Economía e Iniciativa Emprendedora

Las compañías están atesorando liquidez por el miedo generado ante la crisis al tiempo que alargan sus plazos de pago, lo que pone en aprietos la cadena de pagos y la solvencia de otras empresas.

En los primeros compases de la irrupción del coronavirus en España, en marzo, hubo 122.000 empresas que echaron el cierre ante la falta de actividad, una cifra cuatro veces mayor que el peor mes de la crisis de 2008. Pero lo peor podría estar por llegar, ya que hay más de medio millón de compañías que podrían quebrar en los próximos meses por los retrasos en los pagos por parte de sus proveedores, según denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a un millón de compañías. De hecho, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, que expondrá estos datos hoy en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, denuncia que aunque se han facilitado líneas de liquidez para muchas empresas, la mayoría han optado por guardar buena parte de este dinero por si acaso, retrasando los pagos a sus proveedores, lo que hace que la solvencia del conjunto del sistema se hunda y pone en jaque la supervivencia de gran parte de las compañías.

De acuerdo con un estudio de la PMcM, el 70% de las empresas están observando plazos de pago más largos desde que comenzó la crisis del coronavirus y, aunque normalmente son las grandes empresas las que más se retrasan, ahora son las pymes las que más extienden el abono de sus facturas más allá de la fecha de vencimiento, lo que pondría de manifiesto la falta de liquidez. «Si no se pone remedio a la ruptura de la cadena de pagos, habrá un gran número de quiebras, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que están a dos mensualidades de no aguantar más. Entre el 15% y el 20% de las empresas podrían desaparecer, y la mayoría de las quiebras se producirán por falta de liquidez por la ruptura de los flujos monetarios», subraya Cañete. Esto es, entre 500.000 y 600.000 empresas.

El gran problema es que el Estado se ha preocupado de inyectar dinero en las empresas, pero no de asegurar que ese dinero se emplee para pagar las facturas pendientes. Hasta la fecha, el Estado ha garantizado financiación por valor de 65.000 millones de euros a empresas y autónomos, situando a las compañías del sector del turismo y el ocio entre los principales beneficiarios. Por regiones, la mayor parte de las operaciones se han producido en Cataluña, Andalucía y Madrid. Sin embaro, esto no resuelve el problema. «Las empresas se están proveyendo de financiación, pero el pánico y la no obligación de hacer los pagos hace que se la guarden para sí, lo que está rompiendo las cadenas de pagos y perjudicando al conjunto del sistema, ahí es donde está realmente el drama y nadie está velando porque eso no se produzca», señala Cañete, que achaca este escaso cumplimiento a que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) delega esta responsabilidad en los bancos, cuando es la Administración quien debería ocuparse de ello, ya que la Agencia Tributaria y el Ejecutivo «disponen de información sobre el del 90% las facturas en España, saben cuándo se emiten, cuándo se pagan y cuándo se deberían haber pagado», subraya.

Un nuevo virus

¿Y cuál es el impacto de este alargamiento en los pagos? «Esto es como una expansión de un virus, por cada factura que se deja de pagar se ponen en peligro tres o cuatro facturas más, y eso al final genera un flujo concatenado de impagos que lleva al cierre de las empresas», señala Cañete. Además, añade que el problema se incrementará el próximo ejercicio, ya que ahora los préstamos del ICO carecen de intereses, pero en 2021 «las empresas van a tener problemas de tesorería y van a tener que hacer frente a estos pagos, cuyo tipo medio está al 2,5%», lo que puede ser un problema añadido. Y eso puede suponer que la salida de la crisis sea mucho más lenta, tal como han advertido varios organismos, ya que si no hay empresas para responder a la demanda cuando ésta se recupere, la demanda se irá hacia otros países. Por ello, la PMcM propone varias recetas enfocadas a aumentar la liquidez en manos de las empresas y a obligar a estas a mantener la cadena de pagos. Entre ellas, plantean forzar a la Administración a pagar ya las facturas pendientes que han excedido el plazo legal (cerca de 8.500 millones de euros), que se implante un sistema de compensación de créditos fiscales entre el Estado y las empresas o libere parte de los 12.000 millones de euros de remanente que los municipios tienen retenidos.

Un elevado endeudamiento empresarial

El alargamiento de los plazos de pago no es nuevo, ya que venía se venía produciendo también los dos últimos años, a pesar de la recuperación económica, de acuerdo con la PMcM. De hecho, los plazos medios de pago del sector privado se situaron en 73 días el año pasado, 13 más de lo permitido legalmente, mientras que el sector público abonó sus facturas a 70 días, más del doble de lo permitido. Y, más preocupante todavía, el 3,1% de las facturas se quedaron sin pagar, una cifra que muestra una notable subida desde el 2,3% registrado tres años atrás y que supone el dato más elevado desde 2015. Además, esta situación coincide con una posición financiera muy vulnerable entre el tejido empresarial, según Crédito y Caución, ya que el endeudamiento de las empresas españolas equivale a dos terceras partes de sus activos, una cifra que se dispara entre las micropymes, ya que esta ratio llega a alcanzar el 80,5% del balance en las empresas de entre 2 y 5 empleados.

