27 jun. 2019 La subida de los precios se frena en junio. La tasa interanual del IPC se ha situado este mes en el 0,4%, cuatro décimas menos que en mayo, cuando marcó un 0,8%. Se trata del nivel más bajo desde noviembre de 2016. Así lo ha hecho hoy público el Instituto Nacional de Estadística, que achaca este frenazo a la bajada de los precios de los carburantes y la electricidad, frente al aumento que experimentaron el año pasado. En octubre pasado, el IPC marcaba un 2,3% y se fue moderando hasta marcar un 1% en enero. En febrero, marzo y abril fue aumentando (en cuarto mes del año registró un 1,5%), pero en mayo volvió a moderarse y marcó un 0,8%. En comparación con mayo (es decir, la variación intermensual) la tasa ha sido negativa, de -0,1%, según los datos adelantados por el organismo estadístico, que dará a conocer las cifras definitivas el próximo 12 de julio. Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del IPCA (el indicador que se utiliza para comparar el nivel de precios con otros países del a UE) se ha situado en junio en el 0,6%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA disminuiría tres décimas respecto al mes anterior. Hace unos días el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aseguró que considera medidas de estímulo monetario y señaló que no aceptará una tasas persistentemente bajas de inflación.
Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña tienen un PIB per cápita superior a los 30.540 euros anuales de la media europea. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha son las más pobres.
Ni la entrada en la Unión Europea, ni la convergencia del euro, ni la recuperación de la crisis experimentada durante los últimos años han logrado aupar a España al nivel de riqueza del resto de países comunitarios. A cierre de 2018, España continúa manteniendo una importante brecha respecto a la media europea en la renta de sus ciudadanos.
El PIB per cápita de trece comunidades españolas se encuentra por debajo de la renta per cápita media de la Unión Europea, que se sitúa en 30.540 euros al año, según los cálculos realizados por este diario a partir de datos cruzados de Contabilidad Regional del INE de 2018, y la media de la UE de Eurostat de 2017, a la que se le aplicó la variación del 1,8% experimentada por el PIB de la región a cierre de 2018.
Apenas se salvan cuatro: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, cuyo PIB por habitante se encuentra en 34.916 euros anuales, en el caso de Madrid; 34.079 euros en País Vasco; 31.809 euros en Navarra; y 30.769 euros en Cataluña. La reactivación económica ha tenido un papel importante en estas autonomías, donde se concentran las menores tasas de desempleo. Navarra es, de hecho, la comunidad con la tasa de paro más baja de España, con un 8,19%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del INE, seguida de País Vasco (9,6%).
Pero en general, a nivel nacional, la renta per cápita se encuentra un 15,3% por debajo del promedio europeo. La incorporación de los países del Este, con una menor media de PIB por habitante, tampoco ha salvado la distancia. Extremadura es la comunidad peor situada, con 18.174 euros anuales por ciudadano, un 40% menos que la media de la UE y un 29,7% por debajo de la nacional. Le siguen por abajo Andalucía (19.132 euros) y Castilla-La Mancha (20.645 euros). Precisamente Extremadura y Andalucía son las dos comunidadescon mayor tasa de desempleo, que a fecha de abril se situó en un 22,5% y un 21%, respectivamente.
Desde 2007, y coincidiendo con el periodo de recesión, el crecimiento en Europa se ha concentrado sobre todo en el entorno de las capitales, en perjuicio de las zonas rurales y las áreas industriales golpeadas por la deslocalización, según el informe de cohesión de la Comisión Europea. El retraso de España en superar la crisis ha provocado que la diferencia de renta se ensanche en buena parte de las regiones respecto a Europa, pero también entre las propias comunidades respecto a su situación precrisis.
Aunque el PIB per cápita nacional logró superar en 2017 el máximo alcanzado en 2008, los vestigios de la última recesión son todavía patentes en la mayoría de comunidades autónomas. El PIB per cápita de diez de las 17 regiones españolas está ahora peor que antes de la crisis respecto a la media. Canarias es la que más lejos está de tocar el nivel que tenía antes de la crisis. Su renta per cápita, de 21.031 euros al año en 2018, es un 8,2% inferior al volumen de antes de la crisis. Le siguen Andalucía (-4,2%), y la Comunidad Valenciana (-3,1%).
Hay otros casos llamativos, como el de Galicia, la comunidad donde más ha aumentado la renta per cápita respecto a su nivel en 2007 (5,2%), pero que cuando se la compara con el resto de regiones, se sitúa por debajo de la media. Esto también le sucede a Extremadura y a Castilla y León (ver gráfico).
Ricas y pobres
La convergencia entre comunidades es otro gran reto que la economía española no ha logrado salvar. La brecha entre ricas y pobres se mantiene en 2018.
El problema, apunta el Banco de España, no es tanto la brecha en sí, que es más reducida que en otros países europeos, como Francia o Italia, sino que la convergencia entre comunidades avanza demasiado despacio. En 2007, había diez comunidades con una renta por habitante inferior a la media, exactamente las mismas que una década después.
La población española registró el pasado año más personas que murieron que las que nacieron por cuarto año consecutivo
os datos de población en España siguen mostrando un escenario poco esperanzador. En 2018 se registraron 369.302 nacimientos en España, 23.779 menos que el año anterior, lo que supuso una disminución del 6%. Es el cuarto año consecutivo en el que desciende el número de nacimientos, que acumulan un recorte del 29% desde el año 2008, según los datos hechos hoy públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según ha explicado el INE esta nueva caída de los nacimientos, que registran la cifra más baja de los últimos veinte años, obedece a dos causas: la disminución del número de hijos por mujer, pero también se debe a la reducción del número de mujeres en edad de ser madres.
