La reactivación económica registrada este verano no solamente se ha hecho notar en el empleo, que retoma los niveles prepandémicos tras una histórica reducción del paro, sino que se traduce ya en una mejora de la salud del tejido productivo. Así lo indican al menos los datos recopilados por el Colegio de Registradores, que apuntan a que el número de nuevas sociedades constituidas en lo que va de año supera ya en un 7,5% el registrado en los primeros ocho meses de 2019 y a que el aluvión de concursos de acreedores producidos por la crisis del Covid –pese a la suspensión vigente– parece comenzar a estabilizarse.
Así, de una parte, el Colegio de Registradores subraya “el buen comportamiento de las constituciones” de nuevas empresas en el mes de agosto, que se salda con 6.354 compañías más que julio, un 8,4% más de las creadas en el mismo mes de 2020 y un 17,5% por encima del de 2019.
En lo que va de año, de hecho, se han registrado en España 71.338 constituciones empresariales, un 7,5% más que en los primeros ocho meses de 2019. Si bien el signo positivo se alcanzó al llegar la primavera, una vez dejado atrás lo peor de la tercera ola del coronavirus, el aumento ha cobrado vigor durante el periodo estival.
El dinamismo ha sido especialmente destacable en la Comunidad de Madrid, donde se han creado el 23,5% del total del año. Le siguen Cataluña (19,1%) y Andalucía (17%), sumando entre las tres el 60% del total de nuevas firmas de 2021. Del lado contrario, la menor generación de compañías se ha dado en La Rioja (0,4%); Cantabria (0,8%) y Navarra (0,84%).
A la aceleración en la creación de empresas le ha acompañado un progresivo descenso en el volumen de concursos de acreedores cuantificados por el Colegio de Registradores. La embestida del virus al inicio del año arrojó rápidamente incrementos a doble dígito en el volumen de procedimientos mensuales frente a 2019, con alzas hasta el 63% en abril, moderadas al 45% en junio y el 33,4% en julio.
Compañías en apuros
Una verdadera avalancha pese a que la obligación de presentar concurso voluntario, o de que los jueces admitan a trámite las solicitudes de los acreedores, ha sido suspendida por el Gobierno hasta finales de este año.
En agosto, sin embargo, los concursos “han mostrado una estabilización en términos anuales comparados con el mismo mes del año anterior”, con 212 casos, un aumento de apenas el 1%, “mientras que si se comparan con el mismo mes de 2019, los datos muestran un descenso del 3,6%”, destacan desde el Colegio de Registradores. El organismo advierte, sin embargo, de que “este dato debe ser tomado con prudencia al ser agosto un mes de escasa actividad procesal, por lo que la evolución mensual deberá seguir siendo analizada durante los próximos meses para comprobar si se convierte en tendencia” a la baja.
Con todo, en los ocho primeros meses del año se arrastra un alza del 37,2% frente a 2019, hasta los 3.321 procedimientos. La mitad de todos se han concentrado en solo tres actividades: comercio y reparaciones (18,7%); hostelería (17%) y construcción (13,8%). Los sectores con menor incidencia han sido industria, agricultura o banca, entre otros.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó un 0,7% en julio en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,9%, dos décimas por encima de la de junio, según los datos avanzados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el dato de julio, el IPC interanual encadena su séptima tasa positiva consecutiva y continúa en sus niveles más altos desde 2017.
Según Estadística, en el dato interanual de julio influyeron los servicios de alojamiento y el gas, cuyos precios aumentaron este mes frente a las bajadas del año pasado, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que disminuyeron más en julio de 2020 que este mes.
Destaca también, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios de la electricidad, frente al aumento registrado en julio del año pasado. En tasa mensual, el IPC retrocedió un 0,7% en julio, tras sumar cuatro meses consecutivos de ascensos.
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en julio cuatro décimas hasta el 0,6%, con lo que se sitúa más de dos puntos por debajo de la del IPC general.
El IPCA repunta cuatro décimas
En el séptimo mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 2,9%, cuatro décimas más que la registrada el mes anterior.
Por su parte, el indicador adelantado del IPCA cayó un 1,2% en tasa mensual. El INE publicará los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto.
Creará un sistema de incentivos para el cumplimiento de los plazos de pagos
Eliminará el requisito de contar con 3.000 euros para constituir una sociedad
Permitirá que el proceso de montar la empresa se solvente en 10 días
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Creación y Crecimiento empresarial que permitirá poner en marcha sociedades con apenas 1 euro, favorecer su crecimiento y establecer medidas de lucha contra la morosidad.
