Se trata del nivel más alto desde julio de 1989 y es la 14 tasa al alza
Las subidas más fuertes se dieron en alimentos, bebidas y carburantes
La inflación subyacente sube al 3%, cuatro puntos por debajo del general
La inflación ha marcado un nuevo pico para situarse en febrero en el 7,4% anual, el nivel más alto desde julio de 1989. Los datos adelantados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan la decimocuarta tasa anual positiva del Índice de Precios al Consumo (IPC).
En concreto, el IPC subió en febrero 1,2 puntos en variación interanual sobre el nivel marcado el mes anterior. Según Estadística, al aumento del nivel interanual de la inflación es consecuencia de las subidas «generalizadas» en la mayoría de los componentes que analiza pero especialmente de la de los alimentos y bebidas no alcohólicas y los carburantes. También influyeron precios de la electricidad, que bajaron en febrero menos de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2021.
La primera caída en su trayectoria al alza desde febrero de 2021 que registró en enero, cuando bajó un 0,4% respecto al 6,5% de diciembre por el abaratamiento del precio de la luz, no ha tenido continuidad en febrero, ni mucho menos. En tasa mensual, el IPC registró un incremento del 0,6% respecto a enero, su mayor aumento en tasa mensual en 30 años, desde febrero de 1992.
En cuanto al avance en la estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), el INE apunta a un aumento de seis décimas, hasta el 3%, con lo que se sitúa más de cuatro puntos por debajo de la tasa del IPC general.
El dato definitivo de la inflación de enero se publicará a mediados de marzo.
Se trata del segundo mes en el que los datos de IPC atienden a la nueva base 2021 que aplica Estadística para mejorar la precisión del indicador. Incluye cambios en la composición de la cesta de la compra, tras sacar del cálculo del IPC 24 subclases e incorporar dos nuevas: las mascarillas higiénicas y la suscripción a la prensa ‘online’. De la cesta han desaparecido, entre otros, artículos como el reproductor de imagen, el reproductor portátil o el compact-disc y el DVD.
El Consejo de Ministros da luz verde al incremento del SMI, que será retroactivo desde enero y afecta a 1,8 millones de trabajadores
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales, repartidos en 14 pagas. El aumento será retroactivo, con efectos desde el pasado 1 de enero, como pactó el Ejecutivo con los principales sindicatos hace dos semanas. Las patronales CEOE y Cepyme se desmarcaron del acuerdo, que supone incrementar en 35 euros el SMI vigente hasta ahora (965 euros en 14 pagas). En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida: “El SMI empieza a ser ya digno en nuestro país y se asemeja a las medias europeas, aunque queda mucho camino por recorrer”, ha asegurado. El objetivo del Gobierno es elevar la barrera del sueldo mínimo que puede pagarse a un trabajador en España hasta el 60% del salario medio, el nivel que figura en la Carta Social europea, lo que el grupo de expertos que reunió en su día Trabajo se cuantificó en 1.050 euros.
El acuerdo suscrito por el Ejecutivo con las mayores centrales sindicales, UGT y CC OO, supone elevar hasta 33,33 euros brutos diarios el SMI con carácter general. Para trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios en la misma empresa no exceden de 120 días (cuatro meses), la jornada se fija en 47,36 euros. Y para los trabajadores del hogar, la remuneración mínima por hora es de 7,82 euros brutos. El SMI de 1.000 euros en 14 pagas supone que quienes lo reparten en 12 mensualidades deben cobrar un mínimo de 1.166,7 euros. La nueva cantidad supone un 3,63% más que en 2021, muy lejos del aumento del 22,3% que se hizo en 2019 (entonces pasó de 735 a 900 euros). Al ser una subida retroactiva, las nóminas de enero deberán ser retocadas y compensarse la diferencia.
“El objetivo es ser más europeos y destituir un modelo empresarial y de relaciones laborales basado en el low cost [bajo coste], con bajos salarios y relaciones laborales absolutamente precarias”, ha asegurado Díaz en su comparecencia ante los medios. El Gobierno calcula que el aumento del SMI afecta a 1,8 millones de trabajadores en España, entre los que destaca un perfil: mujeres jóvenes, de entre 18 y 34 años, con un empleo en la agricultura o los servicios. Un estudio de CC OO señaló que la medida beneficiaría a 300.000 personas más que el anterior SMI, ya que conforme sube en cuantía, va abarcando a más trabajadores.
La vicepresidenta ha destacado que el incremento del salario mínimo es la “mejor herramienta para combatir la pobreza laboral” y ha negado que genere un efecto negativo sobre el empleo. Esta cuestión generó controversia en anteriores subidas y es la que han usado las patronales para justificar su negativa, argumentando que perjudica particularmente a sectores como el agrícola o el de los trabajadores domésticos. Por eso Díaz ha destacado que actualmente hay 105.000 autónomos más que antes de la crisis del coronavirus, que en el sector agrario hay 58.000 trabajadores más y la cifra de personas empleadas en los hogares (mayoritariamente mujeres) no ha variado. “Los discursos dogmáticos acerca de los efectos negativos de la subida del SMI me atrevo a decir que no son reales”, ha enfatizado la ministra de Trabajo.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha puesto destacado desde que Pedro Sánchez es presidente del Ejecutivo, el SMI se ha incrementado en un 33%, el “mayor incremento en la historia del país”. Para abordar el año que viene, teóricamente el último de la legislatura, el incremento hasta el 60% del salario medio, Trabajo tiene previsto convocar próximamente a su comité de expertos. Si el objetivo se fija definitivamente en 1.050 euros en 14 pagas, la subida respecto al SMI actual sería del 5%.
