Tanto si ocupas un cargo directivo en una gran compañía, como si eres el fundador de tu propia pyme, deberás contar con una serie de habilidades para lograr un buen liderazgo. Así lo ven también Lola Solana, Head of Small Caps & ESG Equity Funds de Banco Santander y Antonella Rodogno, COO & Co-founder de ChineSpain, que comentan cuáles son para ellas las más imprescindibles.
No cabe duda que la responsabilidad de un líder en el logro, tanto de los objetivos empresariales como del bienestar del equipo humano, es innegable. Y es que es la brújula que guía al conjunto hacia buen puerto, por ello es importante que se valoren y trabajen una serie de cualidades más allá de la visión de negocio, como son la integridad y la empatía, entre otras.
Ambas coinciden en que un buen líder tiene que dar ejemplo. “Hay que ser transparente, congruente y valiente, tener tu propia opinión y luchar por ser el mejor”, comenta Solana. En esa línea, insiste en que no hay nada de malo en querer competir y en tener siempre la excelencia como meta. Y es que “es fundamental que no nos durmamos en los laureles, que sigamos poniéndonos objetivos”, recalca.
Sin duda, otro de los aspectos fundamentales es saber lograr un buen ambiente laboral. “Desde que emprendí me he dado que el hecho de que exista un buen diálogo interno es de las cosas más importantes”, afirma Rodogno. Y es que la comunicación es clave para poder transmitir los valores y principios empresariales, pero también para “influenciar en la forma de tomarse el trabajo”. Una visión que comparte totalmente Solana, quien añade que “como líderes es fundamental que sepamos transmitir y contagiar la alegría, las ganas, el entusiasmo…y no utilizar el mecanismo del miedo, sino el de la motivación, porque sólo así conseguiremos sacar lo mejor de cada uno”.
Los profesionales más influyentes en las redes sociales laborales creen que en 2020 las compañías primarán al empleado en pleno proceso de automatización
Es la red social más aburrida de todas, en opinión del argentino Leo Piccioli, pero capaz de producir personas influyentes como él. Desde que empezó a publicar sus reseñas en LinkedIn, hace cuatro años, no ha dejado de dar conferencias y escribir libros. Ahora va a lanzar el segundo. Piccioli se define como speaker y apoyo de líderes para desarrollar mejores líderes, según reza en su página web. Este emprendedor que en su día estuvo al frente de Staples en Argentina y Brasil forma parte de la lista de los mayores influencers corporativos de habla española de 2019 elaborada por la revista Emprendedores de México.
Encabeza la clasificación, justo delante de él, Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente de IE University. Si bien cuenta con muchísimos más seguidores, 130.000 frente a 57.000, porque, como él mismo explica, tiene detrás una institución de la que hasta hace poco era decano, IE Business School, con más de 75.000 antiguos alumnos.
Con 23.000 seguidores, Jorge Branger, es el tercer personaje con más tirón en LinkedIn. Un joven de 22 años, cofundador de Flyt!, cuya receta para conseguirlo es “hiper-segmentarme en el marketing”. Su pieza más vista en la plataforma laboral ha sumado 300.000 visualizaciones. Su truco: “Cuando veo un mensaje que se va a hacer viral, como un anuncio de Coca-Cola, hago una pieza propia”, señala.
La publicación mexicana se ha basado para elaborar este ranking tanto en el número de seguidores de estos profesionales, como en la interacción que generan sus artículos o en la cantidad semanal de post o vídeos, la relevancia de los mismos y su capacidad de generar tendencias en la red social. Entre los top figuran emprendedores, profesores, consultores y expertos en marketing digital. Es el caso de Juan Merodio, que con 25.000 seguidores aparece en la novena posición. Sus claves para hacerse ese hueco son lograr resonancia buscando un tema educativo o personal que motive a la gente y la constancia en las publicaciones, señala. Esa asiduidad semanal era la escogida por Santiago Íñiguez para sus artículos. El más visto, dice, alcanzó medio millón de visualizaciones.
Voces para 2020
IE reunió hace unos días a una decena de influencers de LinkedIn con la idea de que anticiparan las tendencias que marcarán la conversación en plataforma durante 2020. Cada uno de ellos expuso la que consideraba más relevante. Hubo opiniones para todos los gustos. Desde la descarbonización a la que hizo referencia Enrique Dans —profesor de IE situado en el puesto siete de la clasificación con 115.000 seguidores—, que hace que “tengamos que repensar el obsoleto sistema económico para que sea viable”, hasta el avance tecnológico de la mano de la inteligencia artificial al que aludió Emilio Márquez, consejero delegado y fundador de La Latina Valley que ocupa la posición 14 del listado con 30.000 seguidores; pasando por el derecho a la privacidad digital, pues es fundamental que el entorno online sea tan seguro como el físico, según Íñiguez; y la capacidad de manipulación de la conducta que permite la tecnología a la que se refirió desde México Néstor Márquez, emprendedor en serie y fundador de Future Experts, en el top 15 con 28.000 seguidores.