Asimismo, contempla ampliar las actividades para las que no es necesario obtener una licencia, y promueve la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos, lo que contribuirá a profundizar en la digitalización de la actividad empresarial. Otro aspecto que aborda el anteproyecto son las medidas de apoyo a instrumentos de financiación al crecimiento empresarial, entre los que está el capital riesgo o las plataformas de micromecenazgo o «crowfunding».
La vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que se trata de una de las reformas estructurales «más importantes» del Plan de Recuperación y Resiliencia, y tiene como objeto «mejorar el rendimiento y la productividad de las empresas, así como la creación de empleo». El proyecto llegará previsiblemente al Congreso de los Diputados a finales de este año y estará en marcha en 2022.
El principal objetivo de la norma será remover obstáculos para la creación y viabilidad de compañía. Los impagos son, precisamente, uno de los problemas que atenazan en muchas ocasiones su solvencia al limitar o estrangular su liquidez por no cumplirse el plazo máximo legal de los 60 días. Ese es un problema que afecta especialmente a pymes y autónomos, que consienten que empresas grandes tarden mucho más en atender sus facturas por temor a deteriorar las relaciones comerciales. Por eso no suelen exigir las compensaciones legales previstas en la norma en caso de incumplimiento como costes de recobro o indemnizaciones, aunque meta presión en sus márgenes.
Para combatir el incumplimiento generalizado de ese periodo máximo entre empresas, la normativa desplegará un sistema de incentivos para el cumplimiento de los plazos de pagos e implantará la factura electrónica.
Por un lado, la normativa prevé tener en cuenta los pagos de plazo para poder acceder a subvenciones públicas, al vincularlo con el cumplimiento de los plazos de pago a sus subcontratas. De otro lado, la generalización factura electrónica ayudará a transparentar los plazos con los que las empresas cumplen con sus facturas.
Se elimina el requisito de contar con 3.000 euros para constituir una sociedad
Se prevé aumentar además la transparencia en los pagos y fijar un sistema de infracciones y sanciones o un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
La normativa eliminará además el requisito de contar con 3.000 euros para constituir una sociedad, reduciendo al mínimo de 1 euro la cuantía necesaria para montar una Sociedad Limitada, y permitirá que el proceso pueda solventarse telemáticamente en apenas 10 días.
La ley incluye medidas para diversificar las fuentes de financiación e impulsar la financiación no bancaria, de la que dependen la inmensa mayoría de compañías, y para mejorar el clima de negocios.
Precisamente esta semana el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha constituido la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, que será el órgano de interlocución directa entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la cooperación en el ámbito de la regulación económica.
Con esta ley, junto a la de ‘startups’ y la concursal que ultima el ministerio de Justicia, el Gobierno prevé cubrir el abanico completo de medidas para favorecer el emprendimiento y atajar los problemas que soportan las compañías españolas y que les dificultad ganar tamaño, internacionalizarse o, incluso, reestructurar la deuda para que una crisis no sea una sentencia de muerte empresarial.
El texto de consulta pública previa al anteproyecto que ahora lleva al Consejo de Ministros ya reconocía que «un mayor tamaño de empresa permitiría incrementar la productividad, la resistencia ante las potenciales crisis y la capacidad de acometer las inversiones necesarias para seguir siendo competitivas en el contexto de la doble transformación digital y verde», y señalaba que España ocupa el puesto 30 en el ranking de 190 del informe ‘Doing Business’ del Banco Mundial en cuanto al clima de negocios.
Además, apuntaba que «la falta de un procedimiento eficiente para abordar una restructuración de empresas que garantice su viabilidad futura se señala como un elemento de inseguridad jurídica y vulnerabilidad que lastra el crecimiento», mientras que la excesiva morosidad impide a muchas pymes «disponer de balances sólidos que permitan abordar su crecimiento».
Para reducir las cargas administrativas se aborda además una reducción una sustitución de ciertas autorizaciones o sistemas de control ex ante de la actividad económica por declaraciones responsables.
Entre el 25% y el 50% de todas las materias deberán ser cursadas en la compañía
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha llevado este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de la nueva Formación Profesional (FP), que entre sus principales cambios dará un peso mucho mayor a la empresa privada, ya que todos los alumnos tendrán que haber pasado al menos entre un 25% y un 50% de su formación en compañías que tengan convenios con la FP. Además, se crean puentes con el ámbito universitario para que los alumnos de Formación Profesional cursen algunas materias en la universidad y viceversa.