El Plan de Educación Financiera contará con 900.000 euros anuales
También se desarrollará material pedagógico para educación primaria
«La experiencia muestra que la educación financiera se ha convertido en una competencia clave en la sociedad del siglo XXI debido a la presencia constante en nuestras vidas de las finanzas personales y a la estrecha relación que estas tienen con el bienestar personal y social. El hecho de contar con unos conocimientos adecuados en esta materia influirá en la realización responsable y consciente de elecciones informadas y repercutirá en último término en la propia libertad del individuo». Esta exposición, recogida en el Plan de Educación Financiera (PEF) 2022-2025 elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pone de manifiesto cómo apostar por la educación financiera es una inversión de futuro para la sociedad.
Ambos organismos llevan desde 2008 trabajando para que la educación financiera se abra camino en España, país en el que continúa siendo una asignatura pendiente como ponen de manifiesto los datos. En este sentido, la encuesta realizada por AXA IM para determinar el nivel de conocimiento financiero del público general y que recoge que más de la mitad de los españoles tiene un nivel muy bajo de conocimientos financieros, es solo un ejemplo.
No obstante, parece que la educación financiera por fin comienza a adquirir un carácter de mayor importancia y oficialidad en España. Y es que el pasado mes de enero la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, firmaron el Convenio para la promoción y desarrollo del Plan de Educación Financiera.
El objetivo es fomentar este tipo de educación con especial atención a los estudiantes en sus diferentes grados (primaria, secundaria, formación profesional y universitarios) y a las personas más vulnerables, para favorecer la inclusión financiera y prevenir el fraude financiero. Para desarrollar las medidas e iniciativas previstas, el plan contará con un presupuesto de 900.000 euros anuales y con el apoyo material y humano de los expertos de las tres instituciones.
«En los próximos años vamos a enfrentarnos a varios retos adicionales al incremento de la capacitación financiera de los ciudadanos. Estos retos ya están despuntando y afectarán al conjunto de la sociedad», recoge el PEF.
Por un lado, se está acelerando la digitalización en el ámbito financiero que, si bien amplia la variedad de servicios de cara a los consumidores, también aumenta la posibilidad de ser víctima de un fraude o de sufrir exclusión financiera ante la falta de conocimientos.
Por otro lado, la crisis derivada de la pandemia ha puesto a prueba la resistencia ante la adversidad de agentes y familias. De hecho, como pone de manifiesto el Observatorio del Ahorro Familiar, de Fundación Mutualidad de la Abogacía y Fundación IE, una de cada tres familias llegó a la pandemia con menos de 2.200 euros ahorrados y la mitad de los hogares contaba con menos de 9.000 euros.
Esta situación es consecuencia de la cultura del ahorro en España: en vez de acumular ahorro en los momentos de bonanza económica, los hogares españoles elevan su consumo, mientras que, ante circunstancias económicas adversas, elevan su tasa de ahorro. Este comportamiento exacerba más el ciclo económico, en vez de suavizarlo.
Por tanto, es necesario mitigar estos riesgos dotando a la población de las capacidades y los conocimientos necesarios para moverse en este entorno. «Esta estrategia resultará exitosa cuando realmente consiga cambiar hábitos en los ciudadanos, de modo que estos sean capaces de tomar decisiones financieras razonadas y adaptadas a sus circunstancias«, señala el PEF.
Escolares como prioridad
Dentro de esta estrategia, los centros de enseñanza se han marcado como uno de los objetivos prioritarios. En las ediciones previas del PEF la acción entre los escolares se había concentrado en los alumnos de secundaria y bachillerato. Ahora, durante el periodo 2022-2025 se procederá a desarrollar materiales pedagógicos destinados a los alumnos de educación primaria.
De este modo, en educación primaria, se han identificado dos áreas de conocimiento: dinero y transacciones y planificación y gestión de las finanzas. Las competencias clave en estas áreas son comprender el importante papel que el dinero juega en la vida de una persona y gestionarlo adecuadamente.
En el caso de educación secundaria se han identificado cuatro áreas de conocimiento: dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas, riesgo y beneficio y panorama financiero. Las competencias clave en estas áreas son: manejar y supervisar las transacciones, controlar y gestionar el dinero adecuadamente, planificar y utilizar los ingresos y otros recursos a corto y largo plazo para mejorar el bienestar financiero, gestionar los riesgos financieros y conocer y comprender el entorno financiero.
