Las constituciones de empresas aumentaron un 35,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 11.906 sociedades creadas, según se desprende de la estadística mercantil elaborada por el Colegio de Registradores.
En concreto, todas las comunidades autónomas se anotaron aumentos interanuales, sobre todo Ceuta y Melilla (un 100% más de constituciones frente a abril de 2023), Extremadura (+92,4%), Navarra (+88%) y Cantabria (+75%).
Canarias (+9,5%), Castilla y León (+12,4%) y Asturias (+15,5%) experimentaron los menores aumentos en constituciones de empresas.
El mayor número de constituciones registrado en abril fue en Madrid (2.619), Cataluña (2.440) y Andalucía (2.173), que entre las tres acumulan seis de cada diez empresas creadas durante el cuarto mes de 2024.
Ceuta y Melilla (16), La Rioja (32), Navarra (94) y Cantabria (98) registraron, por su parte, el menor número de constituciones durante el cuarto mes del año.
Por otro lado, las ampliaciones de capital inscritas en los registros mercantiles aumentaron un 26,4% en abril frente al mismo periodo de 2023. Por territorios, destacan Madrid con 774 ampliaciones en abril, un 20,2% más que en el mismo mes del año anterior y Cataluña con 667, un 37,5% más. Ceuta y Melilla (+100%), La Rioja (+83,3%) y Canarias (+61,5%) experimentaron los mayores aumentos.
Asimismo, se inscribieron 438 concursos de acreedores en abril, lo que supone un incremento del 50,5% en comparación con el mismo mes de 2023. Es el tercer incremento mensual consecutivo, después de un año de caídas mensuales continuas en el que se llegaron a alcanzar valores por encima de los dos dígitos.
Sin embargo, los registradores advierten de que los «significativos» incrementos de marzo y abril pueden estar relacionados con el efecto «escalón» estadístico debido a que en los mismos meses de 2023 comenzaron a producirse importantes caídas en el número de concursos inscritos (-42,7% en marzo y -25,6% en abril de 2023), por lo que la comparación con los datos de este año muestra importantes subidas anuales.
Por territorios, Cataluña (115 concursos en abril), Madrid (92) y Comunidad Valenciana (70) aglutinaron más del 60% de los concursos presentados en abril. Por tipo de concurso, 319 fueron voluntarios (un 47% más interanual) y 119 fueron necesarios (un 60,8% más).
El IPC general encadena dos periodos al alza. La subyacente se modera cuatro décimas hasta el 2,9%
El recibo de la compra ha vuelto a subir en abril. Los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntaron cuatro décimas hasta el 4,7%, según ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta evolución al alza de la cesta de la compra, sumada a los costes del gas, ha provocado que la tasa general de inflación encadene su segundo mes con crecimientos. En concreto, el IPC alcanzó el 3,3%, una décima más que en marzo. El índice se balancea así, de arriba a abajo, y de abajo a arriba, movido no solo por los altibajos en los mercados energéticos y materias primas, sino también por fuerzas matemáticas, pues como viene ocurriendo desde hace varios trimestres, “el efecto base ha estado detrás de estos números que a priori parecen tan negativos”, según explica Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas.
“En abril del año pasado, la variación mensual de los alimentos fue del 0,3%. Un repunte, por menor que sea, impacta de forma notoria en la comparativa interanual”, agrega el economista. En efecto, en esta ocasión el aumento fue del 0,7%, según el INE. No obstante, se trata de una situación coyuntural que no tiene visos de convertirse en una tendencia a largo plazo. De acuerdo con Torres, el regreso del IVA de la luz al 21% podría haber aumentado los costes de producción de algunos alimentos. A ello se sumará en junio el fin de las rebajas de los tipos impositivos que hasta hoy siguen vigentes como parte de las ayudas anticrisis y que mantienen en el 0% el IVA de todos los alimentos de primera necesidad —como pan, harina, leche o fruta— y en el 5% el del aceite y la pasta.
Si se analiza a detalle la fotografía, se observa que el incremento se debió, en su mayor parte, a la variación de los precios de las frutas: repuntaron un 17,1% respecto a abril de 2023. Los zumos también se encarecieron un 17,3%, mientras que las patatas lo hicieron un 8,6% y las legumbres y hortalizas congeladas un 7,5%. El aceite de oliva volvió a ser el producto más encarecido, con una tasa del 68,1%.
Los carburantes, por su parte, también favorecieron el aumento de la inflación en abril. En lo que va de 2024, los combustibles han incrementado sus precios mes a mes hasta conseguir una racha de quince subidas semanales consecutivas. Esto ha hecho que en abril la gasolina se encareciera un 3,5% respecto al año pasado y el gasóleo un 4,4%. La recuperación de su valor se achaca a los recortes de oferta llevados a cabo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que busca a toda costa mantener al alza los precios internacionales del oro negro. A ello se ha sumado, en abril, la confrontación directa entre Irán e Israel, que tensionó el mercado del crudo.
La vivienda también empujó al alza el índice general. La tasa anual aumentó 2,5 puntos, hasta el 4,0%. Este comportamiento se debió, según el INE, a los precios del gas y la electricidad, que se anotó una subida del 10,2%. Por contra, los hoteles y restaurantes, así como las actividades culturales, disminuyeron sus precios respecto al mismo mes del año previo.
Factores a medio plazo
En el análisis coyuntural, hay tres factores que producen una inercia al alza en el índice de precios. Uno de ellos son los servicios, cuyo comportamiento en este año ha sido asimétrico. Mientras algunas ramas han seguido moderando sus precios, el sector turístico y la restauración los han aumentado, impulsados por la fuerte demanda —de hecho es la variable del IPC que más ha escalado en un año, con un 4,8%—. La previsión es que el país se beneficie de la recuperación del poder adquisitivo de los hogares nacionales y extranjeros, y el turismo siga siendo uno de los motores de la economía, por lo que las tarifas seguirán ajustándose. Tan solo en abril, los paquetes nacionales aumentaron un 13,4%, mientras que los servicios de restaurantes, cafés y salas de baile se encarecieron casi un 5% respecto al mismo mes del año pasado. El transporte de pasajeros por mar —donde se incluyen los cruceros— repuntó incluso más: hasta rozar el 17%.