Así este último colectivo se redujo un 2,5% el pasado año, cuando el grupo de mujeres de entre 25 y 40 años (que concentran el 85% de los nacimientos) pasó de estar formado por 4,98 millones de mujeres en 2017 a 4,85 millones en 2018. Al mismo tiempo, el indicador coyuntural de fertilidad (o número de hijos por mujer) se desploma del 1,31 al 1,25, según los datos provisionales del INE. Este es el valor más bajo desde 2002, hace 16 años.
El pasado año aumentó ligeramente el número de bebés de madre extranjera hasta los 76.184, con lo que pasaron de representar el 19,3% en 2017 al 20,6% del total de los nacidos en 2018.Si bien tanto entre las madres españolas como en las extranjeras se redujo el índice de fecundidad, hasta el 1,19 y el 1,63, por mujer, respectivamente.
En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos se ve acompañada de un retraso de edad de maternidad. De hecho, la edad general a la que las mujeres son madres en España se retrasó el pasado año de los 32,1 a los 32,2 años. Pero el indicador más contundente de este fenómeno es el que apunta a un fuerte incremento del 63% de las mujeres que son madres con 40 o más años en comparación con hace diez años.
En el lado contrario, los fallecimientos no experimentan cambios tan acentuados. En España fallecieron 426.053 personas el año pasado, un 0,4% más que en 2017. Juntando el número de nacimientos y el de defunciones se obtiene que España registró un crecimiento vegetativo de la población (es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones) fue negativo en 56.262 personas. Es también el cuarto año consecutivo que España tiene un crecimiento vegetativo negativo de su población y en 2018 la diferencia fue la mayor de ese periodo.
Mientras que la noticia más positiva de las conocidas hoy en materia de población ha sido el aumento de la esperanza de vida al nacer aumentó una décima hasta situarse en 83,2 años en 2018. Asimismo, se eleva la esperanza de vida de los que cumplieron 65 años el año pasado. Este colectivo vivirá a partir de ahora una media de 23,1 años si es mujer y de 19,2 años si es hombre.
Una década después, la Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años.
«La Comisión recomienda que el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que el Consejo (los países) adopten esta decisión, todos los procedimientos por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados», informó el Ejecutivo comunitario al presentar sus recomendaciones de política económica para cada país.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ya había anunciado a principios de mayo que el Ejecutivo comunitario estaba en condiciones de solicitar dar carpetazo al expediente, pero la petición formal no se ha producido hasta hoy.
Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, el próximo 14 de junio, España pone fin a una década bajo el brazo ‘corrector’ del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.
Riesgos: déficit y pensiones
Pese a todo, la Comisión Europea ha advertido a España de que existe un riesgo de que se desvíe de forma «significativa» del ajuste fiscal que le exige Bruselas en 2019 y 2020, así como de que incumpla las normas europeas que requieren reducir la deuda pública en ambos ejercicios.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario pidió a España tomar medidas este año y el que viene para asegurar que el gasto público primario no crece más de un 0,9% del PIB en 2020, de modo que cumpla con el requerido ajuste estructural -sin tener en cuenta el ciclo económico- del 0,65 % del PIB ese año.
Asimismo, recomienda «usar las ganancias inesperadas para acelerar la reducción del ratio de deuda con respecto al PIB» y pide al país «preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones».
Brazo preventivo
Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo ‘preventivo’, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 (tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%) y propondrá cerrarlo este miércoles, más de diez años después y tras cuatro prórrogas: una concedida al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y tres al Ejecutivo ‘popular’ de Mariano Rajoy.
El primer plazo exigía a España reducir su déficit público por debajo del 3% del PIB (producto interior bruto) como muy tarde en 2012, pero el Gobierno de Zapatero solicitó un año más de prórroga pocos meses después de la apertura del procedimiento. Ya con Rajoy en la Moncloa, la UE concedió una nueva prórroga a España hasta 2014, después una nueva de dos años, hasta 2016, y finalmente una última hasta 2018.
El verano de 2016 fue el momento más tenso entre Bruselas y Madrid en el marco de este expediente. En ese momento, las autoridades europeas estuvieron cerca de multar a España por relajar la aprobación de medidas de consolidación fiscal e incumplir el objetivo que estaba establecido para el año anterior. El Ejecutivo comunitario canceló finalmente dicha multa y también la congelación de una parte de los fondos que recibe el país.
El cierre del expediente llega después de que las administraciones públicas cerraran el año pasado con un déficit del 2,48%, más de medio punto por debajo del umbral del 3% aunque es casi tres puntos superior al objetivo pactado con Bruselas, que era del 2,2%.
Desde el 11% del PIB de saldo negativo marcado en 2008, bajó al 9,4% un año después, para posteriormente encadenar dos años de crecimiento: 9,6% en 2011 y 10,5% en 2012. A partir de entonces el déficit público encaminó una senda de fuertes descensos y se redujo al 7% en 2013, 6% en 2014, 5,3% en 2015, 4,5% en 2016 y 3,1% en 2017.
Sanciones a Italia
Además, la Comisión Europea ha activado el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, en un paso que abre la puerta a una multa de unos 3.500 millones de euros.
La posibilidad de encontrar empleo es ocho puntos superior en los parados formados, según la patronal de las ETT, Asempleo
El porcentaje de activos con un elevado nivel educativo (educación universitaria) se ha situado en el 40,8% en 2019, frente al 31,9% de 2007, lo que sitúa a España en cifra récord de activos con estudios superiores, según un estudio de la patronal de empresas de trabajo temporal, Asempleo.
De este modo, la organización que representa a las ETT cree que España puede llegar a cumplir el objetivo de Europa 2020 que exige que el número de personas de entre 30 y 34 años con educación superior alcance el 44%, porcentaje que al finalizar marzo era del 43,8% en España.
Precisamente, esta mejora en la formación de los trabajadores es para Asempleo, uno de los factores que puede estar contribuyendo a la “inesperada” evolución más positiva del empleo en el arranque de 2019.
El informe destaca, además, que las personas con mayor formación tienen menor riesgo de caer en el desempleo. De hecho, los trabajadores con estudios superiores apenas representan uno de cada cuatro desempleados existentes (el 24% del total).
