Este día se implantó por diferentes antecedentes de huelgas y protestas de mujeres.
Este viernes 8 de marzo de 2024, como cada año, se celebra en España y en otros países del mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha marcada en los calendarios como una reivindicación de los derechos de todas las mujeres, visibilizando la desigualdad de género y la lucha por la igualdad efectiva en diferentes ámbitos.
Este día de reivindicación para las mujeres, tiene antecedentes en numerosos países tanto en Europa como en el resto del mundo. De hecho, esta jornada no comenzó a conmemorarse por la Organización de Naciones Unidas hasta el año 1975 y, dos años más tarde, en 1977, fue proclamado oficial por su Asamblea.
¿Por qué el 8 de marzo?
En Europa, una de las fechas clave que señalan las Naciones Unidas como antecedente a la instauración del Día Internacional de la Mujer es en 1910, cuando cientos de participantes de 17 países reunidas en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres en Copenhague (Dinamarca) deciden organizar anualmente una jornada de la mujer, con el objetivo de reforzar su lucha por obtener el sufragio femenino universal.
Un año después, en 1911, comienzan las primeras manifestaciones a favor de los derechos de la mujer tanto en Europa como en Estados Unidos. La fecha elegida para ello es el 19 de marzo, que es cuando se produjo la Revolución de 1848 y cuando también tuvo lugar la Comuna de París, tal y como recoge la ONU.
Después, el año 1913 es clave a la hora de comprender por qué se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Concretamente, el último domingo de febrero de este año, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas conmemoraron su primer Día Internacional de la Mujer, organizando mítines clandestinos.
Debido a ello, en el resto de Europa, las mujeres organizaron reuniones en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con el resto de mujeres, lo que prendió la mecha de lo que hoy es el Día de la Mujer.
De hecho, ya en 1917 y como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga, con lo que consiguieron que el Zar abdicara y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero.
Entonces, ¿por qué es ahora el 8 de marzo? Pues porque en aquel entonces, en Rusia no estaba implantado el calendario gregoriano, sino que usaban el calendario juliano. Al hacer la correspondencia entre aquel calendario y el actual, el 23 de febrero corresponde al 8 de marzo, fecha en la que finalmente se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
España es el cuarto país de Europa con el tipo máximo del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) más elevado de Europa con un 54%. Solo tiene por delante a Dinamarca (55,9%), Francia (55,4%) y Austria (55%).
Entre los países del Continente que pertenecen a la Organización para la Cooperación y desarrollo Económico (OCDE) la tasa impositiva máxima legal promedio sobre la renta personal será de del 42,8% en 2024, según el análisis del centro de investigación económica estadounidense Tax Foundation para este año. En el otro extremo, las tasas máximas más bajas se dan en Hungría (15%), Estonia (20%), y la República Checa (23%).
Tax Foundation revela que algunos países de Europa están considerando cambiar sus tasas impositivas máximas sobre la renta personal en los próximos años. Por ejemplo, Austria planea eliminar su categoría impositiva más alta en 2026, reduciendo su tasa impositiva máxima sobre la renta del 55% al 50%, mientras que Estonia aumentará su tasa fija del impuesto sobre la renta del 20% al 22% en 2025.
En este centro de análisis con sede en Washington señalan en este análisis anual que los impuestos sobre la renta personal tienen un carácter progresivo(la tasa que pagan los individuos aumenta a medida que ganan salarios más altos) en la mayoría de los países, pese a que la tasa impositiva más alta que pagan las personas difiere significativamente en los países europeos.
«En general, los gobiernos pueden generar ingresos de manera más eficiente aprovechando las tasas impositivas marginales en el extremo inferior de la distribución del ingreso que utilizando tasas máximas. Las tasas máximas más altas incentivan a las personas que superan ese umbral de ingresos a ganar menos, al tiempo que dejan sin cambios los ingresos recaudados de todos los demás. Sin embargo, al aumentar la tasa de un tramo inferior se obtienen ingresos de los contribuyentes de tramos más altos sin incentivarlos a reducir sus ingresos, ya que únicamente se ven afectados los incentivos de ingresos de las personas de ese tramo inferior», explican los expertos de Tax Foundation.
El economista Francisco de la Torre, tras apuntar que en España, como en otros países, se recauda mucho por IRPF, explica que «no solo tenemos un tipo marginal, el último de la escala, particularmente elevado, sino que, además, se llega a los tipos elevados con mucha facilidad». De la Torre relata que «un contribuyente que gane algo más de 53.000 euros ya soporta un marginal del 45%, que es incluso superior en algunas comunidades autónomas como Cataluña. Si España no recauda tanto como otros países en el IRPF no es porque no tengamos tipos elevados, sino simplemente por el desempleo, ya que más del 80% de la recaudación del IRPF proviene de los rendimientos del trabajo, es decir, salarios y pensiones».