«Este esfuerzo por alcanzar a todos los estudiantes de cualquier ciclo académico debe alcanzar necesariamente a los alumnos de Formación Profesional«, destaca el PEF. Por su parte, para los alumnos universitarios, se proseguirá la línea iniciada en la etapa anterior de fomentar la cultura financiera entre los estudiantes, especialmente entre aquellos procedentes de estudios no relacionados directa o indirectamente con la economía y las finanzas.
A este respecto, «como destacan números estudios internacionales y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es esencial comenzar a forjar la competencia financiera a edades tempranas. De esta forma, los jóvenes comienzan a familiarizarse con los conceptos de ahorro y gasto, con la importancia de un endeudamiento responsable y, en definitiva, con el papel fundamental que las finanzas van a tener en su vida», resume el PEF.
La alimentación copa la mayor parte de los primeros puestos del ránking, con el aceite, la pasta, la carne, la harina o la fruta a la cabeza. Además, carburantes, ropa, muebles y ciertos utensilios también se disparan
Si se miran las cifras generales de inflación, parece que los precios empiezan a dar un pequeño respiro, ya que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó en enero, con una subida interanual del 6,1%, cuatro décimas menos que el mes anterior. Sin embargo, la mala noticia es que esta desaceleración se debe casi exclusivamente al freno de la factura de la luz en el arranque del año, mientras que casi todos los demás productos siguen en ascenso y suben cada vez con más fuerza, al repercutir el incremento de los costes sufridos en los meses anteriores. De hecho, si en diciembre había 36 bienes y servicios con subidas superiores al 5% anual (15 más que el mes anterior), ahora esta lista se eleva hasta 44 productos, una cuarta parte de las categorías que conforman la cesta de la compra del Instituto Nacional de Estadística (INE). En otras palabras, la inflación se traslada con fuerza hacia el centro comercial, incluyendo numerosos productos alimenticios, los combustibles, ropa o muebles.
La electricidad sigue liderando la subida del IPC en enero, con un alza del 46,4%. Esto es, 25,6 puntos menos que el mes anterior. Y, junto a la luz, también suben con fuerza otros productos energéticos, como los hidrocarburos licuados como el butano (33,5%), el gasóleo (25,7%), la gasolina (23,1%) o el gas ciudad (12,1%). Sin embargo, la mala noticia es que este incremento supone un alza de costes para muchos productores que ya se ha filtrado hacia otro tipo de bienes y servicios, algo especialmente marcado en la amplia mayoría de los productos alimentarios de consumo diario. Una lista entre la que destacan los aceites que no son de oliva (37,9%), los de oliva (30,1%), la pasta (20%), la carne de ovino y caprino (12,6%) y la harina y los cereales (10,6%).
La alimentación copa la amplia mayoría de las primeras posiciones en el ránking de la inflación, hasta el punto de que resulta prácticamente imposible esquivar la subida de precios en un centro comercial. Tras los productos ya mencionados quedan las frutas en conserva y productos a base de frutas (con un incremento del 9% respecto a enero del año pasado), la fruta fresca o refrigerada (8,8%), el arroz (8%), la carne de ave (6,9%), los huevos, el té y la leche (6,6% en todos los casos), la carne de vacuno (6%), el pescado fresco o refrigerado (5,9%), zumos de frutas y bebidas vegetales (5,8%), alimentos para bebé (5,6%), los productos de panadería, yogures y mantequilla (5,4%), pan (5,3%), café, confituras, mermeladas y miel (5%). Unas cifras que contrastan con los escasos descensos que experimentan un número muy limitado de alimentos: los frutos secos (con un descuento del 1,1%), el vino (0,7%) y los productos a base de cereales (0,2%).
Además, hay otros muchos productos de venta habitual en supermercados y centros comerciales, fuera del ámbito de la alimentación, que también experimentan fuertes incrementos. Es el caso de los ya mencionados carburantes para el automóvil, otros muebles y accesorios (que suben un 8,5%), los periódicos diarios y otros artículos de vestir (7,2%), las bicicletas (6,8%), cafeteras y teteras (6,5%), muebles para el hogar (6,4%), plantas y flores, calzado para niños (6,3%), utensilios de cocina no eléctricos (6,2%), artículos de viaje (5,5%), equipos de iluminación (5,3%), paquetes turísticos internacionales (5,1%) y prendas de vestir de hombre (5%).
Bienes frente a servicios
En otras palabras, la inflación es un fenómeno que apenas ha perdido fuerza en el último mes pero que sí está, a cambio, mucho más generalizado que en el cierre del año pasado. Con todo, se observa una gran divergencia entre los distintos tipos de bienes y servicios ya que, fuera de los recibos domésticos y de los carburantes, las grandes subidas se concentran en los productos físicos, como es el caso de la alimentación, la ropa o los muebles, mientras que los servicios suben a ritmos bastante más moderados o incluso se abaratan, como es el caso de las telecomunicaciones. De hecho, en la lista de los 44 productos que suben más del 5% anual apenas hay dos servicios: los hoteles (que suben un 18,1%, en gran parte por el efecto rebote desde 2020) y las comisiones bancarias y de correos (10,6%). Esto se debe a que el incremento de los precios de los productos físicos se debe fundamentalmente a la repercusión (parcial) de los mayores costes de producción. En cambio, el peso de estos costes en la provisión de los servicios es mucho más limitado, lo que en un entorno con el poder adquisitivo en caída tiende a conllevar una moderación de precios.