Entre tanto impulso tecnológico hubo una coincidencia: la humanización del trabajo es una clara tendencia para este 2020. Nos formamos para ser máquinas, y ahora que las máquinas llegan, nos sentimos inútiles, según Piccioli. Al habla desde Buenos Aires, abogó por la rehumanización, por un año clave en el que necesitaremos más herramientas para ser más creativos, empáticos, trabajar en equipo, romper jerarquías, resolver problemas… en definitiva, para diferenciarnos de los robots y la automatización imperante. ¿Por qué trabajamos ocho horas? Si nos pagaran lo mismo por trabajar menos horas, lo haríamos, dijo. “Podemos dar todo el valor en mucho menos tiempo. Cinco horas son en las que somos más productivos y la automatización permite que los humanos elijan”.
“El enemigo no es la tecnología, sino nosotros mismos”, según Néstor Márquez. Lo importante, a su juicio, es que la gente pueda adaptarse al desarrollo tecnológico. Aunque, como señaló Juan Merodio, “vamos por el camino contrario a la humanización. Cada vez más chatbots se encargan de la atención al cliente y hasta los influencers son digitales”.
Se va a poner de moda que las personas que estén al otro lado de las redes sociales sean reales, según Cipri Quintas, empresario y conferenciante, que sostiene que en esta nueva década se pondrá el foco en la gente, en las redes de confianza.
Pero, con el empleo en decadencia, en el futuro va a haber tres clases sociales en el trabajo: los nobles, es decir, los funcionarios; los siervos, trabajadores por cuenta ajena mal pagados y el resto, que serán profesionales libres, que generarán sus propios ingresos como autónomos, freelancers o autoempleados, dibujó Andrés Pérez Ortega, experto en branding personal.
Al final, la automatización de los puestos de trabajo tardará y va a haber tiempo para que las personas se adapten al nuevo escenario, cerró esperanzado el presidente de IE University.
Cada pensionista ha supuesto un gasto de 10.863 euros para que no pierda renta. Para atender a 15 millones de rentas en 2050, será preciso llegar a 29 millones de cotizantes; 10 millones más que ahora
Los pensionistas se manifiestan con frecuencia en la calle para pedir que el Parlamento blinde sus rentas de cualquier ajuste económico, suban siempre de acuerdo con la inflación y que las rentas mínimas se eleven a 1.080 euros al mes. Sin embargo, BBVA Research acaba de demostrar el «enorme esfuerzo de la sociedad española para financiar el déficit» del sistema público de pensiones.
Estos son los datos contundentes: así, tras la depresión económica, el «déficit acumulado» por el sistema de pensiones entre 2011 y 2018 es de 101.000 millones de euros. Es la suma de los desequilibrios anuales en ese periodo. En consecuencia, «el enorme esfuerzo de la sociedad española» para que no lo noten los jubilados en sus rentas equivale a 10.863 euros por pensionista.
Así se recoge en el informe del BBVA Research sobre El sistema público de pensiones en España: proyecciones y propuestas de mejora, elaborado por Rafael Doménech, director de Análisis Económicos sobre España del centro de investigación. Doménech presentó su estudio el pasado martes 17 de diciembre ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El informe recuerda que en 2018 el déficit del sistema de pensiones fue de 17.915 millones de euros, y «con las previsiones de septiembre de 2019», el agujero será este año de «17.144 millones de euros». Esta cifra supondría exceder el gasto previsto en un 11,4%, aunque todavía no se ha cerrado el ejercicio.
Las causas del problema
¿Cuáles son las causas de este grave problema de crecimiento del gasto y del déficit de las pensiones, ahora y en el futuro, y si no se hacen reformas?
BBVA apunta las siguientes: en primer lugar, el envejecimiento de la población. El informe admite que «existe bastante incertidumbre en las proyeciones de población», pero, «en cualquier caso, todas las proyecciones apuntan que la tasa de dependencia más que se duplicará» hasta 2050. Es decir, la relación entre los mayores de 66 años y la población que está en edad de trabajar, entre los 15 y los 65 años. En ese periodo, los mayores representan ahora el 30% y en 2050, el 62%, aproximadamente. Como consecuencia de ello, el número de pensiones contributivas pasará en este tiempo desde los 9,4 millones actuales a los 15 millones en 2050.