Por eso, añade De la Torre, el tipo efectivo medio que soportan los contribuyentes del IRPF y que calcula la Agencia Tributaria, tocó máximos en 2022 y es previsible que haya vuelto a subir en 2023 y en lo que llevamos de 2024. Los continuos récords de recaudación en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas son el resultado de que el empleo ha mejorado, pero también de la inflación que los ciudadanos sufren especialmente en este impuesto».
Trabajadores cualificados
Para el también economista Javier Santacruz «la consecuencia de que el tipo máximo del IRPF sea tan alto es que España es nula atrayendo a personas de alta cualificación, que tienen salarios altos, porque supondría pagar un volumen muy alto de impuestos«. Y añade: «Si además se compara con países como Dinamarca o Francia, hay que ajustar por el nivel de productividad, nivel de vida, alternativas laborales… Y en todo ello España sale perdiendo también para las rentas altas. Incluso no tienen las mismas contraprestaciones en términos de servicios públicos que en estos países».
En consecuencia, Santacruz, concluye que «un mayor pago de impuestos a cambio de un menor beneficio proveniente de de los servicios públicos, como sanidad, educación pensiones, hace que España no sea atractiva».
El IPC se sitúa en su nivel más bajo de los últimos seis meses.
La subyacente también reduce hasta el 3,4%
Febrero ha compensado con creces la cuesta de enero. La inflación acabó el segundo mes del año con un fuerte frenazo frente al mismo periodo de 2023, hasta situar el IPC en el 2,8%, según el dato adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la menor tasa de los últimos seis meses —el pasado agosto se situó en el 2,6%— y rompe con la curva ascendente de inicio de año, cuando llegó al 3,4%. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, también se modera del 3,6% al 3,4%. Es la cifra más baja desde marzo de 2022, cuando empezó la guerra en Ucrania.
El frenazo, previsto por los analistas, es consecuencia del llamado efecto escalón. María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, recuerda que en febrero de 2023 los precios subieron un 6% a causa de los alimentos, que sufrían su propia crisis por unos costes de producción muy altos. En ese momento, los alimentos y bebidas no alcohólicas se dispararon un 16,6% interanual, la tasa más alta de la serie histórica iniciada en 1994. Desde entonces la corriente empezó a cambiar de sentido con reducciones constantes, aunque hoy sigue por encima del 7%. En cualquier caso, esta moderación no refleja del todo la realidad nacional, pues está condicionada a la rebaja del IVA de la que disfrutan desde hace más de un año los alimentos básicos, las pastas y los aceites.
Más allá de la cesta de la compra, el otro gran factor en esta moderación de seis décimas en la inflación ha sido la energía, si bien el efecto base es menor que en el caso de los alimentos. “La electricidad ha evolucionado bastante mejor de lo que se preveía y el fuerte viento que ha hecho ha contribuido a generar más energía eólica de lo esperado, lo que ha tirado a la baja los precios”, detalla Fernández. En efecto, tanto el precio del gas natural como el de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO₂), dos factores clave en la fijación de precios en varios tramos del día, han caído a plomo. En paralelo, la fotovoltaica y la eólica terminan el mes con una generación récord de energía, mientras que la hidráulica también se ha desempeñado bastante bien gracias a las recientes lluvias.
Todo esto ha permitido que la electricidad se hunda en el mercado mayorista, alcanzando incluso los 10 euros por megavatio hora (MWh). Si se compara con febrero de 2023, se observa que el precio medio fue de 133 euros. Del otro lado de la balanza, la gasolina y el gasoil han condicionado que la bajada interanual no sea mayor. Según las estimaciones del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), ambos han tenido un leve repunte interanual de entre el 0,9% y el 0,2%. Por su parte, la variación intermensual sería de entre el 3% y 3,5%.
El índice de precio de consumo armonizado (IPCA) —que permite comparar la inflación entre los países miembros de la Unión Europea— también ha caído seis décimas por debajo de la tasa registrada en enero, hasta el 2,9%. En cualquier caso, el dato menos alentador es la variación mensual del IPC, pues ha pasado del 0,1% al 0,3%. Desde noviembre del año pasado va en aumento.
El Ministerio de Economía ha sacado pecho de los datos, asegurando que “hacen compatible la moderación de los precios con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares y familias más necesitadas”. Por su parte, los analistas esperan que la inflación subyacente siga con una tendencia descendente a lo largo del año, aunque lenta, que contrastará con los altibajos del índice general. Este seguirá reflejando efectos escalón por la volatilidad que tuvieron los precios energéticos el año pasado, así como la variación de la cesta de la compra.
Para marzo, por ejemplo, es previsible que la inflación repunte un poco debido a que el IVA de la luz volverá al 21%. Hasta ahora, era del 10%. Esta rebaja fiscal forma parte del paquete de medidas anticrisis que el Gobierno desplegó para contrarrestar los efectos adversos de la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria y que en este año se irán eliminando.