• La reapertura de los juzgados provoca la avalancha y eleva los procesos un 295%
• Calviño defiende limitar las ayudas públicas a las empresas

Los concursos de acreedores empresariales alcanzaron los 162 en el mes de mayo, lo que supone multiplicar casi por cuatro los registrados en el mes de abril -durante las semanas más duras de la pandemia-, aunque entasa interanual se recortaron un 56%, según los datos de Informa D&B publicados este jueves. Por su parte, el pasado mes también se registraron 506 disoluciones, lo que supone un descenso respecto a las 557 del mes de abril y también una caída del 74% frente al mismo mes del año pasado.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, indicó que abril fue el mes en el que menos concursos se han registrado en España, con un total de 41, debido al estado de alarma, pero en mayo los juzgados volvieron a tener actividad, por lo que el número de concursos se incrementó un 295%.

Gianese añadió que a la baja actividad de los juzgados hay que añadir que el real decreto aprobado por el Gobierno con motivo del Covid-19 señala que, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

En lo que va de año, los concursos empresariales se quedan en 1.393, un 24% menos que en los cinco primeros meses de 2019, y las disoluciones llegan a 11.889, situándose un 22% por debajo.

Cataluña es la CCAA con más concursos en mayo y en lo que va de año

Del total de concursos presentados en lo que va de año, el 78% corresponde a microempresas, casi un 19% a pequeñas empresas, un 2,5% son medianas y solo ocho grandes empresas han iniciado proceso concursal, dos de ellas en mayo.

Cataluña es la comunidad con más concursos tanto en los primeros cinco meses, el 25% del total (349), como en mayo, cuando pasan de los 99 del año pasado a los 31 de este. Las siguientes son Valencia, con 26 procesos en mayo, y Madrid, con 24, que también recortan significativamente su número, un 60% y un 51%, respectivamente.

Las disoluciones, de su lado, las encabeza Madrid, con 2.916 en el acumulado anual, con una bajada del 16%. Andalucía llega a 1.403, un 21% menos, mientras que Valencia recorta un 19% para quedar en 1.173. Solo Madrid representa el 28% de procesos declarados en este periodo.

Evitar inyecciones públicas

En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, considera «imprescindible evitar que haya países que, por su mayor capacidad financiera, puedan inyectar un volumen de recursos importantes en empresas que están compitiendo con otras que puedan no tener el mismo nivel de ayuda financiera».

De este modo, explica Calviño que si se constata un «cambio de tendencia» en la evolución económica de España tras el fin de la hibernación y el inicio de la desescalada, con «cierta recuperación» en la actividad y el empleo, en línea con las previsiones del Gobierno, que apuntan a una recuperación en V asimétrica, con un «crecimiento importante» en 2021.

«Me consta que la Comisión Europea está igualmente preocupada por este tema y, por tanto, está imponiendo condiciones para ese tipo de inyecciones económicas», asegura la ministra acerca de las operaciones que sí se están llevando a cabo en los diferentes países del entorno comunitario.

En marzo de 2020 la economía española registró un déficit de 1.100 millones de euros en el saldo de la balanza por cuenta corriente, frente a los 1.100 millones positivos de marzo de 2019, según los datos de la balanza de pagos publicados este viernes por el Banco de España, que reflejan una necesidad de financiación de 800 millones de euros, frente a la capacidad de financiación de 1.500 millones registrada en el mismo mes del año anterior.

Por componentes, el saldo de bienes y servicios fue de 300 millones en negativo, frente a los 1.500 millones en positivo registrados en el mismo mes del año anterior. La caída del saldo de la cuenta corriente (que disminuye en 2.200 millones) reflejó fundamentalmente la caída del saldo de turismo y viajes, que pasó de los 3.000 millones registrados en marzo de 2019 a 800 millones en marzo de 2020. Tanto los ingresos como los pagos por turismo registraron en marzo de 2020 los mayores descensos en tasa de variación interanual de la serie histórica: -63,3% los ingresos y -44,3% los pagos.

Además, la cifra de ingresos del mes de marzo de 2020, 1.700 millones, es la más baja registrada en un mes de marzo desde 1982. El saldo de las rentas primaria y secundaria fue de -800 millones, frente a los -400 millones de marzo de 2019. Por su parte, la cuenta de capital mostró un superávit de 200 millones.

• El banco señala ahora un cambio brusco en los hábitos de consumo que no se recoge en el índice
• El informe muestra que se aumenta la compra de alimentos, actividades de ocio y comunicación

La inflación es difícil de medir en tiempos de crisis, hasta el punto de que el Banco Central Europeo (BCE), que entre otras misiones tiene la de velar por que los precios no se demanden en la zona euro, ha advertido a los analistas de que «deben ser conscientes de los problemas de medición (transitorios) y monitorizarlos». Para ello, ha desarrollado un trabajo en el que compara el efecto sobre la inflación de la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, con la financiera de 2008-2009.