La brecha salarial es del 24%, con una ganancia media de 26.934 euros para los hombres y 21.682 euros para las mujeres
La gran causa que provoca la brecha salarial de género es que las mujeres son las que más trabajan a tiempo parcial. Un 25% de mujeres asalariadas tienen jornada parcial, mientras que solo afecta a un 7% de los hombres; y a menos horas de trabajo le corresponden menos ingresos. A esta jornada parcial feminizada se le añade que los complementos salariales están masculinizados.
Resultado, que las mujeres ganan 5.252 euros menos de sueldo bruto anual, una brecha salarial del 24%, según el estudio realizado por CC.OO. Se contrapone una ganancia salarial media anual de 26.934 euros para los hombres, con la de 21.682 euros para las mujeres.
Cifras
Un 25% de mujeres asalariadas trabajan a tiempo parcial, frente a solo un 7% de los hombres
Mientras que para los hombres la jornada a tiempo parcial es algo coyuntural, que se produce principalmente en los primeros años de vida laboral, para las mujeres es un componente estructural. Un dato confirma esta realidad. Tres de cada cuatro personas asalariadas a tiempo parcial son mujeres, la mitad de la cuales no han encontrado empleo a jornada completa, mientras que gran parte del resto lo han elegido para cuidar a otras personas. En concreto, un 14% para cuidado de niños o adultos enfermos, o personas incapacitadas o mayores, y un 8% por otras obligaciones familiares y personales. En cambio, entre los hombres, los que han elegido la jornada parcial ha sido en buena parte por razones de estudios.
Si las mujeres trabajaran con la misma intensidad que los hombres a jornada completa, es decir, 93% frente a un 7% de parcial, la brecha salarial de género se reduciría a la mitad.
La segunda causa que provoca esta brecha salarial son los complementos salariales, donde radica un 40% de la diferencia. En cambio, los pagos por horas extraordinarias tienen un peso muy reducido tanto en el salario como en la brecha salarial.
El estudio se ha realizado con datos hasta el 2019, los últimos publicados, y en base al salario bruto anual, no sobre el precio del salario por hora, como suele ser habitual. Para el sindicato, esta fórmula permite reflejar mejor la brecha salarial existente, captando fenómenos como el tiempo parcial, que el cálculo vía el salario por hora ignora. “El dato del salario bruto es el que mejor refleja las diferencias salariales”, dijo el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.
El sindicato considera que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reforma laboral ayudarán a reducir esta brecha. También señalan que, en el período estudiado, ya en el 2019 se percibe una reducción significativa de la brecha salarial, que coincide con las mejoras del SMI a partir del 2017.
En España hay casi medio millón más de personas recibiendo algún tipo de retribución o transferencia pública que un salario del sector privado, con cifras de cierre de 2021. Concretamente, son 496.776 más quienes reciben una prestación o nómina por parte del Estado. Una cifra cercana al nivel de 2019, cuando la diferencia ascendía a 530.000 transferencias públicas más que las procedentes del sector privado, pero que sí experimenta una notable mejora en los últimos doces meses, ya que a cierre de 2020, y como producto del impacto de la pandemia, nuestro país contabilizó a 1,4 millones de personas más recibiendo una retribución pública que privada.
Este saldo, más allá, supone un riesgo claro estructural para las arcas del Estado, que afronta facturas mastodónticas entre sueldos púbicos, pensiones y prestaciones por desempleo, y que amenazan con abrir brechas de déficit público que podrían acabar impactando negativamente precisamente en algunos de los colectivos beneficiarios de estas transferencias, y que podrían verse afectados por recortes.
Este hecho, más allá, según explica el doctor en Economía, Daniel Lacalle, puede «provocar un aumento del déficit estructural, y pone en peligro los salarios públicos», ante una «necesidad de mayor carga impositiva» para hacer frente a estos desembolsos anuales, lo que en última instancia podría «dañar el crecimiento económico».
De hecho, explica Lacalle que el panorama es poco alentador sobre este aspecto, ya que «en los próximos meses nos obligarán a ajustarnos el cinturón» desde las instancias comunitarias, para realizar un control de gasto público, del que se ha eximido a los países en los dos últimos años para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. Sin embargo, la recuperación de las reglas fiscales parece inminente, y ello obligará a los países europeos a recuperar las sendas de déficit. Precisamente, en un encuentro reciente entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, el primero aseguraba que las reglas fiscales de la Unión Europea son «demasiado complejas y difíciles» por lo que el Gobierno de España considera necesario reformarlas para la era post-pandemia, mientas que el germano aseguró que el Pacto de Estabilidad ya ha mostrado su capacidad de flexibilidad durante los peores meses de la crisis sanitaria, si bien considera necesario «volver a tener un colchón fiscal» para el medio plazo, advirtiendo la necesidad de reducir los niveles de deuda pública en los estados miembro.