«La nueva ley modernizará absolutamente el sistema, no es un barniz, una pintura, es un cambio radical. Dejamos de perder eficiencia y taponamos todas la vías de pérdida de eficacia del país», ha asegurado Celaá. Otra de las grandes novedades de la ley será la unificación en un único sistema de FP de los dos subsistemas actuales: el dedicado a la formación de los parados y el que va dirigido a los jóvenes que deciden continuar con su formación educativa. De esta forma, la nueva FP acompañará a las personas durante toda su vida laboral.
“Uno de los objetivos prioritarios del Ministerio que dirijo es transformar la Formación Profesional. Queremos que sea de primer nivel, que dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses, expectativas y aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida», ha asegurado Celaá.
A su vez, la nueva FP establece un modelo de reconocimiento de las formaciones y aptitudes del alumnado que estará dividido en cinco categorías que irán de la A a la E. Las microformaciones tendrán categoría A, mientras que los títulos y cursos de especialización estarán reconocidos con una D o una E (el nivel más alto). La titulación que otorgarán los cursos de especialización serán los de máster profesional. Los niveles C, D y E serán las categorías que serán duales. Además, desde el Ejecutivo buscarán aumentar la acreditación de los conocimientos que las personas adquieren en sus puestos de trabajo. «Este año estamos acreditando la experiencia profesional de medio millón de personas», ha indicado la ministra.
Entre los regímenes duales que establece la ley, los alumnos tendrán que pasar entre un 25% y un 30% de su formación en las empresas cuando se trate de una FP dual general; y entre un 35% y un 50% cuando sea una FP dual avanzada. Otro de los objetivos de la nueva ley será la «internacionalización de la formación», mediante la puesta en marcha de proyectos de formación entre centros nacionales y extranjeros.
Por último, la ministra ha señalado que espera contar con el apoyo «de todos los grupos parlamentarios» para la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno estima se producirá a finales de este año.
Reacción de los agentes sociales
Desde CEOE han hecho «una valoración previa positiva» de esta inciativa del ministerio dirigido por Celaá para reformar la Formación Profesional. «Constituye un buen punto de partida para la negociación que se está desarrollando en el seno de la Mesa de Diálogo Social», han comentado en la patronal.
«Este anteproyecto recoge varias de las propuestas que históricamente se vienen trasladando desde el ámbito empresarial para acercar aún más la FP a las necesidades del tejido productivo, como pudieran ser una mayor participación de los interlocutores sociales en la gobernanza del sistema o el impulso de la FP dual o la vinculación de los centros de formación con las empresas», ha explicado CEOE.
A su vez, los representantes de la patronal de la construcción y de los sindicatos han compartido con el Gobierno el objetivo de potenciar la FP entre los jóvenes, y ofrecer “caminos para la acreditación de la experiencia laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector”. Sin embargo, han pedido «una regulación más flexible» de la FP dual, que permita incorporar a los jóvenes que presentan una alta tasa de desempleo que llega al 40%.
Los agentes sociales han recordado que actualmente la formación dual se puede desarrollar a través del contrato para la formación y el aprendizaje. “La regulación a este respecto es muy rígida y ello impide que esta figura se utilice en nuestro sector”, han criticado la patronal y los sindicatos de la construcción, que ven necesario “dotar a este sistema de una flexibilidad en las contrataciones, a través de una agrupación de empresas (pymes y micropymes), y una flexibilidad en los calendarios formativos asociados a estos contratos”.
La deuda cierra el primer trimestre en el máximo histórico de 1,393 billones de euros
La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el primer trimestre hasta el máximo histórico de 1,393 billones de euros, alcanzando el récord del 125,3% del PIB. Son máximos históricos en términos absolutos y la cifra más elevada en términos relativos desde 1881. Hay que remontarse al siglo XIX para encontrar un endeudamiento sobre PIB tan elevado, según la base de datos histórica del Fondo Monetario Internacional
De este modo, la deuda pública ha rebasado los máximos previos que se encontraban en 1902, cuando la deuda de las administraciones alcanzó el 123,6% del PIB. Ahora, 119 años después los pasivos públicos contabilizados en el protocolo de déficit excesivo (método usado por Bruselas para contabilizar la deuda) superan ese hito en casi dos puntos porcentuales hasta alcanzar el 125,3% del PIB.