Asimismo, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) que maneja Asempleo la incidencia del desempleo es mayor entre los trabajadores con una baja formación, ya que estos representan el 6,6% de los activos pero el 12,1% de los parados.
“Los trabajadores más formados siempre tienen una mayor probabilidad de encontrar empleo con independencia del momento del ciclo económico”, subrayan desde esta patronal cuyos datos sobre el mercado laboral sirven como indicador adelantado de la economía.
Las cifras del INE también respaldan esta afirmación al indicar que los parados con niveles de formación alto presentaron en el primer trimestre una probabilidad del 23,3% de encontrar un empleo, frente al 17,7% de los que tienen niveles medios de formación y al 15,5% de aquellos que cuentan con un nivel educativo bajo.
Otro aspecto relacionado con la formación que contribuye a mejorar esta posibilidad de encontrar un empleo es que los parados con un mayor nivel educativo son precisamente aquellos que más cursos de reciclaje profesional realizan. En el primer trimestre, el 27% de los parados con estudios altos realizó cursos de formación. Por el contrario, los parados de cualificación media y baja tienen un 14% y un 6% de probabilidades de hacer cursos, respectivamente.
En cualquier caso, la mejora de la formación tanto de los futuros trabajadores como de los que ya están en activo es imprescindible para garantizar el futuro del mercado laboral ya que, según el grupo de recursos humanos Randstad, el 85% de los trabajos que habrá en 2030, en apenas once años, aún no se han inventado. Por lo que los perfiles más solicitados serán aquellos con formación y experiencia en las necesidades más innovadoras, según esta compañía.
“Muchas empresas están apostando por los robots en aquellos trabajos repetitivos de ensamblaje o para realizar, mediante drones o maquinaria inteligente, tareas peligrosas para el ser humano”, añaden en Randstad.
Es más, auguran que esta tendencia no se va a detener, ya que el 83% de los empleadores creen que la robótica tendrá la misma o más influencia en el negocio durante el próximo año, porcentaje que en 2016 era del 68%.
Cada vez más personas lanzan su propia empresa, aunque desciende el número de negocios consolidados. La brecha de género sigue reduciéndose, pero en materia de innovación e internacionalización aún queda camino por recorrer.
El colectivo emprendedor tiene cada vez más peso en nuestro país. El porcentaje de españoles que cuenta con un negocio nuevo o incipiente ha pasado del 6,2% al 6,4%, con lo que marca nuevos máximos desde 2008, aunque todavía estamos lejos de equipararnos con la media de los países desarrollados (10%). Esta es una de las principales conclusiones del Informe GEM España 2018-2019 sobre emprendimiento, elaborado por la Asociación Red GEM España, con la coordinación de CISE y el patrocinio de Banco Santander, la Fundación Rafael del Pino y Enisa.
Emprender es cada vez más fácil. Pero no lo es tanto lograr que las empresas sobrevivan. De hecho, el porcentaje de negocios consolidados (aquellos que han abonado salarios durante más de 42 meses) ha descendido hasta el 6,1%, situándose en mínimos desde 2006. En este aspecto, España se sitúa también por debajo de la media comunitaria, en la que el porcentaje de negocios consolidados es del 6,8%. En contrapartida, la tasa de abandono empresarial, es decir, los emprendedores que han cesado su actividad para cerrar el negocio, traspasarlo o jubilarse, es del 1,7%, dos puntos por debajo de la media de países desarrollados.
Radiografía del emprendedor
En el lado positivo, el mercado español destaca como el que más ha conseguido reducir la brecha de género entre los países de nuestro entorno. El perfil del emprendedor español sigue siendo mayoritariamente masculino, pero la paridad de género está cada vez más cerca. Así, el porcentaje de mujeres dentro de este colectivo ha pasado del 44,9% en 2017 al 46,9% en 2018.
En cuanto a la edad, los nuevos empresarios se sitúan sobre todo en el rango de los 35 a los 44 años, con una edad media de 42 años. Pero el emprendimiento cobra cada vez más peso en el segmento senior. Así, el porcentaje de emprendedores entre los mayores de 45 años es el más elevado de la serie histórica (con datos desde 2005), rozando el 12%. En concreto, alcanza el 7,2% entre los 45 y los 55 años y el 4,7% a partir de los 55 años.
Dentro del retrato robot del emprendedor español destaca también el elevado nivel de formación. El 53,2% tiene, como mínimo, educación superior, según el informe. El 7,9% cuenta incluso con estudios de postgrado. Además, la mayoría afirma disponer de educación específica para emprender.
Este dato podría explicar la percepción que los empresarios españoles tienen de sí mismos. La inmensa mayoría (el 83,8%) considera que tiene los conocimientos, las habilidades y la experiencia suficientes para montar una empresa. En el caso de la población general, la cifra baja hasta el 48,5%. Aún así, es superior a la media europea, que ronda el 45%. Este nivel de autoconfianza es más agudizado en comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía. Pero curiosamente en regiones con una larga tradición empresarial, como Madrid, la confianza de los emprendedores en sus propias habilidades es muy inferior.
Por otro lado, lanzar un negocio parece ser una tarea relativamente más sencilla para aquellos que ya disponen previamente de músculo financiero. Así, el porcentaje de emprendedores entre las personas con más recursos (entendidas como aquellas que se sitúan en el tercio más elevado en términos de nivel de renta) se sitúa en el 12,9%, el doble de la media nacional. En los niveles medios de renta (segundo tercio), el porcentaje de emprendedores es del 5,7%, y en los niveles más bajos, se reduce hasta el 4,4%.
La importancia de partir de una situación económica desahogada se entiende si se analizan cuáles son las principales fuentes de financiación de un nuevo proyecto. El 60,4% del capital semilla procede de ahorros personales, a gran distancia del 18,2% que aportan los bancos. Le sigue la aportación de familiares (7,6%).