Por lo tanto, BBVA calcula que «para atender a los 15 millones de pensiones previstas se necesitarían 29 millones de cotizantes en 2050». Es decir, 10 millones más de los 19,3 millones de trabajadores ocupados que había el pasado noviembre. Hoy por hoy, semejante crecimiento de la afiliación parece imposible dada la baja tasa de fecundidad actual en España: 1,26 hijos por mujer. Es una cifra muy lejana de la tasa adecuada para garantizar la renovación de la población situada en 2,1 hijos.
Otra razón que aumenta el gasto del sistema de pensiones considerablemente es la siguiente: según la Comisión Europea, la pensión media en España representa cerca del 70% del salario medio percibido por el trabajador durante su carrera laboral. Por lo tanto, España es el tercer país de la UE en tener más alta lo que también se denomina la tasa de prestación. Sólo tienen una cifra más alta Grecia, donde la pensión media significa el 80% del salario medio, y Chipre, donde la tasa supone el 75%. También hay que tener en cuenta que las nuevas pensiones que se dan de alta en el sistema son más altas que las que se dan de baja. Lo que también se denomina el efecto sustitución se debe al impacto de la negociación colectiva en las prestaciones. La subida de los salarios termina trasladándose a las pensiones del futuro.
Una brecha estructural
Por todas estas razones, Doménech advierte de que en el sistema de pensiones «se ha abierto una brecha estructural entre ingresos y gastos, difícil de cerrar a medio plazo. Incluso, aunque se mantuviera el Índice de Revalorización [de las pensiones (IRP)». Es decir, aunque continuase la desvinculación de las pensiones de la evolución de los precios (ver gráfico en esta página).
El Gobierno del PP puso en marcha el IRP en 2013. La norma vinculaba las pensiones con la situación de la Seguridad Social durante once años. Es decir, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos del sistema durante los cinco años anteriores y las previsiones de los cinco años posteriores al presupuesto en el que se suben las pensiones.
En este contexto, y como consecuencia de la crisis económica, las prestaciones sólo subieron un 0,25% desde 2014 hasta 2018. Las protestas de los pensionistas llevaron al Gobierno del PP, en un acuerdo con el PNV, y, posteriormente, al actual Ejecutivo, a suspender la aplicación del IRP.
En todo caso, Doménech defiende la aplicación de esta reforma y del Factor de Sostenibilidad, que está suspendida hasta 2023. Con esta última medida, la Seguridad Social fijaría la primera pensión teniendo en cuenta también la media de esperanza de vida de la generación del nuevo pensionista.
Doménech sostiene que el IRP y el Factor de Sostenibilidad «garantizaban la sostenibilidad del sistema [de pensiones], su equilibrio presupuestario a largo plazo y permitían todas las opciones posibles». «Todas las opciones posibles, salvo pagar las pensiones incurriendo en un déficit estructural, que requiere tomar medidas para su corrección». Es una referencia indirecta a lo que está haciendo el Gobierno ahora. Con un Ejecutivo en funciones, el gasto se ha disparado con una subida de las prestaciones, incluso muy superior al IPC. Las pensiones subieron un 1,6% al principio de año. Es decir, 1,2 puntos más que la inflación real en noviembre, que fue del 0,4%.
En este contexto, BBVA advierte de que «ante el aumento del número de pensionistas la sociedad española tiene las siguientes alternativas», para evitar que algún día la situación del sistema sea insostenible, porque no haya recursos públicos suficientes.
La primera alternativa es aumentar la presión fiscal o recortar el gasto público en otras partidas presupuestarias. «Si las cotizaciones sociales soportasen todo el esfuerzo del crecimiento del gasto, tendrían que subir, hasta 2050, desde el 28,3% actual al 41,1%.
La segunda opción es emprender «reformas estructurales» que creen más empleo, inversión tecnológica y productividad. Aun así tendría que disminuir la pensión media respecto al salario medio.
La tercera propuesta del informe es avanzar hacia un modelo nuevo de pensiones. Esta es la gran reforma que planea constantemente sobre los planteamientos de BBVA Research.
Esta propuesta tiene tres partes: la primera es «blindar» la pensión mínima para todos los trabajadores que no pudiesen hacerse un plan individual de ahorro dentro de la empresa o la administración. Una cuenta nocional en la que el empleado debería obligatoriamente dedicar una parte de su salario a ahorrar para un plan de pensiones. Es decir que al jubilarse pudiera retirarse con el ahorro que ha hecho durante toda su vida laboral. En tercer lugar, BBVA es consciente de que poner en marcha esta reforma requeriría tiempo. Así cita que en Suecia hizo una transición de 15 años. También está en marcha en Reino Unido.
La presión fiscal en España se ha más que duplicado desde 1965
Las cotizaciones a la Seguridad Social son el mayor contribuyente
La presión fiscal en España ha vuelto a superar a la de la OCDE tras 11 años.