Los cuatro autores del informe advierten de que las dificultades para medir con rigor la inflación en las crisis se derivan de los cambios, a veces bruscos, de los patrones de consumo. «En épocas de acusada contracción económica, como la que ha provocado la pandemia del coronavirus Covid-19, dichos cambios pueden producirse en plazos más cortos [de un año]».

Periodo de un año

Sin embargo, los índices de precios al consumo se elaboran sobre la base de ponderaciones del consumo constantes a lo largo de un año natural. Los responsables de las estadísticas de cada país establecen lo que comúnmente se denomina la «cesta de la compra» de una familia media y dan a cada producto un peso determinado que sirve para ver cómo influye sus subidas o bajadas de precios sobre la inflación de cada mes.

En las crisis se produce un patrón más o menos común sobre los cambios en los hábitos de compra, según apunta el BCE, lo que provoca que el peso de ciertos productos y servicios sea superior o inferior al que tiene asignado en la «cesta de la compra». Así, los datos publicados estos dos meses de profunda crisis no estarían marcando realmente la evolución del coste de la vida.

El BCE explica que los hogares ajustan sus patrones como respuesta a «las perturbaciones en las rentas y en los precios relativos». Como regla general, el estudio señala que en tiempos de crisis, por la caída de las rentas se evitan los bienes relativamente caros, en favor de los menos caros, y aumentan los productos considerados esenciales. Y, por efecto de los precios relativos, se produce una sustitución de un tipo de producto por otro (por ejemplo, alimentos frente a actividades recreativas, pero también en variedades dentro de un mismo artículo (marcas distintas). Es clásica la sustitución de las carnes de oveja y vacuno por la de pollo o conejo y los productos de marca por los de marcas blancas. Cambios que se producen con mucha rapidez.

Bajando a ejemplos más concretos, el estudio del BCE analiza cómo variaron las ponderaciones de los diez grandes grupos de productos durante la crisis de 2008-2009 o, lo que es lo mismo, cuáles aumentaron ventas y cuáles las redujeron. En el episodio de recesión -concluye el informe-, el porcentaje de gasto en bienes duraderos y semiduraderos, así como en vivienda y servicios se redujo. Por el contrario, se incrementó la proporción del gasto en actividades recreativas y comunicaciones, así como en energía, alimentos y bienes no duraderos.

Confinamiento

Sin embargo, los autores advierten de que es difícil establecer un paralelismo en lo que a inflación se refiere entre la crisis financiera de hace doce años y la actual del Covid-19. El confinamiento en los hogares de millones de ciudadanos y la suspensión de la venta de ciertos productos por el cierre físico de los comercios pueden estar influyendo en los actuales patrones de consumo de forma diferente a la crisis de 2008. Como consecuencia del confinamiento, el estudio señala que el consumo se ha desplazado de los productos energéticos y los bienes duraderos y semiduraderos a los bienes no duraderos y los alimentos.

«Es posible que estos cambios en los patrones de consumo no tengan precedentes, pero también es muy probable que sean transitorio», concluye el informe.

Otro factor, en el que no incide el estudio del Banco Central Europea, es la mayor penetración del ecommerce durante el confinamiento que en la crisis de 2008. Lo que ha beneficiado a determinados productos como queda patente en los datos del IPC del abril en España que arrojan un aumento de más de dos dígitos en el precio del calzado y vestimenta gracias a las ventas por Internet, todo ello a pesar de que las tiendas físicas han permanecido cerradas el pasado mes de abril.

Por primera vez en la historia de la democracia española, el peso del sector público superará al del sector privado al escalar a un 51,5% sobre el PIB, según las previsiones del Gobierno. Ni antes de la Transición, ni en la durísima crisis financiera mundial, con epicentro en 2012, se alcanzó ese nivel, llegándose en el citado ejercicio a un techo del 48,1%. De hecho, solo en el último año, el gasto público sobre el PIB ha crecido nada menos que en diez puntos porcentuales.

En 2019 suponía el 41% del PIB frente al 51,5% previsto para este año. Esta sobredimensión del sector público debilita la respuesta económica a las crisis y en el plano político puede despertar aspiraciones de nuevos crecimientos en el sector público a costa del privado. De hecho, está demostrado que las economías más sanas y dinámicas son las que ajustan sus costes y el tamaño del Estado. Sucede además que no se recortó gasto público cuando se pudo acometer esta tarea, en los años de la recuperación, para preparar a nuestro país ante futuros golpes de la coyuntura. En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez engrosó los gastos. Varias partidas incluidas en los viernes sociales -aumento de los permisos de paternidad, subsidio para mayores de 52 años, cotizaciones de cuidadores, entre otras- elevaron el gasto en al menos 3.200 millones y la subida de las pensiones con el IPC se llevó otros 2.000 millones, cantidades que se sumaron a los 2.500 millones de alza salarial a los funcionarios y que engrosaron la factura pública en cerca de 8.000 millones.