Auge inversor
Una tendencia que cobra fuerza es la del papel de los business angels como impulsores de nuevos proyectos. Así, el porcentaje de fondos que proceden de inversores privados es del 3,8%, el máximo de la serie histórica.
En cuanto a las motivaciones para emprender, los españoles se guían sobre todo por las oportunidades de negocio. El porcentaje de personas que montan una empresa por necesidad se reduce hasta el 22,6%, lejos del 28,3% del año anterior.
En este sentido, se anticipan algunos nubarrones en el horizonte, ya que ha descendido el porcentaje de emprendedores que percibe oportunidades de negocio en los próximos seis meses. El dato ha pasado del 44% en 2017 al 42,7% en 2018. Y la cifra también se ha reducido en términos de la población general, es decir, tanto emprendedores como no emprendores, pasando del 31,9% al 29,1%. La media europea es del 45,8%.
A priori esto podría constituir un freno a la hora de que el número de emprendedores siga creciendo a futuro, pero por el momento, parece que la intención de emprendeder permanece estable. De este modo, el porcentaje de individuos que planea lanzar un nuevo proyecto empresarial en los próximos tres años continúa en el 6,8%, la misma cifra que el año anterior.
Obstáculos
Más allá de las oportunidades de negocio, el freno más importante para los nuevos empresarios sigue siendo el miedo al fracaso, que se percibe como un obstáculo por parte del 43,1% de los españoles, en línea con los países de nuestro entorno.
Otro hándicap al que se enfrentan es el escaso reconocimiento social con el que cuenta este colectivo. Apenas el 53% de la población considera que montar un negocio constituya una opción laboral atractiva, frente a casi el 60% de la media europea. Además, menos de la mitad cree que ser emprendedor lleve aparejado un estatus social y económico. Un porcentaje que se eleva al 69% en el caso de los países comunitarios.
Todos estos condicionantes son percibidos de una manera más negativa por parte de las mujeres, lo que explica que la brecha de género, aunque pequeña, siga existiendo.
Respecto al modelo empresarial, la mayoría de los nuevos negocios se basa en el autoempleo. El 51,1% no tiene empleados a su cargo; el 40% tiene entre uno y cinco trabajadores; el 6,6%, entre seis y diecinueve trabajadores; y el 2,3%, veinte ó más trabajadores.
En cuanto a los sectores con más protagonismo en este colectivo, prima sobre todo el consumo, aunque los servicios ganan más peso que nunca frente al sector transformador y extractivo.
Asignaturas pendientes
En 2018, España ha hecho los deberes en dos de sus principales asignaturas pendientes: internacionalización e innovación. Pero la distancia que la separa de otros países desarrollados todavía es muy grande. Así, en términos de presencia internacional, el 30,7% de las empresas españolas de reciente creación tiene algún tipo de actividad exportadora. La cifra ha aumentado con respecto al 24,9% de 2017, pero aún queda lejos del 55,2% de la media de los países desarrollados y del 25% de países como Austria, Canadá o Irlanda.
Por comunidades autónomas, es curioso como la mayor vocación internacional no parte de las regiones con más peso económico, como Madrid y Cataluña, sino de las islas. De este modo, Baleares y Canarias son las comunidades más volcadas al exterior. Cuentan con el mayor porcentaje de compañías que obtienen al menos una cuarta parte de su facturación del extranjero.
En términos de innovación, la cifra también ha mejorado, aunque muy ligeramente, con respecto al año anterior. El porcentaje de emprendedores que vende productos o servicios que incorporan algún grado de novedad se ha elevado del 34,1% al 35,1% en el último año. La media europea se sitúa en el 45%, mientras que en países como Italia y Canadá supera el 65%.
Finalmente, otro ámbito que España debe mejorar es el del intraemprendimiento. El 6,1% de los emprendedores declara haber lanzado su negocio en el seno de organizaciones existentes, un porcentaje muy por debajo de la media europea.
Panel de expertos
El Informe GEM también incluye las conclusiones obtenidas tras consultar un panel de expertos españoles. Sus valoraciones han mejorado con respecto al año anterior, aunque aún siguen detectando problemas, particularmente «el difícil acceso al escaso número de instrumentos de financiación pública y privada».
Para incentivar la actividad emprendedora, los expertos recomiendan reorientar las políticas gubernamentales, reduciendo los costes, las cargas fiscales y la burocracia. También potenciar el apoyo financiero a las empresas, y mejorar la cantidad y la calidad de la educación y la formación, así como las normas sociales y culturales.
El déficit comercial español de los tres primeros meses del año alcanzó los 9.464 millones de euros, cifra un 36,5% superior a los 6.933 millones del año anterior.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el incremento del déficit se explica por el parón de las exportaciones, que registraron un nivel casi idéntico al del inicio de 2018.
En concreto, las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-marzo alcanzaron los 71.013 millones de euros, un valor muy similar al alcanzado en el mismo periodo del año anterior (71.025 millones de euros) (-0,02%).
Por su parte, las importaciones se incrementaron un 3,2%, hasta los 80.477 millones. Como resultado, la tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- descendió 2,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2018, situándose en el 88,2%.
En términos de volumen, las exportaciones se aminoraron un 1,7%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, subieron un 1,7%, y las importaciones aumentaron un 1,4%, pues los precios ascendieron un 1,8%.
Entre los principales sectores, crecieron las exportaciones de productos químicos (+ 5 %), alimentación, bebidas y tabaco (+ 4,4%) y bienes de equipo (+ 3,4%), mientras que las del sector del automóvil disminuyeron un 7,3%.
Por otro lado, las importaciones se incrementaron en los sectores de bienes de equipo (+5,7% interanual), productos químicos (+5,7%) y manufacturas de consumo (+3,8%). Sin embargo, las importaciones de materias primas decrecieron un 4,7% interanual.
Por destinos, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea descendieron un 0,7% en los tres primeros meses del año y las ventas a la zona euro se redujeron un 1,7%, mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea crecieron un 3%.