El 47% de las directivas de la empresa son ya mujeres
Mercadona ha superado un nuevo hito histórico. Por primera vez en su historia, la cadena de supermercados valenciana ha superado las 100.000 personas en plantilla, todas ellas con contratos fijos. En concreto, la compañía cerró 2023 con una plantilla compuesta por 104.000 personas, 98.700 en España y 5.300 en Portugal, tras crear 5.000 empleos en el último ejercicio.
El crecimiento de la plantilla ha sido muy destacado en los últimos años, fundamentalmente desde el inicio de la brutal transformación del grupo, a partir de finales de 2016, «para consolidar un modelo de empresa más digital, productiva y sostenible», según explican desde la cadena. Desde entonces, Mercadona ha creado hasta 25.000 nuevos empleos, lo que en términos relativos supone un incremento del 32 por ciento. «Es un orgullo poder decir que ya somos una familia de más de cien mil personas, cuyo compromiso nos ha permitido lograr los retos marcados a pesar del contexto de incertidumbre que hemos vivido en los últimos años», apunta Paula Llop, directora de Responsabilidad Social de Mercadona.
Mercadona destaca además el perfil eminentemente jóven de sus trabajadores. De hecho, un 39% tiene edades comprendidas entre los 40 y 49 años. El 29% tiene entre 30 y 39 años; un 16% son mayores de 50 años y otro 16%, jóvenes de hasta 29 años. Al ser una compañía de supermercados, el grueso de la plantilla, hasta un 82% desarrolla su trabajo en tiendas, un 12% en logística y el 6% restante, en oficinas. Con un 61% de mujeres sobre el total, crece además el porcentaje de directivas en la compañía, hasta alcanzar al cierre del ejercicio el 47%.
Aumento salarial de hasta el 6%
«Consciente de que las trabajadoras y los trabajadores son el mejor activo de los clientes y esenciales para el crecimiento empresarial, Mercadona aboga por un empleo estable y de calidad, con sueldos por encima de la media del sector. Además, para garantizar el poder adquisitivo de su plantilla, en el marco de su Modelo de Calidad Total ha mejorado un año más tanto el salario base como los complementos existentes con una subida salarial acorde al IPC, de hasta el 6%, vinculada también a resultados. Con ello, ha situado el salario mínimo en la compañía en 1.553 euros brutos al mes (un 17 por ciento superior al Salario Mínimo Interprofesional)», asegura el grupo. El pasado día 31 de enero, la empresa que preside Juan Roig anunció además el reparto entre su plantilla de una prima sobre beneficios de 600 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto al año anterior.
A ello se suma una apuesta por la formación, la proyección profesional y el impulso al talento. En el balance de 2023 y en materia de formación, en concreto, cabe destacar, según la compañía, los 110 millones de euros destinados a consolidar y mejorar las habilidades y conocimientos de su plantilla, que se han concretado en más de 3,4 millones de horas de formación. Asimismo, durante el último año 2.221 trabajadoras y trabajadores han sido promocionados a puestos de mayor responsabilidad, prueba de que Mercadona es un proyecto empresarial que permite a su equipo crecer al ritmo que lo hace la compañía.
El comercio, las actividades administrativas y la hostelería serán los sectores más afectados por la automatización
El potencial del que dispone la inteligencia artificial (IA) para transformar el mercado de trabajo es más que evidente para todos los actores inmersos en una revolución ya imparable. Las empresas ven en estos nuevos motores informáticos la capacidad de organizar y atender con mayor eficiencia muchas de sus tareas —y mejorar su productividad, una asignatura pendiente—, al tiempo que algunos trabajadores recelan de su supervivencia en un entorno dominado por las máquinas. Nada nuevo dentro de la rueda del progreso, pero que, atendiendo a todos los indicadores —tanto actuales como futuros, lleguen hasta donde lleguen estos—, está a punto de generar un salto inédito. Las últimas proyecciones realizadas por Randstad alertan de que en los próximos diez años desaparecerán 400.000 puestos de trabajo por la IA. El resultado proviene de la resta entre los puestos que se crearán (1,6 millones), y los que se perderán (dos millones). Números rojos.
“Con la IA vamos a experimentar una nueva revolución económica, ya que se estima que a nivel global el 18% del trabajo podría estar más o menos afectado por la automatización y el PIB mundial podría aumentar en un 7% como consecuencia del impulso a la productividad laboral”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research. Otra forma de entender esta “afectación” es pensar que quien no se adapte desaparecerá. O, como mínimo, se verá obligado a evolucionar.
La consultora de talento ha fijado su análisis en los próximos diez años —los que van desde 2023 hasta 2033—, y sus resultados son consecuencia de la extrapolación a España de las metodologías internacionales que ya se están poniendo en marcha, aislando cualquier otro efecto que pudiera contaminar la evolución del mercado laboral en este tiempo (variables económicas, geopolíticas, regulatorias o de cualquier otro tipo). Así, el informe de Randstad apunta a que en la próxima década la expansión de la inteligencia artificial en la actividad empresarial provocará la aparición de 1,61 millones de nuevos empleos, al tiempo que prevé la desaparición de dos millones de puestos de trabajo. Estos representan el 9,8% de los empleos que hay en España, y son los que “corren el riesgo de ser automatizados”, alerta Bote.