A la luz de los planes enviados a Bruselas por el Gobierno, tampoco este año hay una voluntad oficial de contener el gasto, al que se añadirán partidas como la futura renta mínima (3.000 millones), 1.700 millones en la actualización de las pensiones y algo más de 3.000 para el alza salarial de los funcionarios. Se genera así un aparato público elefantiásico en un momento en el que la crisis vírica cercenará los ingresos y hay que reequilibrar las cuentas y el PIB caerá por encima del 9% según las estimaciones del propio Gobierno.

Se desaprovechó época expansiva en cuanto a reducción del gasto público y al cumplimiento de los objetivos de déficit. Incluso en 2019, ejercicio de crecimiento moderado y bajos costes de financiación, nos permitimos elevar el déficit al 2,8%, tres décimas por encima del año anterior y casi rozando el 3% permitido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y a pesar de que las partidas presupuestadas en 2019, con un marcado interés electoralista, suponían el mayor aumento de gasto publico desde 2010, al elevarse el gasto en un 5,1%, nos desviamos de la cifra presupuestada. Esta desviación, entre otras causas, se produjo por un alza de gastos destinados a sufragar prestaciones sociales (viernes sociales), y aumentos de remuneraciones a empleados públicos. Incluso la AIReF señala que la política fiscal en 2019 adquirió un tono expansivo y que el déficit estructural se amplió del -1,7% del PIB potencial en 2018 al -2,3% en 2019, frente al esfuerzo requerido por la UE de rebajar 0,65 puntos porcentuales.

Aguardan tiempos difíciles

Nuestras fianzas públicas no solo tendrán que sufragar un mayor gasto destinado a familias, trabajadores, colectivos vulnerables y tejido productivo, sino que las arcas verán mermados sus ingresos por la caída de la actividad empresarial y del consumo. El Gobierno estima que el PIB caiga en 2020 un 9,2%, y que el que gasto público suba hasta el 51,5% del PIB, lo que nos conduce a un aumento del déficit público adicional de 134.238 millones, equivalente al 10,34% del PIB, lo que implica el mayor déficit desde 2012 (10,7%).

Para hacer frente al duro impacto de la pandemia, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite a los Gobiernos dotarse de los recursos necesarios de manera temporal. Por supuesto que son momentos en que es necesario aumentar el gasto público para mitigar el duro impacto en la economía, pero resulta de extrema importancia, una vez que los efectos de la crisis se disipen, elaborar un plan de ajuste que vuelva a la ortodoxia y al rigor presupuestario junto con un programa de reformas estructurales que permita aumentar el potencial de crecimiento español.

Es vital que determinadas partidas de gasto no se conviertan en estructurales. Si analizamos algunas partidas del Presupuesto de 2020, se aprecia que por segundo año consecutivo la remuneración de asalariados sube en un 6,09% en función del II Acuerdo para la mejora del empleo público, incluyendo también la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos. Los consumos intermedios crecen un 8,64% manteniéndose previsto el gasto para las elecciones autonómicas. Pero serán las prestaciones sociales la rúbrica que registrará mayor alzan (17,06%), marcada por las pensiones.

El déficit estructural español rebasa el 5%, según la UE, y aboca a un rescate

El mayor problema llegará en 2021, de ahí la importancia de tener el plan de equilibrio, como pide AIReF. Tenemos la suerte de pertenecer a la UE y estar protegidos por el Banco Central Europeo que nos permiten financiar el gasto. Pero llegará el momento que deberemos hacer frente a nuestros compromisos sin dañar nuestro Estado del Bienestar y sin comprometer a las generaciones venideras.

No solo deberemos aplicar cirugía presupuestaria mediante la aprobación de una serie de medidas en materia de pensiones, salarios públicos, prestaciones sociales, sino que es el momento de plantearse una autentica reducción de del tamaño del Estado, que puede pasar, desde la reducción de Ministerios y agrupación de Ayuntamientos, hasta la supresión de determinados entes y empresas públicas. Pero igual de prioritario será centrar el debate en cómo se gestiona nuestro gasto público, y si los niveles de bienestar alcanzados, se hubieran podido conseguir con un menor uso de los recursos públicos. Prueba de ello es que las economías más avanzadas, dinámicas y más resistentes son aquellas que van ajustando sus costes y tamaño del Estado, caracterizándose a la vez por estar realizando auténticos esfuerzos de eficiencia administrativa, eliminación de burocracia y de reducción de gastos del Estado, y más importante, si cabe, llevando a cabo una reducción de impuestos.

España ‘pincha’ en el tamaño del sector público

Según el Ranking de Competitividad Mundial elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) que aborda la competitividad de los países participantes a partir de cuatro áreas: Resultados Económicos, Eficiencia del Sector Público, Eficiencia Empresarial e Infraestructuras, España no sale bien parada en cuanto a la eficiencia del Sector Publico, al alcanzar la posición número 40 entre un total de 63 economías con una puntuación de 55.9 sobre 100. Por ello, el futuro exige corregir el desequilibrio para fortalecer nuestra economía.