La recuperación salarial y el fin de las ayudas anticrisis son los otros dos factores que impactan en la evolución de los precios. En un análisis global, los vaivenes mensuales del IPC sugieren que superar esa última milla de la desinflación llevará su tiempo. Los analistas esperan que la tasa media anual de la inflación general ronde el 3% a cierre de 2024 y siga por encima del 2% que persigue el Banco Central Europeo en 2025. En cualquier caso, las cifras actuales están, según los expertos, en el rango normal. Prueba de ello es que la subyacente —que excluye la energía y los alimentos frescos— continúa por la senda de la moderación al pasar del 3,3% en marzo al 2,9% en abril.
Los graduados de centros privados tienen un salario base un 12% más alto que los de las públicas, según un informe de la Fundación BBVA
De la universidad a la empresa: la frase resume la dinámica actual del mercado laboral entre los jóvenes. No en vano, ocho de cada 10 nuevos puestos creados entre este colectivo de la población terminan recayendo en alguien que ha pasado por un centro de educación superior. El resultado de esta dinámica es que la tasa de crecimiento de la ocupación entre los universitarios prácticamente triplica la registrada en el empleo total de la población de entre 22 y 29 años de edad, según el informe sobre La inserción laboral de los universitarios: 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género, publicado este martes por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Aunque históricamente la inserción laboral de los universitarios ha sido mejor que la del conjunto de personas jóvenes, el documento refleja que esta ventaja comparativa se ha ensanchado en el último decenio (2013-2023), coincidiendo con una época en la que ha evolucionado el perfil productivo del país. En este periodo, mientras la ocupación de las personas con grado superior ha repuntado un 58%, el empleo total de jóvenes solo lo ha hecho un 20,4%. Esto significa que de los 437.000 trabajos netos nuevos destinados a la población de entre 22 y 29 años, 345.800 fueron para perfiles académicos. La diferencia es todavía mayor en el caso de los puestos altamente cualificados, que suponen nueve de cada 10 de esos empleos que quedaron en manos de los universitarios.
La cifra da cuenta de hasta qué punto la formación estudiantil juega un papel clave a la hora de encontrar trabajo, lo que “requiere un cambio de perspectiva de las debilidades que tradicionalmente se señalan sobre la inserción laboral de los titulados”, según precisa la nueva edición de U-Ranking. De hecho, los datos reflejan un fuerte descenso de la tasa de desempleo de ese colectivo, que ha caído desde el 29,2% de 2013 a un 12,5% en 2023. También ha reducido el porcentaje que está subempleado, es decir, que ocupan un puesto que no corresponde a lo que han estudiado —baja de un 30% al 22% en el mismo periodo—.
Las salidas laborales están bien acotadas, pues cinco sectores de actividad concentran tres cuartas partes de los empleos creados en este periodo: las actividades profesionales, científicas y técnicas (23%), sanitarios y servicios sociales (21%), información y comunicaciones (12%), la industria manufacturera (11%) y educación (9%). Juntas suman ocho de cada 10 empleos altamente cualificados que se ofrecieron en el decenio analizado. A grandes rasgos, el estudio identifica que los egresados en ciencias de la salud, en ingenierías y arquitectura encuentran trabajo más fácil y tienen salarios más altos, mientras que los de artes y humanidades son los que enfrentan mayores dificultades.
Esta facilidad de inserción laboral está directamente relacionada con el porcentaje de autónomos que hay en cada rama de formación. Aunque ha caído en todos los casos, Bellas Artes tiene la mayor cantidad de autoempleados (9,6%), solo superado por el personal sanitario (11,8%), donde la cifra es mayor por el impacto que tienen las profesiones que están fuera de la cartera de los servicios públicos como el farmacéutico, ópticos, odontólogos, fisioterapeutas o podólogos.
Más salario si estudia en privada
A día de hoy, apenas hay diferencias en las tasas de afiliación de quienes estudian en una universidad pública o privada. Sin embargo, sí que hay una gran brecha en cuanto a ingresos. En concreto, el salario base de los graduados que proceden de centros privados es un 12% mayor que el de los estudiantes de campus públicos: son 32.433 euros frente a 29.006 euros brutos anuales. Esta diferencia se achaca a “la captación de estudiantes provenientes de entornos socioeconómicos favorables, que ofrecen conexiones que facilitan la inserción”, según se lee en el informe. Su alto nivel de renta también les permite emprender su propio negocio con más facilidad, por lo que existe un mayor número de egresados de los centros privados que decide ser autónomo.
Otro de los factores diferenciales entre los jóvenes es tener un máster. Estos titulados han duplicado su peso sobre el total de egresados, al pasar de representar un 22% en 2013 a un 42% en 2022. Su ventaja sobre los que solo tienen un grado se observa, en particular, en el ajuste del puesto de trabajo y en los salarios. Su base salarial media es un 11% superior y hay un mayor número de ellos que cotiza en el grupo de titulados universitarios —en ocasiones, porque existen regulaciones profesionales que así lo exigen, como en el caso de los profesores, la abogacía o las ingenierías—.
Más allá del centro de estudios y el grado de especialización, existe una clara desventaja para las mujeres jóvenes: ellas representan más de la mitad de las personas graduadas y tienen una mayor presencia en el mercado laboral —son el 61% de los ocupados entre 22 y 29 años con estudios universitarios—, pero casi siempre cobran menos que sus compañeros hombres. En concreto, ellos ganan más en 74 de los 92 campos de estudios para los que se dispone de información sobre bases medias de cotización para ambos sexos. En la gran mayoría de los casos la diferencia es de más 1.000 euros anuales.