Echando la vista atrás unas cuantas décadas, la presión fiscal en España se ha multiplicado por dos desde 1965, primer año disponible en la base de datos de la OCDE. De una forma progresiva, la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales ha ido ganando peso sobre el PIB hasta la crisis económica de 2007, cuando se observó una caída de la que aún no se han recuperado. Aún así, este indicador sigue cerca de máximos históricos. La presión fiscal en 2018 ha sido del 34,4% del PIB (unos 415.700 millones de euros), superando la media de la OCDE por primera vez desde la crisis. Las cotizaciones a la Seguridad Social han sido el mayor contribuyente recaudatorio, representando el 11,6% del PIB y el 34% de toda la recaudación. A pesar de esta subida, la presión fiscal en España aún se encuentra más de diez puntos por debajo de la de Francia y Dinamarca, países que lideran la clasificación, y también lejos de la zona euro, que se encuentra en el 41% del PIB.
La presión fiscal se analiza como el conjunto de los ingresos por cotizaciones sociales (tanto las que paga el trabajador como el empresario) e impuestos durante un año, expresados como porcentaje del PIB, para lograr un dato que pueda compararse con otros países. En el caso de España, la presión fiscal ha pasado de representar el 14% del PIB en 1965 (niveles similares a los de México hoy) al 34,4% de hoy. No obstante, el pico de este indicador se logró en 2007, cuando la recaudación supuso un 36,2% del PIB.
Es importante mantener la cautela a la hora de analizar este indicador, pues depende de varios factores que pueden ser muy diferentes en cada país. La propia evolución del PIB puede marcar grandes diferencias. Un mayor crecimiento económico suele conllevar una mayor recaudación, y no solo por la generación de más actividad y empleo, también porque que el crecimiento suele ir aparejado a unos salarios y rentas superiores que pueden ascender dentro de los tramos del IRPF (soportando al final unos tipos efectivos superiores), por ejemplo o incluso al incremento por ley del salario mínimo. Además, una presión fiscal baja no tiene por qué ser sinónimo se unos niveles impositivos bajos, puede deberse a la existencia de una economía sumergida superior a la de otros países. La reducción de la economía sumergida y ciertos cambios en los antiguos sistemas de cotización en España durante la década de los 70 y 80 puede estar directamente relacionado con el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales respecto al PIB.
Desde el inicio de la década de los 2000 había sido habitual que España estuviese por encima de la media de la OCDE (que no de la zona euro) en lo que a presión fiscal se refiere, pero la crisis redujo sobremanera los ingresos por el Impuesto de Sociedades, las contribuciones a la Seguridad Social, los impuestos sobre la propiedad (donde se encuentra Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), la OCDE también incluye aquí Sucesiones…) y el IRPF. Sin embargo, los impuestos sobre los bienes y servicios (principalmente el IVA), que sufrieron una drástica caída en 2009, recuperaron y superaron su nivel de recaudación previo sobre PIB muy rápido gracias a las subidas del IVA aprobadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
La irrupción del IVA en 1986
Fue precisamente el IVA uno de los impuestos que llevó a España a dar un salto en materia de tributación. Con su creación en 1986, por exigencia de la entonces Comunicad Económica Europea, España pasó de recaudar un 0% del PIB en 1985 por este tributo a un 4,2% del PIB en 1986. Desde entonces, el IVA ha ido ganando peso, tanto absoluto como relativo, hasta alcanzar el 6,6% del PIB en 2018. Esta mayor relevancia del IVA no ha estado carente de polémica, pues este figura tributaria es una de las más regresivas del sistema tributario, gravando con el mismo tipo tanto a las rentas más altas como a las más bajas.
Aún así, la aportación del IVA a la tributación total se situó en el 19,1%, por debajo del 20,2% de la OCDE, mientras que el peso de los demás impuestos sobre el consumo (por ejemplo los impuestos especiales) fue del 10,2%, dos puntos porcentuales menos que la media de la OCDE. Los países del este y el norte de Europa suelen presentar unas recaudaciones por IVA cercanas al 9% del PIB, muy superiores a las de España.
Por otro lado, los impuestos sobre las rentas y ganancias de las personas (conocido en España como IRPF desde 1978) ha pasado de recaudar un 1,8% sobre el PIB hace 50 años hasta el 7,6% de 2018 (en Dinamarca supone 24,42% del PIB y en Chile solo el 1,41%). La recaudación sobre el PIB de este impuesto sufrió un descenso importante tras la crisis, que sin embargo comenzó a recomponerse a partir de 2010 por los incrementos de los tipos del IRPF que llevaron al tipo marginal (el escalón o tramo más elevado) hasta el 52% entre 2011 y 2014.