Perfil técnico
Para advertir del impacto que esta suplantación de la máquina por el hombre tendrá en los distintos sectores productivos, Randstad ha trasladado la ecuación general (ganancia menos pérdida) a cada parcela. Y hay algunos claros perdedores: el comercio, por ejemplo, arroja un saldo negativo de casi 160.000 empleos, seguido de las actividades administrativas (alrededor de 150.000); de la hostelería (113.000); y del transporte y almacenamiento (casi 50.000). Dentro del pequeño grupo de sectores que experimentarán un impacto limitado con la llegada de la IA están, según Randstad, la agricultura, ganadería y pesca, las actividades asociativas, las industrias extractivas o la construcción.
Del otro lado, quienes más puestos de nueva creación generarán serán aquellas con un marco perfil técnico. Es el caso del sector de la programación y consultoría (76.000); las actividades profesionales, científicas y técnicas (casi 50.000); las telecomunicaciones (9.000); y los medios y publicaciones (3.500). También, las actividades de seguros (37%), servicios financieros (36%) y medios y publicaciones (33%) experimentarán un importante salto en su productividad.
La IA es una realidad futura, pero todavía no demasiado presente. El informe de Randstad también ofrece resultados acerca de cuántas empresas recurren actualmente a esta herramienta transformadora, y por el momento, el 54,5% aseguran no hacerlo. El colectivo restante (45,5%) reconoce utilizarlo, pero lo hace de forma principal para el análisis de datos (49,2%), o la optimización de tareas administrativas o automatización de procesos (36,1%).
Los menores de 25 años se enquistan por debajo del 7%
El desafío demográfico aprieta con cada vez mayor intensidad al mercado laboral nacional. El 22,68%, de los 19,3 millones de personas de nacionalidad española que trabajan o buscan empleo superaba los 55 años a cierre de 2023, su máximo histórico, mientras los jóvenes menores de 25 años apenas llegan al 6,91%. Una situación que ni siquiera la aportación de 4,7 millones de activos extranjeros y con doble nacionalidad ha logrado resolver.
En el cuarto trimestre del pasado año, la mano de obra entre 25 y 54 años se situó en el 70,41%, un mínimo de la serie con seis puntos menos que a principios de siglo. Tradicionalmente, esta franja de edad se califica de ‘prime’, ‘disponible’ o ‘productiva’, ya que excluye a las personas que no han consolidado su entrada en el mercado laboral y a los que ‘preparan’ su salida. Aunque factores como el aumento de la esperanza de vida o el retraso de la edad de jubilación cuestionan esta división, sigue vigente en muchos análisis macroeconómicos, incluyendo los elaborados por el Gobierno
En cualquier caso, lo que revelan los datos de la EPA es que el estrechamiento del porcentaje de mano de obra disponible se produce por la franja de edad superior. Desde 2002, el porcentaje de activos mayores de 55 años considerados activos han escalado ininterrumpidamente del 10,3% en el primer trimestre de 2002 al 22,68% a cierre de 2023.
Por su parte, el de los jóvenes se ha reducido del 12,99% al 6,91%. Aunque en su caso sí se produce una mejora desde el 5,87% que registraron en el primer trimestre de 2016. Técnicamente, el mínimo histórico se sitúa en segundo trimestre de 2020, con un 5,46%, pero estos datos están sesgados por el impacto de la pandemia.
La baja participación de los jóvenes en el mercado laboral se explica porque muchos todavía están estudiando y se incorporan al empleo o a su búsqueda a partir de los 25 años, aunque el descenso del peso de la población activa ‘prime’ revela que ni siquiera este efecto compensa el del envejecimiento. Algo que se aprecia claramente al comparar la evolución relativa del peso de cada grupo de edad desde el arranque de la serie histórica
Es más, teniendo en cuenta que los datos de la EPA se remontan a 2002, muchos de los trabajadores ‘prime’ que entraban en este grupo al inicio de la serie histórica están ya preparando su paso a una edad tradicionalmente considerada como de ‘pre-retiro’.
¿Pero es así? Lo cierto es que la tasa de actividad, es decir, el porcentaje de españoles mayores de 55 años que trabajan o buscan empleo sobre el total de la población en esa edad, está en máximos históricos. Ha pasado del 16,8% en 2002 al 29,31% a cierre del pasado año. Son, eso sí, los menos activos. Los jóvenes llegan al 34,2%, aunque en su caso sí se recoge un descenso desde el 46,3% registrado hace veinte años.