La inflación sube una décima en abril hasta el 3,3% por el encarecimiento del gas y los alimentos. La inflación subyacente se queda en el 2,9%, cuatro décimas por debajo del IPC general, lo que no sucedía desde hace casi dos años, desde noviembre de 2022.
La inflación anual estimada del IPC en abril de 2024 es del 3,3%, de acuerdo con el indicador avanzado del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no se confirmará hasta el próximo 14 de mayo.
El avance del IPC, en caso de confirmarse, supondría un aumento interanual de una décima después de que en marzo la inflación repuntara al 3,2% interanual por la subida de la factura de la luz y los combustibles, sobre todo gasolinas para vehículos de automoción.
El INE atribuye esta subida, principalmente, al mayor encarecimiento de los precios del gas, frente a la bajada de abril de 2023, y al aumento de los precios de la alimentación, mayor que el del año pasado. También, aunque en menor medida, a la electricidad, cuyos precios bajan, pero menos que en el mismo mes del año anterior.
La inflación subyacente, que no cuenta para la estadística la evolución más volátil de los alimentos no elaborados ni productos energéticos, cae cuatro décimas décimas hasta el 2,9%. La inflación subyacente lleva nueve meses consecutivos a la baja, desde julio de 2023, cuando la tasa estaba en el 6,2%, mientras que la inflación general no marca una tendencia clara, aunque sí parece mantenerse en un crecimiento en torno al 3%.
El mes pasado la inflación repuntó cuatro décimas por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad hasta el 3,2% desde los mínimos de año y medio en los que se quedó en febrero (2,8%) y se situó de nuevo por encima del 3%, procentaje sobre el que lleva oscilando desde septiembre de 2023 y se espera que haga durante todo el año.
En tasa mensual, los precios de consumo subieron un 0,7% durante abril, por debajo del alza de marzo, cuando con un 0,8% marcaron el mayor aumento desde febrero del año pasado.
En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3,4%, una décima por encima de la registrada el mes anterior, mientras que la variación mensual fue del 0,6%.
El Ministerio de Economía señala que el dato de inflación sigue reflejando la capacidad de la economía española de compatibilizar el mayor crecimiento económico entre los principales países de la zona euro con una moderación de los precios y el mantenimiento del apoyo a los más vulnerables.
«La moderación gradual de la inflación se traduce en la mejora del poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas españolas», han añadido desde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.
El mercado de trabajo firma su peor primer trimestre en la EPA desde 2020
Las contrataciones para Semana Santa no amortiguaron la caída del empleo
A cierre de marzo había 2.977.900 parados y 21.250.000 ocupados
El mercado laboral estrenó 2024 con 139.700 ocupados más y 117.000 nuevos parados que elevaron la tasa de paro al 12,29%. Tanto la ocupación como el paro firman su peor primer trimestre para la Encuesta de Población Activa (EPA) desde 2020 a pesar de que el periodo incluyó Semana Santa, uno de los puentes en los que se da un mayor refuerzo del empleo.
Si bien los inicios de año suelen reflejar un desempeño negativo para el empleo, principalmente por el fin de la campaña navideña, los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un comportamiento peor del habitual en los tres primeros meses en los últimos años pese a que este año Semana Santa cayó a finales de marzo; el puente, para el que normalmente se elevan las contrataciones con anterioridad -especialmente en hostelería y comercio- no ha amortiguado la pérdida de empleo que suele darse entre enero y marzo ni ha evitado anotar el peor primer cuarto de año desde el año de la pandemia.
El total de ocupados cedió hasta los 21.250.000, la menor cifra también desde el primer trimestre del año pasado. Si se obvia el primer trimestre de 2020, la de este año ha sido la mayor caída de la ocupación en un arranque de ejercicio desde 2014, cuando se destruyeron 184.600 empleos. El ‘alivio’ viene de la mirada anual, que indica que en un año se han creado 615.800 empleos (+3%).
La destrucción de empleo se concentró, sobre todo, en el sector privado, que perdió 114.100 empleos (-0,6%), hasta un total de 17,66 millones. El sector público recortó sus puestos de trabajo en 25.600, un 0,7% menos respecto al trimestre anterior, hasta un total de 3,55 millones de ocupados.
Si bien la caída se produjo en todos los sectores, fue Servicios el que encabezó las caídas, con 56.100 ocupados menos. Le sigue Industria (-38.500), Agricultura (-27.600) y Construcción (-17.500).
La destrucción de empleo afectó más a las mujeres (-86.800) que a los hombres (-52.900). Si se analiza por edades, el otro aspecto social más destacable, el número de ocupados de 55 años en adelante batió un nuevo récord al aumentar en el primer trimestre en 16.500 personas hasta un nuevo máximo de 4.481.500 personas.
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La tasa de temporalidad, más baja que nunca
El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 199.700 personas hasta marzo (-1,08%), mientras que los asalariados a tiempo parcial se incrementaron en 59.900 (+2,08%), hasta sumar 2,94 millones de personas. El empleo a tiempo completo se incrementó en 501.100 personas en los 12 últimos meses y el empleo a tiempo parcial en 114.700. Por su parte, el empleo indefinido creció en 814.300 personas, mientras que el temporal bajó en 220.100. En este contexto, la tasa de temporalidad retrocedió hasta el 15,7%, su mejor registro de toda la serie histórica.
En los 12 últimos meses el empleo aumentó en 615.800 personas, un 2,98%, (con incrementos de 314.000 mujeres y 301.800 hombres). Por sectores, el mayor aumento se dio en los Servicios (522.700 ocupados más). En el año, los ocupados tiempo completo se incrementaron en 501.100 personas, y a tiempo parcial en 114.700. Asimismo, el empleo indefinido creció en 814.300 personas, mientras que el temporal bajó en 220.100.