Aunque la deuda pública de España es de las más altas de todo el Viejo Continente, aún hay países como Italia (155% del PIB), Grecia (200% del PIB) o Portugal (133%) que presentan unos niveles de endeudamiento sobre PIB más elevados que España, que se encuentra en la cuarta posición.
Un déficit históricamente alto
Para poner en contexto estos datos de deuda pública es importante tener en cuenta que el déficit público de 2020 fue de 123.072 millones de euros (11,0% del PIB). En relación con 2019, representa un aumento de 87.435 millones de euros y 8,1 puntos porcentuales de PIB, según explican desde el departamento de investigación de CaixaBank.
De este 11,0% de déficit, un 0,9% corresponde al patrimonio negativo de Sareb a cierre de 2020 tras su reclasificación por parte de Eurostat como entidad pública. Sin incluir Sareb, el déficit público habría aumentado hasta el 10,1% del PIB. El dato de déficit, aunque muy elevado, se ha situado por debajo de nuestra previsión y la del propio Gobierno (que estimaba un 11,3% del PIB sin contar Sareb).
Según destacan los economistas de CaixaBank Research, el gran aumento del déficit en 2020, fruto del contexto de la pandemia, se ha producido por una caída de los ingresos públicos del 5,0% interanual (la previsión del Gobierno era del 5,5%) y un aumento del gasto público, incluyendo intereses pero no las ayudas a Sareb, del 10,1% (la previsión del Gobierno era del 11,8%). Sin contar los intereses, el gasto público aumentó un 11,4%.
Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, asegura en una nota que «este aumento de deuda evidencia que los retos que la economía española debe afrontar en los próximos años son de una gran envergadura y están muy relacionados entre sí. El gobierno tendrá que abordarlos con una estrategia de reformas estructurales a largo plazo que deberá dar a conocer con el tiempo y la claridad suficientes para que todos los agentes económicos puedan analizar cómo les va a afectar».
Para finales de 2021 la deuda pública podría quedar contenida, en principio, si el crecimiento de la economía es lo suficientemente fuerte como para contrarrestar el nuevo déficit público de este (al final la deuda se puede corregir por un aumento del denominador o una corrección del numerador de la ecuación deuda/PIB). El Gobierno ha reconocido que el descuadre anual de las cuentas públicas alcanzará este año el 8,4% del PIB, por lo que se necesita un crecimiento de la economía más que notable para amortiguar este impacto sobre la deuda pública.
Un 73% de los trabajadores españoles considera que existe un déficit en capacidades
Si antes de la llegada de la Covid-19 la brecha entre la oferta y la demanda de empleo ya era amplia, desde la irrupción de la pandemia ha aumentado todavía más si cabe. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales que poseen una serie de competencias que todavía no han llegado a las instituciones de formación superior, lo que sitúa a la sociedad en un momento crítico en el que los ciudadanos no pueden satisfacer las necesidades de los sectores. Según el Informe Anual 2020 sobre el Estado del Mercado Laboral de Infojobs y ESADE, la mayoría de las vacantes de empleo, un 30%, tan solo solicitan unos estudios básicos, mientras que la mayoría de los demandantes cuentan con estudios universitarios, que solo son necesarios para un 15% de las ofertas. La Formación Profesional sigue a la cola, con un 27% de las personas que solicitaron empleo, a pesar de que cada vez se le está dando más importancia a este campo. Los profesionales señalan el foco del problema en la falta de concordancia entre las capacidades de los graduados universitarios y lo que el empleo obtenido requiere.
Ante esta situación, es fundamental que las universidades y escuelas de negocio formen a los alumnos en las competencias que están demandando las empresas, por lo que es prioritario que mantengan una buena relación con este sector. Este puede ser el punto de partida de los problemas. Los malos datos se unen a cómo la crisis sanitaria y económica ha trastocado especialmente a los más jóvenes, que venían ya de una situación delicada de la crisis de 2008. No obstante, esta situación tampoco descuadra con las últimas informaciones que tenemos de un informe realizado por Eurostat que mostraba qué países presentaban mejores tasas de empleo de sus jóvenes egresados. España no estaba entre los mejores, sino todo lo contrario, entre los peores. Malta se posicionaba en el primer lugar del pódium con la tasa de empleo de graduados más alta de Europa, concretamente con un 93,4%.