Mejora del saldo
De este modo, si nuestro país encaraba la nueva década con ese saldo anteriormente mencionado (correspondiente al cierre de 2019) de 530.000 personas más con transferencias públicas que privadas, en dos años, apenas se ha reducido este nivel en 33.000 personas. Entre medias, el impacto de la pandemia es relevante. De hecho, la diferencia de casi un millón de personas entre el saldo de 2020 y el de 2021 se debe al medio millón parados que en los últimos doce meses ha dejado de percibir prestación por desempleo por un lado y a la ganancia de más de 700.000 trabajadores del sector privado, por la fuerte creación de empleo experimentada en los últimos meses de recuperación económica.
Más allá, el cálculo de transferencias de cierre de 2021 atiende al volumen de empleados del sector privado a cierre de año recogidos en las estadísticas de la EPA publicada hace escasos días por el INE, que se situó en los 16.974.200 trabajadores, de los que se restan los 3.198.000 de autónomos, por lo que el volumen de nóminas de asalariados del sector privado se sitúa en los 13,1 millones de personas. Mientras que las transferencias públicas se conocen tras sumar el número de pensionistas de alta en la Seguridad Social, que asciende a 8.899.064 personas, a las que se suman los 3.475.500 empleos públicos que recoge la EPA, correspondientes a todos los niveles territoriales de la Administración Pública, y el 1.842.238 de parados que a cierre del pasado ejercicio se encontraba percibiendo una prestación de desempleo. En suma un total de 14,5 millones de personas recibiendo este tipo de transferencias del sector público.
Presión sobre las cuentas
Más allá, cabe recordar el coste que supone cada año estas transferencias del Estado, que en suma ascienden a más de 300.000 millones de euros, entre los que habría que contabilizar los 150.000 millones de gasto en pensiones, más otros 140.000 millones abonados en nóminas de trabajadores de la Administración, y otros 18.000 millones más que se destina de media anual al desempleo en España.
Con estas cifras, la presión sobre las cuentas públicas se hace si cabe más acuciante. Según el panel de expertos de Funcas, esperan un déficit público del 5,4% para este año, por encima de la previsión del Gobierno (5%). En cuanto a 2021, el consenso apunta a un déficit del 7,4%, tasa que se ha reducido cinco décimas respecto al anterior panel y que es inferior a la previsión del Gobierno (8,4%).
Así, el Gobierno estima que el déficit público se situará en 2022 en el 5% del PIB, lo que supone una reducción de 3,4 puntos respecto al 8,4% previsto para 2021. Se trata una de las mayores disminuciones del déficit de la serie histórica. «Un comportamiento positivo debido a la reactivación de la economía, con motivo del buen ritmo de vacunación y la recuperación de los niveles de empleo», apunta el Ejecutivo señalando que el déficit pasará del 11% del PIB alcanzado en 2020 al 5% en 2022. «Es decir, en dos años el déficit público se reducirá en más de un 50% y se situará en menos de la mitad de lo marcado en 2020», señalan desde el Gobierno.
El IPC general se modera al 6% tras acumular diez meses de crecimiento
La inflación alcanza una mayor amplitud y se contagia a la tasa subyacente
Calviño espera una variación positiva del nivel de precios
El avance de la inflación subyacente, aparentemente a la sombra de los registros históricos de la tasa general, confirma la filtración de los precios en los bienes y servicios que no son de primera necesidad y en los productos no energéticos. El INE avanzó este lunes que la tasa general del IPC se moderó por primera vez desde hace diez meses, descendiendo medio punto respecto a los datos de diciembre y estableciéndose en el 6%. Por su parte, la tasa anual de la inflación subyacente -que excluye la volatilidad de los precios energéticos y los alimentos sin elaborar-, aumenta tres décimas, hasta el 2,4%, y confirma las nuevas previsiones coyunturales que vislumbran un nivel de precios más elevado y persistente de lo esperado.
El avance del motor de la economía, la tasa subyacente, concede una certidumbre de que el carácter de esta inflación tiene un mayor grado de persistencia. Así lo expone el economista Javier Santacruz a este medio, quien explica «que la subida de la subyacente hace que sea más permanente la inflación, ya que es el reflejo de que se está trasladando a otros bienes y servicios que no son los de primera necesidad y energía». La subyacente es el principal factor para medir el cambio de los precios a corto plazo y confirma, de esta manera, el arrastre de los precios desde la tasa general.
Este concepto económico relativo a la inflación, el efecto contagio o arrastre, lo introdujo la OCDE en sus perspectivas económicas lanzadas en diciembre. Entonces, el think tank de las economías desarrolladas alertó del riesgo de una inflación elevada durante 2022 incluso si los efectos que mayor presión ejercían sobre el IPC descendían. En el caso de enero, los precios energéticos han bajado respecto a 2021. Sin embargo, la inflación subyacente continúa al alza hasta este 2,4%.