Se da, precisamente, la circunstancia de que los menores de 25 años son la única franja de edad que ha reducido su tasa de actividad. La explicación sería, una vez más, la vuelta a los estudios de muchos de ellos tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Los extranjeros también envejecen
En la información laboral, los titulares suelen centrarse en la ocupación o el desempleo antes que los activos. A pesar de que es el total de la mano de obra disponible en España el que determina el margen de mejora de un mercado de trabajo. Aunque el envejecimiento de la población preocupa, se suele circunscribir al ámbito del pago de pensiones de jubilación más que al ‘estrechamiento’ del potencial de trabajadores. Esto no significa que no sea un tema que preocupa, y mucho a los gobiernos. El español, sin ir más lejos, remitió hace unos meses a Bruselas un informe en el que admitía la pérdida de mano de obra entre 25 y 54 años. Pero proponía como respuesta la receta ‘clásica’ de la inmigración.
Sin embargo, esta vía no funciona para rejuvenecer el mercado laboral español. De hecho, si a la población activa española le sumamos la extranjera (3,66 millone de inmigrantes y 1,12 millones extranjeros con doble nacionalidad) los porcentajes siguen siendo similares: un 7,05% de menos de 25 años y un 20,71% de mayores de 55 años, este también el máximo de la serie histórica. La población activa ‘prime’ general queda en el 72,2% frente al 70,41% de la española en solitario, pero sigue siendo su mínimo histórico a cierre de año, frente al 76,99% al inicio de la serie histórica.
Esta evolución resulta sorprendente porque habitualmente se considera que los trabajadores extranjeros son de menor edad. Pero esto solo se aplica para los inmigrantes, no para los que tienen doble nacionalidad que llevan años instalados en España y registran una demografía laboral más cercana a los nacionales. En el caso de los nuevos llegados, la población ‘prime’ aún supera en diez puntos a la española.
Pero esta evolución positiva pende de un hilo, ya que su envejecimiento demográfico es más intenso que entre los españoles. Así, aunque el peso de su población activa ‘prime’ se mantiene casi estable desde 2002, el de los mayores de 55 años se ha multiplicado por cuatro mientras los menores de 25 años han caído a la mitad.
Esto explica que, aunque a población activa extranjera (contando los que tienen doble nacionalidad) supone el 19,8% del total, el máximo de la serie histórica, con 4,78 millones de personas, esto no se traduzca en ningú caso en un ‘relevo generacional’ al sufrir un proceso similar de envejecimiento al de los nacionales. Aunque en su caso puede explicarse porque muchos jóvenes que no encuentran oportunidades en España optan por buscarlas en otros países.
El envejecimiento de la mano de obra lleva a que no solo hay que mejorar las expectativas de los jóvenes, sino también las de los mayores, aunque estos pueden adelantar su retiro, con el consiguiente coste en pensiones. Más allá de restringir las jubilaciones anticipadas, los sindicatos y patronales reclaman al Ejecutivo que estudia estrategias específicas para incentivar el empleo senior y acelerar la vuelta al mercado laboral de los trabajadores de mayor edad, aunque por ahora la concreción de estas medidas sigue siendo escasa.
El 29,2% del empleo creado desde el estallido de la pandemia corresponde a trabajadores extranjeros, según los datos de la Seguridad Social. Desde abril de 2020 han sumado 696.224 afiliados medios y alcanzan un máximo histórico de 2,67 millones a cierre de 2023. A pesar de que la inmigración apenas supone un 12% del total de los ocupados, su tasa de crecimiento triplica a la de los nacionales: un 35% frente a un 10%.
El cuarto mes de 2020 fue el peor momento de la crisis en cuanto a empleo. La afiliación tocó fondo con 18,45 millones de ocupados, frente a los 19,53 millones que registraba en julio de 2019, momento considerado el máximo prepandemia. Pero el mercado laboral se recuperó con rapidez, superando los umbrales previos a la irrupción del Covid19 solo un año después. En 2023 ha alcanzado un récord de 20,8 millones de afiliados.
En este tiempo, los afiliados españoles han sumado 1,68 millones de nuevos trabajadores, mientras que los inmigrantes han incorporado 696.224. Que a pesar de su reducido peso en el total del empleo (un 12,8%) aporten un tercio de las nuevas afiliaciones implica que han experimentado un dinamismo mucho mayor que los nacionales. Algo que confirma la tasa de crecimiento acumulada en el periodo: la de los foráneos más que triplica la de los nacionales.
En este impulso coinciden varios factores. El primero, obviamente, es el intenso ‘rebote’ de la actividad tras la pandemia, que ha superado la simple recuperación para rebasar con creces la moderada tendencia que parecía seguir antes de la crisis sanitaria. El segundo, la más tardía recuperación de los sectores más afectados por los confinamientos, que han aprovechado con intensidad la llegada de trabajadores foráneos tras la apertura de las fronteras.
¿Compensan la falta de mano de obra?
