El número de ocupados mayores de 55 años creció un 74% en los últimos 14 años
En España, hay un aumento significativo en la proporción de trabajadores mayores en la población activa. De hecho, desde 2008, el número de trabajadores seniors ha aumentado de 2,3 millones a 4,1 millones en 2022, lo que representa un incremento del 78%. Por otro lado, durante el mismo período, el número de trabajadores jóvenes ha disminuido de 4,6 millones a 2,9 millones, lo que equivale a una disminución del 37% en el empleo juvenil. Los jóvenes representan el 30% de los desempleados españoles, con cerca de 900.000 parados, una cifra que se sitúa muy por encima de la que corresponde a los seniors (16,4%), que se acerca al medio millón de personas (489.000).
Según el III Mapa de Talento Sénior. Jóvenes y mayores en el mercado laboral. La colaboración intergeneracional, un informe impulsado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, esta disparidad refleja una tendencia hacia un mercado laboral cada vez más envejecido, lo que sugiere que el grupo de trabajadores seniors seguirá creciendo en importancia. Asimismo, en los últimos años, ha habido un marcado descenso en la participación de los jóvenes en el mercado laboral en comparación con la de los trabajadores seniors. En la actualidad, los jóvenes representan el 16% del total de la población activa, mientras que los trabajadores seniors constituyen el 20%. Este fenómeno refleja también una tendencia hacia una «desjuvenilización» del mercado laboral, que se atribuye a diversos factores, como los cambios demográficos, la emigración de trabajadores cualificados, el aumento de la tasa de abandono escolar y las condiciones laborales de este grupo de trabajadores. En este sentido, se resalta que «una economía sénior supondría que más mayores (y jóvenes) trabajasen y pagasen impuestos, pero sobre todo que más españoles se beneficien de ser el mejor país del mundo para envejecer y generar toda una industria del envejecimiento que haga que millones de personas vengan a nuestro país». Para la directora general de Personas y Organización de Mapfre, Elena Sanz, destacó que «la generación sénior actual, al venir de una cultura del esfuerzo y del ahorro, es también un verdadero motor económico en términos de consumo e inversión». También ha subrayado que «gobiernos, empresas e instituciones inviertan en el dividendo sénior, ya que supone fortalecer la demanda económica y, con ella, la generación de empleo». En esta línea, Juan Fernández Palacios, director de Ageingnomics, se refirió además a que «es importante poner en marcha medidas que fomenten el empleo de los mayores de 55 años y que luchen contra el edadismo laboral«.
Cuatro de cada diez parados de larga duración tienen más de 50 años
La proporción de desempleados de larga duración, que incluye a aquellos individuos que han estado buscando trabajo sin éxito durante un año o más, es un problema significativo en España. En el caso de profesionales mayores de 50 años, esta cifra alcanza los 479,800 individuos, lo que representa el 42% del total de desempleados de larga duración en el país, que asciende a 1,132,700 personas. Estos datos subrayan las dificultades que enfrenta el grupo de personas mayores de 50 años al intentar reintegrarse en el mercado laboral.
Estas personas dejan de buscar trabajo y no se cuentan en las estadísticas de desempleo
Se disparan un 51% respecto a los niveles previos a la pandemia
Los despedidos que siguen intentando encontrar un empleo sólo han crecido un 0,77%
Uno de los efectos más sorprendentes de la reforma laboral ha sido el auge de las bajas de afiliación motivadas por un despido, que crecen a un ritmo interanual del 32% y del 67% si nos remitimos a las cifras de 2019. Pero el Gobierno minimiza el impacto de esta evolución en el desempleo y los últimos datos de la EPA parecen darle la razón: los desempleados por causa de un despido solo han aumentado un 0,8% respecto a 2019. Sin embargo, el análisis muestra otro dato que resulta especialmente preocupante: las personas que no cuentan como parados porque se han visto expulsadas del mercado laboral tras el cese, convirtiéndose en inactivos, han aumentado un 51% desde los niveles previos a la pandemia y alcanzan los 238.900.
El récord de despidos, medido en términos de baja de afiliación, es un fenómeno que parece responder ante todo al aumento de la contratación indefinida tras el cambio legal pactado por el Ejecutivo y los agentes sociales a finales de 2021, lo que lleva a muchos expertos a concluir que la estabilidad de estos empleos ha empeorado de alguna forma. Una tesis que se ve reforzada por el hecho de que las bajas en periodo de prueba, también se han incrementado un 41,6% respecto a 2019.
A pesar de que estos datos refuerzan la idea de un trasvase de la volatilidad de los temporales no solo a los indefinidos fijos discontinuos sino también a los indefinidos ordinarios (cuyos despidos han aumentado un 51%), no implican necesariamente destrucción de empleo. De hecho, tanto la afiliación a la Seguridad Social como la ocupación en términos de EPA sigue aumentando, a la par que la tasa de paro retrocede. Aunque en este análisis no se puede obviar a los inactivos, las personas que tras perder su empleo han renunciado a buscar otro, ya sea porque han optado por adelantar su jubilación o porque se han desanimado ante la falta de oportunidades y han dejado de buscar empleo.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, los parados que perdieron su empleo por un despido o la desaparición del puesto de trabajo se situaban en 279.000, un 9% menos que en el mismo periodo de 2022 y muy lejos del récord de 668.400 anotado en el segundo trimestre de 2020, momento en el que se inicia la serie trimestral. Lo mismos se puede decir de los inactivos, que han caído de 690.900 a 238.900. Pero aquí hay un matiz relevante: el análisis de estas cifras está sesgado por el impacto de la pandemia.
Un ‘stock’ de despedidos
Para entender este desfase hay que tener claro que los datos de Seguridad Social parten de un registro de bajas de afiliación que se producen cada mes, (que se ven compensadas por un volumen también elevado de altas, en un mercado tan marcado por la rotación laboral como el nuestro), mientras que los datos de la EPA muestran el ‘stock’ trimestral de personas que acaban en una situación de paro o inactividad tras un despido.