Según Estadística, el número de asalariados se redujo en el primer trimestre en 69.800 personas (-0,4%), concentrándose todo el ajuste en el empleo temporal (-173.500), ya que los asalariados con contrato indefinido aumentaron entre enero y marzo en 103.700 (+0,69%), hasta superar los 15,2 millones.
El total de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados en el primer trimestre bajó un 0,3% interanual, con 664,74 millones de horas trabajadas, frente a las 666,95 millones de un año antes. Así, el número medio de horas efectivas trabajadas a la semana disminuyó un 3,6% interanual, hasta las 32,4 horas, la cifra más baja en un primer trimestre desde 2021.
El paro se acerca de nuevo a los tres millones
El paro vuelve a acercarse a los tres millones. En total, a cierre de marzo había en España 2.977.900 personas en situación de desempleo, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2023 tras un aumento más pronunciado que el del año pasado. Sin contar 2020, el incremento del desempleo entre enero y marzo de este año es el más elevado para este periodo desde 2013 (+257.000 desempleados).
Así, la tasa de paro repuntó casi medio punto hasta el 12,29%, su valor más alto desde el primer trimestre de 2023. La evolución del último año indica, con todo, que el paro se ha reducido en 208.500 personas (-6,5%) y la tasa de paro ha retrocedido 1,09 puntos.
Desde el Ministerio de Economía han destacado en su valoración a los datos de la EPA que el primer trimestre del año se caracteriza por una «desfavorable estacionalidad» y que, en comparación con un año antes, la tasa de desempleo es más de un punto inferior.
El paro subió especialmente en Servicios (+128.600 parados, o un 11,5% más), seguido de la Industria, con 28.900 desempleados más (+24,1%); Construcción, que sumó 26.700 parados entre enero y marzo (+26,1%), y Agricultura, con 800 desempleados más (+0,6%). Bajó, sin embargo, entre los parados de larga duración (-32.400 parados) y en el colectivo de los que buscan su primer empleo (-35.600 parados). Éste último, indican los datos del INE, marcó en este trimestre su cifra más baja desde el segundo trimestre de 2020 con un total de 271.100 desempleados.
El ascenso del paro en el primer trimestre afectó en mayor medida a los hombres, con un aumento del desempleo de 77.500 (+5,8%), frente a un repunte del paro femenino de 39.500 mujeres (+2,6%). Tras esta última actualización, la tasa de paro femenina aumentó cuatro décimas, hasta el 13,73%, mientras que la masculina subió seis décimas, hasta el 11%.
Por edades, buenas noticias -relativas- para la tasa de paro juvenil. El número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 16.000 personas en el primer trimestre, lo que supone un 3,3% menos que en el trimestre anterior, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 465.000 al finalizar marzo. Esto reduce la tasa de paro juvenil hasta el el 27,7% a cierre del primer trimestre, seis décimas inferior a la del último trimestre del año pasado (28,36%) y la más baja desde 2008, según ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
De los 2,97 millones de parados contabilizados en España al finalizar el primer trimestre del año, el 15,6% son jóvenes menores de 25 años y el 35,4% son parados de larga duración (más de un año en el desempleo).
Más de 17 millones de inactivos
En cuanto a la tasa de actividad, se redujo dos décimas, hasta el 58,63%, ante la disminución del número de activos en 22.700 personas entre enero y marzo (-0,09%). En el último año, el volumen de activos se ha incrementado en 407.300 personas (+1,7%).
Los inactivos se elevaron por encima de los 17 millones por primera vez desde el segundo trimestre de 2020, en plena pandemia tras aumentar en 128.100 personas.
Los hogares con todos los miembros en paro suben un 5,3%
Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 49.700 en el primer trimestre, un 5,3% más respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 977.900. En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 88.100, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 8,2%.
Entre enero y marzo, los hogares con todos sus miembros ocupados bajaron en 108.500 (-0,9%), hasta un total de 11.545.000 hogares. No obstante, en los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 346.900 (+3,1%).
El número de ‘ni-nis’ (jóvenes de 16 a 29 años que ni trabajan ni estudian) también repunta. En el año, esta estadística se han engrosado en 19.400 personas, hasta suponer 927.500. La otra cara, los ‘si-sis’ (trabajan y estudian) aumentaron en mayor proporción: 92.300 más que un año antes y la cifra más alta desde T2-2007 que totaliza 1.060.600.
14.611 empresas confiaron el año pasado en Ecoembes para dar respuesta a sus obligaciones relativas a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y aportaron 606,6 millones de euros para el reciclaje de casi 1,7 millones de toneladas de residuos
La separación de basuras en diferentes cubos es un gesto ya habitual en cualquier casa española, pero a veces nos olvidamos de los objetivos principales de esta práctica: cuidar al medio ambiente, reducir la generación de residuos y facilitar su reincorporación al ciclo productivo en forma de materia prima reciclada para fabricar nuevos productos.
El grueso de ese trabajo lo asume desde 1997 Ecoembes, año en el que esta entidad sin ánimo de lucro inició su actividad, como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), destinado a garantizar la gestión de envases de plástico, metal, brik, madera, papel y cartón en España. Desde entonces la cantidad de estos residuos que se ha enviado a reciclar ha crecido de manera constante hasta alcanzar el año pasado las 1.683.890 toneladas en envases reciclados, un 3,5% más que en 2022 y un 12% más que hace cinco años.
“Estamos orgullosos de haber impulsado el sistema de reciclaje de envases domésticos en España, en colaboración con las empresas, las administraciones públicas y toda la ciudadanía, con el que ofrecemos soluciones que son eficaces, eficientes, innovadoras y con garantía de cumplimiento”, afirma Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes.