La importancia de las cotizaciones sociales
Las cotizaciones sociales son la estrella entre los ingresos públicos. Según los datos de la OCDE representaron un 11,6% del PIB en 2018, algo más de 140.000 millones de euros. La cotizaciones pasaron de suponer un 4% del PIB en 1965 a alcanzar el 11% en 1981, desde entonces ha predominado la estabilidad. Cabe destacar que si bien las cotizaciones que paga el trabajador se han mantenido estables, representando entre el 1 y el 2% del PIB de toda la serie histórica, las que paga el empresario pasaron del 3% del PIB en 1965 al 8,6% en 1981. Ese fuerte incremento, progresivo pero en unos pocos años, se produjo a medida que la economía sumergida iba perdiendo peso y las cotizaciones se adecuaban a los salarios reales.
Por último, los impuestos sobre la propiedad (que incluyen los propios de la compra-venta de vivienda, el Impuesto de Patrimonio, Donaciones, Sucesiones…) han mantenido una recaudación que tocó techo en 2006, suponiendo un 3,2% del PIB, y que tiene su suelo en 1965, cuando representó solo un 0,9% del PIB. Tras la crisis, los impuestos sobre la propiedad han recaudado alrededor de un 2,5% del PIB.
Comparaciones en 2018 con otros países
Volviendo a 2018, la presión fiscal se situó en el 34,4%, lo que representó un incremento de siete décimas en comparación con el año anterior. Este aumento de la presión fiscal en España entre 2018 y 2017 representa además la cuarta mayor subida entre los países de la zona euro y la mayor entre las grandes economías de la región.
En lo que se refiere a la OCDE en su conjunto, la presión fiscal entre las economías avanzadas se ha mantenido «virtualmente sin cambios» tras registrar de media un 34,3% (una décima por debajo de España) del PIB en 2018, en comparación con el 34,2% de 2017.
El informe publicado por el organismo cree que esta pausa en las subidas observadas en años anteriores se debe a la reforma fiscal aprobada en EEUU, donde la presión fiscal disminuyó al 24,3% en 2018 desde el 26,8% del año anterior, su nivel más bajo desde el año 2012.
Además de en EEUU, la presión fiscal también disminuyó en 2018 en otros 14 países. La mayor caída se pudo observar en Hungría, con una bajada de 1,6 puntos porcentuales en un año, por delante de Israel, donde bajó en 1,4 puntos porcentuales.
En lado contrario aparecen Corea del Sur, con un alza de 1,5 puntos porcentuales, seguido de Luxemburgo, con una subida de 1,3 puntos porcentuales. Los países con la presión fiscal más elevada en 2018 fueron Francia (46,1%), por delante de Dinamarca (44,9%) y Bélgica (44,8%), mientras que el menor peso de los impuestos y contribuciones sociales en el PIB entre las economías avanzadas se observó en México (16,1%), Chile (21,1%) e Irlanda (22,3%).
1,1 millones de funcionarios tienen una base media de 2.307 euros mensuales
¿Cuánto aportan los trabajadores a la Seguridad Social en España? ¿Cuál es el perfil de cotizante medio según lo que contribuyen al sistema de pensiones? La respuesta a esta y otras preguntas puede encontrarse en una nueva estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que analiza el detalle de las bases medias de cotización del Régimen General de asalariados en el que están inscritos más de 15 millones de trabajadores por cuenta ajena.
Esta nueva estadística no tiene en cuenta las cotizaciones de los sistemas especiales agrario y de empleados del hogar y también excluye las cotizaciones por contingencias profesionales. Se centra así en las cotizaciones por contingencias comunes, que son con las que se financian las pensiones y las prestaciones de incapacidad temporal y permanente. Asimismo estas bases son las que se usan para establecer la base reguladora que servirá para fijar la cuantía de las pensiones y resto de prestaciones.
Por tanto, determinan la base de cotización con la “remuneración total” del trabajador, para lo que tiene en cuenta “todas sus percepciones económicas, sean en dinero o en especie”. Después, hallan la base media dividiendo el importe total de las bases de cotización por contingencias comunes entre el número de cotizantes (personas físicas). Sobre estas bases medias de contingencias comunes se aplica un porcentaje del 28,3% (4,7% a cargo del trabajador y 23,60% aportado por la empresa) y la cuantía resultante es la que se aporta al sistema. Así, cuanto mayor sea la base de cotización mayor es la aportación del trabajador y mayores prestaciones devenga.
El último dato que muestra esta estadística es de junio de 2019, cuando la base media de cotización era de 1.823 euros mensuales. Esta cantidad es un 4,28% mayor que un año antes, lo que refleja un avance de las percepciones salariales equivalente a este porcentaje. Esto significa que, de esta base media,
516 euros al mes va a parar a la Seguridad Social.