Por su parte, las ventas a terceros destinos aumentaron un 1,4% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América del Norte (12,3%), Asia -excluido Oriente Medio- (7,3%) y África (4,8%). Retrocedieron las destinadas a Oceanía (-19 %), Oriente Medio (-15,8%) y América Latina (- 3,8%).
En el mes de marzo, las exportaciones españolas de mercancías descendieron un 0,5% hasta los 25.469 millones de euros y las importaciones se incrementaron un 5,2%, hasta los 27.822 millones de euros. El déficit fue de 2.352 millones, cerca del triple que el año anterior.
Madrid, 14 may (EFE).- El encarecimiento de los servicios relacionados con el turismo por el efecto de la Semana Santa aceleró dos décimas el índice de precios al consumo (IPC) del mes de abril, hasta situarlo en el 1,5 % interanual.
El efecto distorsionador del calendario de la Semana Santa -que el año pasado fue en marzo y este en abril- situó la inflación del ocio y la cultura en el 0,3 % en abril, más de dos puntos por encima de la anotada en marzo, según los datos distribuidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
En esa misma línea, el encarecimiento de los alojamientos y el transporte aéreo impulsaron, respectivamente, la inflación de los hoteles, cafés y restaurantes (un 2,3 % interanual, medio punto más que en marzo) y el transporte (un 3,2 %, dos décimas más).
Pese a esta tendencia general, las patatas fueron el producto que más se encareció en el último año (un 18,9 %), seguido de las tasas administrativas (12,2 %) y las legumbres y hortalizas (10,6 %).
Por el lado contrario, las comunicaciones presionaron a la baja los precios al repuntar en abril un 0,1 % interanual, más de un punto por debajo del avance de marzo, ante la estabilidad de los servicios de telefonía y fax.
También los alimentos y bebidas alcohólicas moderaron su inflación -subió un 0,8 %, una décima menos- ante el abaratamiento de la fruta y el menor encarecimiento del pescado, que compensaron la mayor alza que registraron las legumbres y hortalizas.
Los datos del INE destacan que a lo largo del último año el producto que más se ha abaratado es el aceite de oliva (un 18,4 %), seguido de los equipos de telefonía móvil (un 16,6 %) y soportes informáticos como discos duros externos o USB, cuyo precio ha bajado un 13,5 %.
La inflación subyacente -que elimina del índice la energía y los alimentos por ser los elementos más volátiles- se situó en el 0,9 % en abril, dos décimas más que en marzo.
Por lo que respecta a la tasa mensual, los precios aumentaron un 1 % en abril con respecto a marzo, seis décimas más que entre febrero y marzo, lo que constituye el mayor incremento en un mes en casi dos años.
Este incremento vino impulsado por la subida de los precios del vestido y el calzado y el transporte. De hecho, las prendas de vestir de bebés y niños (del 17,3 %) y de mujer (13,7 %) fueron los productos que más se incrementaron en abril, un mes que coincide con el inicio de la temporada primavera-verano.
Otros elementos que presionaron al alza fueron los hoteles, cafés y restaurantes y el ocio y la cultura.
Por el contrario, el precio del la vivienda contribuyó a moderar la inflación debido al abaratamiento del gas, que con una caída del 5,7 % fue el producto que más bajó de precio en el mes.
Tras conocer estos datos, UGT ha considerado que la inflación de abril plantea un «escenario favorable» en la negociación salarial entre patronal y sindicatos, especialmente dado que la subida salarial media pactada en los convenios firmados en 2018 se sitúa en la parte baja de la franja acordada por los agentes sociales.
En ese mismo sentido, CCOO ha instado a «forzar» los incrementos salariales de los convenios colectivos pendientes de firma por encima de la inflación para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo.
Alemania exporta la FP dual contra la falta de mano de obra y el paro juvenil
Los alemanes ofrecen su sistema de Formación Profesional (FP) dual como una auténtica marca país, porque están muy convencidos de su bondad para su pujante economía y para la sociedad en general. Así, se podría pensar que la cultura de cursar FP dual obedece a cierta filantropía del empresariado alemán o a una tradición cultural. Pero el embajador alemán en España, Wolfgang Dold, lo tienen claro: “no es por generosidad de los empresarios, sino porque les es rentable y les compensa para su actividad”.
La FP dual en Alemania es un sistema de aprendizaje en el que el alumno alterna su asistencia a una escuela profesional, donde aprende un oficio manual, industrial o de servicios y, al mismo tiempo, trabaja en una empresa donde aprende la parte práctica. A los azubi (que es como se conoce a los aprendices en Alemania) se les hace un contrato laboral y reciben salarios que van desde los 500 hasta los 1.400 euros brutos mensuales, dependiendo de la profesión, la región y el curso. La alternancia entre el la escuela y la empresa es muy variada pero por lo general las pymes y las profesiones artesanales tienen al aprendiz unos días a la semana y el resto van a la empresa. Mientras que en las grandes empresas y profesiones industriales o de servicios la alternancia es semanal: una o dos semanas en la escuela y las tres o cuatro siguientes van a trabajar.
Este tipo de formación de aprendices tiene un tradición centenaria en Alemania pero una de sus claves de éxito es su dinamismo, cada año surgen nuevas profesiones y hoy se pueden estudiar 330 en ese país. Las empresas y los sindicatos son los que elaboran y actualizan el contenido lectivo y práctico de estos títulos. Una tercera pata del sistema lo conforman las Cámaras de Comercio e Industria que supervisan el trabajo de estos aprendices.
Las grandes cifras de la FP dual alemana son rotundas. Más del 60% de los jóvenes la escogen cuando terminan el noveno o décimo grado de su educación obligatoria (a partir de los 16 o 17 años por lo general). El joven es el que se tiene que buscar su plaza en una empresa cursando una solicitud y pasar, a veces, duros procesos de selección, ya que se pueden presentar centenares o incluso miles de solicitantes para una decena de puestos. Los cursos duran entre dos y tres años y medio y al terminar deben aprobar un duro examen teórico y practico.