Los problemas se multiplican para este país y es que el FMI ya señaló a España como la economía más golpeada por el coronavirus, cayendo la actividad hasta un 12,8%. Por si fuera poco, a esto se le junta el empleo. Varios estudios lo corroboran y señalan que la empleabilidad es la asignatura pendiente de España. Concretamente, seis de cada diez estudiantes universitarios españoles creen que no están preparados a nivel profesional cuando salen de la universidad.
Un 30% de las vacantes de empleo solicita únicamente estudios básicos
En muchas ocasiones puede suceder que lo que demanda el mercado y lo que ofrecen los candidatos a nivel formativo o competencial no coincida. Esta brecha aparece cuando las empresas publican las vacantes y los candidatos exponen sus estudios y su experiencia. Aunque muchas veces se ha abordado este problema, lo cierto es que los niveles de estudios más altos tienen desde siempre mayores posibilidades de conseguir un empleo y, por lo tanto, es lógico que los jóvenes apuesten por ellos. El problema es la concordancia de sus capacidades y lo que el empleo obtenido requiere. Para los profesionales que han realizado el informe de InfoJobs la respuesta estaría en la reorientación del tejido productivo español hacia actividades de alto valor añadido que permitan desarrollar el potencial de ese capital humano con formación superior. Es decir, intentar que esas personas no solo consigan un empleo, sino que además ese trabajo aproveche la formación que tienen.
Es por ello por lo que se indica que hay dos apuestas formativas que tienen que ponerse en valor. Por un lado, los estudios adecuados para los perfiles técnicos-tecnológicos que sigue demandando el mercado y por otro lado la apuesta de las habilidades, es decir, la mejora continua de estas es transversal y mejora las posibilidades de empleabilidad sea cual sea la formación que se haya alcanzado.
El problema recae en la concordancia de sus capacidades y lo que el empleo requiere
Todos los desafíos tecnológicos que ha impuesto la era de la digitalización con la correspondiente aceleración por la pandemia han acelerado los ritmos de las nuevas demandas del mercado. En este sentido, las habilidades laborales están cambiando de manera continua, pero la capacitación de los profesionales no se está llevando a cabo al mismo ritmo. Según el estudio «Carencias de Capacidades» elaborado por la plataforma Udemy, un 73% de los trabajadores españoles considera que existe un déficit en capacidades. Esto significa que los trabajadores deben mantenerse en constante actualización al ritmo que cambia el sector laboral y que es probable que las instituciones educativas no estén cumpliendo correctamente su función de preparar a los jóvenes para el mercado laboral. 8 de cada 10 encuestados afirman haber tenido que adquirir habilidades adicionales para desempeñar su trabajo.
Esta situación marca una brecha de habilidades sobre la que ya hay ciertos organismos poniendo el foco. Y es que los análisis más recientes de la OCDE sugieren que es probable que casi el 30% de los empleos probablemente sufra algún tipo de transformación. Son las habilidades de liderazgo y gestión junto con las capacidades digitales lo que más valor tiene ahora en el mercado.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) viene a corroborar el espectacular crecimiento que está registrando el sector industrial como ya hiciese el reciente informe del PMI manufacturero elaborado por IHS Markit. El INE ha comunicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) se disparó un 50,3% en abril en relación al mismo mes de 2020, registrando así su mayor alza de toda la serie histórica, que se inicia en 1975. Con el avance interanual de abril, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de tasas positivas tras haber registrado en marzo su mayor subida en 24 años (+15,4%).
Cabe reseñar que la comparación se realiza con abril de 2020, cuando, debido al primer estado de alarma, se paralizó durante dos semanas toda actividad no esencial y se produjo un descenso interanual del 34,5%. En marzo de ese año, cuando arrancó el estado de alarma, la caída fue del 14,3%.
Aunque todos los sectores registraron en abril de este año incrementos anuales de la producción, el mayor avance lo registra el de bienes de consumo duradero, con un aumento interanual del 229,7%, seguido de los bienes de equipo (+120,4%); los bienes intermedios (+61,3%); los bienes de consumo no duradero (+27,1%) y la energía (+13,7%). Descendiendo a los subsectores, las que más incrementaron su producción en tasa interanual fueron la fabricación de vehículos de motor (+929,3%); la confección de prendas de vestir (+321,4%) y la fabricación de muebles (+259,9%).
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial registró en abril un repunte interanual récord del 48,2%, tasa 35,3 puntos superior a la del mes anterior.