Durante las semanas de confinamiento por la crisis del coronavirus, el teletrabajo se ha convertido en la vía para hacer compatible el mantenimiento de las actividades productivas con la protección frente a la enfermedad, una opción necesaria que ha sido novedosa para muchos trabajadores en España que han tenido que introducirse por primera en este modelo laboral. De hecho, en 2019, tan solo un 4,8% de los ocupados utilizaban esta fórmula, trabajando desde casa normalmente o más de la mitad de los días, mientras que durante las semanas de restricciones por la pandemia, el porcentaje se ha incrementado hasta el 34% del total.

Así lo refleja un estudio realizado por IvieLab, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, sobre la base de encuestas y datos del INE. La investigación destaca la singularidad del incremento debido a que las posibilidades de realizar esta modalidad de trabajo se situaron en el 22,3% de los ocupados en 2019, unos 4,4 millones de trabajadores, lo que significa que hay empleados que se han visto obligados a adaptarse a la situación de forma improvisada y sin planificación previa, situando “probablemente” el nivel de eficiencia y productividad del teletrabajo por debajo de los niveles asociados al desempeño presencial, según el informe.

En comparación con otros países de la Unión Europea, el porcentaje de empleados que el año pasado recurrieron a esta opción en España se situó por debajo de la media de la UE (5,3%), siendo los mayores porcentajes de teletrabajadores los de Países Bajos y Finlandia (ambos con el 14,1%) y Luxemburgo (11,6), según el estudio.

Por ocupaciones

El 100% de los trabajadores que ocupan puestos directivos podrían hacer uso del teletrabajo para el desempeño de sus tareas, aunque en 2019 solo aprovecharon esta alternativa el 12,9% de los mismos. Por su parte, el colectivo de técnicos y profesionales podría recurrir a esta opción en un 60% de los casos, pero solo lo hicieron el 13,8%; mientras que los contables o administrativos lo harían en un 43,6% y solo optaron por ello el 1,5%. Por el contrario, las personas que desarrollan tareas manuales o se emplean en la industria solo pueden recurrir al teletrabajo en el 3% de los casos, aunque según el estudio, sorprende que casi todos, el 2,8% de ellos, sí aprovecha esta oportunidad. Asimismo, la estimación descarta de forma lógica la posibilidad de trabajo a distancia en los grupos menos cualificados, como la restauración o el sector ganadero, forestal y pesquero. El total de empleados de todos los ámbitos que no tienen opción al teletrabajo representa el 45,3% de ocupados.

Por sectores

Por lo tanto, el teletrabajo potencial y efectivo por sectores y territorios depende del peso de las ocupaciones más cualificadas. Entre los grandes sectores clasificados por los autores del análisis, el de la energía, podría implantar el teletrabajo en un 30,1% de los empleados; el de los servicios de mercado tiene un 21,4% de posibilidades, mientras que el de los servicios públicos, un 36%.

Dentro de los servicios de mercado, en el sector de la banca y los seguros, el 45% de los ocupados tiene posibilidades de teletrabajar, seguido de los servicios inmobiliarios y empresariales, con un 41,5% (sobre el total de ocupados en su rama). Por su parte, aunque en la industria es menos factible el trabajo a distancia por medios telemáticos (18,2% de media), casi el 30% de los empleados en la industria química podría hacerlo y el 28% de los de edición y artes gráficas.

Por regiones

Desde la perspectiva territorial también se aprecia una distancia importante entre tener la posibilidad de teletrabajar y hacerlo efectivamente, aunque el tejido productivo marca las diferencias, ya que aquellas regiones más orientadas a ocupaciones cualificadas y terciarias tienen más opciones de teletrabajo. Las comunidades autónomas con mayor nivel de desarrollo económico, Madrid, Cataluña y País Vasco, muestran una capacidad de teletrabajar superior que el resto de regiones, con un 28%, 25,1% y 24,5% de posibilidades, respectivamente.

Sin embargo, aun contando con este potencial, no son las que más teletrabajo efectivo real desarrollaron en 2019. Cataluña y País Vasco se situaron por debajo de la media del 4,8%, con un 4,6% y 4,3%, respectivamente. Madrid contó con el 5,1% de los empleados trabajando a distancia, mientras Asturias se situó en el 6,6%. Sin embargo, en La Rioja la cifra se limitó al 3,6% de ocupados que teletrabajan.

El paro registró un incremento histórico en abril en mitad de la crisis del coronavirus hasta superar los 3,8 millones de personas, pero los beneficiarios de prestaciones por desempleo superaron los 5,2 millones al incluirse los afectados por un ERTE, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Concretamente, el número de parados registrados en los Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) subió en 282.891 personas, su mayor repunte en un mes de abril de toda la serie histórica.

De esta forma, el total de demandantes de empleo alcanzó la cifra de 3.831.203 personas en abril, la más alta del registro desde mayo de 2016, y que supuso un aumento del 7,97% respecto al mes de marzo.