La crisis sanitaria destruyó cientos de miles de empleos por el cierre de empresas y esto disparó el ‘stock’ de parados en cerca de 700.000 personas en 2020 y el de los inactivos aún más, en 1,3 millones. Algo lógico en una situación que impedía buscar activamente empleo a muchas personas, que por esta razón fueron clasificados estadísticamente como inactivos.
En los años siguientes muchas de estas personas, parado e inactivos, han ido encontrando empleo, especialmente 2022 y 2023, cuando el rebote del empleo se ha mantenido. De hecho, en el tercer trimestre, el 53% de los nuevos ocupados eran parados y el 47% inactivos. Esto permite inferir que, a pesar del incremento de los despidos, estas personas han encontrado más oportunidades de empleo. Pero para aceptar esta conclusión hay que hacerse una pregunta: ¿las cifras son mejores que las que había antes de la pandemia?
La estadística de la Encuesta de Población Activa que analiza las causas de paro o inactividad de manera trimestral solo llega a junio de 2020. La razón es que, ante las circunstancias en aquel momento, el INE adaptó unos datos que hasta entonces se publicaban de manera anual para poder ofrecer información más actualizada. El problema es que no adaptó los datos anteriores de la serie trimestral, y la serie anual preexistente se vio discontinuada, lo que produjo una ‘ruptura’ que hace que hoy resulte algo más complicado comparar lo ocurrido en 2022 y 2023 con lo que sucedió en 2019. Aunque no es en absoluto imposible.
La clave es que los datos de la EPA anual, incluyendo los de las causas de paro, son una media de los cuatro trimestres del año, con lo que basta con hacer lo propio con los datos de los que disponemos para 2021, 2022 y también 2023, aunque este último año no ha concluido (se puede hacer una media provisional sobre los tres trimestres par los que tenemos datos). Esto arroja una media de 299.800 parados que sufrieron un despido o la desaparición de su puesto de trabajo. Suponen apenas un 0,77% más que en la media de 2019, lo que confirma que los despidos no han provocado un auge del paro, propiamente dicho. Pero en este caso hablamos de los trabajadores que siguen intentando buscar un empleo tras el cese.
La cosa es muy diferente cuando hablamos de los que renuncian a hacerlo, los inactivos, que se han disparado un 51% respecto a 2019, pasando de 157.400 a 238.500. Una evolución que muestra que si los despidos no están elevando el paro es porque muchas de estas personas caen en una situación en la que abandonan el mercado laboral. De hecho, si sumamos parados e inactivos tenemos que el impacto de los despidos ha aumentado un 18,3% respecto a 2019.
Lo que se aprecia en la evolución histórica es que, con la recuperación tras la crisis financiera, que disparó el ‘stock’ de despedidos, los ceses habían reducido su impacto en términos de desempleo (es decir, en el ‘stock’ de parados por esta causa cese) en una tendencia solo interrumpida en 2020 y 2021, ejercicios marcados por la pandemia. Sin embargo, los inactivos han repuntado y se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia. Con ello, la diferencia entre ambos es la más baja desde 2008.
Esto apunta a que el efecto del incremento de las bajas por despidos no genera paro porque está expulsando a personas del mercado laboral con una intensidad mayor que la existente antes de la pandemia. Algo que puede explicar de dos formas: mayor efecto desánimo o más personas que anticipan su jubilación.
El 39% de los inactivos despedidos son mayores de 55 años, que suman 95.300 según la media estimada para 2023, un porcentaje similar al de los niveles previos a la pandemia. Pero, aunque son los más numerosos, no son los que más han aumentado: suponen un 47,57% más que en 2019, pero los que están entre 45 y 54 años se han disparado un 86% y los que están entre 35 y 44 años un 51,2%.
sto apunta a que la evolución no es achacable únicamente al envejecimiento de la población activa ni al deseo de los despedidos de mayor edad de adelantar su retiro, sino a un ‘efecto desánimo’ tras el cese que afecta a personas más jóvenes de lo que lo hacía en los años de la recuperación de la crisis financiera. Algo que parece responder a la pérdida de expectativas entre los trabajadores y desempleados a partir de los 45 años.
La diferencia entre los datos de la Encuesta de Población Activa y los de afiliación a la Seguridad Social se ha considerado habitualmente como un indicador del empleo sumergido, es decir, de las personas que trabajan sin estar dadas de alta como cotizantes. En el tercer trimestre, la brecha alcanzó las 541.104, un 2,6% del total de ocupados que recoge el INE. Pero este cálculo no tiene en cuenta el efecto del pluriempleo, que hace que la cifra de afiliados sea superior a la de personas trabajando. Corregida esta distorsión elevaría la brecha por encima de los 1,3 millones de personas, un 6,2% del total del empleo que recoge el INE.
El «Informe metodológico estandarizado» que acompaña la estadística de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social es claro a este respecto. «El número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliado; es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea porque tiene varias relaciones laborales en un mismo régimen o porque las tenga en varios», afirma textualmente el documento, actualizado por última vez el pasado mes de febrero.
La única excepción son los trabajadores del Sistema Especial para Empleados de Hogar y en el de los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, para los que se contabilizan personas en alta y no relaciones laborales. Siempre, claro está, que no estén en una situación de pluriactividad que obligue a un alta en otro régimen distinto de la Seguridad Social.
Porque, ¿qué ocurre cuando una persona tiene más de un trabajo? Que genera una afiliación ‘extra’ que se suma a la que genera su empleo principal. Por eso, el número real de personas dadas de alta a la Seguridad Social se obtiene restando estas afiliaciones en pluriactividad a la cifra total.