Esto podría explicar por qué, si bien la evolución del empleo nacional y migrante había seguido una tendencia similar antes y en los primeros meses de la pandemia, a partir de 2021 su comportamiento se diferencia cada vez más. Esto coincide con un momento en el que los empresarios se quejan de la falta de mano de obra entre los nacionales.
Esta demanda se produce especialmente en sectores con mayor mano de obra migrante. La hostelería, que emplea al 19% de los afiliados extranjeros, el comercio que llega al 17,2%, la construcción, que llega al 11,9% y las ‘actividades administrativas’, epígrafe que incluye trabajos de oficina que se consideran de baja cualificación (y escasa remuneración), entre ellos, las actividades de ‘call centers’.
Precisamente, al analizar la composición del empleo extranjero creado entre abril de 2020 y cierre de 2023, comprobamos que los que más peso tienen en la creación de empleo foráneo en este periodo son también el comercio (14,6%), las actividades administrativas (13,7%), la construcción (13,1%) y la hostelería (10,9%). Lo que avala la tesis de que la contratación de inmigrantes se intensifica según los confinamientos se relajan.
El de la falta de mano de obra es uno de los grandes debates del mercado laboral tras la pandemia, a pesar de que España tiene la mayor tasa de paro en Europa. Una situación que llevaría a las empresas a tirar de foráneos, ante la supuesta negativa de los nacionales a aceptar determinados empleos. Aunque este análisis admite un matiz adicional.
Aunque, tal y como contamos en elEconomista.es, la tasa de dimisiones ha repuntado tras la reforma laboral, especialmente entre los indefinidos, sigue provocando cinco veces menos bajas que el final o interrupción de un contrato temporal. Y lo cierto es que, si desglosamos el desempleo por nacionalidad, se aprecia que los españoles siguen registrando una tasa de paro del 10,7%. Eso sí, la de los inmigrantes supera el 17%.
Tener empleo es la forma más habitual de obtener y renovar un permiso de residencia, por lo que no es difícil concluir que su mayor tasa de paro les convierte en un caladero potencialmente mayor para ciertos empleos, sobre todo los peor remunerados. Su base de cotización, su salario bruto, es un 22 % inferior al de los trabajadores nacionales, según revelan los datos de Seguridad Social.
En este sentido, es llamativo el caso de la construcción: aunque ha incorporado 78.496 nuevos afiliados desde la pandemia, solo 250 provienen del plan de contratación en origen puesto en marcha por el Gobierno para traer trabajadores cualificados en un sector en el que las patronales hablan de hasta 700.000 vacantes por cubrir. Aunque eso sí, el incremento se ha producido en todas las ramas de actividad, salvo en las embajadas y organismos extraterritoriales, donde ha descendido en 96 personas.
Colombia, Venezuela Marruecos… ¿e Italia?
¿De dónde vienen estos inmigrantes? Si comparamos las nacionalidades, las que más aumentan son los marroquíes (105.481 nuevos afiliados), los venezolanos (85.312) y los marroquíes (69.519). Sorprende que el cuarto puesto lo ocupe Italia, que ha sumado 56.563 afiliados medios netos. Los chinos, en comparación, solo han incorporado 37.518 afiliados. Muy por detrás quedan los ucranianos, que pese al éxodo tras la guerra solo han incorporado 21.653 trabajadores al mercado laboral.
Una explicación a lo que ocurre con los italianos es que muchos sean inmigrantes con doble nacionalidad, seguramente de segunda generación, que han optado por buscar trabajo en España ante las políticas antimigratorias desarrolladas en los últimos años en un país cuya situación económica no es tan diferente de la española, en términos de paro y calidad del empleo.
Su caso es más llamativo si lo comparamos con el de los ciudadanos rumanos, que suponen el 12% de la mano de obra migrante en España (los italianos son ya un 6,5%), pero solo han aumentado en 3.400 personas tras la pandemia, un repunte que equivales al 0,49% del total acumulado de trabajadores extranjeros. En cualquier caso, aunque es pronto para hablar de cambios permanentes en los flujos migratorios laborales tras la pandemia, la afiliación foránea se sigue concentrando mayoritariamente en países de habla hispana.
Pierde medio millón de efectivos desde los máximos de la pandemia
El modelo híbrido avanza aunque el trabajo en remoto se recupera en el último año
Los datos de teletrabajodieron una sorpresa en el cuarto trimestre del año tras dispararse un 19,4% respecto al mismo periodo del año anterior y superar por primera vez desde el arranque de 2021 el umbral de los tres millones de ocupados en remoto, algo que desde el estallido de la pandemia solo había ocurrido otras dos veces. Una evolución que responde al repunte del modelo ‘híbrido’, que compagina el tiempo en la oficina y a distancia, pero también refleja una recuperación del teletrabajo que ocupa la mayoría de los días de trabajo.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el 14,4% de los ocupados españoles trabajó desde casa a cierre del pasado año, el porcentaje más alto desde el primer trimestre de 2021. Aunque queda por debajo del 19,1% que se alcanzó en junio de 2020, en pleno estallido de la pandemia, sigue superando con creces el 8,3% que se alcanzaba en 2019. Esto, en todo caso, no es suficiente por ahora para ponerse al nivel de las grandes economías de la zona euro.