Medida en términos mensuales, respecto a marzo de 2021, la producción industrial subió un 1,2%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de julio, cuando se incrementó un 5,2%. Tres sectores registraron en abril tasas mensuales positivas, especialmente los bienes de consumo no duradero (+5,3%), seguido de los bienes de consumo duradero y los bienes intermedios, ambos con avances del 1,3%. Asimismo, la producción subió respecto a marzo en los bienes de equipo (+0,9%) y se mantuvo sin cambios en la energía (+0,8%).
Por ramas de actividad, los incrementos mensuales más acusados de la producción se dieron en la industria del tabaco (+14,6%), la fabricación de vehículos de motor (+11,1%) y la fabricación de otro material de transporte (+8,2%).
Por su parte, los mayores retrocesos mensuales fueron para la confección de prendas de vestir (-7,5%), otras industrias manufactureras (-6,2%) y artes gráficas (-6%).
La producción industrial subió en abril en todas las comunidades autónomas en tasa interanual. Los ascensos más pronunciados se los anotaron Navarra, con un incremento del 79,3%, Galicia un 76,4%, País Vasco un 61,9%, Asturias el 60,6% y la Comunidad Valenciana que registra un aumento del 59,9%.
En el otro extremo, las menores subidas en comparación con abril de 2020 se dan, según los datos del INE, en la Región de Murcia donde creció un 20,5%, Extremadura con un 20,6%, Canarias el 21,9%, Andalucía un 30,7% y el Archpiélago de Baleares con el 33%.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) presentó en mayo un aumento del 2,7% en comparación con el mismo mes de 2020, lo que supone un avance de cinco décimas respecto al 2,2% contabilizado en abril y sitúa la inflación en su tasa más alta desde el 3% marcado en febrero del año 2017.
Así lo refleja el indicador adelantado del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes, cuyo avance está especialmente provocado por la subida de los precios de los carburantes y combustibles, frente a la bajada registrada en mayo del año pasado por el confinamiento por la pandemia.
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De confirmarse este dato el próximo 11 de junio, el encarecimiento de la energía intensificaría en mayo el fuerte repunte de precios ya registrado en marzo (1,3%) y abril (2,2%), tras un 2020 de IPC negativo al que siguió un pequeño aumento en enero de 2021 (del 0,5%, debido a la borrasca Filomena) y estabilidad en febrero (tasa del 0%).
Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en dos décimas hasta el 0,2%, con lo que se sitúa dos puntos y medio por debajo de la del IPC general.
En variación mensual, los precios de consumo registraron en mayo un incremento del 0,4% respecto al mes de abril, que había aumentado a su vez un 1,2% frente al mes previo.
El IPC Armonizado (IPCA) presentó a su vez una variación anual del 2,4%, cuatro décimas por encima de la registrada el mes anterior, y en variación mensual fue del 0,5%.
Nos guste o no, el dinero en efectivo se usa cada vez menos como forma de pago. Por otro lado, los gobiernos y las autoridades monetarias parecen mostrar cierta preferencia hacia los pagos digitales por la posibilidad de rastrearlos y perseguir el fraude fiscal o las actividades ilícitas. No va a ser hoy ni mañana, pero todo hace indicar que el dinero en efectivo se enfrenta a un futuro cuando menos complejo.
«Creo que de aquí a diez años lo normal será pagar de forma digital, y la gente te mirará de forma extraña si intentas pagar en efectivo», asegura Jody Jonsson, Gestora de Renta Variable de Capital Group.
La semana pasada se publicó la última encuesta de American Express y señalaba que la tendencia parece imparable. El anterior barómetro había que durante las navidades pasadas el 72% del gasto navideño se pagó con tarjeta (de crédito o débito), 8 puntos porcentuales más que el año pasado, frente al 20% de los gastos que se abonaron en efectivo, cayendo este método en 7 puntos respecto al pasado año.
Ahora, la tendencia es aún más evidente. En los primeros meses de este año, los pagos digitales han seguido ganando terreno pese al declive del covid-19. Ahora, los pagos con tarjeta y sin contacto representan ya un 80,4% de los realizados en establecimientos físicos y solo uno de cada tres consumidores ha seguido utilizando el efectivo en sus compras.
Jody Jonsson cree que este es un fenómeno global y que toca a todas las economías: «Esta tendencia ha resultado especialmente evidente durante algunos años en los mercados emergentes, donde muchos consumidores no tenían una cuenta corriente pero sí tenían teléfono móvil y adoptaron la tecnología de pagos móviles con rapidez».