El problema es que el organismo que dirige José Luis Escrivá es especialmente opaco a este respecto. En los datos mensuales de afiliación no se recogen datos de pluriactividad y en las notas de prensa del Ministerio de Inclusión se identifican «personas» con «afiliados», aunque esto no afecta a los documentos estadísticos que, como hemos visto, reconocen claramente la diferencia.
Sin embargo, existe una estadística que sí reconoce el impacto de estos afiliados fantasma, aunque no la publica la Seguridad Social, sino el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata del Anuario de Estadísticas Laborales, que señala que en 778.936 las afiliaciones ‘extra’ registradas de media a lo largo de 2022 que en realidad no corresponden a un individuo, sino a los múltiples trabajos que compagina un pluriempleado. Suponen un 3,9% del total de las registradas, el máximo de la serie histórica.
Hasta cierre de año no se conocerán los datos de 2023, pero pese a que Seguridad Social no revela los datos mensuales (sobre los que se calcula la media publicada en el Anuario de Trabajo), todo apunta a que la evolución se ha mantenido, como mínimo, en un nivel similar al del pasado año. Esta afirmación se basa en la evolución de la EPA que concreta cuántos ocupados tienen más de un empleo. En el tercer trimestre, estos ‘pluriocupados’ se situaron en 533.300, lo que supone un 9% menos que en el trimestre anterior (algo explicable por el efecto del verano en la actividad), pero un 6% más que hace un año. De hecho, son el máximo de la serie histórica en ese perido.
Si lo expresamos en términos de promedio anual, 2022 marca 527.300 ocupados y 2023 ya va por 553.300, un 4,7% más, a la espera de los datos del cuarto y último trimestre. Esto lleva a que resulte factible extrapolar los datos de afiliación extra de 2022 a 2023. E incluso considerar una cifra similar a la de 2022 como prudente. En este punto, hay que llamar la atención sobre la diferencia entre los datos de pluriempleados EPA y afiliación en pluriactividad. Si los pluriempleados solo tuvieran un segundo empleo, las cifras coincidirían, pero que las de Seguridad Social sean superiores supone que un 47% de las personas en esta situación tiene más de un empleo ‘extra’ que genera una afiliación adicional.
Peso en la economía sumergida
Esto resulta especialmente relevante para estimar el impacto real del empleo sumergido cuando empleamos el cruce delos datos de EPA y Seguridad Social. Y es que, si nos limitamos a restar a la cifra de ocupados EPA, 221.265.900 en el tercer trimestre, la de los afiliados medios en septiembre, nos sale una cifra de 511.104 personas, un 2,6% del total de 21.265.900 ocupados. Pero esta cifra no es correcta porque estaríamos comparando relaciones laborales, por un lado, y personas por otro.
Pero si restamos la cifra media de afiliaciones ‘extra’, 778.000 al total de afiliaciones, obtenemos la cifra de personas afiliadas. Esto supondría pasar de 20.724.796 afilados medios en septiembre a 19.945.860. Y esto supone que la ‘brecha’ efectiva se amplía hasta los 1,3 millones de ocupados que estarían trabajando sin darse de alta a la Seguridad Social.
La tasa subyacente, que no tiene en cuenta alimentos frescos y energía, se modera hasta el 5,2%
Sorpresa positiva de la inflación: los precios se encarecieron este mes un 3,5% en comparación con octubre de 2022, de acuerdo con los datos adelantados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Índice de Precios al Consumo (IPC) se estabiliza así en la tasa que marcó el mes pasado, y rompe con su aumento sostenido desde que tocase suelo en junio. Aunque las previsiones apuntaban a una subida de la tasa, empujada por el efecto base —la comparación se hace con un mes en el que los precios se moderaron intensamente tras una época de inflación desbocada—, un mejor comportamiento de los alimentos y las bajadas de los combustibles han compensado el efecto estadístico y han contenido las subidas de precios. Además, la tasa subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos frescos y la energía, los más volátiles, se situó en el 5,2%, seis décimas menos, y refleja una tendencia a la desaceleración.
De acuerdo con el INE, los precios subieron en octubre un 0,3% respecto a septiembre. El dato recoge en parte un efecto estacional ajeno a los vaivenes recientes: octubre es tradicionalmente inflacionario. De hecho, los precios no se han moderado nunca este mes en los últimos 10 años, porque en él suelen acabar periodos de rebajas y descuentos inmediatamente posteriores al verano, lo que empuja la inflación hacia el final de temporada.
Los alimentos y la energía han sido los bienes que más dolores de cabeza han dado a los consumidores desde el comienzo de la crisis inflacionaria, pero en octubre han dado un respiro. Tras alcanzar cotas récord en el verano de 2022, los precios de los productos energéticos contribuyen este mes a la baja, pero no todos se han comportado igual: aunque se moderan, los precios de la electricidad empujan la tasa hacia arriba, debido —otra vez— al efecto base: bajaron con más intensidad en octubre del año pasado. En el otro lado están los carburantes, que contribuyen al descenso por la disminución de sus precios en comparación con el mismo mes del año pasado.
“Si descontamos el efecto base, estamos en una tendencia de desinflación”, apunta Raymond Torres, director de coyuntura económica del think tank Funcas. Un repunte fuerte de los precios de la energía, y su traslación directa a los de los alimentos son las amenazas a corto plazo que pueden alterar esta pauta. Los alimentos, con excepciones notables como el aceite de oliva, han ido incorporando el abaratamiento de los insumos —como los fertilizantes— y están también en una tendencia “paulatina” a la baja, apunta Torres. Menos influida por los vaivenes de alimentos y energía —pero no del todo, porque el INE no descarta ciertos alimentos procesados igualmente volátiles, como sí lo hace Eurostat— la tasa subyacente marca tres meses de moderación.