Estas cifras indican también que las bases medias de cotización más altas y, por tanto, los mayores sueldos los cobran los trabajadores de suministro de energía, con una base media de cotización de 3.441 euros al mes; los de actividades financieras y seguros (3.156 euros); los de información y comunicaciones (2.516 euros mensuales) y los de las industrias extractivas (2.437). Si bien, sumando todos estos sectores, no llegan ni a los 900.000 cotizantes. Por ello, esta estadística analiza también en un apartado específico cuáles son las aportaciones de los asalariados que trabajan en los diez sectores de la economía que más empleo generan.
Según esto, las mayores bases medias de las principales ramas de actividad las tienen los 1,1 millones de empleados públicos de gestión y regulación de todas las administraciones (estatal, autonómica y local), así como los profesionales públicos de la justicia y seguridad y Defensa (policías y militares), que cotizan una media de 2.307 euros mensuales. Este grupo no recoge a los empleados públicos de la sanidad y la educación, que están incluidos junto a sus colegas del sector privado.
Con bases medias superiores a los 2.000 euros mensuales están los trabajadores de la industria manufacturera (2.142 euros); los profesionales de actividades técnicas y científicas (2.091 euros); y los del sector sanitario (2.043 euros al mes).
Brecha retributiva
En estos dos últimos sectores se da la circunstancia de que a pesar de estar muy feminizados (hay más mujeres que hombres) las brechas retributivas en favor de los trabajadores masculinos son las mayores. Concretamente, la base media de cotización de los hombres de profesiones científico técnicas es 512 euros mayor que la de las mujeres del sector. Y en el caso de los sanitarios –donde están cotizando 349.866 hombres y 1,2 millones de mujeres– la diferencia es de 437 euros más para ellos. Desde Trabajo observan “una evolución al alza de las bases medias de cotización, pero con una base media superior a los 300 euros en los varones”.
En el lado opuesto de este grupo de diez principales sectores se encuentran los 1,6 millones de empleados de la hostelería, con la base media de cotización más baja de todas: 1.143 euros al mes; y los 2,5 millones de trabajadores del comercio y reparación de vehículos, que cotizan una media de 1.596 euros mensuales. En estos últimos sectores la contratación temporal y a tiempo parcial tira a la baja de las bases medias de cotización. De hecho, la cotización promedia de los que tienen contrato fijo es de 2.104 euros al mes frente a los 1.314 de los temporales. Y lo mismo ocurre con las bases de las jornadas completas (2.104 euros al mes) y la jornada parcial (939 euros).
La Cotización baja tras cumplir los 60 años
Históricamente, las bases de cotización de los trabajadores crecen a medida que aumenta su edad y su carrera. Sin embargo, en las dos úlitmas décadas se está produciendo con mayor intensidad la expulsión del mercado laboral de los trabajadores de mayor edad. Estos trabajadores o bien pasan unos años en el desempleo y se jubilan anticipadamente en cuanto pueden; cotizan de forma individual a la Seguridad Social; o aceptan trabajos de peores condiciones. La nueva estadística de Trabajo solo recoge a este último caso que, junto a las jubilaciones parciales hacen que, en contra de lo esperado, la base media baje a partir de los 60 años. Al cumplir esa edad, la base media baja de 2.115 a 2.007 euros al mes.
La confianza económica de la zona euro ha aumentado medio punto en noviembre, hasta los 101,3 puntos, desde los 100,8 puntos registrados en octubre, según el Indicador de Sentimiento Económico (ESI) elaborado por la Comisión Europea, que sitúa a España y Francia como las grandes economías donde el dato subió con mayor intensidad.
El incremento de la confianza de la zona euro responde a la leve mejoría registrada entre los consumidores y el comercio minorista ante el comienzo de la campaña navideña, mientras que el dato se mantuvo prácticamente sin cambios en la industria y los servicios. Por contra, registró un sensible deterioro en el sector de la construcción.
Entre las principales economías de la eurozona, España y Francia mostraron el mayor incremento del optimismo económico, con avances de 0,7 puntos, mientras que en Alemania la confianza mejoró en cuatro décimas y se mantuvo casi sin cambios en Italia, con un retroceso de 0,1 puntos, mientras que cayó un punto en Países Bajos.
En concreto, el indicador de confianza económica de España ha subido a 101,9 puntos desde los 101,2 del mes anterior, con subidas en la industria y los servicios.
Por su parte, en el conjunto de la UE la mejora de la confianza en noviembre ha sido incluso más acusada que en la zona euro, hasta los 100 puntos desde los 99,1 de octubre, gracias al mayor optimismo observado en Reino Unido (+1,1 puntos) y Polonia (+0,7 puntos).
En cuanto al clima de negocios en la zona euro, el indicador elaborado por la Comisión Europea se ha mantenido prácticamente estable en noviembre en -0,23 puntos, lo que implica una bajada mensual de apenas 0,03 puntos.