Si nos fijamos en el tipo de material que componen las casi 1,7 millones de toneladas de envases domésticos recicladas, observamos que 733.673 fueron de envases plásticos (un 3,5% más que en 2022), 697.305 de papel y cartón (+4,6%), 243.604 metálicos (+0,1%) y 9.308 de madera (+3,28%).
Todo ese volumen ha sido gestionado en alguno de los 495 recicladores homologados por Ecoembes, que garantizan el correcto tratamiento de los residuos de envases contribuyendo así a su circularidad. Esto ha conllevado, además, el ahorro de 9,84 millones de MWh de energía, 15,53 millones de m3 de agua y evitó la emisión de 1,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
En cuanto al origen de todo lo reciclado, el 73,1% provenía de la recogida separada, que incluye tanto las 1.012.036 toneladas procedentes de la recolección selectiva municipal (60,1%), que se realiza a través de los contenedores amarillos y azules de la calle, como las 219.424 toneladas recogidas mediante gestión privada (13%) y a través de puntos de reciclaje situados en lugares de gran afluencia de público como estadios, aeropuertos, estaciones o en multitud de eventos. El 26,9% restante (452.430) se consiguió recuperar de las plantas de residuos que tratan la fracción denominada “resto”. Una cifra que evidencia que, aunque el reciclaje es un hábito medioambiental muy consolidado, se puede extender aún más. “En línea con nuestro propósito de trabajar por un futuro sin residuos, sabemos que todavía hay camino por recorrer, y por eso nos enfocaremos en ir más allá del reciclaje, con la reducción, la reutilización y la lucha contra la basuraleza en nuestra hoja de ruta. Y lo haremos con la escucha, la participación y la transparencia como principios de gobernanza”, asegura la responsable de Ecoembes.
Hay que recordar que es una organización sin ánimo de lucro, por lo que no tiene beneficios. Para ello, cada año equilibra sus ingresos y costes. Unos costes que en 2023 ascendieron a 802,1 millones de euros por el reciclaje de envases domésticos. De ellos, 789,9 millones (el 98,5%) se destinaron a garantizar la operativa del reciclaje. Esto incluye los 397.721 contenedores amarillos y 253.322 azules disponibles en la vía pública y los más de 57.643 puntos de reciclaje y 310 máquinas RECICLOS instaladas en espacios de gran afluencia de público (como aeropuertos, universidades, estadios de fútbol u oficinas); así como la puesta en circulación de los camiones que recogen los contenedores, el pago de operarios, el proceso de selección llevado a cabo en las plantas, el traslado de residuos, las campañas de concienciación o la innovación para la mejora del sistema. Los 12,2 millones de euros restantes (el 1,5%) correspondieron a costes de estructura, como arrendamientos, provisión de insolvencias o personal.
Pondrá el foco sobre aquellos que impiden a los clientes pagar con tarjeta
Hacienda incrementará este año el control sobre autónomos y pymes para luchar contra la economía sumergida y, por ende, contra el fraude fiscal, tal y como recoge en el Plan Anual de Control Tributario para este año y en su Plan Estratégico para 2024-2027. El tamaño de la economía sumergida en España en 2022 fue del 15,8% del PIB, aunque una vez deflactada de aquellas actividades que no pueden ser fiscalmente emergibles, quedaría reducida al 10,5%, según un estudio elaborado para el Parlamento Europeo.
Foco en el efectivo
Uno de los puntos donde la Administración Tributaria pondrá el foco es en vigilar a todos aquellos profesionales que impidan a los clientes pagar con tarjeta de crédito o débito. La Agencia Tributaria ha anunciado una batería de medidas para reforzar la inspección sobre los profesionales que realizan ventas o prestan servicios directamente al consumidor final y manejen un elevado uso del efectivo ante el riesgo de que no tributen todos los ingresos que perciben. La Administración señala que «potenciará las actuaciones, incidiendo en aquellos contribuyentes que no admitan pagos por medios bancarios».
Ocultación de ventas
Asimismo, también vigilará a aquellos empresarios y profesionales de los que se sospeche que falsean sus ventas reales. «Se llevarán a cabo actuaciones de control de aquellos contribuyentes que declaran una evolución irregular o anómala del importe de sus existencias que sea inconsecuente con su actividad declarada e indicio de la posible existencia de ventas ocultas», señala la Administración en su planCon este objetivo, Hacienda señala que intensificará este año las inspecciones in situ, es decir, con presencia física a los locales de los obligados tributarios (solo si son empresas) para hacer una comprobación de las ventas. La Administración señala que estas inspecciones tienen efectos muy favorables no solo en relación con las cuantías liquidadas y las deudas descubiertas, sino también en la mejora de comportamiento de los empresarios. «Durante 2024 es preciso perseverar en la solicitud de autorizaciones a las autoridades administrativas competentes y, en casos concretos, incluso a las autoridades judiciales», señala la Agencia Tributaria.
Sectores clave
La Administración, en su lucha contra el fraude fiscal, apunta también que mantendrá su presencia en aquellos sectores y negocios en los que se aprecie un alto riesgo de economía sumergida, «con especial uso de efectivo», incluso si los pagos se quedan por debajo de los actuales límites que prohíbe la ley. En la actualidad, la cuantía máxima que se puede pagar en efectivo cuando en la operación alguna de las partes es un empresario o profesional es de 1.000 euros.
«El control de las transacciones realizadas en dinero efectivo es prioritario, ya que suelen estar muy vinculadas a la economía sumergida, por lo que, con independencia de cuáles sean los límites cuantitativos que se encuentren vigentes de acuerdo con la normativa aplicable, las operaciones en efectivo continuarán siendo objeto de atención una vez más por parte de la Administración tributaria», apunta.
Signos de riqueza
Por otro lado, señala que también potenciará sus actuaciones contra aquellos contribuyentes cuyos signos externos de riqueza, patrimonio, rentabilidad o de información financiera sean «incoherentes» con las rentas declaradas. Es decir, que vivan por encima de lo que permiten los ingresos por los que tributan.