“En el contexto internacional actual, el dato adelantado de IPC de octubre es una muy buena noticia”, ha señalado la vicepresidenta primera en funciones y ministra de Economía, Nadia Calviño, en un comunicado emitido tras la publicación del INE. “España se consolida como una de las principales economías de la zona euro con una menor inflación y mayor crecimiento de toda la zona euro”, valoran desde el Ministerio de Asuntos Económicos. Las medidas tomadas por el Ejecutivo, señalan, “están favoreciendo la competitividad de las empresas españolas, la ganancia de cuota de mercado y el aumento del poder adquisitivo de los salarios”.
Bajada lenta
Aunque los servicios de estudios económicos dan por hecho que no volveremos a ver a corto plazo tasas mareantes como el 10,8% registrado en julio del año pasado, la vuelta a la moderación de los precios probablemente no se dé hasta finales de año, debido en buena parte al efecto base. De acuerdo con los datos del panel de Funcas, el consenso entre los analistas es que España cierre el año con un IPC medio anual de en torno al 3,6%. De esta cifra dependerán las nóminas de más 2,18 millones de trabajadores en España, cuyos sueldos están indexados a esta tasa. Además, los jubilados verán sus pensiones revalorizarse de acuerdo con la inflación media registrada entre los meses de noviembre de 2022 y 2023, que Funcas estima que será del 3,9%.
La inflación se irá moderando el año que viene, coinciden todos los analistas, pero no con la fuerza mostrada entre el año pasado y este. Si, de acuerdo con las previsiones, la diferencia entre el IPC medio de este año y el de 2022 (del 8,4%) será de casi cinco puntos, el año que viene las bajadas serán menos abruptas: los servicios de estudios prevén de media para 2024 un IPC general del 3%, y un subyacente del 3,1%. En septiembre, último mes con datos completos, la inflación anual media de la zona euro fue del 4,3%, lejos aún del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE). El consenso es que Europa se enfrenta a una inflación pegajosa: aquella que se mantiene alta durante más tiempo.
Ante este panorama, las predicciones de bajadas de tipos realizadas a principios de año, que esperaban moderaciones ya en la primera mitad de 2024, han quedado obsoletas. Aunque el BCE decidió la semana pasada detener su senda alcista de récord —con hasta 10 subidas consecutivas del precio del dinero—, su presidenta, Christine Lagarde, ha dejado claro que no son descartables nuevos incrementos. Mientras, el enfriamiento económico buscado por Fráncfort ya es una realidad: el PIB de la zona euro creció un anémico 0,1% en el segundo trimestre, dos décimas menos de lo estimado.
San Sebastián, Madrid y Barcelona son las capitales de provincia con mayores ingresos frente a Pontevedra, Zamora y Huelva.
Pozuelo de Alarcón (Madrid) fue en 2021 el municipio con más de 2.000 habitantes con mayor renta media anual por persona, un total de 27.167 euros, mientras que el municipio sevillano de El Palmar de Troya presentó la cifra más baja, con 7.299 euros, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del año 2021 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La publicación muestra la enorme brecha que hay entre la localidad más pobre y la más rica, que la triplica en renta, y la frontera invisible que separa al sur y al norte de España.
De acuerdo con los datos de Estadística, Matadepera, en Barcelona, es el segundo municipio más rico, con una renta media anual por habitante de 24.091 euros, seguido de Boadilla del Monte (Madrid), con 23.169 euros, y de otros dos municipios barceloneses, los de Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallés, con rentas medias anuales de 22.322 y 21.888 euros por habitante, respectivamente. Estos cinco municipios repiten posiciones respecto al anterior atlas publicado por el INE, correspondiente al año 2020.
En el lado contrario, los cinco municipios con más de 2.000 habitantes que presentaban en 2021 las menores cifras de renta media anual por habitante se ubican mayoritariamente en Andalucía: El Palmar de Troya, en Sevilla (7.299 euros); Albuñol e Iznalloz, ambos en Granada, con 7.371 y 7.540 euros, respectivamente; Villanueva del Fresno, en Badajoz, con 7.694 euros, y La Mojonera, en Almería, también con 7.694 euros. Los tres primeros ya lideraban la clasificación de municipios con menores rentas por habitante en 2020, pero los dos últimos no figuraban entre los cinco primeros en la anterior estadística.
Por localización geográfica, los datos de 2021 publicados hoy por el INE relevan que el 84,9% de los municipios de País Vasco se encuentran entre el 25% de los de mayor renta de España, por encima de los 14.443 euros, seguidos de los de Navarra, con el 66,5%. En el otro extremo figura Murcia, donde el 86,7% de sus municipios se sitúan entre el 25% con menor renta, por debajo de los 10.987 euros, seguida de Andalucía, con un 83,7%.
BELÉN TRINCADO AZNAR
Según el INE, las capitales de provincia con un mayor porcentaje de secciones censales con la renta neta anual media por habitante más elevada, por encima de los 18.152 euros, están lideradas por San Sebastián (54,9%), Madrid (39,1%) y Barcelona (35,7%). Por el contrario, Pontevedra (1,6%), Zamora (2%) y Huelva (2,8%) presentan los porcentajes más bajos de secciones censales muy ricas. Por su parte, las capitales de provincias que tienen mayor porcentaje de secciones con renta neta anual media por habitante más baja, por debajo del primer decil de rentas (9.295 euros), son Melilla (29,5%), Ceuta (26,8%) y Alicante (24%). Estadística destaca que nueve capitales de provincia no tienen ninguna sección censal en el extremo bajo de renta media por habitante, dos menos que en 2020.
