presidencial para introducir restricciones temporales a la salida (de inversores extranjeros) de los activos rusos», para «permitir a las empresas tomar decisiones lúcidas» y no bajo «presión política».

PETRÓLEO

La petrolera británica BP anunció el domingo que venderá su participación del 19,75% en la estatal rusa Rosneft, que mantenía desde 2013 y que está valorada en unos 14.000 millones de dólares. Además, el presidente ejecutivo de BP, Bernard Looney, dejará su puesto en el Consejo de Administración de la petrolera rusa de forma «inmediata».

Por su parte, Shell, denunció ayer la invasión de Ucrania como un «acto de agresión militar sin sentido» de Rusia. La petrolera británica rompe su alianza con el gigante ruso Gazprom, incluidos el desarrollo de infraestructuras para gas natural licuado Sakhalin-II, su participación en el gasoducto Nord Stream 2 y las sociedades al 50 % en los proyectos petrolífero de Salym y Gydan, en Siberia.

Equinor, la compañía energética noruega y una de las pioneras en la entrada occidental en Rusia tras la caída de la URSS, califica su posición de «insostenible», por lo que romperá su alianza con Rosneft. El Gobierno noruego adelantó que venderá en cuanto pueda activos por valor superior a 2.700 millones de euros.

TottalEnergies, de nacionalidad francesa, anunció ayer que congela sus inversiones pero no formalizó una retirada. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, adelantó que discutirá con la empresa para que se tome una decisión «en los próximos días».

AUTOMOCIÓN

Damiler Trucks, uno de los mayores fabricantes de camiones del mundo, dejará de producir en Rusia, donde comparte fábricas con el grupo local Kamaz. Lo hace hasta nuevo aviso en rechazo a la violencia militar y tras las sanciones impuestas por la UE.

Renault, que había hecho de Rusia su segundo mercado en Europa, también ha paralizado sus plantas en Rusia, como lo ha hecho Volkswagen. Volvo, por su parte, no enviará más vehículos al país y General Motors, Jaguar, Porsche y Land Rover harán lo mismo.

TRANSPORTE

Al sector aeronáutico, ya muy tocado por dos años de pandemia global que dejaron la mayor parte de sus flotas en tierra, la ruptura de las operaciones le ha venido dada por el cierre europeo del espacio aéreo a cualquier avión con bandera rusa o de propiedad rusa. Lufthansa, AirFrance-KLM e IAG, por ejemplo, no ofrecen vuelos aa Rusia. La respuesta de Moscú ha sido recíproca, así que, por convicción o a la fuerza, no hay manera de operar con el país.

La danesa Maersk y la suiza MSC anunciaron ayer la cancelación temporal de todo el transporte de contenedores marítimos a y desde Rusia, excepto alimentos y medicinas, debido a la guerra en Ucrania, como ya hicieron la singapurense Ocean Network Express y la alemana Hapag Lloyd.

FINANZAS

La suspensión parcial de las comunicaciones financieras a través del sistema de mensajería Swift ha desencadenado Mastercard y Visa bloquearon a los bancos rusos en su red de pagos. Para el sector bancario la reacción ante las medidas de bloqueo es más compleja que en actividades industriales. las entidades más expuestas como la italiana Unicredit, o el alemán Deutsche Bank han congelado sus actividades en el país.

MEDIOS

Las plataformas digitales, que si por algo se caracterizan es por no tomar partido en ninguna clase de conflicto nacional, han chocado con Rusia al tomar medidas que restringen la actividad informativa del Kremlin. Así, Facebook, Instagram y YouTube han bloqueado las cuentas de Rusia Today (RT) y Sputnik en la Unión Europea a demanda de las instituciones. Twitter ha tomado medidas similares y la respuesta rusa ha sido restringir el uso de las redes sociales extranjeras en el país. VKontakte, el Facebook ruso, domina el 22,29 % del mercad. Facebook, cuenta con un 16,67 % y YouTube tiene un 14,99 % de presencia.