La Administración también señala que estará vigilante contra las nuevas formas de fraude que permite internet. «Se ha detectado la aparición de empresas fraudulentas que aprovechan las oportunidades que les brinda el comercio electrónico a fin de obtener ventajas comerciales desleales eludiendo sus obligaciones en el IVA«, indica Hacienda.
Factura electrónica
La Agencia Tributaria pondrá en marcha a mediados de 2025 dos novedades en materia de facturación para pymes y autónomos. De un lado, obligará a que todas las facturas se emitan de manera electrónica y, de otro, a que se reporten de forma inmediata al fisco. Esta segunda modalidad, denominada ‘Veri*factu’, evitará el uso del programas informáticos de facturación para la ocultación de las ventas.
El objetivo es mejorar la competitividad, facilitando la oferta de programas educativos conjuntos que beneficiarán tanto a los alumnos europeos como a los extracomunitarios
La necesidad de seguir integrando Europa para aumentar su resiliencia y competitividad afecta a todos los planos, incluso el académico. En el camino hacia la autonomía estratégica, Bruselas ha determinado que los Veintisiete no solo necesitan eliminar las barreras en el sector bancario y los mercados de capitales, sino también integrar los mercados laborales del Viejo Continente para superar la escasez de profesionales. En este contexto, la Comisión Europea (CE) presentó recientemente tres propuestas para potenciar el sector. Entre ellas, el ejecutivo comunitario destaca los primeros lineamientos para “Títulos europeos”, una certificación académica que será reconocida automáticamente en todos los países miembros y reducirá los trámites burocráticos.
En un documento oficial, la Comisión Europea explica que estas tres iniciativas abordan las barreras legales y administrativas que “impiden a las universidades asociadas establecer programas de titulación conjuntos que sean competitivos a nivel de licenciatura, maestría o doctorados”. En este contexto, además del un “título europeo”, el paquete presentado incluye dos propuestas para apoyar al sector de la educación superior: una para mejorar los procesos de garantía de calidad y el reconocimiento automático de las cualificaciones en la educación superior; y otra para hacer las carreras académicas más atractivas y sostenibles.
Una portavoz de la Comisión Europea ha respondido a CincoDías que estas iniciativas tienen el potencial de proporcionar a la economía europea el talento cualificado que necesita. “Esto es particularmente pertinente en tiempos en los que abordar las brechas de escasez de mano de obra y áreas tecnológicas críticas es crucial para nuestra competitividad y soberanía. Al mismo tiempo, ofrecer esta certificación también impulsaría la movilidad educativa dentro de la UE, abordaría las necesidades de las regiones que enfrentan una trampa de desarrollo de talentos, y ayudaría a satisfacer la demanda del mercado laboral de graduados europeos”, asegura la portavoz de la CE.
Desde el Ejecutivo comunitario también expresan que la búsqueda de un mercado único europeo unificado y la obtención de un título europeo están “intrínsecamente vinculados”. Les une su objetivo compartido de fomentar la libre circulación a través de las fronteras de los Estados miembros, el crecimiento económico y la competitividad dentro de la Unión Europea. “El título europeo fomentará una reserva de talentos cualificados a escala europea y ayudará a atraer talentos para formarlos en un espacio educativo europeo competitivo y atractivo”, apunta la portavoz.
En esta línea, desde Bruselas también consideran que las propuestas pueden aumentar la capacidad de las instituciones para satisfacer la demanda del sector privado. “Los empleadores, incluidas las multinacionales y las pymes, buscan profesionales con una combinación de habilidades transversales: inteligencia cultural, pensamiento crítico, habilidades para resolver problemas, creatividad y adaptabilidad. Un título europeo hará que estas personas sean más visibles para los empleadores y facilitará su contratación”, destaca la portavoz.
El reto de la integración
La Comisión Europea viene trabajando en este campo desde septiembre de 2020, cuando el Ejecutivo comunitario reconoció la necesidad de “facilitar la impartición de programas de titulación conjuntos por parte de las alianzas de educación superior”. Sin embargo, la parte difícil vendrá con la negociación de los próximos meses, cuando las propuestas se discutirán con el Consejo de la UE y las partes interesadas.
Dicho esto, la portavoz del Ejecutivo comunitario manifiesta que estas medidas surgen justamente de la necesidad de superar los numerosos obstáculos para la cooperación transnacional que existen por las competencias locales; ya que los sistemas nacionales y regionales de educación y sus reglamentos se han desarrollado en gran medida de forma independiente.
“Con la ayuda de 140 universidades que participan en proyectos de experimentación de políticas, identificamos más de 50 tipos diferentes de obstáculos legales y administrativos que enfrentan las universidades cuando quieren crear programas conjuntos. El título europeo resolvería muchas de estas disparidades administrativas y legales entre los sistemas nacionales y regionales al equiparlos con una vía fácil y coherente para trabajar entre sí”, indican desde Bruselas.
La portavoz de la CE resalta que entre las principales barreras se encuentran las limitaciones al multilingüismo en titulaciones conjuntas, así como la falta de reconocimiento del aprendizaje combinado o en línea (que impide el pleno uso del potencial de las herramientas digitales en la educación). Las normas nacionales específicas sobre la forma de los exámenes finales y las escalas de calificaciones; así como la concesión y entrega de títulos y diplomas, son otros campos que estarían sujetos a normas restrictivas, según la CE.
Bruselas propone un enfoque gradual para los Estados miembros, con dos posibles “puntos de entrada” para iniciar la integración. El primero es la creación de una “etiqueta europea” preparatoria, que se otorgaría a los programas de titulación conjunta que cumplan los criterios europeos y que se recibiría junto con los títulos conjuntos. El segundo, la creación de un nuevo tipo de cualificación que se basaría en criterios comunes y estaría anclado en las legislaciones nacionales. Esté grado sería otorgado conjuntamente por universidades de diferentes países o posiblemente por una nueva entidad jurídica de universidades europeas.