En conjunto, el 59,5% de la población en el País Vasco vive en secciones censales de renta alta, mientras en el caso de Extremadura este porcentaje es sólo del 7,4%. Por el contrario, el 60,2% de la población en Extremadura vive en secciones censales de renta baja. En País Vasco ese porcentaje se sitúa en el 1,4%. Por provincias, Guipúzcoa encabeza la lista de ingresos anuales, con 16.887 euros de renta neta anual media por habitante en 2021. Le siguen Vizcaya, con 16.192 euros; Madrid (16.146 euros); Álava (15.539 euros) y Barcelona (15.297 euros). Las provincias con menos ingresos anuales per cápita son Almería (10.103 euros de renta neta); Badajoz (10.549); Huelva (10.609 euros); Jaén (10.689 euros) y Cádiz (10.712).
Según el último informe publicado por The World Ranking, más del 1% de la población mundial es millonaria, lo que significa un patrimonio neto por personas de más de 900.000 euros. De los casi 7.900 millones de habitantes que habitan la Tierra, 56 millones son considerados millonarios, más o menos el mismo número de personas que viven Italia (59 millones). Si bien, el país transalpino no se encuentra dentro de los países con más millonarios sí lo hace dentro del ranking de las naciones con más billonarios.
Sin sorpresas, el país con más millonarios del mundo respecto a su población es Suiza; más de un 10% de su población posee un patrimonio de más de 1 millón de dólares según datos publicados por parte Credit Suisse y pertenecientes al año 2020, algunos de los cuales considerados también multimillonarios. Y así es como el país ‘neutro’ puede alardear de albergar 10 de las 500 grandes fortunas mundiales.
No en vano, la renta per cápita del país europeo alcanza ya en 2023 una media de casi 90.00 euros.
Para España, la banca suiza establece un 2% de millonarios en 2021, que se traduciría en más de 1,1 millón de personas, aunque estas cifras implican un descenso 170.00 millonarios con respecto al año 2020.
15% de los millonarios en 3 naciones
A Suiza le siguen Hong Kong y Kuwait; entre los 3 aglutinan el 15% de las personas millonarias del planeta. La presencia de Suiza en este ranking podría ser esperada, no así la de la región china y el país de Oriente Próximo.
De un lado, Hong Kong es la región mundial con más superricos, entre sus fronteras hay instalados más de 10.000 personas con una estimación en patrimonio de unos 30 millones de euros, los considerados multimillonarios.
Por su parte, Kuwait destaca dentro del conglomerado de países que forman parte de Oriente Próximo por encima de otros países con más cartel internacional como Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes. Todo gracias a su crecimiento económico debido a las reservas de petróleo dentro del territorio.
El cuarto país con más millonarios es Estados Unidos, aunque en cifras debería estar en primera posición, el ranking estima en relación al número de habitantes por nación. Así, el país norteamericano casi 22 millones de personas, lo que implica poco más del 6% de su población total.
Países con multimillonarios y billonarios
En la escala de ricos, después de un millonario se encuentran los multimillonarios. En este caso, es China, incluida la región de Hong Kong, la nación con más multimillonarios del mundo. Estados Unidos, India (una de las grandes potencias económicas en crecimiento)., Alemania y Reino Unido conforman el top 5. Para este ranking Suiza ocupa el sexto lugar, según indican los datos publicados por el portal analista Statista.com.
Y un nivel por encima de los millonarios son los selectos billonarios, una población mucho más reducida y que se concentra prácticamente en 10 países. En primer lugar, Estados Unidos, seguida de China, India, Alemania y Rusia.
Por la cola, en sexto y séptimo lugar se encuentran Canadá y Brasil, respectivamente. La sorpresa la da Italia, ocupando en número 8 del ranking, por delante incluso de Reino Unido y Australia, que cierra la lista en décimo lugar.
Lista Forbes
Según Forbes, el estadounidense Elon Musk, dueño de la red social X y de la compañía automovilística Tesla, es la persona más rica del mundo, con un patrimonio estimado en más de 200.000 millones de euros, muy lejos de Jeff Bezos quien llegó a ocupar la primera posición y a día de hoy se le calcula más de 170.000 millones de euros.
El empresario francés Bernard Arnault, fundador de LVMH, el mayor conglomerado de compañías de lujo que incluye Louis Vuitton, Christian Dior y Bvlgari entre otros, ocupa el tercer lugar y alberga una fortuna de 158 mil millones de euros.
Para cerrar el top 5, un habitual como Bill Gates, con casi 130 mil millones de euros y el inversor norteamericano Warren Buffet, con 118.000 millones de euros como estimación económica a su fortuna.
El calentamiento global se ha reflejado en España con el verano más caluroso y seco de los últimos 700 y 279 años respectivamente.
Día Internacional contra el Cambio Climático 2023:
Ya estamos viviendo los fenómenos extremos de tormentas y lluvias, de olas de calor y pérdida del hielo polar, ante los que políticos y grandes empresas tienen que actuar, porque la Humanidad se enfrenta a su desafío más importante que es la supervivencia.
La comunidad científica lleva décadas alertando de lo que iba a ocurrir, pero ya ese no es el futuro, sino el presente. Los expertos consideran que el planeta se está calentando a un ritmo «acelerado» y el motivo es la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero por la actividad humana.
Los datos de este calentamiento se revelan en un aumento de las temperaturas medias mundiales y con el verano más cálido a nivel mundial desde que hay registros, según el informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). La estación veraniega se ha alargado casi 5 semanas respecto a los años 80, extendiéndose a parte del otoño.
Al récord de temperaturas de junio, julio y agosto se le suma un otoño con similares valores anómalos en septiembre.
El verano más caluroso y seco de los últimos 700 años
Este calentamiento global ha influido negativamente en la disponibilidad de agua, según una investigación del CSIC con datos que confirman que el de 2022 fue el verano más caluroso y seco en España de los últimos 700 y 279 años, respectivamente.
Los resultados de esta investigación han demostrado que en este periodo se alcanzaron temperaturas sin precedentes lo que provocó que las olas de calor hayan sido más largas e intensas y agudizando la sequía extrema, sobre todo al noreste del país.