Un abril histórico para el desempleo

La subida del desempleo en abril es inferior a la que se registró en marzo, cuando el paro subió en más de 302.000 personas, registrando su mayor ascenso en cualquier mes de toda la serie histórica. Pese a ello, la subida de abril de este año es la más alta registrada nunca en este mes dentro la serie histórica. Supera en más de 243.000 personas el que hasta ahora era el mayor repunte: el de abril de 2009, cuando en plena crisis económica el desempleo subió en casi 40.000 personas.

El dato de paro de abril, al igual que ocurrió en marzo, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

Abril suele ser un mes de descenso del desempleo. En toda la serie, iniciada en 1996, sólo se han registrado aumentos del paro en los meses de abril de 2008 y 2009, en plena crisis económica, con alzas de 37.542 y 39.478 desempleados, respectivamente.

En términos desestacionalizados, el paro subió en abril en 370.173 personas, mientras que en el último año el desempleo acumula un aumento de 667.637 personas (21,1%).

Trabajo ha explicado que «el efecto de la crisis sanitaria del COVID-19 comenzó a repercutir notablemente en el paro registrado a partir del 13 de marzo, con especial intensidad en la Semana Santa». Pero ha asegurado que «en las últimas semanas de abril el paro ha ido moderando su ritmo de crecimiento».

Los servicios lideran la escalada del desempleo

En términos absolutos, la crisis sanitaria de la COVID-19 incidió, sobre todo, en el sector servicios, donde el desempleo se incrementó en 219.128 (8,76%) personas. En la industria subió en 26.832 (8,92%), en la construcción se incrementó en 25.055 (7,84%) personas, en la agricultura en 4.015 (2,52%) y en el colectivo sin empleo anterior aumentó en 7.861 personas (2,95%).

Además, el paro se elevó en todas las comunidades autónomas con Cataluña (50.763), Madrid (41.263) y la Comunidad Valenciana (38.115) a la cabeza.

Otro récord: casi 5,2 millones de españoles cobrando el paro

Además, este mes el Ministerio de Trabajo ha informado de forma excepcional del dato de prestaciones concedidas en abril (que incluye a los desempleados y a los afectados por un ERTE), ya que esta estadística se suele comunicar con un mes de retraso respecto a las cifras del paro. Y ha reconocido que los beneficiarios de prestaciones por desempleo se situaron en 5.197.451, lo que se traduce en un incremento interanual del 136,56% y supone un récord histórico de prestaciones abonadas por el Sepe, que ha reconocido la práctica totalidad de prestaciones por ERTE que han llegado durante el mes de abril.

Con este incremento de beneficiarios, la nómina mensual de prestaciones por desempleo ascendió a 4.512 millones de euros, un 207,15% más que en abril de 2019.

Casi 950.000 empleos destruidos en la pandemia

Por su parte, la Seguridad Social cerró el mes de abril con un descenso de 49.074 afiliados, hasta situarse el número total de ocupados en 18.396.362, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este es el dato con el cerró el sistema a último día de mes y el que mejor refleja el impacto de la pandemia del coronavirus en la afiliación. Esta reducción es muy inferior a la que se registró en marzo, cuando la ocupación cayó en casi 834.000 personas.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha subrayado que este comportamiento supone una «cierta estabilización» del empleo.

Si se analiza el efecto de la pandemia del coronavirus desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, hasta finales de abril, la pérdida de afiliados al sistema alcanza los 947.896 ocupados.

En términos de afiliación media (que es la que se venía publicando antes de la crisis sanitaria), la Seguridad Social registró un descenso de 548.093 ocupados respecto a marzo (-2,9%), hasta situar la afiliación media en 18.458.667 cotizantes. No se producía una pérdida de afiliación en abril respecto a marzo desde el año 2009.

En términos desestacionalizados, en abril se perdieron 691.054 ocupados, y en el último año se han registrado una media de 771.695 afiliados menos.

El empleo sólo aumenta en sanidad

Todos los regímenes de la Seguridad Social marcaron descensos de afiliación, entre los que destaca el régimen general con 505.458 ocupados menos, y sólo se incrementó el empleo en el sistema especial agrario con 10.561 afiliados más.

Por sectores, en el régimen general sólo aumentó el empleo en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 23.228 afiliados más, mientras que las mayores caídas se contabilizaron en la construcción (89.864 afiliados menos), la hostelería (76.902) y las actividades artísticas y de entretenimiento (20.702).

El régimen de autónomos perdió 41.250 afiliados y el del mar, 1.371, en tanto que el del carbón registró 1.226 menos.

La hostelería y el comercio los más afectados por ERTEs

El Ministerio ha destacado además que del total de afiliados a 30 de abril, 3.386.785 estaban protegidos por una situación de suspensión total o parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Se trata del 24,25 % de los afiliados en el régimen general, de los que 3.074.462 se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor.

Los sectores donde hay más afiliados en un ERTE son servicios de comidas y bebidas (726.137), comercio al por menor (448.243), comercio al por mayor (210.959) y servicios de alojamiento (206.379).