No obstante, hay que reconocer que a pandemia ha acelerado el uso de los pagos digitales en todo el mundo, incluso en aquellos países en los que no estaban incorporados a la vida diaria. «Creo que, cuando acabe la crisis, mucha más gente estará acostumbrada a realizar pagos digitales y es probable que no sientan la necesidad de utilizar tan a menudo el dinero en efectivo», sentencia la experta de Capital Group.
Los jóvenes marcan tendencia
El estudio de American Express revela, además, que la adopción de este medio de pago está liderado por los millenial, que apenas realiza en efectivo un 13,7% de su gasto en comercios, en tanto que son los residentes de los grandes núcleos urbanos, como Madrid y Barcelona, los que mayor uso hacen de los pagos sin contacto.
Por otro lado, la irrupción de nuevos métodos de pago más sencillos y comprensibles para toda la población, junto a la posible llegada de las divisas digitales públicas (CBDC por sus siglas en inglés), podrían reducir aún más el uso del efectivo como medio de pago, lo que no impediría, en principio, que personas o empresas pudieran seguir atesorando billetes y monedas como forma de ahorro, siempre y cuando se sigan considerando como de curso legal por el banco central.
Por su parte, las tarjetas de débito son las «líderes indiscutibles», al ser utilizadas por un 68,5% de los consumidores, seguidas del efectivo y de las tarjetas de crédito, con un 36% y un 31%, respectivamente.
«Los consumidores se acostumbrarán cada vez más a la tecnología, lo que podría favorecer a las grandes compañías con presencia global. También hemos asistido a un fuerte crecimiento de compañías más pequeñas situadas en países como Brasil que ofrecen plataformas de pagos móviles para comercios», sentencia Jody Jonsson.
Abierto, flexible, con una estructura manejable y mejor integrada. Estas son las principales líneas que seguirá el nuevo currículo, que empezará a implantarse en el curso 2022-2023. Este modelo, que se basa en el aprendizaje de competencias, homologa el sistema educativo español con la vanguardia europea e internacional. La iniciativa sigue las bases de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), aprobada a finales del año pasado. El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) comenzó a trabajar hace meses en el diseño del nuevo currículo y de su elemento central, el Perfil de Salida de la Educación Básica, que identifica las competencias clave que todos los alumnos y alumnas deben haber adquirido y desarrollado al término de la educación obligatoria.
La ministra destacó que este cambio es una «misión imperativa». Este nuevo modelo curricular, que incorpora los avances de los países más innovadores, entre los que destaca Portugal, Gales, Finlandia o Quebec, ya ha sido presentado a las Comunidades Autónomas con las que ya se está trabajando. Ofrecer una educación competencial significa, por ejemplo, fomentar que algunos alumnos dispongan de las capacidades necesarias para actuar de una forma responsable ante los problemas medioambientales, resolver de forma pacífica los conflictos o adaptarse a los requisitos de los nuevos puestos de trabajo.
En el nuevo currículo diseñado por el MEFP, el perfil de salida constará de ocho competencias. Estas emanan de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Cada una de ellas tiene tres dimensiones (cognitiva, instrumental y actitudinal) y su adquisición contribuye al logro de todas las demás y a la consecución de los objetivos planteados por la ley para la educación básica.
1. Lingüística
Esta competencia conlleva movilizar el conjunto de saberes, destrezas y actitudes que permiten identificar, expresar, crear, comprender e interpretar sentimientos, hechos, opiniones, pensamientos y conceptos de forma oral y escrita en soportes visuales, sonoros y multimodales en contextos diversos y con finalidades distintas.
2. Plurilingüe
Por su parte, la competencia relacionada con el plurilingüismo implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación en la comunidad educativa, tanto por alumnos como por docentes.
3. Matemática y STEM
Esta entraña la comprensión del mundo utilizando el método científico, el pensamiento y la representación matemáticos, la tecnología y los métodos de ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
4. Digital
Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con dichas tecnologías.
5. Aprender a aprender
Se ha puesto muy de moda en los últimos meses. Es la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.
6. Ciudadana
Es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.
7. Emprendedora
Creatividad e iniciativa. Implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otros.
8. Cultura
Por último, destaca la competencia relacionada con la cultura. Esta consiste en comprender y respetar la forma en las ideas y el significado, que se expresan de forma creativa y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de artes y otras manifestaciones culturales. Se esfuerza en comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad.