La península ibérica encadena ya tres años con precipitaciones por debajo de lo normal y dos en situación de sequía meteorológica.
La temperatura del mar sube 3 grados
El estudio además ha reflejado un aumento de la temperatura superficial del mar de 3,3°C. La temperatura delMediterráneo ha vuelto a marcar valores históricos, superando los 31,2ºC este verano 2023,. También se registraron máximos en la costa gallega y cantábrica.
En contraste, los polos pierden hielo. La Antártida continúa perdiendo masa helada. Un nuevo estudio científico indica que el 43 % de las plataformas de hielo marino han reducido su volumen en los últimos 20 años a consecuencia del calentamiento global.
En total, se han vertido 7,5 billones de toneladas de agua dulce de deshielo a los océanos, según la investigación que publica Science Advances.
Este año está previsto que se convierta en el primer gran país europeo capaz de obtener más de la mitad de su electricidad de fuentes limpias gracias al crecimiento de la eólica y la fotovoltaica.
Este es el año que marcará el punto de inflexión en la transición ecológica de España. Los últimos datos publicados generan expectativas muy halagüeñas. Según estimaciones de Red Eléctrica de España (ahora Redeia), las energías renovables podrían alcanzar el 50% de la generación eléctrica anual. En lo que llevamos de 2023, la eólica y la fotovoltaica suman el 36,8% del mix energético de nuestro país (con un 21,4% y un 15,4% respectivamente). Así lo revelaban los informes presentados el pasado mes de marzo relativos al ejercicio 2022.
Y por si quedara alguna duda, el informe de la consultora noruega Rystad Energy apunta en la misma dirección. En base a la evolución y los datos alcanzados, «España va a convertirse en 2023 en el primer gran país europeo que obtenga más de la mitad de su electricidad de fuentes renovables gracias al auge de la eólica y la fotovoltaica».
Vamos a buen ritmo en la transición ecológica, que constituye una oportunidad inigualable. En palabras de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, «tiene un beneficio inmenso para los ciudadanos y las empresas; estamos preparados, con nuestras redes y nuestra capacidad de ayuda y consolidación de solidaridad a nivel europeo».
Los expertos coinciden en que 2023 será un gran año para que «España consolide su posición como motor renovable de la Unión Europea (UE)», remarca Beatriz Corredor, presidenta de Redeia.
En la misma línea, desde Iberdrola subrayan las ventajas de nuestro país. «Nos presentamos como el hub energético de Europa: no sólo porque contamos con sol, aire y agua que se pueden almacenar, sino porque, además, hemos demostrado que hacer energía con renovables es más competitivo que con fósiles».
Para empezar, tenemos una posición geoestratégica privilegiada y contamos con gran riqueza natural. Ni el petróleo ni el gas abundan, pero disponemos «de más horas de luz solar que ningún otro Estado miembro de la UE, uno de los depósitos de litio más grandes del continente y unas condiciones óptimas para el aprovechamiento del viento y la fuerza del agua», afirma un documento de la presidencia española del Consejo de la UE.
Esto ha permitido que España sea uno de los países europeos con mayor capacidad de generación de energía renovable, el undécimo que menos dióxido de carbono emite por habitante y el decimocuarto más sostenible del mundo, tal como declara el último Environmental Performance Index de la Universidad de Yale.
Dado que España ha asumido el compromiso de convertirse en una economía circular y neutra en carbono antes de 2050, está apostando por la toma de medidas que minimicen los impactos del cambio climático y transformen las formas de relacionarse con la naturaleza.
UNA HOJA DE RUTA MUY CLARA
Por todo lo anterior, en España estamos inmersos en una estrategia de reformas profundas y objetivos ambiciosos con el fin de liderar la transición ecológica de todo el continente. Aparte de caminar hacia la descarbonización en 2050, reduciremos la dependencia energética del exterior, lo que será otro de los grandes beneficios. Se calcula que con la sustitución de combustibles fósiles, España podría ahorrar más de 340.000 millones de euros en importaciones durante los próximos 30 años, lo que equivale al gasto público en educación de siete años.
Como recuerdan los expertos, aunque el uso de combustibles fósiles en el sistema eléctrico sigue siendo elevado, durante los últimos 10 años hemos duplicado el porcentaje de electricidad generada a partir de energías renovables.
«Ahora tenemos una oportunidad única para poder atraer industria a nuestro país y que consuma esa energía que es más barata que en otros países europeos», señalan fuentes de Iberdrola a este periódico. «Contamos con los costes energéticos más bajos a largo plazo. Además, las renovables pueden dar precios fijos a 15 años». Por tanto, «si hacemos redes suficientes para que las renovables lleguen a la industria, esta ventaja competitiva nos puede servir para reindustrializar el país», añaden desde la multinacional.
VENTAJA COMPETITIVA
En algunos momentos de la historia reciente, «mientras la mayoría de Europa pagaba precios de 100 euros por cada megavatio-hora (MWh), España se quedaba en 25 euros gracias a la energía solar y a sus bajos costes, lo que supone una ventaja económica que ocurre cada vez con más frecuencia», ha destacado recientemente José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Es precisamente en energía solar donde España se ha convertido en un ejemplo a seguir para el resto de Europa. «De la necesidad de combatir con fuerza la emergencia climática, a través de la integración de una energía limpia y barata, hemos construido la oportunidad de transformar nuestra sociedad gracias a la consecución de una transición energética justa y sostenible que reduce los costes energéticos de empresas y familias», tal como señala Donoso.
Volviendo a los últimos informes de Redeia, queda constatado que España ocupa el segundo lugar en potencia instalada en renovables y también en eólica, sólo por detrás de Alemania. En el sector de la energía solar, nuestro país se sitúa como el tercero con más capacidad, con Alemania y Países Bajos por delante. De esta manera, nos convertimos en el segundo país europeo que más energía produce mediante la suma del viento y el sol.