Siempre hay alrededor de 1,4 millones de aprendices en las empresas –una de cada cuatro participa en esta formación– y cada año sale una nueva promoción de medio millón de nuevos profesionales titulados. Entre el 60% y el 70% de ellos se queda a trabajar en la compañía que les ha formado. La tasa de paro juvenil en Alemania está en el entorno del 5,5% frente al más del 33% en el caso español.
En España, la FP dual existe desde 2015 y, aunque avanza con rapidez, aún no llega ni al 5% de las plazas totales de FP. Esto supone que existen ya más de 4.800 empresas participantes, que forman a 16.000 estudiantes, según la Fundación Bertelsmann que promociona este sistema en España.
Pero formar cuesta dinero a las empresas y eso desincentiva a muchas de ellas en España a participar de este sistema. El director senior de la Fundación Bertelsmann en Alemania, Clemens Wieland, explica que la FP tiene dos tipos de costes para las compañías: el sueldo de los aprendices y el tiempo de empleado senior que destina parte de su jornada a ser tutor de los estudiantes. Si bien, también produce ahorros como el valor añadido del aprendiz, la responsabilidad social que ejerce la empresa o el ahorro de costes de selección de personal.
“Al final, resulta rentable a todas las empresas y, lo más importante, todo el estudiante que busca una plaza de aprendiz en Alemania la termina encontrando y nunca termina en el paro”, asegura el director de la escuela profesional Max-Taut-Schule de Berlín, Michael Nitsche. En este centro forman a 2.000 estudiantes de FP dual, cuya profesión más estudiada es la de mecatrónico especializado en sistemas de calefación y reflijeración y la mayoría de sus aprendices trabaja en micropymes. Estos centros son de financiación pública, parte de ella de la UE.
Además, es bastante común que una empresa o varias sean quienes financian la maquinara con la que aprenden los estudiantes. “A veces es el propio proveedor de un sistema de ventilación, por ejemplo, el que regala a la escuela los aparatos”, indica Nitsche. Así se garantizan que en una zona todos los instaladores estén familiarizados con su marca.
Otras empresas tienen claro que su supervivencia pasa por la FP dual. El director de la fábrica de pan y respotería Beumer Lutum, Andre Wiegandt presume de que sus aprendices son los mejor preparados del Estado Federado de Berlín. Esta panadería artesanal cuenta con 150 trabajadores y 15 aprendices. En este sector los salarios se fijan en la negociación colectiva: y son de 565 euros brutos el primer año; 670, el segundo y 800 el tercero. Y pueden llegar a 1.000 euros si trabajan medio turno de noche o fines de semana. “No nos importa el dinero que cuesta formar a un aprendiz, porque no tenemos más remedio que hacerlo si queremos mantener la empresa abierta”.
Es más, «la queja más frecuente de los aprendices en otras empresas del sector es que se les usa para la limpieza y eso es un error; en nuestro caso, yo soy el que limpio y ellos hacen los trabajos”, asegura Kerar Al-Hakim, maestro panadero que empezó como aprendiz –solo dos de los 150 no cursaron FP dual—y hoy dirige la formación en esta fábrica.
Equilibrio entre empresa y escuela
La relación entre las empresas y los centros educativos es tan estrecha que, a menudo, los jefes de estos aprendices saben que han estudiado las semanas previas para aprovechar al máximo su trabajo. Esta es una de las cuestiones que en España se presenta más dificultades por las reticencias de gran parte del profesorado a que una empresa dirija su plan de estudios.
Los expertos alemanes explican también la importancia que tiene en este sistema algo que en España se cuida muy poco en los colegios: la orientación laboral temprana. En Alemania es obligatorio que todos los alumnos en el entorno de los 14 años hagan unas pequeñas prácticas de una o dos semanas en alguna empresa que ellos elijan, solo para conocer el ambiente de trabajo. Asimismo, existen las denominadas prácticas de un día o de “toma de contacto” en las que el alumno puede ir una jornada a una empresa para conocer las profesiones sobre las que tenga interés. Esto es muy importante por un dato: cuando los estudiantes alemanes terminan primaria apenas conocen el 10% de las profesiones existentes en el mercado laboral.
Emeneley Brand, de 20 años, fue a visitar la fábrica de motores para aviones que Rolls-Royce tiene en Blankenfelde-Mahlow (Brandenburgo, Alemania) cuando tenía 14 años durante el Girl’s Day (jornada que realizan en Alemania para promover las profesiones masculinizadas entre las chicas) y ahora es una de las aprendices de esta compañía. Brand está dos semanas en la empresa y una en la escuela. “Es la alternancia perfecta para mantener frescos los contenidos y ponerlos en práctica”, asegura.
También en sanidad
No obstante hay sectores, como el sanitario, en los que tradicionalmente no ha estado la FP dual presente, pero en los últimos años también se está introduciendo. Por ejemplo, en el hospital universitario de la Charité de Berlín, de los 4.500 trabajadores de enfermería que trabajan allí, unos 135 son aprendices, que fueron escogidos de entre más de 1.000 solicitantes.
En el caso de la sanidad, los financiadores de la FP dual son las compañías privadas de seguros de salud. Los responsables de enfermería de este hospital aseguran que necesitan con urgencia más aprendices y que aún duplicando su oferta de plazas formativas no cubrirían la demanda existente. Es sector sanitario ha estado menos abierto a la FP dual por las cosecuencias que podría suponer un error cometido por un aprendiz.
Sin embargo, Francka Schauer, una joven aprendiz berlinesa que eligió la FP dual de enfermería y trabaja en Charité asegura que “nunca ha oído comentarios negativos de los enfermos por estar siendo cuidados por un aprendiz, al contrario, creen que les dedicamos más tiempo que los enfermeros titulados”.