Dicho esto, la portavoz de la Comisión Europea aclara que el título europeo voluntario no sustituiría a los títulos nacionales, sino que actuaría como puente entre los diferentes sistemas, basándose en criterios comúnmente acordados. Así, las universidades podrían decidir si ofrecerlo o no en el contexto de una cooperación transnacional.
Para emprender el camino hacia un título europeo, la Comisión tiene previsto lanzar en 2025 los llamados “proyectos de itinerarios universitarios europeos”, dentro del programa Erasmus+. El objetivo es ofrecer incentivos financieros a los Estados miembros, junto con sus agencias de acreditación, universidades, estudiantes e interlocutores económicos para participar de esta iniciativa.
Beneficiados
Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente de IE University, opina que la movilidad de talento contribuirá a la integración económica, generando nuevas empresas. “Los nuevos títulos responderán a las nuevas necesidades de empresas y organizaciones. Los consorcios de universidades que se creen para ofrecer esos títulos tendrán vocación de atraer a un buen número de alumnos y reforzarán la conexión entre universidades y la sociedad”, explica el experto a CincoDías.
Desde Bruselas también contemplan que estas medidas pueden beneficiar a otros colectivos, entre ellos los estudiantes extranjeros. “Se podría ofrecer un título europeo a cualquier estudiante que estudie en Europa, independientemente de su ciudadanía; aunque corresponderá a las universidades organizar la admisión de los estudiantes, como ocurre con todos los programas que ofrecen. Además, queremos que Europa se convierta en un destino educativo atractivo para los nacionales de terceros países”, expresa una portavoz de la Comisión Europea.
Dicho esto, desde el Ejecutivo comunitario, consideran que permitir la creación de más programas conjuntos también ayudaría a atraer y retener más talento en Europa; al tiempo que apoyaría la cooperación con universidades y sistemas de todo el mundo. “Esto sería especialmente beneficioso para las regiones que se enfrentan a la trampa del desarrollo del talento, es decir, el impacto de una población más joven que se marcha. Asimismo, si eres nacional de un tercer país, en lugar de venir a seguir un programa universitario nacional, se te ofrecería la posibilidad de seguir un programa transnacional en varias universidades de varios países de Europa y obtener un título europeo”, explican desde Bruselas.
“El objetivo fundamental es promover la movilidad de estudiantes, profesores y de talento en general. La movilidad geográfica y la exposición a distintas culturas ha sido una característica esencial en la educación universitaria desde el momento de su fundación en el siglo XIII. Además, se trata de una iniciativa que fortalecerá la identidad europea de las futuras generaciones. El programa Erasmus ha contribuido a la integración europea más que el euro”, resalta Santiago Íñiguez de Onzoño.
Bruselas también apuesta por seguir potenciando la educación digital
La Comisión Europea presentó recientemente dos propuestas al Consejo Europeo, con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a proporcionar “educación y formación digitales de alta calidad, inclusivas y accesibles para desarrollar las capacidades digitales de los ciudadanos europeos”, según informa un comunicado oficial de Bruselas. Las propuestas mencionadas abordan dos principales desafíos comunes identificados por la UE: la falta de un enfoque gubernamental integral para la educación digital y las dificultades para dotar a las personas de las habilidades digitales necesarias.
Según los autores de la propuesta, la meta de lograr una mejor educación digital europea podría lograrse mediante la creación de un “marco coherente de inversión, gobernanza y formación docente para una educación digital eficaz e inclusiva”. En esta línea, se proponen una serie de medidas que los Estados miembros pueden seguir para implementar este enfoque de todo el gobierno y con la participación de partes interesadas.
“A pesar de los avances y algunos excelentes ejemplos de innovación, los esfuerzos combinados hasta ahora no han dado como resultado una transformación digital sistémica en la educación y la formación. Los Estados miembros todavía luchan por alcanzar niveles suficientes de inversión en infraestructura de educación y formación digital, equipos y contenidos para docentes y personal, y evaluación de las políticas”, reconocen desde el Ejecutivo comunitario. En esta línea, otra acción clave para alcanzar este objetivo será facilitar el reconocimiento de una nueva “certificación de capacidades digitales” que sea válida a nivel regional. Para ello, la Comisión llevará a cabo un proyecto piloto del “Certificado Europeo de Capacidades Digitales” junto con varios Estados miembros.
“El certificado tiene como objetivo mejorar la confianza y la aceptación de la certificación de habilidades digitales en toda la UE. Esto ayudará a que las habilidades digitales de las personas sean reconocidas de manera amplia, rápida y sencilla por parte de empleadores, proveedores de capacitación y más”, expresa la Comisión Europea en un comunicado reciente.
McDonald’s ha anunciado este jueves que busca tomar las riendas de su negocio en Israel al adquirir los 225 restaurantes franquiciados que existen en el país. La toma de control de las operaciones de su franquiciado local, la firma Alonya, es un primer intento de respuesta por parte del gigante estadounidense de la comida rápida después de que la guerra en Gaza convirtiera a las tiendas en punto de polémica
El hasta ahora franquiciado de McDonald’s en Israel, que fue el encargado de traer el Big Mac al país, se volcó con los esfuerzos bélicos en pleno conflicto militar. De esta manera, soldados y agentes de seguridad israelíes podían beneficiarse de descuentos de hasta 50%, algo que han imitado también otras grandes cadenas de comida rápida. Además, el operador local se enorgulleció en Instagram de haber donado hasta 100.000 comidas a los combatientes.