Las perspectivas demográficas de la OCDE para España son muy preocupantes para la financiación del sistema de pensiones y, de paso, para el sostenimiento de las cuentas públicas. De acuerdo con las proyecciones de población de las Naciones Unidas, en 2050 habrá en España 78 personas mayores de 65 años por cada 100 activos. Es decir por cada persona que tenga entre 20 y 64 años.
En estos momentos, en España hay 33 personas mayores de 65 años por cada cien individuos en edad y condiciones de trabajar. En la OCDE, la relación actual es de 33 jubilados por cada cien personas con edades comprendidas entre los 20 y 64 años, y en 2050, será de 53 por cada cien activos, muy por debajo de la media española. También hay que tener en cuenta que, según Naciones Unidas, para entonces España, con Japón, será el país con la población más anciana. Incluso, ambas naciones tienen la mayor esperanza de vida del mundo.
También es verdad que los informes de la ONU no reflejan los movimientos migratorios. De hecho, ésta es la única razón de que la población española haya superado actualmente los 47 millones de personas.
En el contexto de la OCDE, no sólo tiene España el problema del envejecimiento, sino también la mayoría de los países que la forman. Sobre todo, en la Unión Europea. Si en 1980 sólo el 20% de la población integrada en los países de la institución era mayor de 65 años, actualmente es el 30%, y el 60%, en 2060, informa Efe. Por todas estas razones, el informe general sobre el conjunto de países advierte a los Gobiernos contra la tentación de adoptar medidas populares en un contexto de crisis económica. Por ejemplo, España ha suspendido sus reformas de 2013, con el Índice de Revalorización de las pensiones, que desvincula la evolución las pensiones del IPC, y con el Factor de Sostenibilidad, que para fijar la primera pensión tiene en cuenta, entre otras cosas, la esperanza de vida de la generación del nuevo jubilado. Entrará en vigor en 2023. La OCDE recuerda que si la presión financiera se exacerbó durante la crisis sobre los sistemas de pensiones fue por la debilidad estructural que escondían muchos de ellos.
El dato supone el primer repunte de los precios desde julio
El índice de precios de consumo (IPC) se situó en noviembre en el 0,4% interanual, tres décimas por encima de la subida de precios de octubre, que fue del 0,1%, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En este comportamiento, el primer repunte en la evolución anual de los precios desde julio, el INE destaca la estabilidad de los carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a los descensos registrados en 2018.
Los precios empezaron el año con una subida del 1% en enero y la evolución de la tasa anual del IPC se mantuvo al alza hasta abril: 1,1% en febrero, 1,3% en marzo y 1,5% en abril.
A partir de ahí comenzaron a moderarse las subidas: 0,8% en mayo, 0,4% en junio, 0,5% en julio y 0,3% en agosto para bajar al 0,1% en septiembre y octubre, el nivel más bajo en tres años.
El dato de noviembre supone así el primer repunte en la evolución de los precios desde julio y el dato más alto desde ese mes.
En cuanto al índice de precios de consumo armonizado (IPCA) —que permite realizar comparaciones internacionales— el INE adelanta que se sitúa en noviembre en el 0,5%, tres décimas más que el mes anterior.
En la evolución mensual, los precios de consumo suben un 0,2% en noviembre respecto a octubre. En el dato armonizado, se mantienen estables (0,0%).
En las dos últimas décadas, los Gobiernos han adoptado medidas para incentivar la prolongación de la vida laboral de los trabajadores. En otras palabras, han intentado frenar los retiros tempranos en beneficio de las arcas de la Seguridad Social: lograr que haya más gente trabajando durante más tiempo, lo que significa más ingresos para el sistema y menos gastos en pensiones.
En uno de estos intentos, el Ejecutivo popular modificó la ley y fijó en 2013 un aumento de la base reguladora de la pensión de hasta un 4% para aquellos que seguían trabajando después de cumplir la edad para jubilarse. Además, con este mismo objetivo de retrasar el momento del retiro, la reforma laboral de 2012 había eliminado también la jubilación forzosa: las empresas ya no podían obligar a sus empleados a jubilarse el día que cumplían la edad legal de retiro. Si bien el actual Gobierno revirtió en diciembre esta última medida.
Sin embargo, pese a estas y otras medidas de endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, la jubilación demorada –que es como se llama técnicamente en la Seguridad Social a las altas de pensión que se producen más allá de la edad ordinaria de jubilación– no despega. Los últimos datos que ha hecho públicos la Seguridad Social contabilizan que de las 246.057 nuevas pensiones que se registraron entre enero y septiembre de 2018, apenas 11.350 fueron de modalidad demorada, lo que supuso el 4,6% del total de trabajadores que se jubilaron.