Aunque el INE no publica datos trimestrales previos al segundo trimestre de 2020, la comparativa con los ejercicios precedentes a la pandemia muestra un repunte histórico que se mantiene muy por encima de la situación previa. Aunque su ‘composición’, es decir, el tipo de teletrabajo que se realiza, sí ha cambiado sustancialmente en los últimos tres años.
En junio de 2020 el teletrabajo ocasional, que afecta a menos de la mitad de los días de la jornada semanal sumaba 539.000 empleos y alcanzaba al 2,9 del total de ocupados, mientras que el que considerado habitual llegaba al 16,2%, con 3,01 millones. A cierre de 2023, el primero anota una tasa de 7,1%, tras registrar un récord de 1,49 millones de ocupados, mientras el segundo se sitúa en el 7,3%, con 1,56 millones de teletrabajadores. Poco más de la mitad de lo que alcanzó en el primer envite de la pandemia, aunque se trata de la cifra más alta desde 2021.
En la evolución de la tasa de teletrabajo, hay que tener en cuenta la recuperación de empleo tras la pandemia. El mercado laboral ha ganado 2,63 millones de ocupados desde marzo de 2020, mientras los puestos de empleo en remoto se han reducido en 494.500. Esto se debe a la recuperación en los sectores más castigados por los confinamientos, ya que la mayoría de sus puestos requerían la presencialidad, pero también a la vuelta a la oficina de los que sí podían realizar sus tareas en remoto.
Aunque también refleja los cambios legales en España, ya que la regulación del teletrabajo aprobada a finales de 2020 supuso mayores exigencias y un encarecimiento para las empresas del teletrabajo que superar el 30%. Así, los ocupados que trabajan la mayoría de sus jornadas en remoto han descendido en 1,45 millones desde el epicentro de los confinamientos, pero los que lo hacen de manera más flexible ha aumentado en 958.400.
El grueso de este comportamiento se aprecia especialmente en el caso de los asalariados, ya que la irrupción del teletrabajo se ha centrado prácticamente en ellos. Aun así, entre los autónomos también ha retrocedido el remoto total mientras el modelo híbrido ha ganado fuerza. Esto puede interpretarse como que los que tienen oficinas o despachos no han renunciado a ellos, aunque su organización es más flexible.
Los protagonistas del teletrabajo
Lo que parece poco discutible es que el reparto del teletrabajo se ha dado la vuelta en España. Si antes de 2020 los asalariados autónomos eran más que los asalariados (en parte porque muchos de ellos ya trabajaban desde su casa), con la pandemia la eclosión se produce entre los segundos. Y mantiene tres años después, lo que apunta a que no conviene minimizar el cambio producido en el mercado laboral. Aunque en el pasado se haya pecado precisamente de lo contrario.
El ‘boom’ del teletrabajo durante la pandemia propició la idea de que se trataba de un cambio de paradigma para el que no había vuelta atrás, una visión entusiasta dio paso a la idea contraria, la del ‘fracaso del gran experimento’ cuando las cifras empezaron a descender. Pero ambas corrientes obviaban la idea de que lo ocurrido en 2020 fue una situación excepcional provocada por una crisis sanitaria sin precedentes, y no respondía a la evolución de la cultura organizativa de las propias empresas, las demandas de los trabajadores ni de la propia tecnología.
Estos desajustes explican el rechazo de muchas empresas (que no quieren duplicar costes manteniendo sus oficinas y los gastos de sus empleados en remoto) y el hartazgo de muchos trabajadores ante la hiperconexión y control constante con sus trabajos, que provocaron un problema de confianza vinculado a la supuesta pérdida o ganancia de productividad que supone el teletrabajo. Una cuestión que se ha estudiado más frecuentemente a través de encuestas ‘ad hoc’ a empleadores o empleados que mediante estudios económicos rigurosos.
Pero este debate tampoco tiene en cuenta las diferentes realidades laborales y productivas que conviven en una economía. La situación de un autónomo, que de verdad tiene libertad para organizar su trabajo, dónde y cómo le convenga, no tiene nada que ver con un asalariado oficinista. Ni ambas tienen por qué coincidir con las de los expatriados o nómadas digitales.
Los datos del Instituto Nacional Estadísticas tampoco agotan la realidad del teletrabajo, aunque al menos son neutrales y reflejan una tendencia clara. El teletrabajo ha salido muy reforzado tras la pandemia respecto a la situación anterior, y ahora cabe preguntarse por su evolución a futuro. Si la opción del modelo híbrido como una forma de «flexibilidad» laboral sigue prosperando porque concilia las posiciones de las empresas y de los empleados, y si puede ser el pilar sobre la que evolucione la implantación del remoto total en los próximos años. Eso sí, los análisis deberán alejarse del ruido y los sesgos para arrojar una radiografía más clara de la cuestión.