Los estudiantes de enfermería de este hospital berlinés cobran entre 1.000 y 1.300 euros brutos al mes, ya que el salario aumenta cada año; y se incrementa con complementos por fines de semana, festivos o noches. Si bien, estas mejoras salariales no son siempre posibles en el sistema de FP dual porque hay empresas, como por ejemplo Rolls-Royce que, si el aprendiz no ha cumplido la mayoría de edad, no le permite trabajar a turnos o trabajar de noche.
El Gobierno prepara un amplio plan para tratar de hacer frente a la contaminación de las grandes ciudades y, a la vez, impulsar el uso del vehículo eléctrico. Para ello, varios departamentos ministeriales están preparando un abanico de medidas regulatorias centradas en reducir el uso del vehículo privado en entornos urbanos del orden de un 35% hasta el año 2030 y de los tráficos interurbanos en un 1,5% anual.
Este paquete de medidas, que impulsará el teletrabajo, el vehículo compartido y el uso de medios no motorizados (andar, bicicleta), incluye una profunda reforma fiscal de dos de los principales impuestos a los que tienen que hacer frente los conductores: el Impuesto de Tracción Mecánica (el numerito) y el Impuesto de Matriculación. En ambos casos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando cambios que penalizarán a los vehículos de combustión para acelerar la transición al coche eléctrico.
Para el Impuesto de Matriculación (IEDMT), la intención del Ejecutivo es focalizarlo en los vehículos de menor consumo, actualizando los tramos de emisiones en los que se basa el impuesto con la intención de adelantar la paridad del precio del vehículo eléctrico con el térmico, lo que implica una subida de los mismos.
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Los tramos del impuesto de matriculación actuales son del 0% para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gr/km de CO2; 4,75% para los que tienen emisiones mayores a 120 gramos y menores a 160 gr/km de CO2; 9,75% para aquellos con emisiones superiores o iguales de 160 y menores de 200 g/km CO2; y 14,75% para los vehículos con emisiones superiores o iguales a 200 g/km CO2.
Por el momento, el Ministerio de Industria ha dado una moratoria hasta 2021 para comenzar a calcular las emisiones en línea con el nuevo sistema de mediciones WLTP, que se impuso tras el escándalo del caso Volkswagen y que supondría un rápido incremento de los ingresos por este tipo de impuestos, ya que el resultado se incrementa notablemente al tratarse de pruebas de conducción real frente a las emisiones recogidas en laboratorio.
En lo que respecta a la reforma del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que recaudan las entidades locales sobre la base de caballos de vapor fiscales, el Gobierno quiere reorientarlo hacia un gravamen relacionado con la emisión de contaminantes, sobre la base de la norma Euro y la etiqueta medioambiental de la DGT, penalizando a los vehículos más antiguos y, por lo tanto, generadores de más emisiones.
Revisión europea
La Comisión Europea, de hecho, está trabajando en una amplia reforma de la fiscalidad ambiental para tratar de orientarla con los compromisos de cambio climático que tiene adquiridos hacia 2050 y en esa misma línea está planteando un aumento de los mismos con las emisiones de CO2 como referente, al tiempo que se está comenzando a plantear la creación de nuevas figuras impositivas ligadas a las emisiones de NOx. Las patronales eléctricas Aelec y la Asociación Empresarial Eólica, de hecho, así se lo han pedido ya al Ministerio de Transición Ecológica en sus alegaciones para la Estrategia a 2050 que el Gobierno tiene que remitir antes de acabar el año a Bruselas.
Entre las medidas que pretende implementar Pedro Sánchez figura también un ambicioso plan de comunicación, centrado en facilitar información del coche eléctrico, el precio y la localización de puntos de recarga mediante todo tipo de canales, en línea con las exigencias de la normativa comunitaria que pide que se pongan carteles en los que comparar los diversos tipos de combustible para ayudar a los consumidores en su decisión de compra.
Además, prevé la puesta en marcha de programas a fondo perdido que multipliquen el presupuesto puesto a disposición de los particulares y empresas para la adquisición de vehículos eléctricos. Moncloa quiere también impulsar la instalación de puntos de recarga eléctricos en áreas de servicio y centros de trabajo e impulsar la firma de convenios con empresas de coche compartido.
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Para las estaciones de servicio, el Ejecutivo incluirá dentro de la valoración técnica de nuevos proyectos de puntos de suministro el establecimiento de puntos de carga de vehículo eléctrico y de otras fuentes alternativas. De hecho, en el borrador de la Ley de Cambio climático ya se obliga a más de 1.000 gasolineras a poner puntos de recarga con una potencia de 22 Kw, que las petroleras consideran que es irrisoria y debería ascender a más de 50 kw, como en Portugal, para que tenga sentido.
Las medidas relacionadas con el transporte no acaban solo en el vehículo eléctrico. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril del 6% previsto en el Pitvi al 7,5% previsto en el Plan Integrado de Energía y Clima. Para ello, se crearán instrumentos financieros con el objetivo de movilizar inversiones en infraestructuras ferroviarias desde la carretera al ferrocarril, aunque esta es una aspiración que viene de largo pero que nunca se desarrolla.
El Gobierno aumentará la cuota modal del ferrocarril mediante la creación de estrategias comerciales para promover el cambio modal (ofertas de Renfe y liberalización del sector), mejorará la movilidad puerta a puerta hacia cero emisiones, la solicitud de incentivos al cambio modal carretera- ferrocarril tanto en mercancías como en viajeros, el prototipo de vagón para autopista ferroviaria o el impulso del transporte ferroviario con origen o destino en puertos.
Asimismo se quiere recuperar los Planes de Transporte al trabajo, que ya lanzó la Ley de Economía Sostenible de Zapatero facilitando el acceso a servicios de movilidad compartida en las empresas, promoción de la bicicleta y la creación de la figura del coordinador de movilidad para incrementar el número de compañías que lo tengan.