Este porcentaje apenas ha variado en los últimos cinco años. Si bien, en términos absolutos, el pasado año sí se registró cierta recuperación de esta modalidad, ya que tras cuatro años de caídas consecutivas, hubo un 10% más. Esto en términos globales supuso pasar de representar el 4,2% en 2017 al 4,6% antes citado.
Hay dos tipos de trabajadores que optan por este tipo de retiro. Los primeros pretenden incrementar su pensión de jubilación, ya que el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora para determinar la cuantía de la pensión aumenta hasta un 4% si se sigue trabajando más allá de la edad de retiro, con lo que se incrementa la prestación que recibirá el resto de su vida.
Si bien existe un tope: si el trabajador ya tiene derecho al 100% de su base reguladora este incremento de la jubilación demorada no se aplica. Pero para el resto de trabajadores este porcentaje aumenta un 2% si se han cotizado hasta 25 años; un 2,75%, entre 26 y 37 años cotizados; y un 4% para quienes han aportado a la Seguridad Social durante más de 37 años.
Prueba de esta intención de conseguir pensiones más altas es que las pensiones medias de los nuevos jubilados que se retiran más tarde de lo que podrían son inferiores que las nuevas prestaciones de jubilación. En concreto, la pensión media demorada ascendía, según estos datos, a 1.223 euros al mes frente a un promedio de la jubilación del sistema de 1.457 euros mensuales.
Este objetivo de mejorar la cuantía de la pensión se corresponde con que este tipo de jubilación crezca más entre las mujeres –con peores carreras de cotización– que entre los hombres. Entre estos últimos el número de jubilaciones demoradas creció un 8% en el último año frente a casi el 13% entre las trabajadoras.
Junto a las mujeres, el otro colectivo que más está optando por retrasar su jubilación una vez que cumple la edad de retiro son los autónomos. De hecho, casi seis de cada diez ocupados (el 57%) que toma esta decisión son autónomos.
Los que ven como baja su nivel de ingresos
El otro tipo de trabajadores que se acoge a la jubilación demorada son aquellos que, aunque no pueden mejorar su pensión porque ya tienen derecho al 100%, suelen ser técnicos, mandos intermedios, con salarios de a partir de 40.000 euros anuales, a los que pasar a estar jubilados les supone una importante pérdida de poder adquisitivo (la pensión máxima esta fijada este año en 37.231 euros anuales.
No obstante, este último grupo de trabajadores que sigue trabajando para no disminuir su nivel de ingresos podría estar ya disminuyendo, ya que desde diciembre pasado el Gobierno modificó la ley para permitir nuevamente a las empresas que pacten en negociación colectiva cláusulas de jubilación forzosa, a cambio de mejoras de empleo. Estas cláusulas permiten a las compañías obligar a los trabajadores que llegan a la edad legal de retiro que se jubilen.
Desde e la Seguridad Social también precisan que la jubilación demorada se está reduciendo en favor de la jubilación activa, que permite seguir trabajando y cobrando el 50% de la pensión o el 100% en el caso de los autónomos con asalariados.
Un español tiene que trabajar 20 meses para igualar el sueldo de un alemán en un año
El salario medio español ronda los 1.658 euros brutos mensuales, un 1,2% más que hace un año, pero es un 20,7% inferior al salario medio bruto de los países de la Unión Europea, según se desprende del VII Monitor Anual Adecco sobre Salarios. España en el contexto europeo.
En concreto, la remuneración media española es 433 euros inferior a la europea debido principalmente al incremento de la remuneración media europea, que ha pasado de los 2.000 euros mensuales de hace un año a los 2.091 actuales. Así, la brecha entre ambas remuneraciones ha crecido en el último año 2,7 puntos porcentuales
No obstante, pese a la desventaja con la remuneración media europea, España está en una situación intermedia, puesto que hay 15 países en Europea que tienen salarios medios inferiores al de España, mientras que los doce restantes tienen remuneraciones mayores
Rango intermedio
En concreto, por debajo de los 1.000 euros al mes se encuentran Bulgaria (428 euros), Rumanía (595 euros), Lituania (632 euros), Hungría (684 euros), Letonia (693 euros), Polonia (756 euros), Croacia (831), Eslovaquia (863), Estonia (874 euros), República Checa (901 euros), Portugal (997 euros) y Grecia (999 euros).
Mientras, por encima de los 1.000 euros se encuentran, Eslovenia (1.231 euros de salario medio), Malta (1.285), Chipre (1.290), Italia (1.940), Finlandia (2.395 euros), Francia (2.415 euros), Reino Unido (2.441 euros), Suecia (2.452 euros), Bélgica (2.547 euros), Austria (2.624 euros), Irlanda (2.673 euros), Holanda (2.695 euros), Alemania (2.794 euros), Luxemburgo (3.133 euros) y Dinamarca (3.150 euros).