El retroceso de la tasa general se produce por primera vez desde febrero de 2021, hace casi un año. En este comportamiento destaca la bajada del precio de la electricidad, frente a la subida registrada en enero de 2021, señala el INE.
El índice general -contando con el descenso de los productos energéticos como principal factor de presión sobre los precios-, se queda a media décima de la tasa de diciembre, que supuso un nivel de precios récord desde 1992. A la espera de que a mediados de febrero se publiquen los datos definitivos, el IPC sí habría cambiado de tendencia en la evolución mensual, rompiendo con una racha de cinco meses de ascensos y registrando su mayor bajada desde el pasado julio.
Escenario revisado
El horizonte que gira en torno a los precios ha cambiado. Al menos, se ha actualizado conforme la incertidumbre lo permite. A nivel oficial y nacional, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, manifestó ayer que la previsión del Gobierno es que en la primera parte de este año todavía haya una «variación positiva» del IPC debido a los precios de la energía, mientras se desmarcaba del control del precio del gas.
De igual manera, entre las casas de análisis revisaron al alza las previsiones de inflación. Según recoge el panel de Funcas, que aglutina las perspectivas de hasta 20 organismos, el rally inflacionista obligó a las casas de análisis a realizar una importante revisión al alza de la inflación. Concretamente, se volvió a dibujar su pico, un 1,1%, por encima de las previsiones anteriores, hasta colocar la inflación media de este año en el 3,5%.
En la publicación del propio consenso, el organismo ya alertó de la filtración de los precios en el producto final: «Se está produciendo un traslado del encarecimiento de los costes de producción hacia los precios finales al consumo«, advirtieron desde la Fundación.
Consideran que las perspectivas de esta a corto plazo están sujetas a una «elevada incertidumbre» y mantienen un descenso de los precios durante este año: «La inflación seguirá siendo elevada a corto plazo, pero se suavizará en el transcursos de 2022», evalúa el economista jefe Philip Lane.
Por su parte, Estadística difundió este lunespor primera vez la nueva base de medias metodológicas para mejorar la precisión del indicador y estrena cambios en la composición de la cesta de la compra y una nueva estructura de ponderaciones. «El cambio de base es un proceso que se realiza cada cinco años para renovar el IPC mediante su adaptación a los cambios en las pautas de consumo de los hogares y la incorporación de mejoras metodológicas», recuerdan desde el organismo en cumplimiento con la normativa europea.
El IPC base 2021 incorpora nuevos tratamientos para el seguimiento de los precios del vestido y para el procesamiento de la falta de precio, y actualiza la relación de subclases: desaparecen del cálculo del IPC 24 subclases y se incorporan dos nuevas.
Entre los cambios más destacables en la cesta están la incorporación de las mascarillas higiénicas y la suscripción a la prensa online. Desaparecen artículos y, por ahora, se aplaza la inclusión del precio de la electricidad en mercado libre.
Crece la ocupación, pero el número de horas efectivas sigue siendo baja
La aplicación de inversiones y reformas marcará la senda del crecimiento
La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al cuarto trimestre de 2021, continúa reflejando la recuperación gradual manifestada en anteriores trimestres, que ha permitido cerrar el pasado ejercicio con el mayor nivel de ocupación de los últimos 13 años. Según las previsiones de la Cámara de Comercio de España, este año podrían crearse otros 870.000 puestos de trabajo.
En cuanto al empleo, la ocupación aumenta en 153.900 personas en relación con el tercer trimestre de 2021, lo que representa una subida trimestral del 0,8%. En términos interanuales, la comparativa con el cuarto trimestre de 2020 evidencia un incremento del 4,4% (840.700 ocupados más). Al igual que en los trimestres anteriores, la población joven presenta las mayores subidas porcentuales en términos interanuales, siendo el aumento del empleo del 41,4% en el grupo de 16 a 19 años y del 17,2% en el rango de 20 a 24 años. En términos comparados con la situación previa a la crisis sanitaria, si bien la ocupación creciódurante este cuarto del año con relación al mismo período de 2019, las horas trabajadas aún están por debajo, de modo que el número total en este trimestre de 2021 es un 3,8% inferior al del último cuarto de 2019.
En lo que respecta al desempleo, el número de personas desempleadas continúa descendiendo, con una caída del 9,2% en las personas en esta situación en relación con el tercer cuarto de 2021. Si se compara con el mismo período de 2020, el descenso interanual registrado ha sido del 16,2%. Con ello, la tasa de paro se sitúa en el 13,3% de la población activa, por debajo del 14,6% registrado durante el tercer trimestre de 2021 y 2,8 puntos por debajo de la tasa de paro observada hace 12 meses. Por su parte, el desempleo juvenil se ha reducido levemente para situarse en el 30,7% (31,5% en el tercer trimestre).
Con respecto a la situación de las familias, la cifra de hogares con todos sus miembros activos en paro continúa con la trayectoria descendente iniciada en el segundo trimestre de 2021, registrando una nueva caída de 98.200 hogares en relación con el tercer trimestre del mismo año, hasta situarse en 1.023.900 unidades. Ello supone, en términos interanuales, una reducción del 14,5% (173.200 hogares). De este modo, en un tercio de los hogares españoles (33,1%) no hay ningún activo o todos están en situación de desempleo (33,7% en el trimestre anterior).