Las comunidades donde hay más ocupados en esta situación son Cataluña (678.684), Madrid (566.307), Andalucía (477.392) y Comunidad Valenciana (349.634).

• Las matriculaciones de vehículos comerciales cayeron un 91%
• Las ventas de vehículos industriales se redujeron un 54,9% en tasa interanual

Las matriculaciones de vehículos registraron en abril el peor dato en 20 años, hasta totalizar 4.163 unidades, lo que supone un descenso del 96,5% menos en tasa interanual, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En el acumulado del cuatrimestre, las ventas cayeron un 49%, hasta las 222.866 unidades. Los concesionarios cerraron durante todo el mes de abril y las escasas matriculaciones registradas respondieron a compromisos previos que se hicieron efectivos en las últimas semanas.

La apertura en los próximos días de los concesionarios, con cita previa y los más estrictos protocolos sanitarios y de seguridad para clientes y trabajadores, permitirá registrar más entrega más en mayo, si bien las ventas no comenzarán a recuperarse hasta después del verano y siempre con cifras inferiores a las registradas en 2019, resaltan las patronales.

El canal más afectado fue el de particulares, que registró 823 entregas (un 98,2% menos), al tener totalmente limitadas las actividades de venta física para estos clientes. Las empresas también redujeron sus entregas en un 97,3%, hasta las 993 unidades. Por su parte, las matriculaciones del canal de alquiladoras descendieron un 96,5% en tasa interanual, hasta los 2.347 vehículos.

La directora de Comunicación de Anfac, Noemí Navas, señaló que «el mes de abril de 2020 se quedará en la memoria como el peor registro de matriculaciones, pero esperamos que sea un caso aislado, provocado por las restricciones de actividad y movimientos del estado de alarma».

Por su parte, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, destacó que «la apertura de los concesionarios el día 11 de mayo reactivará de nuevo el sector, pero esperamos una evolución muy lenta de las matriculaciones, que no podemos permitirnos, porque sabemos del impacto que unas ventas de coches bajas tienen sobre la economía, el empleo o la confianza del consumidor».

Para la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, «es imprescindible un pacto entre Estado y empresas para proteger de forma eficaz los puestos de trabajo y evitar llegar a esa tasa de desempleo del 19% en 2020 y por supuesto, un plan de incentivo que no solo apoye al eléctrico para que también los compradores con los presupuestos menos holgados puedan acceder a un vehículo».

Vehículos comerciales

En cuanto a las ventas de vehículos comerciales en abril, estas descendieron un 91%, hasta las 1.822 unidades. En el primer cuatrimestre del año las matriculaciones de estos modelos cayeron un 49,1%, hasta los 38.106 vehículos.

El descenso de matriculaciones a causa de la crisis del coronavirus afectó a todos los canales que vieron reducidas sus ventas, especialmente el de autónomos con una caída del 94,6%, y 318 unidades matriculadas. El canal de empresas registró una caída del 90,2% en tasa interanual, hasta los 955 vehículos, mientras que el canal de alquiladoras descendió un 88,3% y 549 unidades comercializadas.

Vehículos industriales

Por último, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses se redujeron un 54,9% en abril, hasta totalizar 905 unidades. En el primer cuatrimestre del año las ventas de este tipo de vehículos cayeron un 26,2% en tasa interanual, hasta los 6.642 vehículos.

Los vehículos industriales cayeron un 49,9% durante este último mes, hasta las 848 unidades. Por su parte, los autobuses, autocares y microbuses tuvieron la misma tendencia que el resto del mercado con un decrecimiento en el cuarto mes del 81,9% y 57 unidades matriculadas.

La estrategia anunciada ayer por el Gobierno no establece fechas concretas, a diferencia de otros países del entorno como Francia y Austria, con calendarios bien definidos, y afronta el proceso en permanente estado de alarma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló ayer su estrategia para abandonar gradualmente el confinamiento y reactivar la actividad económica a partir del próximo 4 de mayo en las islas y del día 11 en el resto. Un proceso que será lento (durará alrededor de ocho semanas), en permanente estado de alarma, asimétrico entre territorios y en cuyo intervalo «no habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad», algo que no sucederá hasta finales del mes de junio, siempre que la evolución de la epidemia esté «controlada en todos y cada uno de los territorios», advirtió el jefe del Ejecutivo. Esto es, siempre que no se produzca una recaída.

La hoja de ruta de Sánchez, que el Ejecutivo ha bautizado como Plan para la transición hacia una nueva normalidad, contempla cuatro fases de dos semanas de duración cada una, pero sin concretar fechas para la reapertura de comercios, restaurantes u hoteles, a diferencia de otros países europeos como Austria o Francia, que cuentan con calendarios bien definidos. Lo que sí permite atisbar el nebuloso plan del Ejecutivo es que la actividad económica mantendrá sus constantes vitales en mínimos al menos durante los próximos dos meses, ahondando en la grave crisis generada por el parón de la actividad durante el confinamiento y cuyo impacto, «tanto en términos de PIB como de destrucción de empleo, es enorme», según admitió ayer el presidente del Gobierno.