La reducción del coste o su gratuidad será una ventaja indiscutible para el consumidor, pero también para la gestión financiera de millones de pymes
La aprobación del reglamento europeo que universaliza las transferencias instantáneas en la UE y obliga a que sean gratuitas, o al mismo precio que las ordinarias, constituye un gran paso adelante para colocar a Europa a la cabeza de este tipo de servicio y reducir el coste de estas operaciones. El texto, aprobado por abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo, impedirá que los bancos puedan cobrar comisiones por estas transferencias respecto a las ordinarias, que en muchos casos son ya gratuitas. Los pagos instantáneos permiten transferir dinero en 10 segundos durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y con un importe máximo de 100.000 euros. En contraste, las transferencias ordinarias se ejecutan en uno o dos días y suelen llevar aparejado un coste que en España oscila entre uno y 12 euros, pero que en países como Italia puede llegar hasta 30.
El reglamento de Estrasburgo tendrá un impacto significativo en la UE, donde uno de cada tres bancos no ofrece el servicio y hay 70 millones de cuentas que no disponen de esta opción. La excepción es España, donde las transferencias instantáneas se han popularizado a una velocidad asombrosa y suponen ya más de la mitad del total, frente al 15% en el resto de la UE. En ese proceso ha jugado un papel destacado Bizum, la plataforma gratuita de los bancos, cuyo rápido crecimiento demuestra el enorme potencial de desarrollo del reglamento y la revolución que puede suponer. El año pasado, Bizum canalizó 940 millones de transacciones, lo que supone dos millones y medio de pagos al día o, lo que es lo mismo, 30 por segundo.
La universalización de los pagos instantáneos y, sobre todo, la democratización que supone la reducción de su coste o su gratuidad constituye una ventaja indiscutible para el consumidor, pero también para millones de pymes y microempresas en su operativa de gestión de pagos, que se agilizará notablemente y cuya competitividad mejorará.
La normalización de los pagos instantáneos es una asignatura que todos los países con economías de mercado y sistemas financieros abiertos tendrán que aprobar antes o después. El año pasado, la Fed lanzó su propio sistema para empresas y particulares, aunque de momento con una baja acogida en el país, cuya operativa bancaria ordinaria está muy por detrás de las posibilidades de la tecnología. A la vista de lo sucedido en España, el paso dado por Bruselas debería tener un efecto sustancialmente mayor y constituir una oportunidad para la agilización y optimización de las transacciones bancarias en las economías del Viejo Continente.
El Ministerio de Hacienda quiere rastrear todos los pagos con tarjeta que se realizan en España bajo el objetivo de prevenir el fraude fiscal. La Administración valora modificar el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para establecer una nueva obligación de información «que incorpore la información de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjeta de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda».
Hasta el momento y en materia de tarjetas, los bancos solo tienen la obligación de informar a la Agencia Tributaria de manera anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales cuando el importe neto anual de los cobros supere los 3.000 euros.
Con el cambio que propone Hacienda en su informe de evaluación de la Ley contra el fraude fiscal aprobada en 2021, la obligación de informar no solo se quedaría en la banca sino que se extendería también a las entidades de dinero electrónico (por ejemplo, Paypal es una de las más conocidas) y a las entidades de pago, es decir, aquellas que permiten realizar servicios de pago como transferencias (American Express, Getnet o UniversalPay, entre otras). Además, se informaría de cualquier transacción, ya sea hecha por un profesional como por un particular. Asimismo, el objetivo de la Administración es que cualquier entidad o sucursal extranjera que tenga actividad en España en materia de pagos, también informe al fisco de la actividad que se realiza con sus servicios en nuestro país.
Con el objetivo de identificar a los autores de los movimientos con tarjetas, Hacienda también persigue exigir a bancos, entidades de pago o de dinero electrónico que informen del «titular real» detrás de cada operación. Para dificultar cualquier maniobra fraudulenta, el Ministerio que encabeza María Jesús Montero pretende prohibir el uso de tarjetas o cualquier otro medio de pago emitidos por bancos o entidades situadas en jurisdicciones no cooperativas, es decir, paraísos fiscales. También se busca prohibir cualquier tarjeta que no permita identificar al titular de las operaciones y obligar a informar a las entidades españolas de la identidad de la persona que realice una retirada de efectivo en un cajero de nuestro país con una tarjeta extrajera.
Asimismo, también se quiere reforzar el control sobre las TPV (Terminal en Punto de Venta), de modo que solo puedan acceder a este sistema las personas que estén dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y estén al corriente de sus obligaciones tributarias.
Finalmente, la Administración planteará intensificar a bancos y entidades de sistemas de pago el reporte de información sobre cuentas corrientes, créditos y tarjetas de crédito, que en la actualidad es de un año, para que se haga con una mayor periocidad.