Transporte a 44 toneladas
El transporte por carretera se hará también de un modo más eficiente. Para ello, se aumentará la masa máxima autorizada a 44 toneladas y la altura a 4,5 metros para incrementar la carga media de dichos vehículos un 10% a partir de 2021 y reducir el número de vehículos por kilómetro y consumo.
Las empresas contarán con programas de ayuda a fondo perdido pero a cambió tendrán que realizar auditorías energéticas para las flotas, cursos de gestión de flotas y formación en conducción eficiente de vehículos industriales.
En materia energética, los planes que el nuevo Gobierno va a plantearle a Bruselas también resultan de lo más ambiciosos
A partir de 2021 se instalarán 57.000 MW de renovables, lo que supone una cobertura del 74% del consumo eléctrico con renovables. Se estima que entre 2021 y 2030 aproximadamente 22.000 MW habrán superado la vida útil regulatoria para lo que hace falta un plan específico para la renovación tecnológica. Por ese motivo, el Gobierno acometerá subastas para la asignación de un régimen retributivo específico; establecerá un calendario plurianual de subastas salvo un cambio en las condiciones de mercado en el que se venda la energía a generar y la variable sea el precio y donde se podrá distinguir entre tecnología por su capacidad de dar potencia firme, gestionabilidad y madurez tecnológica. Esta parte, no obstante, contrasta con el planteamiento del Gobierno de hacer subastas por 3.000 MW anuales, incluida en la Ley de Cambio climático.
El Plan de renovación tecnológica de proyectos de renovables incluirá una simplificación administrativa con la exención del trámite de utilidad pública e integración en el territorio, la exención de la necesidad de presentar un nuevo estudio arqueológico, la reducción de los plazos de tramitación de la evaluación de impacto ambiental y de información a otras administraciones publicas.
El Ejecutivo quiere impulsar la participación local en proyectos de renovables
El Ejecutivo quiere impulsar la participación local en proyectos de renovables mediante un mecanismo de adhesión para que estas plantas puedan acceder a un contrato de venta de su electricidad a un precio fijo ligado al resultado de las subastas. Se reservará una cuota anual que se otorgará a los primeros que lo soliciten y se facilitarán garantías públicas para abaratar la financiación.
Entre las medidas para los próximos años se incluye, además, el impulso de un programa para tecnologías en desarrollo, que contará con un calendario de subastas específico y un volumen de potencia reducido para proyectos de demostración (energías del mar o eólica marina), donde incluso podría haber financiación pública. De hecho, los territorios extrapeninsulares contarán con un programa de ayudas para las nuevas instalaciones de renovables que aporten garantía de potencia.
En materia de redes se prevé la adaptación de la planificación de las redes de transporte y distribución, que ya se ha iniciado, para el desarrollo de nuevos nudos de evacuación y refuerzo de los existentes. Curiosamente, el Gobierno considera fundamental la participación ciudadana pero el Ministerio se niega a dar a conocer las alegaciones a los proyectos de interconexiones internacionales.
El Ejecutivo afrontará la definición de la capacidad de conexión a la red en cada nodo en función de la potencia máxima de evacuación y no de la potencia pico. Al tiempo que garantizará la transparencia de la capacidad de conexión.
Almacenamiento
El nuevo Gobierno apostará por el desarrollo de sistemas de almacenamiento. Está prevista un alza de la tecnología de bombeo que aportará 3,5 GW de potencia adicional, equivalentes a 2,5 GW en 2030 con un mínimo de dos horas de almacenamiento a carga máxima. Para lograrlo se convocarán subastas para incorporar potencia firme de respaldo que no utilice combustibles fósiles. La variable para la oferta será la retribución adicional por unidad de potencia firme (MW) o capacidad de almacenamiento (MWh) y se analizará la posibilidad de reformular la operación de la capacidad de bombeo hidráulico para que su principal objetivo sea la estabilidad del sistema y la integración de renovables, un tema al que se oponen radicalmente las eléctricas. El Gobierno vigilará también el fin de la concesión de las centrales hidroeléctricas, regulando los procedimientos y plazos aplicables a estas instalaciones.
Otra figura que ganará peso es la del agregador de demanda, que permitirá participar a los sectores terciario y residencial de los servicios al sistema. La gestión será algo habitual para consumidores que pueden agregar como flotas de vehículos eléctricos, operación de parques de baterías o sistema de climatización distribuidos.
Gases renovables
En lo que respecta al gas, se aprobarán planes para promover los gases renovables. Se incluirá el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable. Se realizará un análisis de la situación de los gases renovables en España para determinar el potencial de producción teórico, técnico y económico y se definirá una estrategia para determinar el uso más eficiente, lo que incluye el diseño de mecanismos de apoyo sustentados, si fuera necesario, en un sistema de certificación que permita la supervisión y control de las obligaciones sin descartar regulaciones que permitan la inyección en la red de gas.
Para la industria se prevé impulsar la contratación bilateral a largo plazo de energía renovable, para lo que se analizará la viabilidad de contribuciones mínimas de suministro renovable para las administraciones públicas y los grandes consumidores de energía.
Estrategia nacional para el autoconsumo
El nuevo Gobierno impulsará una Estrategia nacional para el Autoconsumo que pasará por analizar el potencial de penetración para fijar unos objetivos ambiciosos pero alcanzables. En las previsiones del Ejecutivo se tendrá en cuenta la sostenibilidad del sistema eléctrico permitiendo la adaptación de las redes y de la propia tarifa, a una probable reducción de sus ingresos.
Se incorporarán plantas a los aeropuertos con un objetivo para Aena del 10% en 2030 y se aportará financiación blanda mediante el retorno en base a los ahorros económicos que supone la generación autoconsumida. Se favorecerá la gestión por parte de terceros que asumen la inversión y el mantenimiento para que vendan a los consumidores la energía en condiciones favorables y se impulsarán medidas de fomento desde ámbito local mediante la simplificación de los trámites. El Estado coordinará el desarrollo de las mejores prácticas.