Restricciones

En esa lenta y gradual reanudación de la actividad, el Gobierno prevé, por ejemplo, la apertura de terrazas en la primera fase, pero con una restricción de ocupación del 30% (ver información en página 25). Sin embargo, los establecimientos de restauración no podrán abrir sus espacios interiores a los clientes hasta la segunda fase (a lo largo de la segunda quincena de mayo) y con severas limitaciones: «Ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y sólo para servicio de mesas». Tampoco el sector cultural y de espectáculos recobrará el pulso a corto plazo: cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán reabrir sus puertas por esas fechas, pero con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio, lo que reduce en la misma proporción las expectativas de ingresos de un sector que no ha facturado un euro en un mes y medio.

No será hasta la fase tres, ya en el mes de junio y en plena etapa avanzada, en que se abrirá un poco más la mano, aunque tampoco demasiado. De hecho, en el ámbito comercial, los aforos estarán limitados al 50% y se fijará una distancia mínima de dos metros entre los clientes, lo que hará que estos negocios funcionen, en el mejor de los casos, a medio gas.

Con este horizonte, las perspectivas económicas no son precisamente halagüeñas, tal como reconoció Sánchez, quien subrayó que «es evidente» que tanto la economía global como la europea y la española van a entrar en una fuerte recesión que, según algunos organismos internacionales, cristalizará en caídas del PIB de incluso doble dígito este año. El presidente del Gobierno, sin embargo, sigue fiando buena parte de la reconstrucción de la economía española tras la pandemia a la solidaridad de sus socios europeos y, en concreto, a la puesta en marcha de un fondo de recuperación de 1,5 billones de euros que reclama el Ejecutivo español, que otorgaría ayudas directas a los países más castigados por la crisis sanitaria, entre ellos España e Italia, y que se financiaría con deuda perpetua. Una iniciativa que rechazan los socios del norte de Europa, partidarios de conceder ese respaldo en forma de créditos y no de transferencias.

En este escenario de anémica actividad económica y de sangría en el mercado laboral, Sánchez abrió ayer la puerta a la prolongación de los ERTE por fuerza mayor más allá del levantamiento del estado de alarma, que expira el 10 de mayo, pero que previsiblemente se prolongará al menos durante otros quince días, después de que el jefe del Ejecutivo anunciara ayer que solicitará una nueva extensión al Congreso.

La prórroga de los ERTE y una mayor flexibilidad en su aplicación es una de las principales reivindicaciones de las patronales y uno de los principales escollos hasta ahora en sus conversaciones con el Gobierno. Los empresarios reclaman que la reincorporación de los trabajadores desde los ERTE sea gradual, a medida que las compañías vayan recuperando el ritmo productivo. También piden anular, o al menos moderar, la exigencia de no acometer despidos en los seis meses siguientes al levantamiento del estado de alarma, algo que las empresas aseguran que no estarán en condiciones de cumplir.

Cuatro fases para alcanzar la ‘nueva normalidad’

• 0-El 4 de mayo arranca la Fase previa para toda España (salvo para las islas de Formentera, la Gomera, el Hierro y la Graciosa, que parten directamente de la Fase 1): Además de salir con niños, pasear o hacer deporte; abrirán los bares y restaurantes, a los que se podrá acudir sólo para comprar comida para llevar. Nada de consumir en el interior. También abrirá el pequeño comercio, pero sólo con cita previa.
• 1-Fecha clave para comercio y hostelería: El pequeño comercio (incluye peluquerías) sube la persiana y los bares y restaurantes podrán abrir sus terrazas (no su interior). También abren lugares de culto. Eso sí, en todos los casos con un límite de aforo del 30% y medidas de seguridad. Además los mayores de 65 años tendrán horario preferente. Esta fase podría iniciarse el 11 de mayo, y también contempla la apertura de hoteles sin utilizar zonas comunes y centros de alto rendimiento deportivos por turnos. El contacto social también arranca en esta fase, salvo para mayores y vulnerables.
• 2-Aquellos territorios que vayan cumpliendo con los requisitos deberían encontrarse el 25 de mayo en la Fase 2, en la que se permitirá consumir dentro de bares y restaurantes con límite al 30% de aforo y sólo en mesa, no en barra. También abren cines, teatros, auditorios y museos, de nuevo todo con el techo de aforo al 30%, y actos culturales (de menos de 50 personas en espacio cerrado y 400 personas sentadas si exterior). El aforo en lugares de culto aumenta al 50%. Los centros educativos podrán abrir para actividades de refuerzo o para menores de 6 años cuyos padres trabajen.
• 3-A principios de junio se suavizarán limitaciones de aforo en comercio y hostelería al 50% pero manteniendo distancia mínima de dos metros. También se flexibiliza la movilidad general y se abrirán las playas. En todas las fases recomiendan usar mascarilla.