Lo más destacado de este nuevo currículo es la relevancia especial que le da al enfoque competencial, descargando la excesiva cantidad de contenidos y centrándose en los aprendizajes esenciales de una manera más profunda. Promueve, además, el abordaje interdisciplinar de los aprendizajes en varias materias, favoreciendo la codocencia y el trabajo colaborativo, tanto por parte del alumnado como por parte de los docentes.
Se centra en los aprendizajes esenciales de una manera mucho más profunda
Tal y como índica Héctor Ruiz Martín, director de la International Science Teaching Foundation (ISTF), el nuevo currículum «pretende enfatizar la necesidad de que los conocimientos que adquieren los estudiantes resulten más profundos, y por lo tanto, que les resulte posible aplicarlos en nuevos contextos para resolver problemas nuevos».
Esto es precisamente lo que promueven proyectos como Science Bits y Math Bits, pioneros en abordar las matemáticas y las ciencias con base en la evidencia científica sobre cómo aprenden las personas, desarrollados por la International Science Teaching Foundation (ISTF) de Barcelona y ya en uso entre más de 200.000 alumnos de 30 países.
En el modelo 5E se proporciona investigación al proceso de aprendizaje
Según Héctor, esta Fundación tiene por misión «desarrollar propuestas didácticas en el ámbito de las ciencias y las matemáticas que se basen en la investigación científica sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza». Como director de la ISTF e investigador en el campo de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje en contextos educativos aboga por «fundamentar los procesos de aprendizaje y enseñanza con base en la evidencia científica».
La fundación se centra en las asignaturas del entorno STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que ya es un ámbito competencial muy importante para el futuro de los alumnos. Ambos proyectos comparten un planteamiento metodológico y un vasto abanico de recursos y herramientas de gestión didáctica, y están basados en el modelo de enseñanza de las 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate): un conjunto de propuestas didácticas centradas en la exploración guiada y el razonamiento en contextos relevantes, lo que fomenta aprendizajes profundos, dotados de comprensión y transferibles a nuevas situaciones, no centrados en la capacidad de memorización.
El modelo 5E proporciona un marco de enseñanza y aprendizaje estructurado y bien fundamentado en la investigación. «Cuenta con múltiples estudios científicos que respaldan su eficacia en el aula, tanto para promover los aprendizajes conceptuales como para mejorar la motivación de los estudiantes», indica Héctor. El modelo plantea cinco tipos de actividades que consisten en: generar interés y activar los conocimientos previos por medio de un contexto relevante, lo referido a «engage»; explorar los conceptos científicos implicados en dicha situación de manera razonada y cooperativa, «explore»; formalizar y estructurar los nuevos conocimientos, «explain»; aplicar esos conocimientos en otros contextos mediante la realización de un proyecto, «elaborate»; y recuperar los conocimientos adquiridos para resolver problemas diversos, «evaluate».
Evidencia científica
Concretamente Science Bits es un sistema pedagógico pionero que se basa en la evidencia científica sobre cómo aprenden las personas. La expectativa es que, para finales de 2021, este método esté presente en más de 1.000 centros de enseñanza españoles y se consolide en México y EEUU, alcanzando, respectivamente, los 20.000 y 35.000 alumnos. Este método incluye unidades didácticas diseñadas sobre la base de los últimos descubrimientos científicos acerca de cómo aprenden las personas y, se apoya en una gran cantidad de recursos multimedia interactivos, vídeos reales, simuladores de laboratorio, etc. Para Héctor «si no comprendemos qué es la ciencia y la naturaleza de sus conclusiones, difícilmente comprenderemos la necesidad de hacer el esfuerzo de seguir sus recomendaciones».
Por su parte, Math Biths supone una apuesta rompedora en el sistema actual de aprendizaje de las matemáticas, tratándose del proyecto educativo pionero que aborda las matemáticas con base en la evidencia científica sobre cómo aprenden las personas. «Son actividades que se caracterizan por situar los objetivos de aprendizaje en situaciones relevantes y aplicar lo aprendido para resolver problemas», explica Héctor. Este plan facilita la combinación de dos tipos de aproximaciones complementarias para el aprendizaje de dicha materia: actividades enfocadas en la construcción de significado y herramientas para la práctica individual sistemática.
El desarrollo de estas actividades contribuye a la comprensión de conceptos y procedimientos matemáticos mediante la indagación y resolución de problemas guiados por el docente, mientras que las herramientas para la práctica individual son fundamentales para consolidar estos conceptos y procedimientos, con la ayuda de un feedback elaborativo que invita a los alumnos a razonar sobre lo que aprenden.