BALANZA FAVORABLE
Gracias a este liderazgo, España ha podido apoyar en 2022 a sus países vecinos. Por primera vez desde 2015, se ha cerrado el año con saldo exportador positivo. «Se trata del mayor registro histórico, casi 20 teravatios-hora (TWh)», subrayan desde Redeia.
En términos de potencia instalada, las renovables sumaron durante el año pasado 5,9 nuevos gigavatios (GW) al parque energético español. De esa cantidad, 4,5 GW fueron fotovoltaicos y 1,4 GW, eólicos. Estos datos vienen a demostrar la espectacular evolución de la solar fotovoltaica: ha sido el año que más ha crecido en potencia instalada, lo que le ha permitido superar a la hidráulica y convertirse en la tercera fuente en el mix. Por su parte, la eólica se mantiene como la tecnología protagonista: uno de cada cuatro megavatios en servicio en España es de origen eólico.
Este nuevo impulso ha permitido que la energía del viento haya representado el 22% del mix, mientras que la fotovoltaica ha alcanzado el 10%. De este modo, ambas tecnologías han registrado sendos récords de producción y, en el cómputo total, las renovables superaron en 2022 el 42% de la estructura de generación.
UN ‘MIX’ EN TRANSFORMACIÓN
Pese a ello, el mix energético nacional sigue mostrando la persistencia (eso sí, cada vez menor) de fuentes tradicionales como el carbón, la energía nuclear o el gas natural. Según datos de Redeia, la primera fuente de generación en lo que llevamos de año ha sido la eólica (21,4%), seguida por la nuclear (20,7%), el ciclo combinado (18,1%) y la solar fotovoltaica (15,4%). Hasta principios de octubre, «se ha producido más electricidad con fotovoltaica que en todo el año 2022, lo que supone un incremento del 33,1% respecto al mismo periodo de 2022», añaden desde la gestora de las infraestructuras energéticas españolas.
La estrategia no admite dudas. Cuenta con el impulso del Gobierno central, que el pasado mes de junio subió su apuesta por las renovables con una revisión al alza del Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec). Dicha propuesta de actualización plantea que las energías limpias cubran el 81% del consumo de electricidad en 2030 (ahora, su cuota es del 50%), frente al 74% fijado inicialmente. Las emisiones de gases de efecto invernadero se recortan un 32%, frente al 23% anterior. La introducción de las renovables en el consumo de energía final se fija en el 48% en 2030, por encima del 45% que plantea Bruselas y del 42% fijado hasta ahora en España.
Cuanta más ambición, más ayudas. El pasado julio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó una nueva línea de incentivos para proyectos de producción de electricidad y calor mediante energías renovables, con el objetivo de sustituir la producción a partir de combustibles fósiles (gas natural, fuelóleo y gasóleo). El programa, Renocogen, está dotado con 150 millones de euros en fondos procedentes del proyecto NextGeneration EU y canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está dirigido a aquellos titulares de plantas de cogeneración y de tratamiento de residuos que decidan reemplazar las fuentes de energía fósiles por otras renovables.
El diferencial con España se recorta a menos de un punto pero todavía es superior de media en el continente
La tasa de inflación interanual de la zona euro se redujo nueve décimas en septiembre, cuando se situó en el 4,3%, lo que supone el menor encarecimiento de los precios en casi dos años, según ha confirmado Eurostat, mientras que en el conjunto de la UE la métrica se moderó al 4,9% desde el 5,9% de agosto. Con estas cifras, el diferencial con España se reduce drásticamente, ya que el IPC del mismo mes, ratificado el pasado viernes, situó el avance de los precios en el país en el 3,5%.
De este modo, el aumento interanual del coste de la vida en la eurozona y en la UE en el mes de septiembre se situó por encima del 3,7% observado en Estados Unidos, pero sustancialmente por debajo del 6,7% registrado en Reino Unido. Este paso atrás sí supone, por otro lado, cierto alivio frente a la política de tipos altos que mantiene el Banco Central Europeo desde hace más de un año, aunque la tasa sigue más que doblando el objetivo canónico del 2%.
La evolución de los precios en la zona euro obedeció principalmente a la profundización de la caída en el coste de la energía, con una bajada del 4,6%, frente al retroceso del 3,3% de agosto, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos se moderó al 6,6% desde el 7,8%.
Asimismo, en el caso de los servicios, los precios subieron un 4,7% interanual, ocho décimas menos que en el octavo mes del año, al tiempo que los bienes industriales no energéticos se encarecieron seis décimas menos que el mes anterior, con una subida del 4,1%.
Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa interanual de inflación de la zona euro en septiembre se situó en el 5,5%, frente al 6,3% del mes anterior, mientras que al dejar fuera también el impacto del precio de los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa subyacente de inflación se moderó al 4,5% desde el 5,3%.
De este modo, la referencia subyacente de inflación en la eurozona, considerada por el Banco Central Europeo (BCE) como una de las claves a seguir a la hora de fijar su política monetaria, se situó en septiembre en el nivel más bajo desde agosto de 2022.
Entre los Veintisiete, las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Países Bajos (-0,3%), Dinamarca (0,6%) y Bélgica (0,7%), mientras que las mayores subidas de precios se observaron en Hungría (12,2%), Rumanía (9,2%) y Eslovaquia (9%).
En el caso de las grandes economías de la zona euro, la inflación armonizada se situó en el 4,3% en Alemania y en el 5,7% en Francia, mientras que en Italia fue del 5,6% y del 3,3%, en España.
De este modo, el repunte de la tasa de inflación armonizada de España desde el 2,4% de agosto al 3,3% en septiembre, junto a la moderación del promedio de la eurozona, redujo el diferencial de precios favorable a la economía española a un punto porcentual, frente a los 2,8 del mes anterior.