Por último, cabe destacar que, a diferencia de los resultados del trimestre anterior, aumenta el número de trabajadores por cuenta propia, con respecto al tercer cuarto del ejercicio (3,1%), y en términos interanuales (3,4<%). Esta subida interanual es consecuencia en gran parte del notable incremento del 14,2% en el número de empleadores. En sentido inverso, los empresarios sin asalariados o trabajadores independientes han experimentado un leve descenso del 0,9% en el último año.
Perspectivas
Los datos del mercado laboral continúan reflejando el camino hacia la recuperación de nuestra economía, superando el nivel de empleo registrado antes de la pandemia. La Cámara de Comercio de España estima un incremento del empleo en torno al 4,9% para el conjunto del año 2022.
En este contexto, resulta indispensable consolidar el papel protagónico de nuestro mercado de trabajo en la política económica, de modo que esta coyuntura sirva de impulso para avanzar y materializar las reformas estructurales pendientes. Y en este sentido, es menester continuar en la senda de la creación de más empleo y de mayor calidad, hacia un mercado de trabajo que dé cabida a todos los perfiles poblacionales, garantizando la inclusión de aquellos colectivos con mayores problemas de empleabilidad, como desempleados de larga duración, personas mayores de 45 años y personas jóvenes. Se trata, en definitiva, de que nuestro mercado laboral sea capaz de absorber la oferta existente, y para ello, es necesario acometer la revisión y consecuente modernización de las políticas activas de empleo, la reducción de la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y ofrecer una formación para la inserción laboral que, de manera acompasada, aborde las nuevas y futuras necesidades del mercado.
Nuestra economía requiere, por tanto, seguir avanzando en las reformas estructurales que ya tenía pendientes antes del estallido de la pandemia, pero que en la actualidad cobran aún más relevancia. Y en este camino, el impulso de los fondos Next Generation EU representa una gran oportunidad. Pero la magnitud de su contribución al crecimiento económico y a la modernización de nuestro país dependerá en gran medida de la velocidad con la que se gestionen estos recursos y el destino y el alcance de los mismos. Y en este contexto, el papel de las empresas es crucial, como impulsoras de la actividad productiva y generadoras de empleo e inversión. Por ello, resulta indispensable asegurar el acceso efectivo de nuestras empresas a los fondos disponibles, con el foco puesto en las pymes, agilizando y automatizando trámites y procesos administrativos, garantizando la información y asesoramiento a los potenciales beneficiarios y administraciones involucradas, y todo ello, de la mano de la colaboración público privada.
Nos encontramos ante un desafío extraordinario como país para ejecutar esas inversiones y reformas vinculadas a los fondos Next Generation EU, en un escenario de reactivación con el que perviven, además de las incógnitas planteadas por la evolución de la pandemia, el contexto inflacionario, la subida de los costes y los problemas de aprovisionamiento. Y en este punto, hay que destacar la delicada situación que atraviesan nuestras empresas. Situación que debe ponderarse a la hora de abordar e implementar las reformas previstas, entre las que destaca la laboral, de modo que no representen una carga añadida a las ya soportadas por nuestro tejido productivo.
El presidente del Gobierno anunció su creación en junio de 2018
Será una ventanilla única que asumirá poderes del BdE, la CNMV y Seguros
Vuelve a estar negro sobre blanco. La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros está programada para este año, según el plan anual normativo para 2022. La misión de este organismo, prometido por el presidente del Gobierno en junio de 2018, es actuar de ventanilla única de cara a las reclamaciones de los usuarios del sector bancario en su más amplia extensión. La gran diferencia es que sus veredictos, al contrario de los de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), tendrán carácter vinculante hasta una cantidad determinada.
El Ministerio de Asuntos Económicos, pilotado por Nadia Calviño, es el responsable de legislar sobre este nuevo sanedrín, una especie de cuarto supervisor financiero junto a los tres mencionados. La disparidad es que su vigilancia no será vertical, sino horizontal, con competencias específicas a la hora de tramitar las quejas en todas y cada una de las áreas del sector financiero.
Su creación es una exigencia de una directiva europea de 2013 que fue traspuesta en 2017 con la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que a su vez daba ocho meses para regular la protección del cliente financiero. El retraso es ya de cuatro años, pese a que en su momento fue uno de los mantras electorales del Gobierno.
Su configuración como un organismo independiente hizo despertar las críticas del expresidente de la CNMV Sebastián Albella, quien prefería que fuera una oficina dependiente del vigilante de los mercados. Hubiera sido la primera piedra para que la metamorfosis del supervisor que ahora dirige Rodrigo Buenaventura en el amo y señor del control de la conducta de todo el sector financiero: banca, seguros, intermediarios, fondos de inversión, de pensiones… Así, el nuevo mediador entre el sector financiero y sus clientes alejaría, a priori, el modelo de dos supervisores, conocido como twin peaks: uno dedicado a la solvencia y otro a la conducta. Un esquema que han solicitado prácticamente todos los presidentes de la CNMV, incluido el actual.