Esto ha generado llamamientos al boicot en otros países de la región así como tensiones con otras firmas que explotan los derechos de la hamburguesería en países como Omán, Líbano, Turquía, Arabia Saudí o Kuwait. Esto ha provocado, según la agencia de noticias Bloomberg, que el consejero delegado de la compañía, Chris Kempczinski, haya condenado internamente “los actos de antisemitismo e islamofobia”. Los famosos arcos dorados de las tiendas de McDonald’s también se han convertido en objetivo de ataques, aunque aislados.
El verdadero problema para la compañía con sede en Chicago está en el impacto en el negocio. En lo que va del año, los títulos de McDonald’s pierden más de un 9%, motivado por los resultados del cuarto trimestre de 2023, que decepcionaron a los analistas porque era el menor crecimiento desde 2020. Kempczinski reconoció que el conflicto en Medio Oriente, región que representa aproximadamente el 10% de las ganancias y el 4% de sus tiendas a nivel global, tendría un “impacto significativo”. Además, la situación ha obligado a asistir a algunos operadores locales con reducciones en el porcentaje de regalías que cobra a los franquiciados.
No se trata del único gigante estadounidense afectado por la operación. “Starbucks y McDonald’s se encontraron con problemas finales del año pasado por el apoyo percibido a Israel, lo que ha generado un llamamiento al boicot en redes sociales y una caída en el interés por parte de los consumidores”, sostiene Michael Halem, analista de Bloomberg Intelligence. Sin embargo, este experto sostiene que la cadena de hamburguesas no sería la firma más afectada del sector.
Repensar la operación
“McDonald’s continúa comprometida con el mercado israelí y busca asegurar una experiencia positiva para los consumidores y los empleados de aquí en adelante”, ha manifestado Jo Sempels, quien dirige las operaciones internacionales de la firma estadounidense. Sin embargo, la compañía ha evitado hacer referencia directa a los motivos detrás de la decisión. La prensa israelí afirma que el plan de McDonald’s incluye incorporar un nuevo socio local en los próximos meses, una vez que termine de cerrar su acuerdo con Alonyal.
La decisión de ‘la gran M’ dista de lo que ha hecho en otros mercados afectados también por la guerra. En mayo de 2022, a poco de comenzado el conflicto militar con Ucrania, la compañía decidió traspasar su filial rusa a un socio de Siberia, que renombró la marca y cambió (a medias) su menú. La nueva firma, llamada Vkusno & tochka (que puede traducirse como “Sabroso y punto”) ya no ofrece las icónicas hamburguesas, pero conserva el mismo estilo y modelo de operación. La expectativa del exfranquiciado es que la compra, que fue por un “precio simbólico” según afirmaron a la prensa, sea rentable en menos de dos años. Por su parte, los restaurantes en Ucrania comenzaron a reabrir desde agosto de 2022 después de interrumpir sus operaciones por seis meses tras el inicio del conflicto bélico.
La policía encontró inmigrantes chinos y paquistaníes sin documentos, obligados a comer y dormir en las fábricas
Un tribunal italiano pone bajo administración judicial de un año a Giorgio Armani Operations, el brazo industrial del grupo de moda italiano Armani. Según un fallo de 31 páginas al que ha tenido acceso Reuters, los jueces de Milán acusan a la empresa de subcontratar la producción a empresa chinas que explotan a los trabajadores. Durante este periodo, la compañía seguirá funcionando, pero bajo un administrador designado judicialmente.
Según la sentencia, Giorgio Armani Operations había subcontratado la producción de bolsos, cinturones y artículos de cuero a dos empresas que a su vez subcontrataron el trabajo a cuatro compañías chinas cuyos talleres se encuentran en las afueras de Milán. Las empresas pagaban entre dos y tres euros por hora para que trabajaran una media de 10 horas al día y en algunos casos hasta siete días a la semana. Los artículos se vendían a los subcontratistas de Armani por 93 euros y posteriormente se revendían a Armani por 250. En las tiendas los precios llegaban a alcanzar los 1.800 euros, según la información publicada por Reuters.
Armani asegura en un comunicado que había tomado medidas de control y prevención para minimizar los abusos en las cadenas de suministro. La firma de moda asegura que trabajará con las autoridades para esclarecer los hechos. La decisión forma parte de la investigación que desde hace años está llevando a cabo la Fiscalía de Milán sobre la subcontratación de la producción por parte de las grandes grupos de moda y otros sectores a empresas que supuestamente explotan a los trabajadores.
Según la consultora Bain, en Italia miles de pequeños fabricantes cubren entre el 50% y el 55% de la producción mundial de ropa y artículos de lujo frente al 20-25% del resto de Europa. La empresa de moda Alviero Martini, que fabricaba sus bolsos en talleres chinos, también fue sometida recientemente a supervisión judicial.
La información recogida por los investigadores apuntan a que la subcontratación de Armani se lleva produciendo desde 2017 hasta al menos febrero de 2024, cuando la policía visitó los talleres por última vez. En la sentencia los jueces de Milán señalan que las violaciones del código laboral eran un ejemplo de prácticas comerciales desleales. “Las investigaciones descubrieron prácticas irregulares tan profundamente arraigadas y establecidas que pueden considerarse parte de una estrategia más amplia de crecimiento empresarial”, afirman los jueces.
La policía encontró inmigrantes chinos y paquistaníes, la mayoría sin documentos, obligados a comer y dormir en las fábricas en condiciones degradantes y empleados sin ningún tipo de contrato. Las violaciones del código ético eran una constante. Los trabajadores empleaban maquinaria con dispositivos de seguridad eliminados intencionadamente. Además estaban expuestos a productos químicos potencialmente peligrosos y se les negaba exámenes médicos, recoge el fallo judicial.
Los propietarios de las empresas contratistas y subcontratistas están bajo investigación, mientras que Armani Operations fue puesta bajo administración por no controlar la cadena de producción. Los documentos judiciales indicaron que los talleres de propiedad china también elaboraban productos para otras marcas de moda.