Las dos marcas impiden a terceros comercializar productos de la manzana en Amazon.es
Las presuntas irregularidades se detectaron en otoño de 2018
Apple y Amazon aseguran que recurrirán la sanción ante la Audiencia Nacional
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto la mayor multa individual de su historia a Apple (143,6 millones), así como otros 50,5 millones a Amazon, por lo que el monto conjunto asciende a 194,1 millones de euros. La sanción viene a responder las irregulares condiciones de Amazon como distribuidor de Apple, con un impacto directo en la venta de productos de la compañía de la manzana en la web de Amazon en España. Hace poco más de un año (el 7 de julio de 2022), el regulador impuso una multa 203,6 millones, pero sobre seis de las principales constructoras españolas por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras.
En opinión de la CNMC, las dos compañías limitaron de forma injustificada el número de revendedores de productos Apple en Amazon.es. Además, las dos compañías pactaron reducir los espacios publicitarios donde pueden anunciarse productos competidores de Apple en dicho sitio.
Entre las anomalías que también sanciona el regulador español sobresale la imposibilidad acordada entre las dos empresas para que Amazon dirija campañas de marketing a clientes de productos de Apple en su web en España, bloqueando la comercialización de productos competidores de otras marcas. Por todo lo anterior, la CNMC ha impuesto una de sus mayores multas a distintas sociedades de los grupos Amazon y Apple «por pactar y ejecutar determinadas restricciones de la competencia en el mercado en línea o «market place» de Amazon.
La controversia se remonta al 31 de octubre de 2018, cuando los dos gigantes firmaron dos contratos mediante los que se actualizaban las condiciones de Amazon como distribuidor autorizado de Apple. En ellos, según la CNMC, «se incluyeron varias cláusulas restrictivas de la competencia que afectaban a la venta minorista por Internet (online) de productos electrónicos en España«. De esa forma, las dos tecnológicas acordaron que únicamente una serie de distribuidores designados por la propia Apple podían vender los productos de la marca Apple a través de la web de Amazon en España.
Las dos tecnológicas acordaron que únicamente una serie de distribuidores designados por la propia Apple podían vender en Amazon.es
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Los resultados económicos de ese pacto entre empresas se cifraron en que más del 90% de los revendedores que venían usando la web de Amazon en España para la venta minorista de productos Apple quedaron excluidos del principal mercado en línea en España. Además, los vendedores no autorizados por Apple para vender sus productos en la web de Amazon en España perdieron un importante canal de ventas, en la medida en que dicha web vehicula la mayor parte de las compras en línea de productos electrónicos en España.
Por otra parte, las ventas de productos de la marca Apple se concentraron en la propia Amazon, reduciéndose drásticamente la competencia entre revendedores de productos de esta marca.
La CNMC ha podido probar que se redujeron las ventas de productos Apple a través de la web de Amazon en España por parte de vendedores afincados en otros países de la UE, limitándose por tanto el comercio entre Estados miembros. Y también apreció «un incremento de los precios relativos pagados por los consumidores por la compra de productos Apple en dicho mercado en línea en España».
El regulador percibe incremento de los precios relativos pagados por los consumidores por la compra de productos Apple en Amazon.es
A través de las cláusulas de publicidad, la CNMC considera que «Amazon y Apple limitaron la posibilidad de que marcas competidoras de Apple pudieran adquirir espacios publicitarios en la web de Amazon en España para anunciar sus productos cuando se realizan ciertas búsquedas de productos Apple, así como durante el proceso de compra de dichos productos».
De forma irregular, en opinión de la CNMC, «las cláusulas de limitaciones al marketing establecen que Amazon no podrá llevar a cabo, sin el consentimiento de Apple, campañas de marketing y publicidad que estén dirigidas específicamente a clientes que hayan comprado productos Apple en la web de Amazon en España y fomenten que estos consumidores cambien de un producto Apple a uno de la competencia».
Como consecuencia de las referidas cláusulas especiales, «Apple ve reducida la presión competitiva generada por los anuncios de la competencia en la web de Amazon en España, y por las campañas de marketing que ésta pueda realizar y que el resto de las marcas sí deben soportar». Sin embargo, esas actuaciones «perjudican directamente a los consumidores ya que limitan su capacidad de descubrir nuevas marcas y/o productos alternativos a los de Apple; incrementan sus costes de búsqueda y reducen su capacidad de cambio (switching)».
Ante todo lo anterior, la CNMC ordena la cesación de la conducta y multa a las sociedades imputadas del Grupo Apple con 143.640.000 euros y a las sociedades imputadas del Grupo Amazon con 50.510.000 euros. También recuerda que contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.
Respuesta de Apple
Portavoces de Apple consultados por elEconomista.es han indicado que «en Apple trabajamos duro para crear los mejores productos y la mejor experiencia de usuario del mundo. Para proteger a los usuarios contra los riesgos de seguridad y calidad causados por los productos falsificados, contamos con normas que han reducido eficazmente las falsificaciones, así como con equipos especializados en todo el mundo que trabajan sin descanso con los comerciantes, las fuerzas de seguridad y los funcionarios de aduanas para garantizar el cumplimiento de nuestros exigentes estándares. Respaldamos nuestros esfuerzos para proteger a los consumidores y tenemos previsto recurrir la decisión del Tribunal ante la Audiencia Nacional española.»
Reacción de Amazon
Fuentes de la tienda online han indicado su «intención de apelar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya que estamos en desacuerdo con ella. Asimismo, rechazamos la sugerencia de la CNMC de que Amazon se beneficia al excluir a vendedores de la tienda, ya que nuestro modelo de negocio se basa, justamente, en el éxito de las empresas que venden a través de Amazon, muchas de las cuales son pymes. Además, fruto del acuerdo con Apple, los clientes españoles se han beneficiado de una amplia variedad de producto, que se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, y excelentes ofertas, así como envíos más rápidos».