Las decisiones serán vinculantes para las entidades hasta un importe determinado
Que se haya dilatado tanto en el tiempo se explica por la disparidad de opiniones sobre el papel que ha de asumir esta nueva autoridad entre los actuales supervisores, según las fuentes regulatorias consultadas. Los borradores de la ley para crear esta nueva autoridad han dado muchas vueltas, pero la clave está en que sus decisiones tengan carácter indiscutible para la entidad.
Cuantía máxima
En uno de los textos preliminares, se fija la cuantía que obliga a cumplir a las entidades en 50.000 euros, pero este importe todavía está por decidirse. Las que superen el dinero que finalmente se establezca tendrán que ir por la vía judicial, como ocurre ahora con las reclamaciones presentadas ante la CNMV, el Banco de España o la DGSFP y que no sean atendidas por las entidades.
En todo caso, la autoridad podrá declarar la nulidad de cláusulas abusivas, anular liquidaciones y ordenar la devolución de impuestos. El presidente del Gobierno se comprometió a la creación del nuevo organismo tras la controversia por el impuesto de actos documentados. El Supremo declaró que debía pagarlo el cliente, pero el Ejecutivo cambió la norma para que lo abonara el banco. La disputa data de noviembre de 2018.
Recibirá las reclamaciones de todo el sector financiero como una ventanilla única
Los documentos consultados por CincoDías señalan que el objetivo es que el organismo sea independiente y que tenga un presidente propio, pero que cuente con la representación de otros supervisores en su consejo. Dispondría de presupuesto propio, y podría contratar, pero además deja la puerta abierta a solicitar profesionales de otros supervisores.
La plantilla de la CNMV, contaba con 435 personas a cierre de 2020, y este organismo recibió 1.242 reclamaciones ese año, el Banco de España tiene en nómina a 3.263 personas y se ocupó de 21.320 reclamaciones en 2020. La DGSFP, por su parte, inició en el mencionado ejercicio 4.389 expedientes.
Tal y como está concebida, la autoridad de nuevo cuño carecerá de capacidad sancionadora. Pero esto no quiere decir que se vaya a quedar de brazos cruzados cuando detecte conductas inadecuadas. El objetivo es que, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones, comunique toda la información pertinente al Banco de España, a la CNMV o a la DGSFP, para que ellos tomen cartas en el asunto.
EL PAPEL DE LA LEY DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Consumo. El anteproyecto de ley que regula los servicios de atención a los clientes –que lleva el sello de los Ministerios de Consumo y de Asuntos Económicos y que obliga a que la banca y los proveedores de otros servicios considerados esenciales ofrezcan atención con una persona al otro hilo del cable telefónico– hace una mención expresa a la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros. Así, en uno de sus artículos especifica que “los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la DGSFP […] atenderán las incidencias, consultas, quejas y reclamaciones que presenten los usuarios de servicios financieros, que estén relacionadas con sus intereses”. Pero apostilla que solo será así hasta que esté listo el nuevo organismo que, un año más, aparece en el plan anual normativo para 2022. Ya constaba en el de 2021, pero finalmente no llegó a constituirse.
CNMC. El supervisor se ha pronunciado a favor del anteproyecto de ley de atención al cliente, destacando la prohibición del uso de contestadores automáticos como medio exclusivo de atención al cliente y la obligación de mantener una comunicación personalizada cuando el consumidor realice una consulta, queja o reclamación
El tirón energético y los bienes no duraderos elevan los precios en todas las CCAA
La escalada de precios de 2021 pasará a la histórica económica por sus cifras. Los precios industriales subieron un 3,8% el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior y crecieron un 35,9% en tasa interanual, respecto a diciembre de 2020. Esta cifra se eleva casi cuatro puntos por encima de la de noviembre y crecimiento récord desde que hay datos registrados en la serie histórica, hace 45 años, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el repunte interanual de diciembre, el más elevado desde el inicio de la serie, en enero de 1976, los precios industriales encadenan doce meses consecutivos de aumentos interanuales. Entre los elementos protagonistas de esta subida destaca la energía, que elevó su variación anual más de 10 puntos, hasta el 95,9%, su tasa más alta desde el inicio de la serie, debido a la subida de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Los bienes intermedios, por su parte, incrementaron dos décimas su tasa interanual, hasta el 20,6%, la mayor desde enero de 1976, por el mayor coste de la fabricación de productos para la alimentación animal, de productos de molinería, de productos básicos de hierro y de productos de plástico.
Por su parte, los bienes de consumo no duradero-entre los que destacaría el precio de la alimentación- elevaron nueve décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 5,3%, debido, mayoritariamente, al repunte de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.
No obstante, la tasa general que excluye la energía también presentó ayer datos históricos no vistos desde 1984. Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de diciembre un aumento interanual del 11%, cinco décimas más que en noviembre y casi 25 puntos por debajo de la tasa general.
